Por Canuto  

Bernie Sanders pidió a OpenAI, Anthropic y Meta pausar el desarrollo de IA de frontera, mientras Greg Casar y otros legisladores reclamaron audiencias públicas con los directivos de las principales empresas del sector. El debate se refiere a riesgos asociados con la inteligencia artificial general y la superinteligencia, aunque ninguna de esas tecnologías existe todavía y no se ha identificado formalmente una ley llamada Ban Artificial Superintelligence Act. Las propuestas también incluyen un posible congelamiento de nuevos centros de datos y un impuesto extraordinario para financiar un fondo público.
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  • Bernie Sanders pidió a OpenAI, Anthropic y Meta una pausa en el desarrollo de IA de frontera.
  • Greg Casar lideró un llamado para celebrar audiencias del Congreso con los directivos de las grandes empresas de IA.
  • No se ha identificado una iniciativa presentada formalmente con el nombre Ban Artificial Superintelligence Act.
  • Sanders también impulsa medidas sobre centros de datos y un impuesto único de 50% para grandes empresas de IA.

El senador Bernie Sanders pidió a OpenAI, Anthropic y Meta frenar temporalmente el desarrollo de inteligencia artificial de frontera, mientras el representante Greg Casar lideró un llamado para que los directivos de las principales empresas del sector comparezcan ante el Congreso. La ofensiva política coloca la seguridad de la IA en el centro del debate en Estados Unidos.

Sin embargo, a principios de septiembre de 2026 no se había identificado una legislación presentada formalmente con el nombre Ban Artificial Superintelligence Act. Por ello, cualquier referencia a esa denominación debe entenderse como una descripción de una propuesta o de una posición política, no como una ley vigente.

La discusión ocurre mientras varias de las principales empresas tecnológicas compiten por desarrollar sistemas con capacidades cognitivas cada vez más amplias. OpenAI, Anthropic, Google DeepMind y la división de IA de Meta aparecen entre las compañías asociadas con la carrera por la inteligencia artificial general, aunque ninguna AGI ni ASI existe todavía.

Qué buscan frenar Sanders y Casar

Los legisladores han enfocado sus críticas en dos conceptos que suelen aparecer en las discusiones sobre el futuro de la inteligencia artificial: la inteligencia artificial general, conocida como AGI, y la superinteligencia artificial, o ASI. La AGI se define como una tecnología capaz de realizar tareas cognitivas generales, sin limitarse a un área concreta del conocimiento.

La ASI representaría un salto adicional, porque superaría a las personas en el ámbito cognitivo. Esa distinción resulta importante para el debate legislativo, ya que la preocupación de Sanders se dirige no solo a las herramientas actuales, sino también a sistemas hipotéticos que podrían alcanzar o superar la capacidad intelectual humana.

De acuerdo con la descripción incluida en el borrador de la propuesta, el desarrollo de sistemas que igualen o excedan la cognición humana podría convertirse en una conducta criminal, con penas de hasta 20 años de prisión. No obstante, al no haberse identificado un proyecto formal presentado con el nombre Ban Artificial Superintelligence Act, esas sanciones no pueden tratarse como parte de una norma aprobada o actualmente aplicable.

La carrera por construir la AGI se ha transformado en un foco estratégico para OpenAI, Anthropic, Google DeepMind y Meta, mientras los legisladores intentan definir qué controles deberían existir antes de que aparezcan capacidades más avanzadas. El contraste entre la velocidad de la investigación empresarial y la falta de una AGI existente explica por qué el debate combina riesgos hipotéticos, advertencias de seguridad y propuestas regulatorias todavía en desarrollo.

La escalada política durante agosto

Durante agosto de 2026, Greg Casar lideró un llamado de legisladores demócratas para que la Cámara de Representantes programe audiencias públicas con los directivos de las grandes empresas de IA. La solicitud busca que los ejecutivos expliquen bajo juramento los riesgos de seguridad, protección de los sistemas y posibles efectos sobre los trabajadores.

