La Comisión para el Mercado Financiero de Chile revocó la inscripción de Plusspay, una plataforma cripto señalada por fiscales como pieza de una red de lavado de dinero vinculada al Tren de Aragua. El caso mezcla stablecoins, empresas pantalla, una orden de captura contra su fundador y nuevas dudas sobre los vacíos del sistema fintech chileno.
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- La CMF revocó el registro de Inversiones Plusservice SpA, firma detrás de Plusspay, y la obligó a devolver los fondos que aún mantenga de clientes.
- La Fiscalía vincula más de USD $84.000.000 en transacciones sospechosas con una red ligada al Tren de Aragua que habría usado pesos chilenos y stablecoins.
- Plusspay estaba inscrita en el registro fintech, pero nunca completó la autorización separada exigida por la Ley Fintech para operar.
🚨 El mercado cripto en la mira 🚨
Chile revoca registro de Plusspay, plataforma cripto asociada al Tren de Aragua.
La CMF detectó más de USD $84 millones en transacciones sospechosas vinculadas al lavado de dinero.
Además, la firma deberá devolver los fondos de los clientes.… pic.twitter.com/PNwzuobSa1
— Diario฿itcoin (@DiarioBitcoin) June 30, 2026
La Comisión para el Mercado Financiero de Chile anunció el 26 de junio la revocación de la inscripción la sociedad detrás de la plataforma de criptomonedas Plusspay, presuntamente creada por el grupo criminal conocido como Tren de Aragua.
Con esa decisión, la firma Inversiones Plusservice SpA quedó impedida de seguir atendiendo clientes en el país. Además, deberá devolver cualquier depósito de usuarios que aún conserve bajo su control. El caso ha llamado la atención más allá del sector cripto, porque cruza regulación financiera, crimen organizado transnacional y uso de stablecoins para mover fondos fuera del sistema bancario local.
En términos regulatorios, la medida no equivale a una clausura física inmediata de la empresa. Sin embargo, sí supone la pérdida de la base legal mínima que Plusspay utilizaba para presentarse ante el mercado chileno.
La decisión también llega después de semanas de creciente escrutinio sobre la plataforma. Las autoridades e investigadores ya seguían el rastro de operaciones por montos millonarios relacionadas con una red de lavado de dinero.
Según reportó Cryptopolitan, la CMF precisó que Plusspay solo contaba con una inscripción en el registro fintech. Nunca obtuvo la autorización separada y completa necesaria para prestar efectivamente sus servicios financieros.
Cómo operaba Plusspay
Plusspay ofrecía un esquema sencillo para el usuario final. Las personas transferían pesos chilenos a la plataforma y luego esos montos eran convertidos a activos digitales vinculados al dólar.
Entre esos activos figuraban principalmente Tether, identificado como USDT, y USD Coin, identificado como USDC. Ambas stablecoins son utilizadas de forma amplia para pagos, remesas y arbitraje entre plataformas.
La relevancia de este detalle es central para entender el caso. Las stablecoins permiten mover valor de forma rápida entre billeteras y también facilitan transferencias hacia plataformas o cuentas fuera del país.
Los investigadores sostienen que, una vez convertidos los depósitos en criptoactivos, los fondos eran enviados a billeteras virtuales y cuentas bancarias en el extranjero. Ese patrón es el que dio forma a la hipótesis de lavado.
De acuerdo con la investigación, más de USD $84.000.000 en transacciones sospechosas fueron vinculados a esta red. Los fiscales afirman que buena parte de esos recursos provenían de actividades criminales como extorsión y tráfico de drogas.
En su sitio web, la plataforma se presentaba como una entidad que operaba bajo el marco regulatorio de la CMF. También prometía registro y supervisión activa, una afirmación que hoy aparece como uno de los puntos más controvertidos del expediente.
El uso de criptoactivos en este tipo de tramas no implica por sí mismo ilegalidad del sector. Lo que señalan las autoridades es el presunto uso instrumental de una infraestructura fintech para canalizar fondos de origen ilícito.
Investigación penal, Tren de Aragua y la pista de los USD $84 millones
La Fiscalía Regional Metropolitana Sur emitió una orden de detención contra José Manuel Ríos Guaidó, fundador de Plusspay. Las autoridades creen que el empresario venezolano de 38 años podría estar en Venezuela o en Colombia.
Su búsqueda se enmarca en la llamada Operación Tokio. Ese expediente ha sido descrito como una de las investigaciones más grandes sobre lavado de dinero asociadas al Tren de Aragua dentro de Chile.
El Tren de Aragua fue clasificado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos como organización criminal global en 2024. Ese antecedente da una dimensión internacional adicional a las pesquisas financieras chilenas.
La policía chilena había arrestado semanas antes a cerca de 20 personas en otra estructura de lavado. Ese anillo movía hasta USD $88.000.000 mediante cuentas bancarias y remesas con criptomonedas, según las autoridades.
El fiscal Héctor Barros calificó aquella operación como uno de los mayores casos de lavado de dinero vistos en el país. El nuevo foco sobre Plusspay sugiere que las autoridades estaban siguiendo un entramado más amplio y sofisticado.
La hipótesis de la Fiscalía indica que la plataforma no habría sido un actor periférico. Por el contrario, habría servido como un engranaje especializado para llevar pesos chilenos hacia stablecoins y, desde ahí, al extranjero.
El Mostrador detalló además que Plusspay ya había aparecido en investigaciones previas sobre células del Tren de Aragua. Entre ellas se mencionan facciones como Los Loyalty, Los Piratas, Los Shelby, Los hermanos Cartier, La compañía y El Tren del Mar.
