Por Canuto  

El organismo nuclear de la ONU remitió a Irán al Consejo de Seguridad por primera vez en dos décadas, mientras persisten las dudas sobre trazas de uranio, el acceso de los inspectores y un arsenal enriquecido al 60%.
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  • El Consejo de Gobernadores del OIEA aprobó la resolución con 23 votos a favor, frente a la oposición de China, Rusia y Níger.
  • El organismo acusa a Teherán de no cooperar con una investigación sobre trazas de uranio halladas en sitios no declarados.
  • El expediente llega a un Consejo de Seguridad donde Rusia y China pueden vetar eventuales medidas punitivas.

El Consejo de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) remitió el miércoles a Irán al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una decisión que no se adoptaba desde hace 20 años. El organismo acusa a Teherán de no cooperar con una investigación de larga duración sobre trazas de uranio detectadas por sus inspectores en varios sitios que no habían sido declarados por las autoridades iraníes.

La votación se produjo en la sede del OIEA en Viena, donde 23 de los 35 países miembros del Consejo de Gobernadores respaldaron la resolución. China, Rusia y Níger votaron en contra, ocho países se abstuvieron y un Estado no participó porque se encontraba en mora, según diplomáticos que describieron el resultado de una sesión a puerta cerrada.

Una remisión respaldada por las potencias occidentales

La resolución fue presentada conjuntamente por Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, cuatro países que han presionado para que Irán responda por el origen de las partículas de uranio encontradas en instalaciones no declaradas. El paso diplomático había estado bajo consideración desde junio de 2025, cuando el Consejo de Gobernadores determinó que Teherán incumplía formalmente sus obligaciones de no proliferación debido a su falta de cooperación.

El expediente se relaciona con el Acuerdo de Salvaguardias de Irán, un mecanismo que permite al OIEA verificar que los materiales y las actividades nucleares declaradas no se desvíen hacia fines militares. La nueva resolución exige a Teherán corregir con urgencia ese incumplimiento y adoptar las medidas que el organismo considere necesarias para que su director general pueda ofrecer garantías sobre la no desviación de material nuclear.

El texto solicita al director general del OIEA, Rafael Grossi, que informe de la resolución y de las decisiones anteriores a todos los miembros del organismo, al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de Naciones Unidas. La medida no constituye por sí misma una acusación concluyente de que Irán posea armas nucleares, pero eleva el caso desde el ámbito técnico de los inspectores hacia el principal órgano político de seguridad internacional.

Funcionarios occidentales sostienen que las trazas de uranio podrían aportar nuevas evidencias sobre la existencia de un programa secreto de armas nucleares iraní hasta 2003. Irán rechaza esa interpretación, afirma que no busca fabricar armas nucleares y sostiene que todo su programa tiene objetivos pacíficos, una posición que mantiene frente a las acusaciones y solicitudes de información del organismo internacional.

El acceso a las instalaciones y la reserva de uranio

La disputa se agravó después de que Israel y Estados Unidos atacaran instalaciones nucleares iraníes durante una guerra de 12 días en junio de 2025. Desde entonces, Irán no ha permitido que los inspectores del OIEA accedan a los sitios afectados por los bombardeos, lo que ha impedido comprobar directamente el estado de parte de la infraestructura y de los materiales almacenados.

El OIEA tampoco ha podido verificar el estado de la reserva iraní de uranio enriquecido que se aproxima al nivel considerado de grado militar. De acuerdo con los datos citados por la agencia Associated Press, Irán mantiene 440,9 kilogramos, equivalentes a 972 libras, de uranio enriquecido hasta una pureza del 60%, mientras que el nivel de grado militar suele situarse en torno al 90%.

La diferencia entre ambos porcentajes no significa que el material pueda convertirse automáticamente en un arma, ya que todavía serían necesarios procesos técnicos adicionales, diseño, ensamblaje y una decisión política. Sin embargo, la cantidad acumulada aumenta la preocupación de los gobiernos occidentales porque, según Grossi, ese inventario podría permitir fabricar hasta 10 bombas nucleares si Irán decidiera transformar su programa en un proyecto armamentístico.