El planteamiento de Casar traslada la discusión desde los comunicados corporativos hacia una rendición de cuentas directa ante el Congreso. En lugar de limitar el debate a documentos técnicos, publicaciones de investigación o declaraciones generales de las compañías, los legisladores quieren interrogar a las personas responsables de construir estos sistemas.

El 10 de agosto, Sanders envió cartas a los directores ejecutivos de OpenAI, Anthropic y Meta para exigir una pausa en el desarrollo de la IA de frontera. En su comunicación, el senador citó preocupaciones de seguridad y compromisos previos de las empresas sobre los límites que aplicarían si sus sistemas avanzados escapaban de su control.

La secuencia de llamados y cartas muestra una intensificación de la estrategia política: Casar reclama comparecencias bajo juramento, mientras Sanders solicita que las compañías detengan temporalmente sus proyectos más avanzados. Ambos planteamientos parten de la idea de que la supervisión pública debería adelantarse a la llegada de sistemas con capacidades que podrían superar las actuales herramientas de IA. Esto describe una posición política, no una confirmación de que exista actualmente una superinteligencia.

Centros de datos y financiación pública

Las propuestas de Sanders no se limitan a una posible prohibición de la superinteligencia artificial. En 2026, el senador se unió a la representante Alexandria Ocasio-Cortez para impulsar la AI Data Center Moratorium Act, un proyecto que prohibiría construir o actualizar centros de datos de inteligencia artificial hasta que se establezcan leyes que regulen esa infraestructura y la tecnología.

La medida vincula la expansión física de la infraestructura con la creación de reglas específicas para la seguridad de la IA. En vez de permitir que los nuevos centros de datos se construyan sin condiciones adicionales, el proyecto plantearía una pausa mientras se definen estándares que, según sus impulsores, deberían orientar el desarrollo de sistemas más avanzados.

Sanders también ha propuesto la American AI Sovereign Wealth Fund Act, una iniciativa que impondría un impuesto único de 50% a las grandes empresas de inteligencia artificial. Los ingresos se destinarían a un fondo público, con lo que el legislador busca que una parte de los recursos generados por la expansión de esta industria se canalice mediante un mecanismo bajo control público.

El impuesto y el congelamiento de centros de datos representan herramientas distintas frente a la misma preocupación política: controlar el ritmo y las consecuencias de la expansión de la IA. Mientras la primera propuesta intenta capturar recursos económicos de las grandes compañías, la segunda condiciona la ampliación de la infraestructura a la existencia previa de normas y estándares de seguridad.

Una carrera tecnológica bajo escrutinio

La presión de Sanders y Casar llega en un momento en que las empresas tecnológicas presentan la investigación sobre IA avanzada como una competencia estratégica. OpenAI, Anthropic, Google DeepMind y Meta están asociadas en la información de origen con la carrera por construir la AGI, aunque la tecnología descrita todavía no existe y no hay confirmación de que alguna compañía haya alcanzado la ASI.

Para los legisladores, las advertencias sobre riesgos no deberían esperar a que aparezca un sistema capaz de superar a los seres humanos en todas las tareas cognitivas. Sanders fundamentó su llamado en preocupaciones y compromisos de seguridad relacionados con las propias empresas, mientras Casar pidió que sus directivos respondan públicamente ante el Congreso.

La discusión también plantea una tensión entre la innovación privada y la supervisión democrática. Las empresas avanzan en modelos y centros de datos, mientras Casar pide escuchar a sus responsables bajo juramento y Sanders propone pausas, impuestos y condiciones de seguridad para la expansión de la industria.

Por ahora, el panorama combina iniciativas legislativas, cartas políticas y llamados públicos, pero no una ley formal titulada Ban Artificial Superintelligence Act. El siguiente paso del debate dependerá de si esas demandas se convierten en proyectos legislativos concretos y de cómo el Congreso evalúe los riesgos de una tecnología que, según la propia definición utilizada por los legisladores, todavía pertenece al terreno de la posibilidad.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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