Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

El proyecto de ley publicado este viernes en la gaceta oficial de Hong Kong exigiría licencia o registro ante la Comisión de Valores y Futuros (SFC) a cuatro servicios con criptomonedas que hoy carecen de un régimen específico: negociación, asesoría, gestión de carteras y custodia. La primera lectura en el Consejo Legislativo está prevista para el 2 de diciembre y la publicación del proyecto no pone en vigor estos cuatro regímenes: esto es lo que proponen las autoridades y a quién alcanzaría cada licencia, según el aviso oficial y las conclusiones de las consultas que lo antecedieron.

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  • Negociación (dealing): alcanzaría a brókers, mesas OTC, servicios de conversión entre criptomonedas y dinero fíat y proveedores de pagos que ofrezcan conversión, según las conclusiones de la consulta del FSTB y la SFC.
  • Asesoría: quedarían dentro el copy trading y las herramientas automatizadas, incluidas las de inteligencia artificial, que emitan recomendaciones específicas; la información genérica quedaría fuera, según las conclusiones de mayo de 2026.
  • Gestión: cualquier firma con poder discrecional sobre una cartera que incluya criptomonedas necesitaría licencia, sin un umbral mínimo de exposición, según las mismas conclusiones.
  • Custodia: el régimen apuntaría a quienes guarden claves privadas ajenas y puedan mover los fondos de sus clientes por sí solos; quienes deleguen toda la custodia en un tercero no necesitarían licencia propia, según las conclusiones de diciembre de 2025.

El gobierno de Hong Kong publicó este viernes 20 de noviembre en su gaceta oficial el proyecto de ley de Servicios de Activos Virtuales (Enmienda) 2026, que ampliaría la Ordenanza contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo (AMLO, Cap. 615) para regular cuatro nuevos servicios con activos virtuales, según el aviso oficial. La iniciativa llegará al Consejo Legislativo (LegCo) para su primera lectura el 2 de diciembre. DiarioBitcoin publicó hoy los detalles del anuncio; esta nota explica a quién afectaría cada licencia si el texto se convierte en ley.

Importa separar los planos. Hoy, el único régimen de licencias cripto vigente en Hong Kong bajo la AMLO es el de las plataformas de negociación (VATP), activo desde junio de 2023, con 13 operadores autorizados a día de hoy, según la lista de plataformas licenciadas publicada por la SFC. Además, las actividades con tokens que califican como valores ya están cubiertas por la Ordenanza de Valores y Futuros (SFO). En cambio, brókers extrabursátiles (OTC), asesores, gestores y custodios independientes de criptomonedas que no sean valores operan hoy sin un régimen de licencias específico, como reconocen las propias conclusiones de consulta del FSTB y la SFC.

El proyecto se enmarca en el principio “misma actividad, mismos riesgos, misma regulación” defendido por el secretario de Servicios Financieros y el Tesoro, Christopher Hui, en una expansión regulatoria que las autoridades venían preparando desde la consulta pública iniciada en junio de 2025. El detalle de los alcances que describe esta nota proviene de las conclusiones de las consultas públicas que antecedieron al proyecto, no del texto legal definitivo, que podrá ajustarse durante el trámite legislativo. A continuación, licencia por licencia: quién quedaría dentro, quién quedaría fuera y qué sigue siendo solo una propuesta.

Qué está vigente hoy y qué es solo propuesta

La publicación en la gaceta no equivale a la entrada en vigor. Tras la primera lectura del 2 de diciembre, el texto deberá avanzar por el comité de proyectos de ley y las lecturas restantes antes de su eventual aprobación, y la fecha de entrada en vigor todavía no está definida, según el aviso del gobierno. Publicar el proyecto en la gaceta no pone en vigor estos cuatro regímenes: su eventual aplicación dependerá del trámite legislativo y de las reglas de implementación que lo desarrollen.

En la práctica vigente, según el resumen de las conclusiones de consulta elaborado por el bufete Charltons, las VATP licenciadas deben custodiar los activos de sus clientes a través de entidades asociadas, con obligaciones de segregación de fondos y controles sobre la gestión de claves privadas, y los intermediarios que ofrecen servicios con criptomonedas deben custodiarlos con una VATP licenciada, un banco autorizado o una filial de un banco incorporado en Hong Kong. Fuera de ese perímetro —custodios independientes o la custodia que acompaña a las mesas OTC— no existe hoy una licencia aplicable, según las conclusiones.

Negociación: brókers, mesas OTC y servicios de conversión

La licencia de negociación replicaría el alcance de la actividad regulada de Tipo 1 (negociación de valores) de la SFO, según las conclusiones de la consulta publicadas por el FSTB y la SFC: cubriría a cualquier persona que, a modo de negocio, celebre u ofrezca celebrar acuerdos —o induzca a otros a celebrarlos— para adquirir, vender, suscribir o garantizar activos virtuales.