Grossi también advirtió que esa capacidad potencial no equivale a afirmar que Irán ya tenga un arma nuclear. La distinción resulta central para el debate: el organismo busca verificar la naturaleza y el destino del material, mientras que los gobiernos que impulsaron la resolución consideran que la falta de acceso y de explicaciones confiables impide descartar escenarios más graves.

El desacuerdo no se limita a la concentración del uranio, sino que incluye la localización de partículas detectadas en lugares que Irán no había declarado como parte de su programa nuclear. Para el OIEA, la ausencia de respuestas satisfactorias erosiona la posibilidad de ofrecer garantías independientes; para Teherán, las acusaciones occidentales forman parte de una campaña de presión contra sus actividades científicas y energéticas.

El impacto político de la decisión

La remisión traslada ahora la responsabilidad a una instancia con capacidad para considerar medidas adicionales, entre ellas sanciones o congelamientos de activos. El Consejo de Seguridad puede debatir el expediente y solicitar nuevos informes, aunque cualquier respuesta concreta dependerá de la correlación política entre sus miembros permanentes y de la disposición de las potencias a convertir la presión diplomática en acciones vinculantes.

La agencia Associated Press señaló que la adopción de castigos específicos parece poco probable porque Rusia y China, aliados de Irán, disponen de poder de veto en el Consejo de Seguridad. Esa capacidad no impide que el órgano examine el caso ni que aumente la presión internacional, pero sí dificulta que una iniciativa punitiva avance si cualquiera de esos dos países decide bloquearla.

El momento de la decisión añade una dimensión militar especialmente sensible. La remisión ocurre en un contexto de nueva escalada entre Estados Unidos e Irán, después de que fuerzas estadounidenses destruyeran cinco petroleros iraníes y de que Teherán respondiera con ataques con misiles contra bases en Jordania.

La coincidencia entre el expediente nuclear y las hostilidades abiertas eleva el riesgo de que las conclusiones técnicas del OIEA sean interpretadas dentro de una confrontación más amplia. En ese contexto, cada restricción al acceso de los inspectores puede alimentar las sospechas occidentales, mientras que cada nueva medida diplomática puede ser presentada por Irán como una justificación adicional para limitar su cooperación.

El Consejo de Gobernadores ya había declarado en junio de 2025 que Irán incumplía sus obligaciones de no proliferación, pero la remisión al Consejo de Seguridad representa un salto institucional relevante. El caso abandona el marco de una disputa prolongada entre inspectores y autoridades nacionales para entrar en un escenario donde las decisiones pueden afectar sanciones, activos, alianzas y la estabilidad de Oriente Medio.

Qué puede ocurrir con el expediente iraní

El director general del OIEA deberá comunicar formalmente la resolución y las decisiones previas a los Estados miembros, al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General. Ese informe será una pieza clave para describir qué información falta, qué instalaciones permanecen fuera del alcance de los inspectores y qué pasos considera necesarios el organismo para recuperar garantías sobre el programa iraní.

La presión diplomática podría aumentar si Irán mantiene la negativa de acceso a los sitios atacados o no ofrece explicaciones aceptadas por los expertos sobre las trazas de uranio. Al mismo tiempo, la posibilidad de un veto ruso o chino limita las expectativas de que el Consejo de Seguridad adopte rápidamente sanciones nuevas, por lo que el resultado inmediato podría concentrarse en declaraciones, negociaciones y nuevos llamados a la cooperación.

La cuestión más urgente para los inspectores es recuperar una visión verificable de los materiales iraníes después de los ataques de junio de 2025. Sin esa información, el OIEA no puede confirmar el estado de la reserva enriquecida al 60% ni determinar con el mismo nivel de certeza si el material continúa bajo control y dentro de los fines declarados por Teherán.

Para Irán, el desafío consiste en responder a las exigencias del organismo sin aceptar la caracterización occidental de que su programa tiene una dimensión militar encubierta. Para las potencias que impulsaron la resolución, en cambio, la falta de cooperación durante una investigación que comenzó hace años justifica llevar el caso al máximo nivel político de Naciones Unidas.

El desenlace dependerá de si la remisión genera una apertura verificable o profundiza el enfrentamiento entre Teherán, el OIEA y sus críticos. Mientras no se restablezca el acceso de los inspectores, las dudas sobre el uranio enriquecido y los sitios no declarados seguirán siendo un foco de tensión internacional.

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