Por Canuto  

Una propuesta liderada por un investigador del Servicio Nacional de Impuestos de Corea del Sur busca cerrar el vacío legal que permite mover criptomonedas desde billeteras de autocustodia incluso después de una orden judicial.

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  • Cuatro investigadores plantean reformar la Ley de Procedimiento Penal para que las autoridades puedan controlar de forma efectiva los criptoactivos guardados en billeteras privadas.
  • La propuesta contempla órdenes detalladas y direcciones compartidas para reducir los riesgos de robo, pérdida o manipulación de los activos confiscados.
  • El plan surge después de varios incidentes de seguridad, incluida la desaparición de BTC 342 y la exposición pública de una frase de recuperación.

 

Investigadores surcoreanos liderados por un funcionario del Servicio Nacional de Impuestos propusieron modificar la Ley de Procedimiento Penal. El objetivo consiste en permitir que fiscales y policías controlen de manera efectiva las criptomonedas almacenadas en billeteras de autocustodia.

La iniciativa responde a una dificultad específica de los activos digitales. Aunque una autoridad obtenga una orden de búsqueda y confiscación, el sospechoso puede conservar el control de sus monedas si mantiene la clave privada o la frase semilla.

La normativa vigente deja abierta la posibilidad de que los fondos sean enviados a otra dirección después de emitirse una orden. En la práctica, retirar una billetera física o incautar un dispositivo no garantiza que las autoridades puedan impedir una transferencia.

El documento fue elaborado por cuatro investigadores y estuvo liderado por Jang Heuiwon, líder de un equipo de investigación del Servicio Nacional de Impuestos. También participaron tres investigadores de la Universidad de Corea.

El trabajo se tituló “Límites de la ejecución de confiscación de activos virtuales de autocustodia y una propuesta legislativa”. La investigación apareció en junio de 2026 en Korean Criminological Review, volumen 37, número 2.

Según informó Cryptopolitan, los autores consideran que las reglas actuales no fueron diseñadas para activos que pueden transferirse sin bancos, exchanges u otros intermediarios. Por eso, plantean reglas específicas para adaptar los procedimientos penales al funcionamiento de las redes blockchain.

El precedente judicial y las limitaciones actuales

La propuesta toma como referencia una decisión del Tribunal Supremo de Corea del Sur emitida en diciembre de 2025. En ese caso, el tribunal confirmó que Bitcoin mantenido en un exchange puede ser confiscado por las autoridades.

El acusado sostuvo que sus BTC 55,6 eran solamente datos y no una propiedad susceptible de incautación. En ese momento, las monedas tenían un valor aproximado de USD $4.100.000.

El Tribunal Supremo rechazó ese argumento y concluyó que Bitcoin posee manejabilidad, transferibilidad y valor económico independiente. Sin embargo, la decisión no explicó cómo deben incautarse las monedas cuando solamente el sospechoso tiene acceso a ellas.

Los investigadores recurren actualmente al Artículo 120 de la Ley de Procedimiento Penal. Esa disposición permite abrir cerraduras y tomar las medidas consideradas necesarias para ejecutar una orden de búsqueda y confiscación.

El documento sostiene que esa herramienta resulta insuficiente para los criptoactivos. Cuando las monedas se mueven desde una dirección hacia otra, también cambia quién controla la propiedad, lo que vuelve más compleja la ejecución de una orden.

La conservación previa al juicio tampoco resuelve el problema. Esa medida normalmente presupone que existe un tercero, como un banco, capaz de recibir y cumplir una instrucción de congelamiento.

En una billetera de autocustodia no existe necesariamente una empresa o institución que pueda bloquear los fondos. El titular controla las credenciales y puede operar desde cualquier dispositivo con acceso a la clave privada.

Cómo funcionaría el nuevo mecanismo

Los investigadores proponen que las órdenes judiciales describan con precisión los activos involucrados. El documento debería especificar el tipo y la cantidad de criptomonedas, así como la dirección de origen confirmada.

La orden también tendría que indicar la dirección de destino y el método de transferencia. Además, debería establecer cómo se almacenarán los activos después de la confiscación.

La propuesta busca evitar instrucciones generales que no contemplen las particularidades técnicas de una blockchain. Una orden más detallada permitiría definir de antemano los pasos que deben seguir los funcionarios.

Los autores recomiendan que los activos no se guarden en una dirección controlada exclusivamente por los investigadores. Una concentración de poder en una sola entidad podría crear un objetivo atractivo para atacantes o facilitar errores internos.

Como alternativa, plantean utilizar una dirección compartida. El control recaería conjuntamente en el tribunal, la agencia investigadora y la persona a quien se le confiscaron los activos o quien tenga derechos sobre ellos.

