Por Canuto  

El CLARITY Act, una de las iniciativas más relevantes para definir la estructura del mercado cripto en Estados Unidos, enfrenta un tramo decisivo en el Senado. Aunque la propuesta ya mostró apoyo bipartidista, la disputa por la Sección 604, la presión de organismos de seguridad y nuevas exigencias demócratas amenazan con frenar su avance en una ventana legislativa cada vez más estrecha.
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  • La Sección 604 busca evitar que desarrolladores de software sin control sobre fondos sean tratados como transmisores de dinero.
  • Organizaciones policiales objetan que la redacción actual podría dar cobertura demasiado amplia a actores vinculados con mezcladores y evasión de sanciones.
  • Además del conflicto por DeFi, el proyecto enfrenta tensiones por la capacidad operativa de la CFTC, una cláusula ética y la incertidumbre política en torno a Trump.

El CLARITY Act encara una carrera contrarreloj en el Senado de Estados Unidos, donde sus impulsores buscan llevarlo a votación durante julio. La propuesta pretende ordenar la estructura del mercado de criptoactivos, pero su avance se topa con resistencias técnicas, políticas y regulatorias.

La Casa Blanca convocó el lunes a grupos de aplicación de la ley que se oponen al proyecto para intentar resolver objeciones centradas en la Sección 604. Esa disposición fue tomada de la Blockchain Regulatory Certainty Act, conocida como BRCA.

Según reportó Cryptonews, Patrick Witt, principal asesor de criptomonedas de la Casa Blanca, lidera el esfuerzo de acercamiento. Aun así, el proyecto necesita 60 votos en el Senado y solo quedan unas cuatro semanas de tiempo legislativo antes del receso de agosto.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, estaría dispuesto a llevar el CLARITY Act al pleno en las próximas semanas, incluso si los demócratas todavía no están listos. Por su parte, el presidente del Comité Bancario, Tim Scott, afirmó el lunes que el Senado “debería votar sobre la legislación de estructura del mercado de criptomonedas en julio”.

La urgencia del calendario no elimina la dificultad política. Aunque el texto avanzó con márgenes cómodos en etapas previas, el pleno del Senado suele ser una prueba más compleja para cualquier legislación que requiera respaldo bipartidista.

La Sección 604 concentra la disputa sobre DeFi

La Sección 604 es hoy el centro del conflicto. Su objetivo es impedir que desarrolladores de software que no ejercen control último sobre sus herramientas sean clasificados como transmisores de dinero bajo las reglas de la Ley de Secreto Bancario.

Para la industria cripto, esa protección es clave para que el desarrollo de finanzas descentralizadas, o DeFi, pueda continuar dentro de Estados Unidos. El argumento es que escribir código o publicar herramientas no equivale automáticamente a operar como intermediario financiero.

Sin embargo, la Asociación Nacional de Sheriffs envió en mayo una carta a los líderes del Comité Bancario del Senado para rechazar el alcance actual de esa exención. El grupo sostuvo que “no hay buena razón que justifique dar a los mezcladores, agitadores y a DeFi una exención general”.

En esa misma carta, la organización agregó que, si bien algunos desarrolladores de software no participan en transmisión de dinero ni en actividades sujetas a la Ley de Secreto Bancario, otros sí lo hacen. Esa distinción es precisamente la que los cuerpos policiales creen que el texto no delimita con suficiente claridad.

El grupo había sido invitado a una sesión previa de dos días en la Casa Blanca durante junio, pero no asistió. Por esa razón se organizó una reunión específica el lunes, con la idea de comprobar si aún existe espacio para ajustar posiciones antes de una votación formal.

La preocupación de las agencias no parte, según el reporte, de una oposición total a la BRCA como principio. Su objeción es que el lenguaje actual resultaría demasiado amplio para separar con precisión a desarrolladores neutrales de actores cuyas herramientas funcionan de forma similar a intermediarios financieros.

Investigadores enfocados en evasión de sanciones y delitos facilitados por mezcladores sostienen que la redacción propuesta podría difuminar la línea de acción legal. Eso complicaría perseguir a desarrolladores cuyas plataformas, en la práctica, canalizan actividades que hoy están bajo escrutinio regulatorio.

Esa no sería una visión aislada dentro del aparato de seguridad. El texto señala que múltiples organizaciones de aplicación de la ley compartieron preocupaciones similares durante las sesiones celebradas por la Casa Blanca en junio.

La Casa Blanca defiende que la claridad regulatoria puede ayudar a la aplicación de la ley

Patrick Witt ha defendido la idea de que el CLARITY Act no debilita la supervisión, sino que puede mejorarla. Su posición es que el vacío regulatorio actual crea más problemas de cumplimiento que una ley con definiciones más claras.

Durante un evento de la industria celebrado a inicios de este mes, Witt dijo que la legislación impondría restricciones regulatorias reales a negocios y actores que hoy viven en un estado de incertidumbre. Desde esa óptica, el proyecto no sería una relajación automática del control, sino una formalización del marco de actuación.

