Por Canuto  

El Tribunal Supremo de EE. UU. resolvió que los estados pueden excluir a atletas transgénero de los equipos deportivos femeninos y de chicas, al validar leyes de Idaho y Virginia Occidental bajo Título IX y abrir una nueva etapa en el debate nacional sobre igualdad, sexo biológico y derechos civiles.
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  • El Tribunal Supremo sostuvo que los estados pueden definir la elegibilidad en deportes femeninos con base en el sexo biológico.
  • La decisión avaló leyes de Idaho y Virginia Occidental, aunque los jueces se dividieron sobre el análisis constitucional en uno de los casos.
  • El fallo llega poco más de un año después de otra decisión 6-3 que mantuvo una ley de Tennessee sobre tratamientos para adolescentes transgénero.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó el martes que los estados pueden excluir a atletas transgénero de los equipos deportivos femeninos y de chicas. La decisión valida leyes aprobadas en Idaho y Virginia Occidental.

El fallo concluyó de forma unánime que esas normas no violan las leyes federales de derechos civiles. Sin embargo, los magistrados se dividieron al evaluar si la ley de Virginia Occidental entra en conflicto con la Constitución, al menos respecto de la atleta involucrada en ese litigio.

En una opinión de 29 páginas, el juez Brett Kavanaugh escribió que, bajo el Título IX y la Cláusula de Igual Protección, los estados pueden mantener los deportes femeninos y de chicas para mujeres biológicas. Añadió que pueden determinar la elegibilidad con base en el sexo biológico.

Kavanaugh sostuvo además que la Constitución y el Título IX no exigen una revisión total de los deportes femeninos y de chicas en todo Estados Unidos. Esa frase se convirtió en uno de los ejes del fallo.

La resolución llegó en los casos West Virginia v. B.P.J. y Little v. Hecox. Según reportó SCOTUSblog, el pronunciamiento se produjo poco más de un año después de otra decisión 6-3 que mantuvo una ley de Tennessee sobre bloqueadores de pubertad y terapia hormonal para adolescentes transgénero.

Qué decidió la corte y por qué importa

Para lectores menos familiarizados con el tema, el Título IX es una ley federal de derechos civiles que prohíbe la discriminación por sexo en programas y actividades educativas con financiamiento federal. Su interpretación ha sido un punto central en múltiples disputas recientes sobre identidad de género y deporte escolar.

En este caso, la mayoría del tribunal respaldó la capacidad de los estados para reservar equipos deportivos femeninos a quienes consideran mujeres biológicas. Ese criterio deja margen regulatorio a las legislaturas estatales.

La decisión también tiene peso político y jurídico porque Idaho fue el primer estado en aprobar una ley de este tipo en 2020. Desde entonces, otros 25 estados han promulgado prohibiciones similares.

El fallo del martes no resolvió el debate social más amplio sobre participación trans en competencias escolares. Pero sí fijó una posición clara sobre el alcance del Título IX en este tipo de controversias.

La importancia del caso radica además en que el tribunal no habló con una sola voz sobre todos los puntos. Hubo unanimidad respecto a la lectura de las leyes federales de derechos civiles, pero no sobre la dimensión constitucional del caso de Virginia Occidental.

Esa diferencia sugiere que futuras demandas podrían intentar reabrir el frente de la igualdad constitucional. Aun así, el núcleo práctico del fallo favorece a los estados que ya adoptaron restricciones similares.

Los casos de Idaho y Virginia Occidental

Idaho promulgó en 2020 la llamada Fairness in Women’s Sports Act. La norma prohíbe a mujeres y niñas transgénero participar en cualquier equipo deportivo femenino en escuelas públicas, desde primaria hasta la universidad.

Virginia Occidental aprobó su propia ley en 2022. Esa norma, conocida como Save Women’s Sports Act, prohíbe a mujeres y chicas transgénero competir en equipos femeninos de escuelas secundarias públicas y universidades.

Ambas leyes fueron impugnadas por atletas que acudieron a los tribunales federales. Los dos casos fueron argumentados el mismo día en enero.

Una de las demandantes es Lindsay Hecox. Presentó su demanda porque quería probarse para los equipos femeninos de atletismo y campo traviesa en Boise State University, en Idaho.

Hecox no consiguió un lugar en los equipos de la NCAA de esa universidad. Aun así, compitió en fútbol femenino a nivel de club.

La otra demandante es Becky Pepper-Jackson, identificada en los documentos judiciales solo como B.P.J. Se trata de una estudiante de secundaria de 15 años que se ha identificado públicamente como mujer desde tercer grado.

Pepper-Jackson toma medicamentos para evitar la aparición de la pubertad masculina. También ha comenzado a recibir terapia hormonal con estrógeno.

