Por Canuto  

La Corte Suprema de Estados Unidos permitió que la administración Trump utilice la versión ampliada de la base SAVE para responder consultas estatales sobre ciudadanía, aunque advirtió que la ley federal limita las purgas masivas antes de una elección. Grupos opositores alertan que los errores del sistema podrían poner en riesgo el registro de ciudadanos, incluidos votantes recién naturalizados.
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  • El máximo tribunal concedió por 6-3 una solicitud de emergencia del gobierno, mientras tribunales inferiores habían considerado probablemente ilegales los cambios a SAVE.
  • La Corte señaló que la ley electoral federal prohíbe purgas amplias en las semanas previas a una elección, pero permite consultas individualizadas.
  • Organizaciones críticas advierten sobre errores que podrían afectar a ciudadanos naturalizados; Texas ya había procesado más de 18 millones de inscripciones.

Corte Suprema habilita el uso de una base de datos ampliada para verificar votantes

La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó a la administración de Donald Trump a utilizar una versión ampliada de una base de datos federal con información de ciudadanía, mientras el presidente alienta a los estados a revisar sus registros electorales. La orden, emitida el viernes 25 de septiembre de 2026, concede una solicitud de emergencia del gobierno y revierte temporalmente los efectos de fallos de tribunales inferiores que consideraron probablemente ilegales los cambios al sistema.

La decisión se aprobó por seis votos contra tres, con los jueces conservadores en la mayoría, y no equivale a una autorización para eliminar indiscriminadamente votantes de las listas. En una orden sin firma, el máximo tribunal remarcó que la Ley Nacional de Registro de Votantes prohíbe las purgas amplias durante las semanas previas a una elección, una restricción que, según indicó, limita el impacto potencial del fallo este año.

La Corte dejó claro, sin embargo, que los estados todavía pueden realizar consultas individualizadas sobre votantes y sostuvo que la legislación federal obliga al gobierno a responder solicitudes estatales de información sobre ciudadanía. Los magistrados afirmaron que la medida de los tribunales inferiores impedía al gobierno federal utilizar el programa que considera más adecuado para responder a esas peticiones, aunque el alcance práctico de esa conclusión estará condicionado por las reglas electorales vigentes.

El sistema en disputa se llama Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios, conocido como SAVE. El Congreso lo estableció en 1986 para que las agencias gubernamentales pudieran comprobar con rapidez el estatus migratorio de personas que solicitaban prestaciones, entre ellas beneficios del Seguro Social; la administración Trump amplió su uso después de que el presidente firmara una orden ejecutiva en marzo de 2025 para reforzar medidas destinadas a garantizar que solo ciudadanos voten.

Como parte de esa expansión, el gobierno incorporó información de la Administración del Seguro Social, habilitó búsquedas mediante números de Seguro Social y permitió que funcionarios hicieran consultas masivas. Esos cambios facilitaron que los estados compararan grandes registros electorales con la información federal, pero también intensificaron las críticas de quienes cuestionan la precisión de los datos y la legalidad de reutilizarlos para fines electorales.

Las preocupaciones aumentaron cuando funcionarios locales detectaron errores en registros procesados con la versión ampliada de SAVE. Reportajes de ProPublica y The Texas Tribune señalaron que entre las personas marcadas por el sistema había muchos ciudadanos recién naturalizados, un grupo que puede verse obligado a demostrar nuevamente su ciudadanía si una coincidencia errónea lo señala para revisión.

Texas fue uno de los primeros estados en someter su registro electoral completo al sistema, con más de 18 millones de inscripciones el año pasado. La cifra ilustra la escala que pueden alcanzar las consultas masivas, pero no demuestra por sí sola que todas las personas señaladas hayan sido retiradas de las listas; el riesgo que denuncian los críticos es que los errores provoquen verificaciones adicionales o la exclusión indebida de votantes elegibles.

Los grupos que impugnan el plan, encabezados por la Liga de Mujeres Votantes, sostienen que la expansión viola varias leyes, entre ellas la Ley de Seguridad Social y la Ley de Privacidad. Tras el fallo, las organizaciones afirmaron que millones de estadounidenses quedan expuestos a ser objeto de una base de datos de purga que consideran poco confiable, mientras los defensores de la medida la describen como una herramienta para mejorar la exactitud de los padrones.

La jueza liberal Ketanji Brown Jackson discrepó de la mayoría y sostuvo que el gobierno no había presentado argumentos suficientes para bloquear el fallo del tribunal inferior. En su opinión, el daño de cargar de trámites o privar del voto incluso a unos pocos ciudadanos legítimos supera el perjuicio que sufre el gobierno cuando se le impide tomar una medida que probablemente no tiene autoridad para adoptar.

En cambio, Jason Snead, director ejecutivo del Honest Elections Project, celebró la resolución y dijo que facilitará que los estados obtengan datos federales de ciudadanía para limpiar sus registros electorales. El procurador general D. John Sauer había defendido ante la Corte que el fallo de primera instancia amenazaba la integridad de las próximas elecciones al impedir que el gobierno respondiera a las solicitudes estatales de verificación.

El argumento de los críticos parte de que los errores pueden imponer una carga burocrática especialmente difícil a ciudadanos recién naturalizados, quienes tendrían que aportar pruebas de ciudadanía después de quedar marcados por el sistema. A ese reclamo se suma que el voto de personas no ciudadanas es extremadamente raro y que todos los estados ya deben mantener sus registros electorales por mandato federal, además de contar con procedimientos para identificar a quienes hayan sido inscritos por error.

La decisión, por tanto, combina una autorización temporal para que el gobierno utilice el programa ampliado con límites que impiden interpretar el fallo como permiso para una depuración general antes de las elecciones. El caso enfrenta la obligación federal de responder a los estados con el riesgo de que información imprecisa afecte a votantes habilitados; la resolución de emergencia no elimina ese desacuerdo ni las objeciones legales que plantean las organizaciones demandantes.


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