El documento también contempla un movimiento inicial hacia una dirección temporal designada por el tribunal. Esa opción aplicaría cuando existan indicios de que el sospechoso podría intentar deshacerse de las tenencias.

El modelo propuesto intenta equilibrar la preservación de los activos con la necesidad de reducir riesgos de manipulación. También busca mantener una estructura de control verificable entre varias partes.

El Tribunal Supremo publicó por separado enmiendas propuestas a las Reglas de Ejecución Civil. Esas modificaciones cubrirían la manera en que los tribunales congelan, transfieren y liquidan activos digitales para pagar deudas.

Las reglas civiles todavía dependen de los exchanges para entregar determinados activos. La entrada de billeteras de autocustodia vuelve más compleja esa estructura, porque no existe un intermediario obligado a ejecutar la orden.

Los incidentes que presionan a las autoridades

La discusión legislativa ocurre después de varios fallos en la gestión de criptomonedas confiscadas. En enero, aproximadamente BTC 320 desaparecieron de la Oficina del Fiscal del Distrito de Gwangju.

En ese momento, los activos tenían un valor aproximado de USD $48.000.000. La pérdida se vinculó con problemas en el manejo de billeteras USB y claves privadas.

En febrero, otros BTC 22 desaparecieron de activos que la policía de Gangnam había confiscado en 2021. Esas monedas representaban alrededor de USD $1.500.000 cuando se reportó el incidente.

Las dos pérdidas fueron rastreadas hasta billeteras USB y claves privadas administradas de forma incorrecta. Los casos mostraron que la confiscación no termina cuando las autoridades obtienen los activos.

La custodia posterior también puede convertirse en un punto crítico. Una clave mal almacenada, una copia extraviada o una transferencia equivocada puede provocar pérdidas irreversibles en la blockchain.

El propio Servicio Nacional de Impuestos enfrentó un incidente mayor en febrero. La agencia expuso una frase de recuperación en un comunicado de prensa relacionado con la ejecución de deudas fiscales.

Después de la divulgación, personas no autorizadas transfirieron aproximadamente USD $4.800.000 en activos digitales. El episodio evidenció el riesgo de publicar información que permita reconstruir el acceso a una billetera.

Estos incidentes llevaron a la Agencia Nacional de Policía a contratar a Dunamu como custodio profesional. El acuerdo busca almacenar las criptomonedas confiscadas por la agencia.

La custodia profesional cubrirá aproximadamente KRW 54.500.000.000 en criptomonedas confiscadas durante un periodo de cinco años. La medida representa un intento de separar la investigación policial de la administración técnica de los fondos.

El papel de la inteligencia artificial

El Servicio Nacional de Impuestos también comenzó a desarrollar sus propias herramientas tecnológicas. En mayo, la agencia inició la construcción de un sistema impulsado por inteligencia artificial.

El proyecto tendrá un costo aproximado de USD $2.200.000. Su finalización está prevista para finales de 2026.

El sistema integrará registros de transacciones de exchanges con información disponible en blockchain. Con esa combinación, la agencia pretende identificar patrones relacionados con lavado de dinero y evasión fiscal en el extranjero.

La plataforma cubrirá también billeteras no custodiales. El alcance incluirá exchanges importantes de Corea del Sur, entre ellos Upbit y Bithumb.

La integración de datos podría ayudar a los investigadores a seguir el movimiento de fondos entre plataformas reguladas y direcciones privadas. Sin embargo, detectar una transferencia no equivale automáticamente a controlar los activos.

Ese límite explica por qué la reforma legal avanza junto con el desarrollo tecnológico. La inteligencia artificial puede señalar operaciones sospechosas, pero las autoridades todavía necesitan una base jurídica para intervenir sobre fondos bajo autocustodia.

El caso surcoreano refleja una tensión central del ecosistema cripto. Las mismas herramientas que permiten a los usuarios mantener control directo sobre sus activos dificultan la ejecución de órdenes estatales.

La propuesta no elimina la autocustodia, pero intenta establecer un procedimiento para intervenir cuando exista una orden judicial. Su aplicación dependerá de la aprobación de los cambios y de la capacidad de las agencias para proteger las claves.

El debate también plantea preguntas sobre la participación del titular en la custodia compartida. El documento propone incluirlo en la dirección conjunta, aunque contempla una dirección temporal cuando exista riesgo de disposición de los fondos.

Mientras Corea del Sur define sus reglas, los incidentes recientes muestran que los riesgos no provienen solamente de los sospechosos. La administración estatal de criptomonedas también enfrenta amenazas de seguridad, errores operativos y filtraciones de información sensible.

La información fue reportada originalmente por Cryptopolitan y se presenta con fines informativos. El desarrollo de la propuesta no constituye una recomendación de inversión ni una garantía sobre futuras decisiones legislativas.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA.

 


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