Por Canuto  

Corea del Sur prevé imponer sanciones por 63.700 millones de wones contra Google y Apple, tras una investigación sobre las reglas de pago que ambas plataformas aplican a los desarrolladores de aplicaciones. La decisión del regulador aún estaba pendiente a finales de octubre de 2026.
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  • La sanción prevista para Google sería de unos 42.900 millones de wones y la de Apple, de 20.800 millones.
  • La investigación atribuyó a ambas plataformas comisiones efectivas cercanas al 26% para opciones de pago de terceros.
  • El caso, abierto en agosto de 2022, también cuestiona las restricciones para dirigir usuarios a pagos externos.

Corea del Sur prevé sancionar a Google y Apple por sus reglas de pago en aplicaciones

Una sanción con cifras revisadas

Corea del Sur planea imponer sanciones por un total de 63.700 millones de wones, equivalentes a cerca de USD 48,1 millones, contra Google y Apple por las condiciones de pago que exigen a desarrolladores de aplicaciones. A finales de octubre de 2026, la Comisión de Medios y Comunicaciones de Corea (KMCC) tenía previsto resolver el procedimiento antes de que terminara el mes. Por tanto, las cifras reportadas corresponden a sanciones previstas, no a multas que ya puedan presentarse como definitivamente impuestas.

La sanción propuesta para Google sería de aproximadamente 42.900 millones de wones, mientras que la de Apple llegaría a unos 20.800 millones. La diferencia refleja la distribución prevista de las multas entre las dos compañías, aunque la información disponible no detalla el método empleado por el regulador para calcular cada monto. En conjunto, las cifras suman los 63.700 millones de wones previstos.

Los montos reportados difieren de las sanciones preliminares planteadas en octubre de 2023. Entonces, las cifras propuestas ubicaban la multa de Google en 47.500 millones de wones y la de Apple en 20.500 millones. La propuesta para Google bajó y la de Apple subió antes de la decisión prevista, pero no se han especificado los elementos que provocaron esos cambios.

La acusación central sostiene que ambas compañías presionaron a los desarrolladores para que procesaran los pagos mediante sus sistemas propietarios, en vez de permitirles escoger libremente otras alternativas. Esa formulación describe el señalamiento de las autoridades, no una admisión de las empresas. El caso plantea quién controla las transacciones cuando un usuario compra contenido o servicios dentro de una aplicación.

La disputa por los pagos alternativos

La investigación atribuyó a Google y Apple comisiones efectivas de alrededor del 26% en las opciones de pago de terceros. El porcentaje es inferior al 30% que las plataformas habían establecido previamente como estándar, pero sigue siendo relevante para los desarrolladores que intentan ofrecer una vía de pago distinta. El punto regulatorio es si las condiciones económicas permiten que una alternativa compita de manera real.

Para un desarrollador, poder incorporar un método de pago externo no necesariamente significa que pueda usarlo en condiciones comerciales atractivas. Si la plataforma mantiene una comisión significativa sobre esas transacciones, el costo puede limitar el beneficio de apartarse del sistema integrado. La investigación señala que este esquema perjudicaría especialmente a desarrolladores locales, aunque no ofrece cifras sobre pérdidas, ingresos afectados ni el número de empresas involucradas.

El expediente también puso sobre la mesa las obligaciones conocidas como anti-steering, o restricciones contra la redirección. La disputa se refiere a si las plataformas pueden impedir que los desarrolladores informen a sus usuarios sobre opciones de pago más económicas fuera de la aplicación. Es una cuestión relacionada, pero distinta, de la comisión cobrada por una transacción: una regla puede limitar tanto la alternativa disponible como la capacidad de comunicarla.

La revisión de las órdenes correctivas se convirtió en una parte especialmente compleja del caso. Las autoridades debatieron qué medidas debían acompañar a las multas monetarias, y ese análisis contribuyó a prolongar el procedimiento, según la información publicada sobre la investigación. Una sanción económica, por sí sola, no aclara necesariamente si los desarrolladores podrán dirigir a sus clientes a otros medios de pago ni bajo qué condiciones.

Una investigación prolongada y sus posibles efectos

La base legal del caso es una enmienda de 2021 a la Ley de Negocios de Telecomunicaciones de Corea del Sur, que entró en vigor en marzo de 2022. Los reguladores iniciaron la investigación en agosto de ese año, pocos meses después de la entrada en vigor de las nuevas reglas. En octubre de 2023 emitieron un aviso preliminar de sanciones, pero el proceso se extendió durante casi tres años más por demoras de procedimiento y debates sobre las medidas correctivas.

La cronología ayuda a entender por qué el caso no se limita a fijar una suma. Desde el inicio, las autoridades debieron examinar cómo aplicar la norma a las reglas de las tiendas de aplicaciones y qué remedios correspondían además de las multas. La cuestión de la redirección de usuarios añadió otra capa al expediente, porque afecta la posibilidad de comunicar alternativas y no solo el porcentaje que se cobra por cada operación.

Los desarrolladores son los afectados más directos que identifica la investigación, en particular los locales, a quienes los requisitos de pago y las comisiones cercanas al 26% habrían perjudicado. Para estas empresas, la elección del sistema de cobro puede incidir en cuánto retienen de cada venta y en cómo diseñan la experiencia de compra. Sin datos sobre cada negocio, no es posible cuantificar el impacto individual, pero el caso pone en discusión las condiciones de acceso a los mercados de aplicaciones.

La resolución también podría influir más allá de Corea del Sur, al alimentar el debate sobre cómo las grandes plataformas gestionan los pagos y la competencia. La cifra del 26% ha recibido atención porque permitir pagos alternativos no garantiza, por sí solo, una competencia significativa si persisten cargos elevados. El siguiente punto de interés será conocer el alcance de las órdenes correctivas y cómo las autoridades concretan las obligaciones para las plataformas y los desarrolladores.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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