Por Canuto  

La Digital Asset Market Clarity Act enfrenta una ventana crítica de dos semanas y necesita 60 votos para avanzar en el Senado estadounidense. Tres disputas, relacionadas con la ética, la responsabilidad de desarrolladores DeFi y los rendimientos de stablecoins, mantienen en duda el futuro del proyecto y podrían prolongar la incertidumbre regulatoria hasta 2029.

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  • La votación de cloture del 15 de septiembre requiere 60 votos, mientras varios republicanos han condicionado o retirado su respaldo al proyecto.
  • Las reglas de ética para funcionarios, la Sección 604 sobre desarrolladores DeFi y el rendimiento de stablecoins son los principales puntos de conflicto.
  • Si la iniciativa fracasa, la industria podría enfrentar una caída de BTC de entre 10% y 25% y un mosaico regulatorio de varias agencias.

 

 

La Digital Asset Market Clarity Act, mejor conocida como la Ley CLARITY, enfrenta una carrera contra el calendario político en Estados Unidos. El Senado regresará de su receso de agosto el 14 de septiembre y tendrá apenas dos semanas para avanzar el proyecto antes de que la campaña de las elecciones de medio mandato reduzca el margen para votar asuntos controvertidos.

El primer examen llegará el 15 de septiembre a las 2:15 p. m., hora del este, cuando los senadores decidirán si invocan el cloture para llevar la iniciativa al debate pleno. La moción necesita 60 votos, una barrera especialmente exigente para una mayoría republicana de 53 escaños que todavía no asegura la unidad de su propia bancada ni el respaldo demócrata suficiente.

La propuesta ya superó la Cámara de Representantes por 294 votos contra 134 en julio de 2025 y avanzó 15 a 9 en el Comité Bancario del Senado en mayo de 2026. Sin embargo, el impulso bipartidista inicial se ha debilitado por desacuerdos sobre ética pública, finanzas ilícitas, protección al consumidor y el tratamiento de determinados productos cripto.

Una votación con poco margen para errores

La votación de cloture no aprobaría definitivamente la Clarity Act, sino que permitiría abrir el debate en el pleno del Senado, presentar enmiendas y celebrar posteriormente una votación final. Si la moción obtiene 59 votos o menos, el proyecto quedaría prácticamente fuera del calendario legislativo de 2026, en un momento en que las elecciones de noviembre limitarán cualquier intento de reactivarlo.

Los republicanos controlan 53 escaños, aunque el senador Rand Paul, de Kentucky, se opone por considerar que un marco federal amplio representa una intromisión en una tecnología diseñada para operar sin permisos gubernamentales. El senador Josh Hawley, de Missouri, también cuestiona el texto porque, según su posición, favorecería a grandes empresas de tecnología financiera frente a competidores pequeños y bancos tradicionales.

El senador Thom Tillis, de Carolina del Norte, ha condicionado su apoyo a la incorporación de un lenguaje ético más fuerte, mientras que John Cornyn, de Texas, y John Curtis, de Utah, han expresado inquietudes sobre una posible fuga de depósitos bancarios y el acceso de las autoridades policiales. Ninguno de estos dos últimos legisladores se ha comprometido públicamente a votar contra el proyecto.

Las cuentas se complican con rapidez: la salida de tres republicanos obligaría a conseguir al menos 10 votos demócratas, y una cuarta deserción elevaría esa cifra a 11. En el comité, solo Ruben Gallego, de Arizona, y Angela Alsobrooks, de Maryland, cruzaron la línea partidista para permitir el avance, por lo que la distancia entre ese respaldo y la cifra requerida en el pleno sigue siendo considerable.

Demócratas exigen cambios en ética y protección

Mark Warner, Catherine Cortez Masto, Raphael Warnock, Cory Booker, John Hickenlooper, Gallego y Alsobrooks emitieron una declaración conjunta en la que afirmaron que el borrador actual se queda corto. Los senadores señalaron deficiencias en la aplicación de normas éticas, la protección al consumidor, las medidas contra las finanzas ilícitas y la integridad del mercado, aunque evitaron rechazar la iniciativa de manera definitiva.

