Por Canuto  

La Clarity Act, uno de los proyectos más relevantes para definir la estructura del mercado cripto en Estados Unidos, llega a una audiencia decisiva en el Senado rodeada de decenas de enmiendas. Aunque la mayoría tendría pocas posibilidades de prosperar, el debate expone choques de fondo sobre DeFi, stablecoins, CBDC y conflictos de intereses en el gobierno.

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  • El Comité Bancario del Senado evaluará decenas de enmiendas a la Clarity Act, aunque se espera que casi ninguna sea adoptada.
  • Entre las propuestas figuran cambios sobre stablecoins, protección a desarrolladores, DeFi, CBDC y restricciones éticas para altos funcionarios.
  • El proyecto aún necesita apoyo demócrata para superar el umbral de 60 votos y seguir avanzando en el Congreso.

 


La Digital Asset Market Clarity Act enfrenta esta semana una prueba política importante en el Senado de Estados Unidos. El proyecto, que busca establecer reglas para la estructura del mercado de activos digitales, llegará a una audiencia de revisión en el Comité Bancario rodeado por decenas de enmiendas que intentan modificar puntos clave del texto.

Aunque la lista de propuestas es extensa, el panorama inmediato sugiere que casi ninguna tendrá éxito. La mayoría republicana del comité apunta a mover el proyecto hacia adelante sin cambios profundos, pese a la presión de varios senadores demócratas que buscan eliminar, endurecer o rediseñar partes sensibles del borrador.

El debate no es menor. La Clarity Act es vista como una de las principales apuestas legislativas para ordenar la supervisión de los mercados cripto en EE. UU., una discusión que ha ganado relevancia por el crecimiento de las stablecoins, las plataformas DeFi y los conflictos regulatorios entre agencias federales.

Según informó CoinDesk, la audiencia de revisión prevista para el jueves pondrá a consideración una larga lista de enmiendas, cada una sujeta a discusión y votación, salvo que sea retirada antes. Para ser aprobada o rechazada, cada propuesta necesita una mayoría simple.

Al final del proceso, el comité también votará si hace avanzar el proyecto completo. Si eso ocurre, la iniciativa podrá combinarse con el esfuerzo paralelo que ya recibió aprobación del Comité de Agricultura del Senado, un paso importante para consolidar un marco legislativo más amplio sobre criptoactivos.

Las enmiendas reabren viejas disputas sobre stablecoins, DeFi y desarrolladores

Buena parte de las enmiendas proviene de senadores demócratas que han cuestionado el proyecto desde etapas anteriores. Entre ellos destacan Elizabeth Warren y Jack Reed, cuyos nombres dominan la lista de cambios propuestos y reflejan una postura crítica frente a varios compromisos bipartidistas alcanzados en meses recientes.

Reed, senador demócrata por Rhode Island, presentó 18 enmiendas. Una de ellas busca incorporar algunas de las demandas impulsadas por grupos de presión bancarios para restringir aún más los rendimientos asociados a las stablecoins. Esa discusión toca una de las áreas más sensibles de la política cripto, porque conecta con la competencia entre emisores digitales y actores financieros tradicionales.

El mismo legislador también propone eliminar por completo la sección conocida como Blockchain Regulatory Certainty Act. Esa parte del proyecto protege a desarrolladores de software que no controlan los fondos de terceros, evitando que sean regulados como transmisores de dinero.

La eliminación de ese apartado sería un golpe para una de las salvaguardas más valoradas por sectores vinculados a la innovación abierta en blockchain. Sus defensores sostienen que imponer obligaciones de transmisión de dinero a quienes solo desarrollan código puede frenar el desarrollo tecnológico y crear riesgos legales desproporcionados.

En contraste, la senadora Catherine Cortez-Masto, demócrata por Nevada, impulsa una enmienda en la dirección opuesta. Su propuesta busca proteger a los desarrolladores mediante la creación de un puerto seguro frente a responsabilidad penal por no registrarse como transmisores de dinero a nivel estatal o federal.

También aparece en la discusión el senador Mark Warner, demócrata por Virginia, quien ha tenido un papel central en negociaciones sobre finanzas ilícitas vinculadas a DeFi. Warner plantea una prueba de control para determinar cuándo las personas que operan protocolos de trading no descentralizados deben quedar sujetas a las obligaciones antilavado de dinero previstas en la Bank Secrecy Act.

Ética pública, Trump y una negociación aún sin cerrar

Más allá de los aspectos técnicos del mercado cripto, varias enmiendas buscan introducir reglas éticas para funcionarios de alto nivel. Ese frente se ha convertido en uno de los mayores puntos de fricción entre demócratas y republicanos, y podría influir en la viabilidad política de la Clarity Act en etapas posteriores.

El senador Chris Van Hollen, demócrata por Maryland, presentó ocho enmiendas. Entre ellas resalta una que recogería una exigencia demócrata relevante: prohibir al presidente y a otros altos funcionarios del gobierno poseer, promover o estar afiliados con negocios de activos digitales.

