Por Hannah Pérez  

Hungría eliminará restricciones impuestas durante la era de Viktor Orbán que criminalizaban ciertas operaciones con criptomonedas y contemplaban penas de prisión para usuarios y proveedores que incumplieran el marco local.

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  • Hungría despenalizará el comercio de criptomonedas, según reportes.
  • El país revertirá normas que exigían validación aprobada para conversiones cripto-fiat y cripto-cripto.
  • Las reglas habían llevado a plataformas como Revolut a suspender servicios cripto en Hungría.
  • La Unión Europea abrió una investigación sobre la compatibilidad de esas restricciones con las normas del bloque.
 
 

Hungría se prepara para despenalizar el comercio de criptomonedas y desmontar parte del marco restrictivo aprobado durante la etapa del exlíder Viktor Orbán, según reportes de Bloomberg y The Block.

La medida representa un giro relevante para el país, que el año pasado endureció sus reglas sobre conversiones de criptoactivos como Bitcoin e introdujo posibles penas de prisión para usuarios y proveedores que operaran fuera de los canales autorizados.

La portavoz del Gobierno, Anita Kobol, dijo este jueves que las restricciones habían provocado una caída en la actividad local de trading cripto y motivado una investigación de la Unión Europea sobre su compatibilidad con las reglas del bloque.

El marco exigía validación aprobada para operaciones de conversión entre criptomonedas y moneda fiduciaria, así como para transacciones cripto-cripto, lo que elevó significativamente la carga regulatoria para usuarios y plataformas.

Las normas también tuvieron impacto directo sobre empresas del sector. Varias plataformas de activos digitales, incluida Revolut, suspendieron sus servicios cripto en Hungría tras la entrada en vigor de las restricciones.

La decisión evidenció el efecto práctico de una regulación que, más que ordenar el mercado, terminó reduciendo la disponibilidad de servicios para usuarios locales y empujando parte de la actividad fuera de canales formales.

Reversión de una ley con penas de prisión

Las medidas restrictivas habían entrado en vigor el 1 de julio de 2025, después de que el Parlamento húngaro aprobara la legislación el mes anterior. Según The Block, la ley criminalizaba el uso de exchanges sin licencia y ciertas operaciones cripto no autorizadas de alto valor, incluyendo transacciones entre 50 millones de florines húngaros, equivalentes a unos USD $162.238, y 500 millones de florines, aproximadamente USD $1,62 millones.

El régimen contemplaba penas de prisión para individuos y proveedores de servicios. Bajo el código anterior, personas que realizaran operaciones no autorizadas podían enfrentar hasta dos o cinco años de cárcel, dependiendo del valor de la transacción. Los proveedores que operaran sin licencia del banco central podían exponerse a sentencias de hasta ocho años.

Ese enfoque convirtió a Hungría en uno de los casos más duros dentro de Europa en materia de cumplimiento cripto. Aunque varios países han endurecido reglas contra lavado de dinero, fraude y operación no autorizada de plataformas, el uso de penas penales para transacciones cripto generó dudas sobre proporcionalidad, compatibilidad con el mercado único europeo y consistencia con el marco regulatorio regional.

Zoltán Tanács, ministro de Ciencia y Tecnología de Hungría, anunció la semana pasada que el Gobierno planea eliminar esas sanciones. Según The Block, el funcionario caracterizó las reglas como “políticamente motivadas” y no como salvaguardas necesarias para el mercado. Esa declaración marca una ruptura explícita con la política anterior y sugiere una intención de reconstruir el marco cripto bajo criterios menos punitivos.

Impacto sobre plataformas y usuarios

La salida de plataformas como Revolut mostró que el régimen anterior no solo afectaba a exchanges cripto nativos, sino también a fintechs ampliamente utilizadas por consumidores europeos.

Cuando una empresa con escala regional suspende servicios por incertidumbre o severidad regulatoria, el resultado suele ser menos competencia, menor acceso y más fricción para los usuarios que desean operar de forma legal.

