Por Canuto  

La tragedia sísmica del 24 de junio en Venezuela no solo dejó edificios colapsados y miles de víctimas. También abrió una nueva grieta política y social, con sobrevivientes que acusan al Estado de abandono, desorganización y favoritismo en los rescates.
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  • El gobierno venezolano reportó 1.943 fallecidos y más de 10.500 heridos tras los sismos de magnitud 7.2 y 7.5.
  • Familias en La Guaira denunciaron que la respuesta oficial se centró en controlar el tránsito, mientras civiles y brigadas extranjeras buscaban sobrevivientes.
  • Testimonios y análisis apuntan a una combinación de desorganización, colapso institucional y trato preferencial hacia personas con conexiones políticas.

Una tragedia humana agravada por la falta de coordinación

Muchos sobrevivientes del terremoto que golpeó Venezuela el 24 de junio se hacen la misma pregunta en La Guaira, Caracas y zonas cercanas: quién está realmente a cargo del rescate. La duda surge en medio de edificios colapsados, familias esperando maquinaria pesada y una respuesta oficial que numerosos residentes describen como tardía y desorganizada.

El caso de Angélica Mundrain resume buena parte de esa angustia. Desde hace seis días, espera que retiren las losas de concreto y el metal retorcido de su apartamento frente al mar, donde quedaron atrapados los cuerpos de su hijo, su sobrina y su sobrino.

Sentada en una silla frente a los restos del edificio de 11 pisos donde vivía, Mundrain dijo que se siente abandonada por las autoridades. Su testimonio refleja el de otras familias que aseguran haber visto poca capacidad estatal en las primeras horas más críticas tras la catástrofe.

La mujer afirmó que lo observado en el terreno fue una falta de organización, de empatía y, en sus palabras, una falta de todo. Ese sentimiento se expandió entre residentes de comunidades costeras de La Guaira, donde la esperanza de encontrar sobrevivientes comenzó a reducirse con el paso de las horas.

Según la información recogida por ABC News a partir de reportes de Associated Press, las primeras 72 horas fueron decisivas y al mismo tiempo caóticas. En ese lapso, cuando suelen definirse muchas operaciones de rescate exitosas, buena parte de la respuesta en tierra se concentró en dirigir el tráfico.

Los primeros días: tránsito controlado, ambulancias atrapadas y hospitales sin recursos

Mientras policías, agentes de inteligencia y militares controlaban intersecciones, civiles buscaron a sus familiares entre montañas de escombros. Algunos lo hicieron completamente solos y otros con apoyo de equipos extranjeros que sí contaban con experiencia y herramientas especializadas.

Las ambulancias quedaron atrapadas en embotellamientos que se extendían por millas o kilómetros. Esa congestión redujo la velocidad de traslado de heridos en un momento donde cada minuto podía ser decisivo para salvar vidas.

Los hospitales, además, estaban desabastecidos y con poco personal. El cuadro que describen los sobrevivientes apunta a un sistema sanitario bajo presión, sin suficientes insumos ni trabajadores para responder a una emergencia de gran escala.

El personal de emergencia también habría operado con poco o ningún equipo, lo que profundizó las críticas ciudadanas. Frente a ese vacío, muchas personas atribuyeron los rescates y recuperaciones a otros venezolanos y a brigadas llegadas del exterior.

Esos equipos extranjeros llevaron cámaras térmicas, detectores de sonido y perros entrenados para localizar víctimas. Su presencia contrastó con la imagen que varios residentes describieron de funcionarios venezolanos observando desde un costado, sin participar de forma activa en las excavaciones.

Algunos testigos incluso dijeron haber visto a trabajadores del Estado tomándose selfies mientras seguían las labores de búsqueda. En una tragedia de esta magnitud, ese tipo de escenas alimentó la indignación de familias que llevaban días esperando ayuda concreta.

Las críticas al Estado y el trasfondo político del desastre

La crisis también dejó al descubierto la fragilidad institucional del país, según analistas consultados en la cobertura. El partido gobernante, que lleva 27 años en el poder y que ahora tiene a la presidenta interina Delcy Rodríguez al frente, quedó expuesto ante la magnitud del desastre.

David Smilde, profesor de la Universidad Tulane que ha estudiado Venezuela durante tres décadas, sostuvo que la tragedia mostró que la captura del entonces presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero no fue un episodio aislado. A su juicio, el Estado también demostró incapacidad para ejecutar tareas básicas en una emergencia.

Smilde señaló que el problema va más allá de la respuesta sísmica puntual. Dijo que un gobierno funcional debe contar con personas asignadas a diseñar protocolos claros para terremotos y otras contingencias, algo que, según su evaluación, no se vio en esta ocasión.

Para explicar el desorden, el académico mencionó la salida masiva de trabajadores del sector público por salarios extremadamente bajos. También aludió a la corrupción, incluida la presencia de personas en nómina que no trabajan desde hace meses o incluso años.

Su comparación fue directa: intentar operar así se parece a tener un equipo de béisbol con solo tres personas en el campo. En ese escenario, dijo, no queda claro quién debe lanzar, quién recibe y quién cubre el resto del terreno.