Elizabeth Warren, por su parte, fue incluso más específica. La senadora busca prohibir la corrupción política en solicitudes bancarias y la propiedad presidencial de bancos, en una movida que parece dirigida al intento de World Liberty Financial, empresa vinculada al presidente Donald Trump y su familia, de obtener una licencia bancaria en Estados Unidos.

Warren también intenta eliminar amplias secciones del proyecto relacionadas con la supervisión de materias primas digitales. Además, llevó su paquete de enmiendas a terrenos más amplios, con propuestas para limitar las tasas de interés de tarjetas de crédito y para solicitar registros de supervisión bancaria vinculados a Jeffrey Epstein y sus co-conspiradores.

Ese tipo de adiciones muestra que el proceso de revisión no solo servirá para afinar detalles legislativos, sino también como escenario político. Algunas propuestas parecen diseñadas más para dejar constancia de posiciones ideológicas o presionar a la mayoría que para convertirse en parte final del texto.

La exigencia demócrata de incorporar una disposición fuerte sobre conflicto de intereses sigue sin resolverse. De acuerdo con el reporte, una reunión celebrada a comienzos de esta semana sobre ese punto continuó siendo conflictiva, y figuras como la senadora Kirsten Gillibrand han advertido que la Clarity Act no será aprobada en el Senado sin esa cláusula.

Los republicanos buscan avanzar el proyecto con cambios limitados

Del lado republicano, la prioridad parece ser conservar el equilibrio negociado durante meses y evitar que el proyecto se reabra por completo. Después de cuatro meses de conversaciones, varios de los desacuerdos que habían frenado una versión anterior fueron resueltos, despejando el camino para una votación en comité.

La vez anterior que la Clarity Act se acercó a una audiencia de revisión en este mismo comité, se presentaron cerca de 75 enmiendas. Sin embargo, esa sesión fue pospuesta poco después. El recuerdo de ese episodio ayuda a explicar por qué ahora existe la impresión de que el proceso del jueves ya está cuidadosamente calculado por la mayoría.

Entre las propuestas republicanas destaca la del senador Bill Hagerty, de Tennessee, quien quiere prohibir las monedas digitales de banco central emitidas por la Reserva Federal. La oposición a una CBDC estadounidense ya ha aparecido en otros proyectos impulsados por legisladores republicanos, incluso recientemente en la iniciativa de la Cámara para reautorizar la Foreign Intelligence Surveillance Act.

La inclusión de una enmienda de este tipo revela que el debate legislativo sobre cripto en Washington no se limita a exchanges o tokens. También incorpora preocupaciones más amplias sobre privacidad financiera, el papel del Estado en los pagos digitales y la posible competencia entre dinero programable público y soluciones privadas.

El propio proyecto ya arrastra disposiciones no directamente relacionadas con cripto. Entre ellas figura legislación orientada a la vivienda promovida por el senador John Kennedy, republicano por Luisiana, lo que ilustra cómo este tipo de procesos legislativos pueden acumular intereses diversos a medida que avanzan en el Congreso.

El mayor reto aún está en el pleno del Senado

Incluso si la Clarity Act supera el comité esta semana, su recorrido legislativo seguirá siendo complejo. Para avanzar en el Senado, sus promotores necesitan asegurar varios votos demócratas y así alcanzar el umbral de 60 votos que suele requerirse en esa cámara para superar bloqueos procesales.

Ese dato es clave para entender por qué la negociación ética importa tanto. No basta con que la mayoría republicana mantenga unido a su bloque en comité. Sin una fórmula capaz de atraer apoyo demócrata, el proyecto podría estancarse más adelante, aun si sale fortalecido de la revisión.

Después, la legislación todavía necesitaría otra aprobación de la Cámara de Representantes. La cámara baja ya había aprobado un proyecto similar el año pasado, pero una eventual fusión o ajuste del texto exigiría nuevos acuerdos entre ambas cámaras antes de que cualquier norma llegue al escritorio presidencial.

Armstrong dice que el proyecto es sólido

Mientras tanto, el sector sigue de cerca cada señal política. Brian Armstrong, CEO de Coinbase, afirmó en una publicación reciente que el proyecto es sólido y que beneficiará al pueblo estadounidense al hacer que el sistema financiero del país sea más rápido, más barato y más accesible. Su mensaje cerró con una consigna directa para los legisladores: hacer la revisión.

En términos prácticos, la audiencia de esta semana probablemente no redefina por completo la Clarity Act. Sin embargo, sí servirá para medir hasta dónde llega el consenso bipartidista en torno a la regulación cripto y qué concesiones siguen siendo necesarias para que una ley de mercado digital tenga opciones reales de convertirse en norma federal.

Para la industria, el resultado inmediato podría ser menos importante que la señal política de fondo. Si el proyecto avanza con pocas alteraciones, confirmará que el Senado está más cerca de una arquitectura regulatoria concreta. Si la disputa por ética pública se intensifica, el camino hacia una ley definitiva podría volver a complicarse.


 

 


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