Por Canuto  

Alrededor de nueve meses después de la entrada en vigor de las principales obligaciones de protección infantil, menores británicos aseguran que la ley no transformó su experiencia digital. La comisionada Rachel de Souza cuestiona a Ofcom y pide controles sobre el diseño adictivo de las plataformas.

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  • Niños dijeron a Rachel de Souza que la Ley de Seguridad en Línea no modificó su acceso a contenido dañino.
  • La comisionada criticó que la norma se concentre en moderar contenidos y no en las características adictivas de las plataformas.
  • Ofcom defendió sus avances, pero atribuyó la reserva sobre las evaluaciones de riesgo a restricciones legales.

 

 

Alrededor de nueve meses después de que entraran en vigor las principales obligaciones de protección infantil de la Ley de Seguridad en Línea del Reino Unido, menores consultados por la Comisionada de la Infancia de Inglaterra aseguran que la norma no cambió su experiencia digital.

Los niños dijeron a Dame Rachel de Souza que la legislación no ha marcado ninguna diferencia en su capacidad para acceder a contenido dañino en internet. El testimonio abrió una nueva discusión sobre si la regulación está atacando las causas del riesgo o apenas sus consecuencias visibles.

Según The Register, de Souza expuso estas preocupaciones durante la sesión inaugural de testimonios de una investigación del Comité de Comunicaciones y Asuntos Digitales de la Cámara de los Lores sobre la implementación y el impacto de la ley. La funcionaria afirmó que los jóvenes tienen poca comprensión de la legislación y de la manera en que supuestamente debía transformar sus experiencias en línea, una desconexión que dificulta medir si las promesas de seguridad llegaron realmente a los usuarios.

Una ley que, según sus críticos, llega tarde

El principal cuestionamiento de la comisionada apunta al enfoque de la Ley de Seguridad en Línea, que prioriza la moderación de contenido dañino en lugar de regular las características de diseño que pueden aumentar la exposición o el uso compulsivo. Entre esas características se encuentran los mecanismos que favorecen el desplazamiento infinito y los sistemas de recomendación algorítmica, elementos que pueden mantener a los menores conectados incluso cuando la plataforma ya identificó riesgos.

De Souza dijo estar muy enfadada porque, según su evaluación, no existen pruebas sólidas de que la ley haya cambiado de manera significativa la forma en que operan las plataformas sociales. A su juicio, los legisladores británicos habían impulsado controles para cubrir el diseño potencialmente dañino, ya fuera mediante esta legislación o a través de normas separadas, pero ninguna de esas medidas se ha materializado hasta ahora.

La funcionaria contrastó la situación británica con la presión legal ejercida en Estados Unidos, donde un acuerdo propuesto habría empujado a Meta a aceptar concesiones relevantes en materia de seguridad infantil. La propuesta, que no implica una admisión de irregularidades, contempla límites diarios de dos horas para usuarios menores de 18 años en Facebook e Instagram, avisos para desalentar el desplazamiento infinito y controles relacionados con el uso durante el horario escolar y nocturno.

El acuerdo propuesto también permitiría que los niños opten por no utilizar los feeds clasificados algorítmicamente, una medida que aborda directamente las preocupaciones sobre el diseño de las plataformas. De Souza sostuvo que la ley británica no ha sido suficientemente flexible ni ha evolucionado al ritmo de los cambios tecnológicos, por lo que pidió a Ofcom y a los legisladores buscar resultados comparables, incluso si eso exige modificar el marco regulatorio.

El conflicto por las evaluaciones de riesgo

Otra parte central de la disputa involucra las evaluaciones de riesgos de seguridad que las empresas tecnológicas deben preparar bajo la ley. De Souza afirmó que Ofcom se ha negado a compartir esos documentos con ella, pese a su posición como la principal responsable de salvaguardar a los menores en el país, y anunció que planea utilizar sus poderes legales para obligar al regulador a entregarle copias.

La comisionada explicó ante los legisladores que resulta imposible juzgar la eficacia de los mecanismos de seguridad si las autoridades encargadas de proteger a los niños no pueden revisar los análisis que supuestamente los activaron. También pidió ayuda al comité parlamentario, anticipando que Ofcom podría resistirse a revelar la información incluso si ella invoca formalmente sus facultades.