Ese diagnóstico resulta especialmente sensible para Rodríguez, investida después de que Maduro fuera depuesto y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico. La emergencia sísmica, por tanto, no solo es una crisis humanitaria, sino también una prueba de gobernabilidad.

Rescates con trato desigual y maquinaria donde había poder

Varios residentes sostuvieron que la riqueza y las conexiones con el gobierno influyeron en la manera en que se distribuyeron los recursos de rescate. En medio del colapso general, algunos edificios parecieron recibir atención más rápida y maquinaria más adecuada que otros.

En uno de esos inmuebles derrumbados había numerosos policías y estudiantes de una escuela militar. Vecinos dedujeron que allí debían residir funcionarios o personas políticamente conectadas, percepción que luego se reforzó por el tipo de operativo desplegado.

Policías de un estado vecino buscaban a un capitán, mientras estudiantes y algunos miembros de la Guardia Nacional aguardaban noticias sobre un mayor general. Esa concentración de personal y recursos generó un fuerte contraste con otros puntos donde familias comunes seguían esperando ayuda.

Una grúa telescópica como la que necesita Mundrain estuvo estacionada durante varias horas en la entrada de ese edificio. Según el reporte, los familiares de las familias adineradas que vivían allí pudieron alquilar la máquina, algo imposible para personas sin recursos equivalentes.

Mundrain dijo que cree que, si hubiese vivido alguien con poder en su edificio, el lugar estaría funcionando como una máquina bien engrasada. Su comentario sintetiza la percepción de que el acceso a rescate oportuno estuvo mediado por jerarquías sociales y políticas.

Ese desbalance alimentó nuevos episodios de tensión entre vecinos y operadores de maquinaria. En un caso, cuando una excavadora proporcionada por el gobierno intentó salir de un conjunto de viviendas públicas colapsado, los residentes bloquearon el tránsito para impedir que se fuera.

La confrontación escaló hasta el punto de que sacaron al operador de la cabina. La escena muestra el nivel de desesperación acumulado entre personas que sentían que la ayuda llegaba tarde, mal o simplemente no llegaba.

Las cifras del desastre y la lucha contra el tiempo

El gobierno informó que 1.943 personas murieron y que más de 10.500 resultaron heridas por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron al país el 24 de junio. Además, miles de personas seguían reportadas como desaparecidas al momento de la cobertura.

Esas cifras reflejan el impacto de una emergencia que alcanzó edificios residenciales, restaurantes, farmacias, hoteles y tiendas de conveniencia. La destrucción se extendió por el estado de La Guaira, Caracas y regiones cercanas, dejando una huella material y social de gran escala.

Una semana después del sismo, los rescatistas seguían sacando a algunos sobrevivientes de entre los escombros. Cada hallazgo ofrecía un breve respiro a las familias, aunque la posibilidad de encontrar personas con vida disminuía con cada hora transcurrida.

En desastres naturales, las primeras 48 a 72 horas suelen ser cruciales para los rescates. La supervivencia puede extenderse más tiempo si las víctimas tienen acceso a agua y alimentos, pero ese margen se estrecha rápidamente cuando el entorno es hostil.

Por eso, la crítica central de muchos sobrevivientes se concentra en el arranque de la respuesta oficial. No se trata solo de lentitud administrativa, sino de un costo humano que, para muchas familias, pudo haber marcado la diferencia entre rescate y recuperación de cuerpos.

Testimonios de sobrevivientes y la imagen que dejó la respuesta oficial

Daniel Castillo, un electricista de La Guaira, logró sacar con vida a su madre y a su hijo de su apartamento en el segundo piso de un edificio de viviendas públicas colapsado. Lo hizo apenas horas después del terremoto, antes de que pudiera consolidarse una respuesta estatal efectiva.

El cuerpo de su hermano permaneció dentro del inmueble durante un día más, hasta que finalmente pudo alcanzarlo. Su historia ilustra la mezcla de rescate improvisado, pérdida familiar y ausencia de medios suficientes en las primeras jornadas.

El martes, mientras hacía fila para recibir una bolsa gratuita con productos de higiene como papel higiénico y jabón en una carpa atendida por las fuerzas armadas venezolanas, Castillo criticó la actuación del gobierno. Su reclamo se centró en una imagen que se volvió símbolo del descontento.

Dijo que veía a los guardias con uniformes impecables, sin una sola mancha de polvo. El contraste, añadió, era evidente frente a los civiles cubiertos de escombros y los rescatistas extranjeros que llevaban días excavando sin descanso.

Su conclusión fue tajante: el gobierno no hizo nada. En una crisis donde la percepción pública se moldea tanto por resultados como por gestos visibles, esa frase resume la ruptura de confianza entre muchos afectados y las instituciones encargadas de protegerlos.

Más allá del impacto inmediato, la tragedia dejó una pregunta abierta sobre la capacidad real del Estado venezolano para responder a desastres futuros. Para miles de familias, esa discusión ya no es abstracta, porque quedó enterrada entre concreto, retrasos y decisiones desiguales.

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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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