Por Canuto  

El Senado mexicano aprobó una reforma que obliga a los proveedores de Internet a establecer políticas para terminar el servicio a infractores reincidentes, aunque la ley no define cuántas acusaciones bastan para aplicar esa medida.
***

  • La reforma fue aprobada en lo general con 72 votos a favor y 37 en contra; la Cámara de Diputados había avalado el texto en octubre.
  • Los ISP deberán publicar sus políticas de terminación y podrían enfrentar multas de hasta MXN 4,7 millones por incumplir las condiciones de puerto seguro.
  • La reforma no fija un umbral de acusaciones ni exige una orden judicial antes de suspender el servicio.


México aprueba reglas que podrían desconectar a usuarios acusados de piratería reiterada

El Senado de México aprobó una reforma que exige a los proveedores de Internet contar con políticas para terminar el servicio de quienes infrinjan reiteradamente derechos de autor. La medida modifica la Ley Federal del Derecho de Autor y abre una discusión sobre cómo identificar a un infractor reincidente, pues el texto no establece cuántas acusaciones bastarían para desconectar a un usuario.

En la votación en lo general, la reforma recibió 72 votos a favor y 37 en contra. La Cámara de Diputados había aprobado el mismo texto en octubre. El decreto pasa ahora a la presidenta Claudia Sheinbaum; una vez publicado en el diario oficial, las nuevas reglas comenzarán a regir 180 días después.

Una reforma impulsada por el T-MEC

El gobierno mexicano propuso los cambios en mayo con el objetivo de armonizar la legislación nacional con el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC. El debate también ocurre en medio de presiones de la industria estadounidense del copyright, que ha pedido reglas más claras para determinar cuándo un proveedor puede responder por las infracciones cometidas por sus usuarios.

En enero, la coalición de la industria del copyright IIPA cuestionó que la reforma mexicana de 2020 no ofreciera un principio claro de responsabilidad secundaria para quienes inducen o promueven infracciones. En abril, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) colocó a México en un nivel inferior de su lista de vigilancia sobre piratería, y citó como parte de su evaluación los borradores de las reformas.

El antecedente legislativo inmediato se remonta a 2020, cuando México incorporó a su ley de derechos de autor disposiciones de puerto seguro inspiradas en la DMCA estadounidense. Esas protecciones condicionan la exención de responsabilidad de plataformas de alojamiento y motores de búsqueda a que mantengan políticas para terminar las cuentas de infractores reincidentes, pero hasta ahora esa condición no se extendía del mismo modo a los proveedores de acceso a Internet para consumidores.

La reforma aprobada amplía esa obligación a los ISP tradicionales y la conecta con la posibilidad de responder por infracciones de terceros. Según la explicación publicada por TorrentFreak, el cambio busca que los proveedores de conexión también adopten políticas de terminación, en vez de limitar ese requisito a servicios en línea que alojan contenido o facilitan búsquedas.

La conexión del hogar, en el centro de la medida

La obligación no se limitaría a cerrar una cuenta dentro de una plataforma: podría implicar la suspensión de la conexión a Internet misma. El medio empresarial mexicano EL CEO señaló que proveedores de acceso como Telmex e Izzi tendrían que establecer una política de este tipo para cumplir con las nuevas condiciones.

Los ISP deberán publicar de manera permanente sus políticas en sus sitios web y en sus términos de servicio, además de incluir un mecanismo básico para notificar a los usuarios. La norma, según el texto descrito, exige que exista una política de terminación, pero no detalla un procedimiento uniforme para tramitar cada aviso o determinar cuándo corresponde cortar el servicio.

El incumplimiento de las condiciones de puerto seguro puede abrir la puerta a la responsabilidad del proveedor si este contribuye conscientemente a una infracción, la induce o la causa. También puede responder cuando tenga capacidad para controlar al usuario infractor y obtenga un beneficio directo de la conducta, dos escenarios que la reforma presenta como elementos relevantes para evaluar su responsabilidad.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) podrá imponer multas de hasta aproximadamente MXN 4,7 millones, equivalentes a cerca de USD $250.000, según la infracción. La cifra establece una exposición económica considerable para los proveedores, aunque la fuente no detalla una escala de sanciones ni precisa qué monto correspondería a cada supuesto.

Una categoría sin umbral definido

La ley no define expresamente qué significa ser un infractor reincidente ni establece cuántas denuncias de piratería debe acumular un suscriptor antes de que el proveedor pueda desconectarlo. Esa falta de un umbral común deja a cada ISP margen para diseñar su propia política, con el riesgo de que los criterios varíen entre compañías y sean difíciles de anticipar para los usuarios.

Aurora López-Portillo, directora de servicios legales de la firma de propiedad intelectual ClarkeModet, dijo a EL CEO que cada proveedor tendrá que decidir cuál será ese umbral. También sostuvo que los ISP deberían comprobar si las acusaciones tienen fundamento y permitir que las personas señaladas respondan, aunque la ley no les impone expresamente esos pasos.

Durante el debate en el Senado, legisladores de la oposición expresaron inquietudes sobre el alcance de una eventual desconexión. El senador Gabriel Elizondo advirtió que una familia puede compartir una sola conexión y que la actividad atribuida a una persona podría dejar sin acceso a Internet a todos los integrantes del hogar.

La oposición había planteado previamente que la suspensión del servicio requiriera una orden judicial, pero esa propuesta no quedó incorporada en el texto aprobado. La ausencia de esa salvaguarda, junto con la falta de una definición de reincidencia, deja por resolver cómo se verificarán las denuncias y qué garantías tendrán los suscriptores antes de perder la conexión.

El contraste con el caso Cox en Estados Unidos

La discusión mexicana se desarrolla en un contexto distinto al debate reciente en Estados Unidos sobre la responsabilidad de los proveedores de Internet. En marzo, la Corte Suprema estadounidense anuló un veredicto de USD $1.000 millones contra Cox, en un caso impulsado por titulares de derechos que buscaban responsabilizar al proveedor por infracciones de sus suscriptores.

La Corte concluyó que conocer la existencia de piratería y no actuar frente a ella no basta, por sí solo, para considerar que un ISP contribuyó a infringir derechos de autor. En la opinión del tribunal, el juez Thomas escribió que una empresa no responde como infractora por ofrecer un servicio al público general aunque sepa que algunas personas lo usarán para vulnerar derechos de autor.

La DMCA estadounidense también condiciona la protección de puerto seguro a que los proveedores mantengan políticas para terminar, en circunstancias apropiadas, las cuentas de infractores reincidentes. Sin embargo, según el criterio expuesto por la Corte en el caso Cox, no cumplir ese requisito no perjudica automáticamente la defensa de un ISP que sostiene que no cometió una infracción.

La vía mexicana, en cambio, vincula el incumplimiento de las condiciones de puerto seguro con el análisis de responsabilidad, siempre que además se presente alguno de los supuestos previstos, como contribuir conscientemente a la infracción o beneficiarse directamente de ella mientras se controla al usuario. El alcance práctico dependerá ahora de la publicación oficial del decreto y de cómo los proveedores definan sus políticas, especialmente porque la ley no fija cuántas acusaciones bastan para considerar reincidente a un suscriptor.


ADVERTENCIA: DiarioBitcoin ofrece contenido informativo y educativo sobre diversos temas, incluyendo criptomonedas, IA, tecnología y regulaciones. No brindamos asesoramiento financiero. Las inversiones en criptoactivos son de alto riesgo y pueden no ser adecuadas para todos. Investigue, consulte a un experto y verifique la legislación aplicable antes de invertir. Podría perder todo su capital.

Suscríbete a nuestro boletín