Por Canuto  

Una propuesta bipartidista en Estados Unidos busca retener 10% de los fondos federales para autopistas a los estados que no limiten las cámaras Flock y otros lectores automáticos de matrículas. El proyecto permitiría estos sistemas solo para cinco usos, aunque mantendría abierta la posibilidad de compartir ampliamente los datos con otras agencias gubernamentales.
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  • La ley No FLOCK ordenaría retener 10% de los fondos federales de transporte a los estados que no regulen estos dispositivos.
  • El proyecto limitaría las cámaras a cinco objetivos, como identificar vehículos robados, personas desaparecidas o autos vinculados a delitos graves.
  • La iniciativa no prohibiría por completo Flock ni impediría compartir los datos con autoridades de inmigración y otras agencias.

 

Dos legisladores de Estados Unidos presentaron una propuesta bipartidista para restringir el uso de las cámaras Flock y otros lectores automáticos de matrículas, con una amenaza directa sobre el presupuesto de infraestructura estatal. La iniciativa ordenaría al secretario de Transporte retener 10% de los fondos federales anuales destinados a autopistas, carreteras y puentes de los estados que no adopten límites específicos para estos sistemas.

La medida surge después de varios meses de controversia nacional por el uso de estas herramientas de vigilancia vehicular y por casos en los que agentes policiales habrían consultado imágenes con fines personales. El debate enfrenta una promesa de mayor seguridad pública con preocupaciones sobre privacidad, control institucional y la posibilidad de convertir los desplazamientos cotidianos de millones de personas en registros permanentes.

Una amenaza sobre los fondos viales

La llamada Ley No FLOCK, cuyo nombre corresponde a las iniciales en inglés de Federal License-Plate Observation and Camera Keeping, fue impulsada por Raja Krishnamoorthi, demócrata que representa a suburbios de Chicago, y Michael Cloud, republicano cuyo distrito de Texas incluye Corpus Christi. Ambos legisladores presentaron el proyecto en el Congreso, según la información difundida por Ars Technica a partir de declaraciones ofrecidas a WIRED.

El mecanismo elegido no consiste en una prohibición federal absoluta, sino en utilizar el financiamiento de transporte como instrumento de presión. Si la legislación se aprueba, los estados que no cumplan comenzarían a perder decenas de millones y hasta cientos de millones de dólares anuales a partir de octubre de 2028, después de un periodo de implementación de dos años fiscales y dependiendo de la fórmula utilizada para asignar los llamados fondos de transporte superficial.

El Departamento de Transporte calcula esas asignaciones considerando factores como la extensión de las vías estatales y el nivel de tránsito que soportan. Por esa razón, la sanción podría tener un impacto particularmente fuerte en los estados con redes viales amplias o con corredores de alta circulación, aunque la noticia no detalla cuánto perdería cada jurisdicción.

El Congreso ya ha empleado tácticas parecidas para inducir políticas estatales en asuntos de seguridad pública. La presión financiera ayudó a establecer una edad mínima nacional para consumir alcohol, reglas comunes sobre lo que constituye conducir bajo los efectos del alcohol y normas relacionadas con las vallas publicitarias instaladas junto a las autopistas.

Los cinco usos que permitiría la propuesta

El proyecto permitiría que las cámaras Flock y dispositivos similares se utilicen únicamente para hacer cumplir los sistemas de peajes, identificar vehículos robados y localizar personas desaparecidas o en peligro. También autorizaría consultas relacionadas con vehículos registrados a nombre de personas que tengan una orden de detención por un delito grave, además de investigaciones sobre automóviles involucrados en delitos graves.

La lista dejaría fuera actividades que actualmente pueden formar parte de las operaciones ordinarias de estas redes, como los estudios de tráfico, las investigaciones de delitos menores relacionados con drogas y la aplicación de normas de estacionamiento o de velocidad. El objetivo sería reducir la cantidad de motivos por los que una autoridad puede consultar la ubicación histórica o reciente de un vehículo.

Krishnamoorthi afirmó en un comunicado que la investigación de su oficina expuso graves lagunas de supervisión y que la iniciativa establecería límites claros para prevenir abusos, sin eliminar los usos legítimos de seguridad pública. Su argumento presenta la regulación como una forma de conservar herramientas útiles para localizar automóviles o personas, pero con condiciones más estrictas sobre el acceso policial.