Ese lenguaje mantiene abierta una negociación, pero también permite que cada legislador vote en contra si no se modifica el texto. El presidente del Comité Bancario, Tim Scott, ha pronosticado que entre 12 y 18 demócratas terminarán apoyando la propuesta, aunque la información pública disponible antes del regreso del receso no muestra un acuerdo sobre los asuntos centrales.

La disputa ética se intensificó durante la revisión del comité del 14 de mayo, cuando los demócratas propusieron prohibir que el presidente, el vicepresidente y los miembros del Congreso posean o participen en negocios de criptomonedas. La enmienda fracasó por 13 votos contra 11, en una decisión estrictamente partidista que transformó una discusión financiera en un conflicto político sobre posibles beneficios personales.

El presidente Trump declaró ingresos superiores a USD $1.400 millones relacionados con criptoactivos en 2025, principalmente a través de World Liberty Financial y la memecoin TRUMP. Los demócratas sostienen que aprobar un marco para la industria sin salvaguardas más estrictas podría beneficiar directamente al mandatario, mientras los republicanos argumentan que las restricciones afectarían incluso a legisladores con cuentas de retiro expuestas al sector.

DeFi y la responsabilidad por el código

La Sección 604 constituye el segundo gran obstáculo para la aprobación. El apartado protege a los desarrolladores de software no custodial frente a los requisitos de registro como transmisores de dinero cuando publican código abierto y no controlan los fondos de los usuarios, una garantía que la comunidad DeFi considera esencial para preservar la innovación.

Los defensores de esa protección comparan a los desarrolladores con autores de herramientas o publicaciones: escribir un programa no debería convertirlos automáticamente en responsables de cada uso que otras personas hagan del código. Desde esa perspectiva, imponer obligaciones bancarias a quienes no custodian activos podría expulsar talento hacia jurisdicciones con normas más flexibles y reducir la experimentación en protocolos descentralizados.

Las autoridades policiales sostienen una posición opuesta. La National Sheriffs’ Association, la International Association of Chiefs of Police y la National District Attorneys’ Association han advertido que la exención crearía un carril de cumplimiento débil para mezcladores, puentes entre cadenas y redes utilizadas para lavado de dinero, evasión de sanciones o fraude.

El senador Chris Van Hollen presentó una enmienda que habría impuesto obligaciones contra el lavado de dinero a los protocolos DeFi y responsabilidad personal a los desarrolladores cuyo código procesara transacciones ilícitas, pero la propuesta fue derrotada. Los senadores Murphy, Van Hollen y Merkley han indicado que no respaldarán el cloture si el lenguaje sobre responsabilidad de desarrolladores no se endurece significativamente.

Stablecoins enfrentan al sector cripto con los bancos

El tercer conflicto se concentra en la disposición que permitiría a los exchanges ofrecer rendimiento sobre saldos de stablecoins de sus clientes. Coinbase obtuvo aproximadamente USD $1.350 millones en ingresos anuales durante 2025 mediante programas de recompensas vinculados a USDC, de modo que una autorización federal más clara podría convertir una actividad discutida en una fuente formalmente reconocida de negocio.

La American Bankers Association y otros grupos bancarios sostienen que esos rendimientos funcionan de manera similar a los intereses sobre depósitos. Por esa razón, piden que los productos queden sujetos a requisitos equivalentes de capital, seguro de depósitos y supervisión prudencial, obligaciones que actualmente pesan sobre las entidades bancarias tradicionales.

El riesgo que plantean los bancos es una fuga de depósitos desde instituciones comunitarias y cooperativas de crédito hacia plataformas capaces de ofrecer rendimientos superiores. Si un usuario puede obtener 4,5% sobre USDC en Coinbase mientras una cuenta de ahorro regional paga 1,2%, la diferencia de incentivo sería evidente, especialmente cuando los rendimientos se apoyan en carteras de bonos del Tesoro.

La industria cripto replica que una recompensa por mantener un activo digital no equivale jurídicamente a un depósito bancario, aunque ambos productos puedan parecer similares para los consumidores. El debate también coincide con una propuesta de la Financial Accounting Standards Board para tratar ciertos stablecoins calificados como equivalentes de efectivo, una clasificación que podría hacer todavía más difusa la frontera entre los dos modelos.

