Por Canuto  

Trece editoriales consiguieron una sentencia por rebeldía de USD $19,5 millones contra WeLib y una orden que apunta a sus dominios e infraestructura. Sin embargo, el sitio todavía cargaba su página de búsqueda al momento del reporte, y los operadores anónimos seguían sin ser identificados.
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  • El juez federal Victor Marrero concedió la solicitud de las editoriales: USD $150.000 por cada una de diez obras para cada editorial, por un total de USD $19,5 millones.
  • La orden exige desactivar welib.org, welib.st y welib-public.org, además de impedir que los proveedores sigan alojando el sitio y preservar pruebas.
  • WeLib no respondió a la demanda y todavía estaba en línea cuando se publicó el reporte; la sentencia también incluye una referencia a BitTorrent que, según la información disponible en ese reporte, no aparece sustentada en la demanda.


WeLib enfrenta una sentencia de USD $19,5 millones y una orden contra sus dominios

Un juez federal de Estados Unidos concedió a trece editoriales una sentencia por rebeldía contra WeLib, una biblioteca digital de operadores anónimos, y fijó daños por un total de USD $19,5 millones. La decisión de Victor Marrero, emitida el 9 de noviembre, también busca impedir que el sitio distribuya las obras reclamadas y exige a intermediarios tecnológicos desactivar sus dominios, aunque la página todavía cargaba al momento del reporte.

El caso tiene un obstáculo práctico: la condena no identifica a las personas detrás de WeLib, por lo que cobrar el monto concedido podría ser difícil. Además, la resolución incorpora una referencia a BitTorrent que, según el reporte de TorrentFreak, no aparece en la demanda contra esta biblioteca ni cuenta con evidencia conocida en el caso.

Una sentencia por rebeldía de USD $19,5 millones

WeLib se convirtió en junio en la segunda biblioteca sombra demandada por el mismo grupo de editoriales, después de Anna’s Archive. La demanda alegó que el sitio, relativamente nuevo, se construyó usando código y libros copiados de esa plataforma; los operadores anónimos no respondieron, y esa falta de respuesta llevó a las editoriales a pedir una sentencia por rebeldía.

En una acción por rebeldía, el tribunal resuelve la solicitud de la parte demandante después de que la contraparte no responde al proceso, pero eso no permite tratar cada alegato como un hecho probado por separado. En este caso, Marrero revisó los documentos presentados y concedió íntegramente lo que las editoriales solicitaron, incluida la suma máxima prevista para las obras seleccionadas.

La sentencia reconoce a cada una de las trece editoriales USD $150.000 por cada uno de diez libros incluidos en la demanda. La suma alcanza USD $1,5 millones por editorial y USD $19,5 millones en conjunto, con empresas como Penguin Random House, Elsevier y HarperCollins entre las demandantes. La concesión de esos daños no significa que las editoriales ya hayan recibido el dinero.

El caso se suma a otros procesos contra bibliotecas sombra, incluido el de Anna’s Archive, pero corresponde a una acción judicial distinta. La cifra representa daños estatutarios máximos por infracción intencional, según la documentación descrita en el reporte, y no implica por sí misma que los demandantes ya hayan cobrado.

La orden exige información y destrucción de copias

La resolución no se limita a fijar una compensación económica: también ordena a los operadores de WeLib comparecer y destruir todas las copias no autorizadas de las obras de las editoriales. La exigencia busca abordar la presunta distribución de esos libros, además de establecer pasos concretos para que los responsables proporcionen información al tribunal.

Dentro de los diez días hábiles posteriores a la notificación, los operadores deberán presentar un informe juramentado. Ese documento debe incluir información de contacto válida para WeLib y para “cada uno de sus agentes administradores”, una obligación especialmente relevante porque las personas responsables del sitio no han sido identificadas en el proceso.

La sentencia también impone una orden judicial permanente que prohíbe a WeLib hacer disponibles las obras reclamadas en cualquier lugar del mundo. El alcance mundial se refiere a la distribución de esas obras y acompaña las medidas que buscan retirar el acceso a los dominios asociados con la biblioteca.