El documento de consulta detalla que el régimen abarcaría conversiones entre criptomonedas y entre criptomonedas y dinero fíat, negociación al contado, corretaje y operaciones en bloque, tanto en local físico como en línea. También necesitarían esta licencia los asesores que tomen órdenes de compra o venta y los gestores que coloquen órdenes ante negociantes al administrar carteras de clientes, así como los proveedores de pagos que faciliten conversiones, según el resumen de Charltons.

Quedarían fuera quienes negocien exclusivamente valores tokenizados, porque la definición de “activo virtual” de la AMLO excluye los valores y los futuros. Las conclusiones contemplan además exenciones para operaciones por cuenta propia, operaciones intragrupo, el uso de criptomonedas como medio de pago por bienes o servicios y las operaciones realizadas a través de negociantes ya regulados; los emisores de stablecoins licenciados por la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA) quedarían exentos por su actividad regulada.

Dos frentes quedan abiertos, según el documento: el comercio con margen entra en el perímetro de la licencia, pero si podrá ofrecerse y bajo qué condiciones se evaluará considerando riesgos de crédito, liquidez y concentración, y actividades como el staking o los préstamos de criptomonedas serán consideradas más adelante. Los servicios entre pares (P2P) o descentralizados se juzgarían por su sustancia y no por su nombre: dependería de si constituyen un negocio de negociación en los términos de la AMLO.

Asesoría y gestión: la línea entre informar y recomendar

La licencia de asesoría se inspiraría en la actividad de Tipo 4 de la SFO. Cubriría aconsejar sobre si, cuáles, cuándo o en qué condiciones adquirir o vender criptomonedas, y emitir análisis o informes que faciliten esas decisiones, según las conclusiones de la consulta sobre asesoría y gestión publicadas el 26 de mayo de 2026.

Dentro del perímetro quedaría el copy trading —replicar las operaciones de terceros—, que en general requeriría licencia de asesoría y, si además ejecuta las órdenes por el cliente, también la de negociación, según el análisis de las conclusiones elaborado por el bufete Gibson Dunn. Las herramientas automatizadas o de inteligencia artificial que emitan recomendaciones específicas también quedarían cubiertas, porque el enfoque es neutral a la tecnología. Fuera quedarían la información genérica y objetiva y las herramientas que solo filtran investigación sin recomendar. Las conclusiones advierten, además, que la sustancia prevalece sobre la forma: etiquetar un servicio como “educativo” no lo exime si en la práctica recomienda.

En gestión —el equivalente al Tipo 9 de la SFO— necesitaría licencia cualquier firma que administre con poder discrecional una cartera que incluya criptomonedas, sin umbral mínimo: no habrá un porcentaje de exposición por debajo del cual el servicio quede exento, en línea con el régimen de gestión de la SFO, según las conclusiones. Sería posible mantener una doble licencia junto a la de gestión de activos tradicional.

Entre los requisitos comunes figurarían superar el test de idoneidad (fit and proper), cumplir las obligaciones contra el lavado de dinero del Anexo 2 de la AMLO y mantener un capital desembolsado mínimo de 5 millones de dólares de Hong Kong, según el resumen de Charltons. Solo los bancos podrían optar al registro, en lugar de la licencia, para prestar servicios de asesoría y gestión.

Custodia: la línea pasa por las claves privadas

La licencia de custodia se definiría como custodiar, a modo de negocio, instrumentos que permiten transferir las criptomonedas de un cliente —incluidas las claves privadas—, según las conclusiones de la consulta sobre custodia publicadas en diciembre de 2025. El alcance original, que cubría custodiar los activos en sí, se descartó: el foco quedó en quien controla las claves, que es donde los reguladores ven el riesgo principal.

Necesitaría licencia o registro cualquier entidad capaz de mover por sí sola los fondos de sus clientes. Los proveedores de tecnología de computación multiparte (MPC) se evaluarían caso por caso: no requerirían licencia si el cliente puede transferir sus activos o reconstruir su clave completa sin depender del proveedor, según el resumen de Charltons de las conclusiones. Los fideicomisos y gestores que deleguen toda la custodia en un tercero tampoco necesitarían licencia propia.

El régimen respondería a un vacío concreto: las conclusiones señalan que la custodia independiente y la que acompaña a las mesas OTC opera hoy sin regulación específica, en un mercado donde ya existen ETF al contado de criptomonedas autorizados por la SFC.

Lo que sigue es político y técnico a la vez: la discusión en el LegCo desde el 2 de diciembre y, después, las reglas de implementación que fijen las condiciones concretas. La publicación del proyecto no pone en vigor estos cuatro regímenes, según el aviso oficial: su suerte dependerá del debate legislativo que arranca el 2 de diciembre y de las reglas de implementación que lo desarrollen.


Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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