Lobby, agencias y el costo de un fracaso

La magnitud de la campaña política del sector no se ha traducido en una coalición legislativa segura. Según Public Citizen, la industria cripto aportó USD $189 millones al ciclo electoral estadounidense de 2026, mientras Fairshake gastó más de USD $82 millones, MAGA Inc. desplegó más de USD $56 millones y Coinbase canalizó USD $35,2 millones mediante comités políticos afiliados.

Ripple Labs contribuyó aproximadamente USD $49 millones y Coinbase gastó USD $1,07 millones en lobbying solo durante el primer trimestre de 2026. La concentración del gasto, que representa cerca de 37% de las contribuciones políticas corporativas del ciclo, ha provocado críticas tanto entre demócratas progresistas como entre republicanos populistas que denuncian una posible captura del proceso legislativo.

Al mismo tiempo, la capacidad institucional de la Commodity Futures Trading Commission genera dudas sobre la aplicación práctica de la ley. La agencia cuenta con 556 empleados y un presupuesto anual de USD $365 millones, frente a 4.200 empleados y USD $2.149 millones de la Securities and Exchange Commission; además, su plantilla cayó desde 708 trabajadores en el año fiscal 2024.

La propuesta asignaría a la CFTC jurisdicción exclusiva sobre los mercados al contado de materias primas digitales y contemplaría USD $150 millones en financiamiento suplementario, además de autorizar comisiones a los registrantes. La Oficina del Inspector General de la agencia identificó la regulación de activos digitales como su principal riesgo de gestión y desempeño para el año fiscal 2026, debido al desequilibrio entre nuevas responsabilidades y recursos disponibles.

La SEC, por su parte, avanza con Regulation Crypto Assets, un marco de 400 páginas que contempla una exención para startups con recaudaciones de hasta USD $5 millones, otra de hasta USD $75 millones anuales con estados financieros auditados y un puerto seguro para tokens suficientemente descentralizados. La iniciativa, presentada el 18 de agosto bajo el llamado Proyecto Crypto, muestra que la regulación administrativa continuará aunque el Congreso no apruebe una ley integral.

El panorama también incluye reglas de stablecoins que la OCC espera finalizar en noviembre de 2026 y una propuesta de la FASB cuyo periodo de comentarios vence el 19 de noviembre. Esa suma de normas de la SEC, la CFTC, la OCC, el Tesoro y la FASB ofrecería orientación parcial, pero dejaría un sistema fragmentado y potencialmente más costoso para empresas pequeñas.

Mercados aguardan la decisión del Senado

Las probabilidades de aprobación en Polymarket descendieron desde 82% en febrero hasta aproximadamente 16% a finales de agosto, mientras Galaxy Digital redujo su propia estimación a 10%. Esas cifras reflejan un deterioro marcado de las expectativas, aunque no sustituyen el conteo real de votos ni permiten conocer si las negociaciones de último minuto modificarán el texto.

Bernstein proyecta una corrección de entre 10% y 25% para BTC si la iniciativa fracasa, con una posible prueba del rango de USD $55.000 a USD $60.000, mientras los altcoins podrían retroceder entre 15% y 30%. La reacción dependerá de cuánto haya descontado el mercado el fracaso: si los precios ya incorporan una probabilidad cercana a 16%, el ajuste podría ser menor que en un escenario de sorpresa negativa. Esta es una proyección, no una caída confirmada ni una relación causal demostrada.

La incertidumbre también afectaría el ingreso de capital institucional, porque encuestas de la industria muestran que 65% de los asignadores exige claridad regulatoria antes de aumentar su exposición a criptoactivos. Sin la Clarity Act, el sector seguiría sujeto al mosaico de acciones de cumplimiento de la SEC y guías de la CFTC, posiblemente hasta un nuevo intento legislativo después de las elecciones de 2028.

TD Cowen considera posible una aprobación durante una sesión de pato cojo en 2027, con reglas finales vigentes hacia 2029, aunque ese escenario depende de que las elecciones de medio mandato no alteren desfavorablemente la composición del Senado. La votación del 15 de septiembre será un paso procesal y no resolverá todos los detalles regulatorios, pero sí definirá si Estados Unidos conserva una oportunidad inmediata de establecer un marco unificado para los activos digitales.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.

 


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