La falta de identificación de los operadores plantea una diferencia entre obtener una sentencia y hacerla efectiva frente a personas concretas. Las editoriales lograron una resolución favorable en el tribunal, pero el propio reporte advierte que cobrar los daños puede ser otra cuestión mientras no se conozca quién controla WeLib.

El bloqueo apunta a dominios y proveedores

La orden judicial dirige medidas a los registros de dominios, registradores y proveedores de alojamiento que mantienen el sitio accesible. Les exige desactivar permanentemente welib.org, welib.st y welib-public.org, dejar de alojar la plataforma y desactivar sus servidores de nombres, además de conservar cualquier evidencia que pueda ayudar a identificar a sus operadores.

El documento menciona por nombre a cinco proveedores pasados o actuales: Public Interest Registry, Cloudflare, Tucows y dos entidades de Njalla. No obstante, su alcance no se restringe a esas compañías, ya que también contempla a otros registros, registradores y proveedores de hosting relacionados con los dominios de WeLib, tanto en el presente como en el futuro.

Las editoriales podrían pedir a esos intermediarios que cumplan la orden, pero no todos necesariamente responderán de la misma manera. El reporte señala que proveedores extranjeros podrían no acatar una resolución judicial estadounidense, mientras que Public Interest Registry, administrador del dominio .org con sede en Estados Unidos, figura entre las entidades nombradas específicamente.

Al momento de la publicación, welib.org y welib.st todavía mostraban la página de búsqueda habitual de la biblioteca. Esa página anunciaba 43 millones de libros y 98 millones de artículos, una señal de que la orden judicial no había provocado todavía la desaparición del acceso en esos dominios.

Una cláusula sobre BitTorrent que no aparece en la demanda

La sentencia firmada por Marrero coincide palabra por palabra con el texto propuesto por las editoriales en octubre, según TorrentFreak. Entre sus disposiciones, impide que WeLib permita a usuarios o terceros poner las obras a disposición de otras personas, e incluye expresamente la distribución “vía BitTorrent”.

Sin embargo, el reporte indica que no conoce evidencia de que WeLib use BitTorrent y que la demanda contra el sitio tampoco menciona esa tecnología. Por eso, la inclusión de la cláusula destaca como un elemento que no parece ajustarse a los hechos descritos para este caso, aunque el juez firmó la propuesta sin cambios.

La referencia sí aparecía en la sentencia anterior contra Anna’s Archive, donde la demanda describía una página dedicada a los “Torrents”. La coincidencia sugiere que las editoriales reutilizaron parte del escrito presentado en aquel proceso, pero la información disponible no permite afirmar por qué dejaron esa disposición en el documento sobre WeLib.

La diferencia importa porque la orden combina medidas sobre obras protegidas con instrucciones específicas para proveedores e intermediarios. En esta resolución, la prohibición de distribución de libros se acompaña de una mención tecnológica que el reporte no encuentra respaldada por la demanda contra WeLib.

El precedente de Anna’s Archive y lo que sigue

El caso de Anna’s Archive ofrece un antecedente sobre los límites prácticos de las órdenes que buscan retirar dominios. Esa biblioteca perdió varios dominios tras una orden judicial anterior obtenida por compañías musicales, pero siguió en línea a través de .gl, .pk y .gd, vinculados a registros y registradores fuera de Estados Unidos.

Ese antecedente no demuestra que WeLib vaya a adoptar la misma estrategia, y el reporte deja abierta esa posibilidad. Sí muestra que una orden sobre determinados dominios no equivale automáticamente a la desaparición del sitio, sobre todo cuando los operadores pueden recurrir a infraestructura vinculada con otros intermediarios.

La posible respuesta de los proveedores será determinante para saber si los dominios señalados dejan de funcionar, pero el reporte describe la situación en un momento concreto: welib.org y welib.st seguían cargando. La resolución también exige preservar evidencia, de modo que la actuación de los intermediarios podría incidir tanto en el acceso como en la identificación de quienes administran la biblioteca.

Por ahora, la sentencia combina una condena económica de USD $19,5 millones, una prohibición permanente sobre la distribución de las obras y medidas para desactivar dominios y alojamiento. Su efectividad dependerá de cómo respondan los proveedores y de si las autoridades logran obtener información que permita identificar a los operadores anónimos.


Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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