Comer pide evaluar una prohibición de apuestas de funcionarios en mercados de predicción

El presidente del Comité de Vigilancia de la Cámara de Representantes de EE. UU., James Comer, pidió considerar desde restricciones parciales hasta una prohibición total de apuestas de funcionarios en mercados de predicción, tras una investigación sobre posibles operaciones con información privilegiada.
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• James Comer dijo que el Congreso debería evaluar límites o una prohibición total para funcionarios federales, legisladores y personal del Congreso.
• La investigación del Comité de Vigilancia revisó 1.700 páginas de documentos y recibió cinco sesiones informativas bipartidistas de empresas del sector.
• El informe se conoció tras casos que involucraron a un soldado activo acusado de usar información clasificada para apostar y a un exoperador del teleprómpter de la Casa Blanca señalado por apuestas sobre discursos presidenciales.

La discusión en Washington gira en torno a una pregunta concreta: cómo impedir que quienes acceden a datos no públicos los conviertan en ganancias mediante apuestas. James Comer, presidente del Comité de Vigilancia de la Cámara de Representantes, planteó que el Congreso considere desde restricciones sobre ciertos contratos hasta una prohibición total para funcionarios gubernamentales.

El llamado acompaña los hallazgos de una investigación iniciada en mayo sobre posibles operaciones con información privilegiada en mercados de predicción, con atención a funcionarios, personal militar y personas con autorizaciones de seguridad. El comité, según informó The Block, revisó 1.700 páginas de documentos y recibió cinco sesiones informativas bipartidistas del personal de empresas de ese sector.

Una investigación que desemboca en propuestas de límites

Comer sostuvo el viernes 13 de noviembre de 2026 que el Congreso debe considerar reformas para prevenir la corrupción pública y recuperar la confianza de la ciudadanía en el gobierno. La propuesta no se limita a una prohibición general: el comité también contempla restringir las apuestas que pueden realizar empleados federales, legisladores y personal del Congreso, según los hallazgos difundidos.

El memorando del comité presenta dos vías posibles: impedir por completo que los funcionarios operen en estos mercados o restringir solo una parte de los contratos, como aquellos vinculados con asuntos gubernamentales. La diferencia importa porque una prohibición amplia cerraría el acceso a toda clase de apuestas en esas plataformas, mientras que un límite acotado se centraría en los temas sobre los que algunos funcionarios podrían tener información no pública.

La recomendación también abarca a funcionarios de las distintas ramas del gobierno, no únicamente a integrantes de la Cámara. El argumento del comité es que las reglas éticas deberían evitar que alguien obtenga un beneficio financiero personal gracias a información que conoce por su trabajo como servidor público; el documento deja abierta la discusión sobre el alcance concreto de esas restricciones.

La investigación se enfocó en riesgos que involucran a funcionarios gubernamentales, personal militar y personas con autorizaciones de seguridad. Ese alcance muestra por qué el comité no trata el asunto como una cuestión limitada a legisladores: el acceso a información sensible puede darse en distintos puestos públicos, aunque la fuente no detalla qué reglas específicas regirían para cada grupo.

Casos que elevaron la preocupación por el uso de datos confidenciales

Las inquietudes en Washington aumentaron durante el último año, en particular después de que un soldado activo del Ejército de EE. UU. fuera acusado de usar información clasificada para apostar en Polymarket antes de la captura de Nicolás Maduro. El Departamento de Justicia señaló que el sargento mayor Gannon Ken Van Dyke habría realizado apuestas basadas en información sensible sobre el momento de la operación; medios reportaron que obtuvo más de 400.000 dólares. El caso se convirtió en un ejemplo de la preocupación central del comité: que una persona con acceso privilegiado pueda anticipar un acontecimiento y beneficiarse apostando sobre su resultado. La acusación no equivale por sí sola a una condena.

El artículo también menciona que otras personas dentro del gobierno fueron señaladas por usar información privilegiada para obtener ganancias en mercados de predicción. Entre ellas figura Gabriel Pérez, exoperador del teleprómpter de la Casa Blanca, quien fue despedido y acusado de apostar sobre discursos del presidente Donald Trump. La información disponible no permite presentar esas acusaciones como una conclusión judicial.

El comité añadió que candidatos políticos también han enfrentado acusaciones de operar con información privilegiada en estas plataformas. La nota no identifica a esos candidatos ni confirma que las acusaciones hayan sido probadas, de modo que corresponde distinguir esos señalamientos de los casos que el artículo describe como objeto de investigación.

Un mercado de predicción permite negociar contratos cuyo resultado depende de que ocurra o no un evento determinado. En ese formato, una persona que conoce datos relevantes antes que el público podría tener una ventaja al decidir qué contrato comprar o vender; esa explicación describe el riesgo planteado en la noticia, pero no implica que toda operación en estas plataformas involucre información reservada.

El papel de las plataformas y las decisiones del Congreso

Kalshi y Polymarket, las dos principales empresas de mercados de predicción mencionadas en la información, han dicho que tomaron medidas para endurecer sus controles y evitar que funcionarios utilicen información privilegiada. La fuente no describe cuáles son esos mecanismos ni aporta una evaluación independiente de su eficacia, por lo que el comité propone que la respuesta no dependa solamente de las reglas internas de las compañías.

En esa línea, el comité considera que el Congreso debería alentar a las empresas del sector y a las agencias federales a compartir la información necesaria para hacer cumplir eventuales restricciones. La cooperación podría formar parte de la aplicación de las reglas, aunque el memorando no precisa qué datos se intercambiarían, qué organismos participarían ni cómo se resolvería el alcance de esa coordinación.

Los legisladores también comenzaron a tomar medidas dentro del propio Congreso. En abril, el Senado aprobó una resolución que prohíbe a sus miembros y al personal realizar operaciones en mercados de predicción. La información disponible no especifica los detalles de implementación, pero la votación muestra que el debate ya produjo una iniciativa enfocada en una de las cámaras.

La propuesta de Comer busca que el Congreso considere reformas adicionales y que las expectativas éticas alcancen a funcionarios de todas las ramas del gobierno. Por ahora, la fuente informa de recomendaciones y de la resolución aprobada por el Senado, pero no señala que exista una prohibición general vigente para todos los servidores públicos ni que el Congreso haya aprobado la legislación más amplia que plantea el comité.

El próximo paso descrito en el informe es que el Congreso valore si adopta límites para determinados contratos o una prohibición total, además de impulsar el intercambio de información entre plataformas y agencias federales. La decisión tendrá que definir a quiénes abarcarían las reglas y qué apuestas quedarían restringidas, cuestiones que el comité deja planteadas como opciones y no como medidas ya adoptadas.

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