El obstáculo jurídico se encuentra en la sección 393(1) de la Communications Act de 2003, que restringe la divulgación de información obtenida por Ofcom durante el ejercicio de sus funciones regulatorias. El regulador puede compartir esos datos si la empresa involucrada presta su consentimiento o si se aplica alguno de los mecanismos legales previstos en la sección 393(2), límites que Ofcom citó al explicar por qué no puede revelar libremente información relacionada con compañías específicas.

Cuando le preguntaron si obligar a las plataformas a completar evaluaciones de riesgo bastaba para producir cambios importantes, de Souza respondió que se necesitan varias medidas y pidió que Ofcom muestre los dientes. La comisionada reclamó que el regulador utilice todas sus facultades, imponga multas importantes y actúe antes de que los nuevos daños digitales se consoliden, en vez de intervenir únicamente después de que el problema alcance una escala pública.

IA, nudificación y nuevas presiones sobre Ofcom

Ofcom ha incrementado de manera notable su presencia en la regulación tecnológica durante el último año y ha intervenido en distintos casos cuando consideró necesario hacerlo. Entre sus actuaciones más visibles estuvo su intervención durante el escándalo de nudificación asociado con Grok, además de una extensa lista de investigaciones contra empresas de pornografía que presuntamente incumplieron los requisitos de verificación de edad establecidos por la ley.

De Souza reconoció esos esfuerzos y también admitió que, desde la llegada de la administración estadounidense actual, los políticos británicos no han otorgado al regulador toda la protección necesaria para perseguir de manera implacable a los infractores. Sin embargo, consideró que esa limitación política no explica por completo la respuesta de Ofcom, al que acusó de no actuar con la rapidez que exige un entorno tecnológico en permanente transformación.

La comisionada sostuvo que los niños con los que conversa en distintas partes del país ya expresan preocupación por herramientas de inteligencia artificial y aplicaciones de nudificación, mientras aparecen formas de daño que no estaban contempladas cuando se diseñó la norma. Su conclusión fue que, si Ofcom debe servir como vehículo para proteger a los menores, tiene que adelantarse a esos riesgos y no esperar a que se conviertan en crisis.

Además, de Souza criticó los códigos de seguridad infantil elaborados por Ofcom bajo la Ley de Seguridad en Línea, porque en su opinión se parecen más a documentos técnicos dirigidos a las empresas tecnológicas que a protecciones diseñadas para los niños. Pidió a los políticos del Reino Unido que sean muy firmes y directos al otorgar facultades al regulador, aunque su evaluación general fue contundente: las medidas adoptadas hasta ahora no han sido suficientemente efectivas.

La defensa del regulador británico

Ofcom defendió su trabajo y afirmó que mantiene una cooperación estrecha con la Comisionada de la Infancia, además de compartir el objetivo de garantizar la seguridad de los niños en línea. El regulador sostuvo que sus actuaciones ya produjeron mejoras sustanciales en las evaluaciones de riesgo de las plataformas, lo que, según su explicación, obliga a las empresas a implementar las medidas necesarias para enfrentar los riesgos identificados en sus sitios y aplicaciones.

El organismo también señaló que publicó un análisis de las evaluaciones correspondientes al primer año de vigencia de sus obligaciones de seguridad en línea, junto con las mejoras que esperaba observar en las plataformas. Ofcom informó que durante 2025 solicitó y recibió 104 registros de evaluaciones de riesgo en el marco de sus programas de supervisión. Ese análisis representa uno de los principales argumentos del regulador para sostener que la norma está generando cambios operativos, aunque todavía exista una diferencia entre los procedimientos internos de las compañías y la experiencia cotidiana que describen los menores.

La respuesta institucional no resolvió, sin embargo, la disputa sobre la transparencia de los documentos. Ofcom reiteró que está sujeto a leyes que restringen la información que puede divulgar acerca de las empresas, mientras de Souza sostiene que esas limitaciones impiden evaluar de forma independiente si las salvaguardas funcionan y si las plataformas cumplieron adecuadamente sus obligaciones.

El debate ante la Cámara de los Lores deja abierta una cuestión que afecta a cualquier régimen de supervisión digital: la existencia de evaluaciones, códigos y obligaciones no garantiza por sí misma que los usuarios estén más protegidos. Para la comisionada, la prueba decisiva será que los niños perciban cambios concretos frente al contenido dañino, los sistemas adictivos y los riesgos emergentes de la inteligencia artificial, mientras Ofcom deberá demostrar que puede anticiparse a ellos y sancionar a quienes incumplan.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.

 


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