Por Canuto  

El Departamento de Defensa de EE. UU. habría incorporado a veteranos conservadores con grandes audiencias digitales, mientras sus vínculos laborales permanecían fuera de sus mensajes políticos.
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  • Rob Maness y Kurt Schlichter aparecen vinculados a empleos civiles dentro del Pentágono y a la oficina de Anthony Tata.
  • Los influencers promueven temas de guerra cultural asociados con Pete Hegseth y atacan a críticos de la administración Trump.
  • El caso plantea dudas sobre transparencia, divulgación de conflictos y el uso de fondos públicos para figuras partidistas.

Una red política dentro del Pentágono

El secretario de Guerra Pete Hegseth estaría construyendo en secreto una red de veteranos convertidos en influencers, de acuerdo con una investigación publicada por The Washington Post. El Departamento de Defensa incorporó a varios exmilitares conservadores con audiencias relevantes en redes sociales para desempeñar funciones civiles dentro del Gobierno, aunque los registros disponibles no detallan con claridad sus cargos ni las tareas específicas que recibieron.

La relevancia del caso no está únicamente en el número de seguidores de estas figuras, sino en la coincidencia entre sus mensajes públicos y los temas políticos que Hegseth ha convertido en parte visible de su agenda. Según la información revisada, los influencers han promovido asuntos de guerra cultural y han atacado a críticos de la administración Trump mientras mantenían vínculos laborales con una institución financiada por los contribuyentes.

Entre los nombres identificados aparecen Rob Maness, coronel retirado de la Fuerza Aérea con más de 135.000 seguidores en X, y Kurt Schlichter, coronel retirado del Ejército, columnista y figura con casi 620.000 seguidores en la misma plataforma. Ambos mantuvieron direcciones de correo electrónico gubernamentales con el sufijo “.civ” hasta esta semana, un indicio de que figuraban como empleados civiles del Pentágono.

Los registros también los ubicaban en la oficina de Anthony Tata, subsecretario responsable de personal y preparación, según personas familiarizadas con el asunto y documentos revisados. La información no establece que los dos hombres recibieran instrucciones para publicar mensajes concretos, pero sí muestra que sus actividades políticas en línea coexistían con una relación laboral dentro del aparato de defensa estadounidense.

Los nombres y sus explicaciones

Maness y Schlichter no respondieron a la solicitud de comentarios realizada por el medio que reportó la investigación. Sin embargo, Maness difundió una reacción que parecía referirse al informe y escribió: “No lo olviden niños, los medios del régimen siguen siendo noticias falsas”, una respuesta que mantuvo el tono de confrontación política presente en sus publicaciones habituales.

La ausencia de una divulgación clara sobre sus empleos públicos adquiere importancia porque ambos defendían de forma constante a la administración Trump ante sus seguidores. Un lector podía conocer sus opiniones políticas y su experiencia militar, pero no necesariamente saber que, al mismo tiempo, aparecían en los registros como trabajadores civiles del Departamento de Defensa.

Otro caso señalado es el de Thomas Anderson, un abogado que escribe bajo el seudónimo de “Cynical Publius” para una audiencia superior a 323.000 seguidores. Personas familiarizadas con el asunto y documentos del Pentágono lo vincularon también con la oficina de Tata, aunque la semana pasada ya no aparecía como empleado activo en los registros disponibles.

Anderson explicó que lo invitaron a integrar un grupo de trabajo especial dedicado a estudiar los colegios superiores de servicio militar de Estados Unidos. Su incorporación habría ocurrido después de que publicara en febrero un artículo titulado “Making the War Colleges Great Again”, y afirmó que su participación terminó en julio, sin recibir compensación gubernamental por sus escritos.

Transparencia, propaganda y empleo público

En una publicación, Anderson sostuvo: “En ningún momento he recibido compensación de ningún tipo de ninguna fuente gubernamental de ningún tipo por nada de lo que escribo o haya escrito en X o en ninguna revista u otra fuente”. También afirmó que quienes dijeran lo contrario lo estaban difamando, una respuesta que distingue entre el trabajo realizado para un grupo de estudio y los ingresos derivados de su actividad editorial o digital.

La diferencia resulta relevante para evaluar el alcance del caso. Una persona puede participar en una comisión o grupo de trabajo sin recibir pagos por sus opiniones, pero su vínculo institucional sigue siendo un dato que ayuda a la audiencia a interpretar sus mensajes, especialmente cuando esos mensajes defienden a los responsables políticos de la misma administración.

El seudónimo elegido por Anderson también tiene una carga histórica: Alexander Hamilton, James Madison y John Jay publicaron conjuntamente los Federalist Papers bajo el nombre de “Publius”. En el caso contemporáneo, la referencia clásica convive con una cuenta política de gran alcance y con una relación temporal con el Pentágono, elementos que alimentan el debate sobre identidad, autoridad y transparencia en la comunicación pública.

La semana pasada, The Bulwark informó además que Jennica Pounds, la mujer de Utah detrás de la cuenta conservadora DataRepublican, figuraba desde julio como “empleado gubernamental especial” del Departamento de Defensa. Pounds lanzó el viernes una herramienta pública llamada DSA Explorer, que describió como un mapa interactivo de los Socialistas Democráticos de América y de la red más amplia de solidaridad antiimperialista.

El alcance de la estrategia digital

La contratación de figuras con audiencias propias ofrece al Gobierno una vía de comunicación distinta de los canales oficiales. Los influencers pueden difundir mensajes con un lenguaje más combativo y una relación más directa con sus seguidores, pero esa ventaja también puede borrar la frontera entre una opinión personal, una campaña partidista y una comunicación respaldada por recursos públicos.

En este caso, la información disponible no precisa cuáles eran las asignaciones oficiales de Maness, Schlichter, Anderson o Pounds ni qué autoridad supervisaba sus publicaciones. Esa falta de detalle impide concluir que el Pentágono haya pagado mensajes políticos específicos, aunque sí deja abierta una pregunta sobre los criterios utilizados para incorporar a comunicadores partidistas en funciones civiles.

El sufijo “.civ” en los correos electrónicos y las referencias a las oficinas del Departamento de Defensa aportan señales documentales sobre los vínculos laborales, pero no describen por sí solos el contenido de cada puesto. Para determinar si existieron conflictos de interés, sería necesario conocer los contratos, las funciones formales, la duración de cada asignación y las reglas de divulgación aplicables a los empleados civiles y especiales.

Mientras esos datos no estén disponibles, el episodio seguirá siendo interpretado a través de la actividad pública de los involucrados: defensa de Trump, ataques contra sus críticos y promoción de asuntos culturales afines a Hegseth. El debate central no es solamente quién tiene una audiencia grande, sino si los ciudadanos pueden identificar cuándo una voz política habla como comentarista independiente y cuándo lo hace desde una posición relacionada con el Estado.

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