Para los consumidores húngaros, la despenalización podría reabrir el acceso a servicios cripto regulados, siempre que las plataformas consideren que el nuevo marco ofrece suficiente claridad. Sin embargo, la reversión de sanciones penales no implica necesariamente ausencia de regulación. Es probable que Hungría mantenga requisitos de licenciamiento, controles contra lavado de dinero, supervisión de proveedores y obligaciones de reporte, en línea con el marco europeo.

El caso también muestra una tensión habitual en la política cripto. Los gobiernos buscan controlar riesgos de fraude, evasión, lavado de dinero y protección al consumidor, pero una regulación demasiado restrictiva puede terminar expulsando a proveedores formales y reduciendo la supervisión efectiva. Cuando los usuarios pierden acceso a plataformas reguladas, pueden migrar hacia servicios extranjeros, aplicaciones descentralizadas o canales menos transparentes.

En ese sentido, el giro húngaro parece reconocer que la criminalización amplia del comercio cripto tuvo costos prácticos.

Según la portavoz gubernamental citada por Bloomberg, las normas coincidieron con una caída de la actividad en el país y con cuestionamientos desde la Unión Europea. La revisión podría buscar un equilibrio más compatible con el mercado europeo de criptoactivos y con la operación de proveedores autorizados.

La presión del marco europeo

La decisión se produce en un contexto de mayor armonización regulatoria dentro de la Unión Europea. Con MiCA como marco común para proveedores de servicios de criptoactivos, los países miembros enfrentan menos margen para diseñar reglas nacionales que puedan chocar con la estructura regional. Si una normativa local restringe de forma excesiva servicios autorizados o crea barreras incompatibles con el bloque, puede quedar sujeta a revisión.

La investigación de la Unión Europea sobre las normas húngaras refleja precisamente esa preocupación. El objetivo del bloque es permitir que proveedores autorizados operen bajo reglas comunes, con protección al usuario y controles de cumplimiento, pero sin fragmentar el mercado. Una regulación nacional que introduce sanciones penales amplias para operaciones que podrían estar permitidas bajo otros marcos europeos puede generar conflictos de compatibilidad.

Para Hungría, revertir las reglas heredadas de la era Orbán también puede ser una señal política y económica. El país busca reducir fricciones con la Unión Europea en un área donde la regulación avanza rápidamente y donde otros Estados miembros compiten por atraer empresas de activos digitales. Jurisdicciones que ofrecen claridad legal sin criminalizar de forma excesiva la actividad pueden resultar más atractivas para fintechs, custodios, exchanges y proveedores de infraestructura.

El cambio también llega en un momento en que el mercado cripto europeo está más regulado, pero no necesariamente menos competitivo. Grandes plataformas buscan licencias MiCA, bancos exploran custodia de criptoactivos y fintechs integran servicios de compraventa. En ese entorno, mantener restricciones penales severas podía dejar a Hungría rezagada frente a otros países del bloque.

Un cambio de tono para el mercado cripto húngaro

La despenalización anunciada no resuelve por sí sola todos los desafíos regulatorios del país, pero sí cambia el tono. Hungría pasaría de un enfoque centrado en castigos penales a uno potencialmente más alineado con supervisión administrativa, licencias y cumplimiento. Para los usuarios, eso podría reducir el riesgo legal asociado a operar criptoactivos mediante plataformas autorizadas. Para las empresas, podría abrir la puerta a reconsiderar su presencia en el mercado húngaro.

El desenlace dependerá de los detalles finales de la reforma. Aún falta conocer cómo se reemplazarán las reglas existentes, qué requisitos aplicarán a proveedores locales y extranjeros, cómo se integrará el marco con MiCA y qué condiciones deberán cumplir plataformas que deseen reactivar servicios. También será clave observar si compañías que se retiraron o suspendieron operaciones, como Revolut, deciden volver a ofrecer productos cripto en el país.

Por ahora, el mensaje político es claro: Hungría busca corregir una regulación que terminó reduciendo actividad, espantando proveedores y atrayendo escrutinio europeo. En un mercado donde la claridad regulatoria es cada vez más importante, la decisión de eliminar penas de cárcel puede ser el primer paso hacia un marco menos punitivo y más compatible con la integración europea de los activos digitales.
Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA  

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