Cloud, por su parte, sostuvo que los contribuyentes no deberían verse obligados a financiar la destrucción de sus libertades civiles ni la expansión de un Estado de vigilancia. El legislador agregó que las cámaras permiten una vigilancia masiva de los estadounidenses y que infringen la Cuarta Enmienda, una afirmación política y constitucional que previsiblemente será parte del debate legislativo.

Privacidad, intercambio de datos y abusos

La propuesta no satisface la principal demanda de los grupos que participan en el movimiento internacional de protesta contra Flock y sus competidores: la prohibición completa de estos sistemas. Tampoco impediría que los usuarios compartan ampliamente los datos obtenidos mediante el rastreo de matrículas con otras agencias gubernamentales, incluidas las autoridades de inmigración.

Ese punto deja abierta una de las mayores discusiones sobre las redes de lectores automáticos: una cámara instalada por una autoridad local puede generar información que luego circule entre organismos con prioridades y reglas diferentes. Aunque el proyecto limitaría los motivos iniciales de consulta, la falta de una barrera explícita al intercambio podría permitir que los registros terminen utilizándose en contextos no contemplados por la comunidad donde fueron recopilados.

La preocupación aumentó después de que se conocieran casos de agentes que habrían utilizado imágenes de Flock por razones personales, incluido el acoso a exparejas románticas. Un informe citado en la información original identificó al menos 100 presuntos episodios de abuso durante los últimos ocho años, una cifra que ha convertido la supervisión interna y la trazabilidad de cada consulta en elementos centrales de la discusión.

Flock no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el proyecto de ley propuesto. En paralelo, los registros federales muestran que el gasto de cabildeo de la empresa se mantuvo elevado durante los últimos 18 meses y que recientemente contrató a una quinta firma para apoyar sus esfuerzos ante el gobierno.

Un debate que llega antes de las elecciones

Alrededor de 25 estados y territorios de Estados Unidos ya cuentan con leyes relacionadas con los lectores automáticos de matrículas, de acuerdo con el Policing Project de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. Esas normas incluyen exigencias de transparencia sobre los sistemas y obligaciones para eliminar rápidamente los datos considerados innecesarios, pero pocas limitan de manera directa los tipos de usos permitidos.

La diferencia entre exigir transparencia y restringir finalidades explica por qué la Ley No FLOCK busca intervenir sobre el comportamiento de las agencias, no solo sobre la existencia de las cámaras. El proyecto trasladaría al nivel federal una discusión que hasta ahora se ha desarrollado de forma fragmentada entre estados, ciudades, departamentos de policía y proveedores privados de tecnología.

Un proyecto bipartidista presentado recientemente por separado pedía prohibir el uso de fondos federales para comprar cámaras Flock. La nueva propuesta va más lejos al amenazar el financiamiento general de carreteras, pero también resulta menos contundente que una prohibición total porque permitiría la compra y operación de los equipos si los estados aceptan las restricciones de uso.

La reacción tecnológica y las preocupaciones sobre las cámaras Flock se han incorporado a una lista más amplia de asuntos vinculados con tecnologías emergentes, junto con los sistemas de inteligencia artificial sin control y la construcción de centros de datos. Estos temas han ganado visibilidad a menos de dos meses de las próximas elecciones intermedias de Estados Unidos, aunque todavía no está claro que el Congreso avance con rapidez ni que el presidente Donald Trump respalde una ley de este tipo.

Trump expresó el domingo su apoyo a las cámaras Flock y dijo a periodistas que ayudan a las autoridades policiales. Los legisladores parecen coincidir en que pueden cumplir funciones de seguridad, pero discrepan sobre cuánto control debe existir para evitar que una herramienta diseñada para encontrar vehículos vinculados a delitos se transforme en un sistema de seguimiento generalizado.

La propuesta de Cloud describe la iniciativa como un primer paso hacia el control de la vigilancia sin restricciones y plantea que la seguridad pública puede protegerse sin sacrificar la privacidad de los estadounidenses. Su futuro dependerá de si los promotores consiguen convertir la preocupación por los abusos en una coalición legislativa suficiente, mientras la empresa y sus aliados defienden la utilidad operativa de sus cámaras.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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