Por Canuto  

La ley de estructura del mercado cripto enfrenta una votación procesal decisiva en el Senado de Estados Unidos, mientras Patrick Witt advierte que un fracaso podría cerrar durante años la ventana legislativa. Las negociaciones se concentran en los rendimientos de las stablecoins, las finanzas ilícitas y las restricciones éticas aplicables a Donald Trump y sus activos digitales.

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  • Patrick Witt, identificado en la información citada como asesor de criptomonedas de Donald Trump, pidió a republicanos y demócratas apoyar la votación procesal del proyecto Clarity y negociar las modificaciones después.
  • Las principales disputas incluyen los rendimientos de las stablecoins, las finanzas ilícitas y las reglas sobre los activos digitales del presidente.
  • La Casa Blanca promete avanzar con una agenda regulatoria agresiva en la SEC y la CFTC si el Congreso no aprueba la legislación.

 

Patrick Witt, asesor de criptomonedas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que la próxima semana podría representar la última oportunidad inmediata para que el Congreso avance con la principal prioridad legislativa de la industria cripto.

En declaraciones ofrecidas a Semafor antes de la votación procesal prevista para el 15 de septiembre, pidió a republicanos y demócratas respaldar el proyecto de estructura del mercado y continuar las negociaciones durante el proceso de enmiendas.

Witt, quien ocupa el cargo de director ejecutivo del Consejo de Asesores del Presidente sobre Activos Digitales de la Casa Blanca, sostuvo que una votación fallida de la moción para avanzar no resolvería las preocupaciones de ninguno de los dos partidos.

Según su evaluación, el rechazo podría dejar al proyecto sin una nueva oportunidad durante años, especialmente si las elecciones legislativas de noviembre producen un Congreso parcialmente controlado por los demócratas y aumentan las dificultades de un gobierno dividido.

El proyecto, conocido como CLARITY Act., busca establecer una división más definida de la supervisión sobre los activos digitales entre la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC). Las empresas del sector han respaldado durante largo tiempo esa propuesta porque consideran que una asignación más clara de competencias reduciría la incertidumbre regulatoria que ha marcado el mercado estadounidense.

El asesor de Trump dijo que se siente optimista sobre la votación y calculó que el respaldo republicano podría acercarse a los 53 senadores del partido. Sin embargo, reconoció que la aprobación final dependerá también de negociaciones con legisladores demócratas, cuyas reservas abarcan las reglas de ética, las finanzas ilícitas y el tratamiento de ciertos productos vinculados con stablecoins.

Ética presidencial y activos digitales

El mayor obstáculo político parece concentrarse en la forma en que la legislación limitaría la capacidad de Trump para beneficiarse de sus activos digitales. La noticia señala que el presidente obtuvo más de USD $1.000 millones con activos digitales el año pasado, un dato que ha intensificado las exigencias demócratas para imponer salvaguardas específicas a los funcionarios federales y, particularmente, al jefe del Ejecutivo.

Witt confirmó que existen conversaciones activas sobre una propuesta bipartidista elaborada por los senadores Ruben Gallego, demócrata de Arizona, y Thom Tillis, republicano de Carolina del Norte. Ese planteamiento iría más lejos que la disposición actualmente incorporada al proyecto, pues contemplaría que Trump se deshaga de sus activos cripto y permitiría que los fiscales generales estatales verifiquen el cumplimiento de las restricciones.

El funcionario evitó precisar si la Casa Blanca ya presentó a Trump un nuevo texto sobre esas obligaciones, aunque reconoció que esa posibilidad existe y que el asunto se discute internamente. También dejó claro que el presidente conserva la decisión final sobre cualquier concesión adicional, por lo que el resultado de las negociaciones todavía puede cambiar antes de la votación legislativa.

La administración sostiene que el proyecto ya contiene una disposición ética histórica que restringiría a los funcionarios federales la emisión o el patrocinio de cualquier activo digital. Witt defendió además la alternativa de un fideicomiso ciego, al considerarla una práctica utilizada por otros funcionarios que llegan al gobierno con intereses previos y menos disruptiva que una venta forzada de activos potencialmente ilíquidos.

Las disputas sobre rendimientos y finanzas ilícitas

Los rendimientos ofrecidos por ciertos productos de stablecoins constituyen otra zona de desacuerdo dentro del Senado. Witt no anticipó públicamente el contenido de eventuales enmiendas, pero señaló que las áreas donde existen divisiones partidistas o diferencias entre republicanos serían los lugares más naturales para introducir cambios destinados a construir el consenso necesario.

La discusión sobre los rendimientos tiene importancia porque puede definir qué actividades quedarán bajo supervisión federal y qué modelos de negocio podrán ofrecer incentivos a los usuarios. Aunque el asesor no detalló una solución, su estrategia consiste en que los senadores permitan primero el avance procesal del proyecto y utilicen las etapas posteriores para incorporar respuestas concretas a las preocupaciones regulatorias.