Su madre, Heather Jackson, acudió a la justicia federal en Virginia Occidental al enterarse de que la ley estatal impediría a su hija participar en equipos deportivos femeninos de su escuela secundaria. Ese hecho dio origen a uno de los procesos revisados por el Supremo.

El razonamiento de tribunales inferiores y la respuesta del Supremo

Antes del fallo del martes, la Corte de Apelaciones del 9.º Circuito había dado la razón a Hecox. Ese tribunal concluyó que la ley de Idaho violaba la garantía de trato igual de la Decimocuarta Enmienda.

Con base en ese análisis, el 9.º Circuito bloqueó la aplicación de la prohibición en Idaho. El tribunal razonó que la ley estaba destinada a prohibir categóricamente que mujeres y niñas transgénero participaran en equipos de escuelas públicas acordes con su identidad de género.

La corte de apelaciones también sostuvo que la ley discriminaba por sexo. Explicó que las atletas de equipos femeninos quedaban sujetas a procedimientos invasivos de verificación sexual para aplicar esa política, mientras los atletas de equipos masculinos no enfrentaban ese requisito.

En Virginia Occidental ocurrió algo similar en una instancia distinta. La Corte de Apelaciones del 4.º Circuito también impidió la aplicación de la ley estatal.

Ese tribunal concluyó específicamente que la norma de Virginia Occidental violaba el Título IX. Su argumento fue que la ley discriminaba a Pepper-Jackson por motivos de sexo.

El Tribunal Supremo revirtió en lo esencial esas conclusiones y avaló la facultad estatal de fijar la elegibilidad según el sexo biológico. Con ello, modificó el criterio que había prevalecido en ambas cortes de apelación.

La disidencia y el debate constitucional pendiente

La jueza Sonia Sotomayor escribió una opinión disidente a la que se sumaron Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson. En su texto, sostuvo que la mayoría mostró amplia simpatía hacia las niñas y mujeres cisgénero que practican deportes.

Sotomayor dijo compartir esa simpatía. Señaló que practicar deportes puede traer beneficios incalculables y que existe un interés comprensible en preservar la competencia justa y segura.

Sin embargo, la magistrada criticó que la mayoría impusiera una carga a quienes resultan desfavorecidos por el fallo. A su juicio, no se les dio la oportunidad justa y plena que la Constitución exige para litigar sus alegaciones.

Esa objeción ayuda a entender por qué no hubo acuerdo total sobre el componente constitucional del litigio de Virginia Occidental. La disidencia no cuestionó solo el resultado, sino también la forma en que la mayoría abordó las reclamaciones.

En términos prácticos, eso significa que el debate legal no desaparece por completo. Lo que sí cambia es el punto de partida para futuros casos, porque el Supremo dejó asentado que ni la Constitución ni el Título IX obligan a abrir de manera general los deportes femeninos a atletas transgénero.

También queda claro que el tribunal observa el tema bajo una óptica distinta a la de varios tribunales inferiores. Esa diferencia probablemente influirá en litigios venideros sobre educación, deportes escolares y derechos de las personas trans.

Contexto político, jurídico y alcance de la decisión

La resolución se inscribe en una serie más amplia de fallos recientes sobre políticas estatales relacionadas con personas transgénero. El antecedente más cercano fue la decisión 6-3 que mantuvo la ley de Tennessee sobre bloqueadores de pubertad y terapia hormonal para menores trans.

Ese contexto importa porque muestra una tendencia del tribunal a dar mayor margen de maniobra a los estados en asuntos socialmente divisivos. En este caso, la cuestión giró en torno a deportes escolares y universitarios financiados o regulados por entidades públicas.

Desde una perspectiva institucional, el caso no trata de criptomonedas ni de mercados financieros. Pero sí ofrece una lección relevante para quienes siguen marcos regulatorios complejos: cuando la Corte Suprema redefine el alcance de una ley federal, cambia el mapa de cumplimiento para gobiernos, escuelas y organizaciones.

En este asunto, el cambio regulatorio alcanza a sistemas escolares públicos desde la primaria hasta la universidad en Idaho. En Virginia Occidental, el foco de la ley abarca secundarias públicas y universidades.

La decisión podría alentar a otros estados a defender o adoptar normas semejantes. Del mismo modo, podría empujar a activistas, familias y organizaciones civiles a explorar nuevas estrategias judiciales o legislativas.

Por ahora, el mensaje central del fallo es inequívoco. Los estados pueden excluir a atletas transgénero de equipos deportivos femeninos y de chicas al definir la elegibilidad con base en el sexo biológico, según la interpretación mayoritaria del Tribunal Supremo.


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