Por Editor DiarioBitcoin  

En una decisión inédita, el Tribunal Supremio de Justicia revirtió la incautación de equipos hecha por funcionarios de la Sunacrip.

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El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, TSJ, publicó en sus archivos la decisión del Juzgado Nacional Primero, que rige la jueza María de los Ángeles Toledo,  quien revirtió una incautación de más de 1.000 mineros de Bitcoin por parte de la Sunacrip a una empresa, al considerar que se habían producido irregularidades durante la incautación.

Según el documento judicial, el equipo incautado estaba bajo la custodia de unas empresas que realizaban servicios de mantenimiento del mismo. El tribunal ordenó a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, Sunacrip, que devolviese estos mineros a sus dueños originales: la empresa Sierramoros, quien tendrá la custodia del mismo hasta que se resuelva el asunto.

El documento del TSJ informa que los abogados de la empresa Sierramoros, dedicada a la minería de criptomonedas, interpusieron el amparo para anular la confiscación de los equipos de minería que fueron decomisados por los funcionarios del Sunacrip. Los denunciantes indicaron que a la compañía se le “violentó de forma flagrante el derecho a la defensa”Refirieron que existieron irregularidades en el procedimiento de inspección de los mineros en manos de la superintendencia. También indicaron que la Sunacrip no respetó el derecho al debido proceso, a la propiedad y a la libertad económica.

Los hechos

Según la versión de los abogados, el pasado mes de octubre, policías y funcionarios de la Sunacrip hicieron la inspección de dos empresas contratadas por Sierramoros (la propietaria de los equipos) para hacer mantenimiento a los mineros. Tras la inspección hecha a las subcontratistas, los funcionarios decidieron decomisar los mineros porque, según su justificación en el momento, estas actividades “vulneraban al Sistema Integral de Criptoactivos”.

El operativo, dicen los abogados, presentó varias irregularidades y según documentos judiciales, violó el “derecho a la defensa y al debido proceso, así como el derecho a la propiedad de la empresa demandante.”

El caso es que equipo incautado estaba siendo sometido a mantenimiento. La Sunacrip, tras inspeccionar las empresas de mantenimiento, se llevó 12 Antminer S9-S9I, 1.624 EBANG E9I y 1.475 fuentes de energía. Sin embargo, Sunacrip no especificó la ubicación donde se llevarían a cabo estos mineros.

Otra irregularidad detectada por el tribunal es que este tipo de trámite permite presentar los documentos requeridos en un plazo de 15 días. Sin embargo, en este caso, las autoridades incautaron el equipo el mismo día, sin esperar los plazos.

Vale señalar que el tribunal ordenó que, si bien Sierramoros tiene ahora el derecho a tener la custodia de estos mineros, no puede ponerlos a trabajar hasta que se cierre la revisión en curso de sus permisos.

Venezuela y la minería

La decisión es considerada para muchos bien importante, dado que ha habido numerosos casos de decomisos de equipos mineros, algunos de los cuales no quedan del todo claros. Vale recordar que en Venezuela la minería es legal mientras las empresas se inscriban en un pool minero centralizado por el gobierno. Sin embargo, como muchos desconfían del poder central, prefieren actuar al margen de la ley.

Esta demanda sienta un precedente que establece que los tribunales sí pueden interferir en estos casos si existe la presunción de una violación de los derechos de propiedad, libertad económica o debido proceso.

Bitcoin.com destaca que otro elemento interesante del caso es que debido a que el oficial de Sunacrip que supervisó la operación no especificó el sitio donde se almacenarían estos mineros, por lo que los demandantes creen que estos mineros pudieron utilizarse por terceros para extraer bitcoins mientras que el caso se resolvía.

Fuentes: Documento del TSJ, Bitcoin.com, archivo

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