Las finanzas ilícitas también permanecen abiertas, con los grupos de aplicación de la ley como un electorado relevante en el debate. Witt dijo que se reuniría con la oficina de la senadora Catherine Cortez Masto, a quien describió como una negociadora clave del otro lado de la mesa, aunque no afirmó que exista un acuerdo definitivo sobre el lenguaje correspondiente.

El asesor cuestionó que los fiscales generales estatales reciban autoridad para perseguir a presidentes por las ganancias obtenidas con activos digitales. A su juicio, esa fórmula podría enfrentar problemas constitucionales y abrir la puerta a represalias entre estados gobernados por partidos distintos, porque muchos fiscales generales aspiran a cargos políticos más altos y podrían utilizar la herramienta contra funcionarios federales del bloque contrario.

Regulación de la SEC y la CFTC si fracasa la ley

La Casa Blanca ha vinculado el avance del proyecto con el nombramiento de comisionados demócratas para la SEC y la CFTC, aunque todavía no se han anunciado los nominados. Witt presentó esa promesa como un incentivo para que los legisladores demócratas respalden el proyecto, al argumentar que su participación en ambas agencias les permitiría influir en las reglas sobre activos digitales dentro de los límites actuales de autoridad institucional.

El asesor afirmó que la administración ya prepara medidas regulatorias para el escenario en que Clarity no consiga los votos necesarios. Entre ellas mencionó el programa RegCrypto de la SEC, una futura Exención de Innovación y distintas acciones que la CFTC podría adoptar dentro de sus facultades, aunque reconoció que las reglas administrativas no ofrecen la misma durabilidad ni el mismo alcance que una ley aprobada por el Congreso.

La Exención de Innovación todavía se encuentra en una etapa de discusión entre la SEC, el Departamento del Tesoro y otras agencias. Witt aseguró que la administración ha recibido aportes relevantes de participantes de la industria y que las autoridades actuarán con cautela al definir el mecanismo, cuyo objetivo sería ofrecer un marco temporal para determinadas actividades innovadoras sin esperar necesariamente una legislación completa.

Si el proyecto fracasa, Witt prometió una agenda regulatoria agresiva en ambas agencias y sostuvo que el mercado comenzará a recibir reglas después de un periodo demasiado prolongado de incertidumbre. Aun así, insistió en que la legislación representa la vía adecuada, porque una estructura aprobada por el Congreso tendría mayor estabilidad que un conjunto de acciones administrativas sujetas a cambios de liderazgo, litigios o límites de autoridad.

Una ventana política cada vez más estrecha

Witt rechazó fijar una fecha concreta para la próxima oportunidad legislativa si Clarity no avanza este año, aunque reconoció que el calendario electoral será determinante. Explicó que aprobar leyes importantes suele ser más difícil durante el periodo conocido como pato cojo y hacia el final de una administración, mientras que un resultado adverso para los republicanos en noviembre podría complicar todavía más cualquier acuerdo.

El asesor también relacionó el futuro del proyecto con las elecciones presidenciales de 2028. Aunque no respaldó la predicción de la senadora Cynthia Lummis, republicana de Wyoming, quien habría sugerido que la siguiente oportunidad podría llegar en 2030, sostuvo que el momento actual es especialmente relevante porque todavía existe una combinación de control político y voluntad administrativa favorable a la regulación del sector.

La oficina de Witt también enfrenta incertidumbre institucional. El funcionario espera tomar una licencia militar en algún momento del próximo año, después de coordinar la fecha con su oficial al mando en Georgia, y reconoció que el Consejo de Asesores sobre Activos Digitales podría dejar de existir o transferir sus funciones a las agencias reguladoras.

Witt afirmó que no conoce todavía cómo se distribuiría ese trabajo, pero destacó que existen líderes con capacidad de conexión dentro de las distintas agencias federales. Su mensaje final fue que, con legislación o sin ella, la administración pretende dejar un legado regulatorio para los activos digitales, aunque la aprobación de Clarity determinará si ese legado se construye mediante una ley duradera o a través de medidas ejecutivas y administrativas.

La disputa combina una carrera contra el calendario legislativo con un conflicto sobre los límites éticos que deben aplicarse a un presidente con intereses directos en el sector. Para los demócratas, el voto puede representar una oportunidad de obtener representación en las agencias y negociar controles adicionales; para algunos republicanos, apoyar el proyecto es el camino para atender las preocupaciones de bancos comunitarios y empresas cripto.

Witt resumió su estrategia en una invitación a aprobar primero el avance procesal y continuar el diálogo después. Semafor informó que el funcionario considera que una derrota en esa etapa no ofrece beneficios a ninguna de las partes, mientras que una votación favorable mantendría abierta la posibilidad de introducir cambios sobre rendimientos, finanzas ilícitas y ética antes de que el Senado decida el destino final de la legislación.

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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.

 


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