El funcionario también lanzó un mensaje directo a los escépticos dentro de las agencias de seguridad. Según su declaración, esos organismos “deberían ser los más grandes animadores de este proyecto de ley, porque esto es realmente lo que falta”.

La tesis de la Casa Blanca es relevante porque intenta cambiar el eje del debate. En lugar de presentar la Sección 604 como un blindaje para desarrolladores, busca mostrarla como parte de una arquitectura legal más amplia que también entregaría nuevas herramientas procesales.

Ese punto será puesto a prueba en la negociación política inmediata. Si la reunión convocada logra mover a la Asociación Nacional de Sheriffs de su rechazo explícito, el proyecto podría llegar al pleno con menos resistencia técnica en uno de sus apartados más sensibles.

Para los defensores de DeFi, la disputa tiene además una dimensión estratégica. Si el Senado aprueba un lenguaje muy restrictivo, el precedente podría redefinir cómo Estados Unidos trata a quienes crean infraestructura de software para protocolos descentralizados.

Tres frentes adicionales complican la ruta del proyecto

La controversia sobre la BRCA no es el único obstáculo. El proyecto también deja abiertas negociaciones sobre la capacidad operativa de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, o CFTC.

Las disposiciones del CLARITY Act ampliarían la jurisdicción de la CFTC sobre la estructura del mercado cripto. Por eso, parte de las conversaciones activas se concentra en cómo llevar a la agencia a una capacidad funcional plena para asumir ese mandato ampliado.

Un segundo frente es una disposición ética que prohibiría a altos funcionarios del gobierno, incluido el presidente, mantener intereses personales en criptomonedas. Ese punto se ha convertido en una exigencia explícita para varios legisladores.

Algunos senadores han dicho que no votarán a favor del proyecto sin esa cláusula. Entre ellos figuran los únicos demócratas que respaldaron la iniciativa durante la fase de revisión en el Comité Bancario del Senado.

Ese detalle vuelve la disposición ética en un punto de choque estructural. La Casa Blanca necesita votos demócratas para alcanzar los 60 apoyos requeridos, pero esos votos están siendo condicionados a una medida que el propio Ejecutivo podría resistir.

Las senadoras Catherine Cortez Masto y Mark Warner han señalado que esa exigencia es un requisito umbral. En otras palabras, no la ven como una ficha de negociación secundaria, sino como una condición previa para abrir la puerta al respaldo.

El tercer frente de incertidumbre proviene del entorno legislativo más amplio en torno a Donald Trump. Su negativa a firmar un importante proyecto sobre asequibilidad de vivienda, al exigir antes una ley de identificación de votantes, ya alteró un cronograma legislativo en Washington.

El analista de políticas de TD Cowen, Jaret Seiberg, dijo el lunes que espera que ese proyecto de vivienda entre en vigor mediante la ventana constitucional de diez días de aprobación automática. Su proyección ubica la fecha efectiva para el viernes 10 de julio.

Ese antecedente no significa que Trump vaya a repetir la misma estrategia con el CLARITY Act. Pero sí introduce un precedente político que suma ruido a una negociación que ya es delicada por sí sola.

Apoyo previo no garantiza una victoria en el pleno del Senado

En términos numéricos, el CLARITY Act llega a esta etapa con antecedentes favorables. La Cámara de Representantes lo aprobó por 294 votos contra 134 el 17 de julio de 2025.

Más tarde, el Comité Bancario del Senado dio luz verde al proyecto por 15 votos contra 9 el 14 de mayo de 2026. Esos márgenes sugieren que existe una base relevante de apoyo en ambas cámaras.

No obstante, el pleno del Senado responde a otra lógica. Alcanzar 60 votos exige una coalición más amplia, cohesionada y capaz de superar objeciones ideológicas, técnicas y tácticas en un momento de agenda saturada.

Ese matiz es importante para el ecosistema cripto. Una iniciativa puede lucir sólida en comisión o incluso en la Cámara, pero empantanarse en el Senado si aparecen reservas sobre seguridad nacional, ética pública o reparto de competencias entre agencias.

El caso de la Sección 604 refleja bien esa tensión. Para el sector, la cláusula protege la innovación abierta; para ciertos investigadores y cuerpos policiales, su amplitud puede crear zonas grises demasiado riesgosas en un contexto de sanciones, mezcladores y delitos financieros.

Lo que ocurra durante julio será determinante para el futuro inmediato de la regulación cripto en Estados Unidos. Si el Senado logra resolver esas diferencias, el país podría acercarse por fin a una ley de estructura de mercado que lleva años en discusión.

Si no lo consigue, la consecuencia más probable será otra ronda de incertidumbre regulatoria. Ese escenario mantendría sin resolver una de las preguntas centrales del mercado: cómo distinguir legalmente entre desarrolladores de infraestructura, plataformas descentralizadas e intermediarios sujetos a supervisión plena.


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