Ese cruce entre células regionales distintas refuerza una idea clave para los investigadores. Aunque los delitos puedan ejecutarse de manera descentralizada, la arquitectura financiera del grupo mostraría puntos de conexión comunes.
José Manuel Ríos Guaidó y la red de empresas Bex
Los fiscales sostienen que Ríos Guaidó utilizó varias sociedades bajo la marca Bex para ocultar el flujo del dinero. Entre ellas figuran BexGroup SpA, BexDigital Services SpA y Bexpay Business Enterprises SpA.
BexGroup SpA fue creada en agosto de 2022 por el venezolano Marco Reyes Acosta. BexDigital Services SpA fue constituida en septiembre de 2022 por su compatriota Óscar Delgado Guerrero. Una tercera firma, Bexpay Business Enterprises SpA, fue creada en noviembre de 2022. Su domicilio registrado era Toro Mazote 76, en Estación Central, aunque no se especificaba un departamento dentro de la torre de 28 pisos.
Según la investigación citada por El Mostrador, también existía una sociedad relacionada en Estados Unidos. Se trata de Bexpay Business Enterprises LLC, creada en Miami el 6 de abril de ese mismo año por Ríos Guaidó.
La dirección consignada en la constitución de esa firma en Florida era la misma usada en Chile. Aunque la sociedad sigue activa en Estados Unidos, no registraría movimientos en sus declaraciones anuales, incluida la presentada en abril de este año.
Ríos Guaidó cofundó Inversiones Plusservice SpA en octubre de 2021 junto con Jesús Alberto Morillo Medina. Luego, el 17 de mayo de 2023, adquirió el dominio plusspay.com y el 4 de septiembre de ese año solicitó la inscripción de la marca Plusspay ante Inapi.
Más tarde, el 11 de diciembre de 2023, modificó los estatutos de Inversiones Plusservice SpA. El nuevo objeto social pasó a incluir asesoría crediticia, sistemas alternativos de transacción, custodia de instrumentos financieros e intermediación.
El perfil profesional atribuido a Ríos Guaidó también aparece en registros públicos y redes profesionales. Allí señala estudios de ingeniería mecánica en la Universidad del Zulia y experiencias laborales previas en PDVSA, CMPC y Agrosuper.
Qué autorizaba realmente la CMF y dónde estuvo el vacío regulatorio
Uno de los aspectos más sensibles del caso es la diferencia entre estar inscrito y estar autorizado. Bajo la Ley Fintech chilena, ambos pasos son distintos y no producen los mismos efectos legales.
Plusspay se inscribió a inicios de 2024 en el registro fintech de la CMF como institución financiera no bancaria. Pero esa inscripción no la habilitaba automáticamente para operar de forma plena ante clientes.
La CMF explicó que luego del registro debía completarse una autorización separada. Solo después de superar ese segundo proceso una empresa puede ofrecer efectivamente los servicios cubiertos por la normativa.
En el caso de Plusspay, ese segundo paso nunca fue concluido. Aun así, la empresa se promocionaba como regulada por la CMF, algo que el regulador ahora considera incompatible con su situación real.
El Mostrador publicó una nota de redacción posterior para corregir una versión inicial que daba a entender que la firma estaba autorizada. Más tarde, la CMF aclaró mediante un comunicado que la empresa solo estaba inscrita y no autorizada.
La limitación institucional también quedó expuesta. La CMF puede cancelar registros y denunciar infracciones ante los fiscales, pero no tiene la facultad legal de cerrar de manera unilateral a una fintech no autorizada.
Ese punto preocupa al mercado porque sugiere una zona gris operativa. Empresas no plenamente aprobadas podrían presentarse ante usuarios como si contaran con licencia total, al menos hasta que intervengan reguladores o fiscales.
Por eso, la CMF dijo que está revisando a todas las compañías dentro de su registro fintech. El objetivo es verificar cumplimiento con los requisitos vigentes y detectar otras situaciones de información insuficiente o engañosa.
Impacto para clientes, sector cripto chileno y discusión regulatoria
En lo inmediato, los usuarios de Plusspay enfrentan una incertidumbre práctica. La empresa ya no puede seguir incorporando nuevos clientes, pero conserva autorización para devolver los depósitos que aún tenga bajo custodia.
Ese detalle es relevante porque evita, al menos en teoría, una interrupción absoluta del retorno de fondos. Sin embargo, el desenlace real dependerá del estado operativo de la firma y de la coordinación con las autoridades.
Para la industria cripto chilena, el caso añade presión reputacional en un momento clave. Muchas empresas del sector buscan consolidar confianza institucional mientras avanzan los marcos de supervisión financiera digital.
También es un recordatorio de que el problema no radica exclusivamente en la tecnología. Las plataformas, los bancos, las sociedades pantalla y los operadores humanos pueden combinarse en esquemas complejos de ocultamiento financiero.
Desde la perspectiva legal, operar sin la autorización adecuada constituye una infracción grave bajo la Ley Fintech. Si además esa actividad se vincula con fraude o lavado, el cuadro se vuelve penalmente mucho más severo.
El caso Plusspay probablemente seguirá influyendo en la conversación regulatoria de Chile y América Latina. La combinación de criptoactivos, remesas digitales y crimen organizado obliga a elevar estándares de control sin demonizar a toda la industria.
Al cierre, los hechos centrales son claros y coinciden entre los reportes disponibles. La CMF revocó la inscripción de Plusspay, la Fiscalía persigue a su fundador y la investigación conecta más de USD $84.000.000 con una presunta red de lavado ligada al Tren de Aragua.
Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.
Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA.
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