Por Canuto  

La Oficina de Responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos calculó que las agencias federales gastaron unos USD $9.500 millones en salarios asociados con licencias administrativas pagadas durante 2025, un costo seis veces superior al de 2023.
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  • La GAO estimó que hasta USD $6.700 millones estuvieron asociados con el programa de renuncia diferida de la administración Trump.
  • La Casa Blanca afirmó que unos 75.000 empleados federales aceptaron la oferta de renuncia diferida.
  • La Oficina de Personal defendió el programa y sostuvo que permitiría ahorrar más de USD $20.000 millones.

El costo de la reducción gubernamental

La reducción del gobierno federal impulsada por el Departamento de Eficiencia Gubernamental, conocido como DOGE, estuvo acompañada por una factura de aproximadamente USD $9.500 millones en salarios correspondientes a licencias administrativas pagadas durante 2025. La cifra aparece en un informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, GAO por sus siglas en inglés, un órgano de fiscalización del Congreso estadounidense.

La GAO estimó que el costo de esas licencias aumentó aproximadamente seis veces entre 2023 y 2025. Por ello, no corresponde describir el dato como un incremento de 435%: el informe resumido por la propia agencia habla de un aumento de seis veces. El cálculo se refiere a los salarios pagados durante periodos en los que los empleados no desempeñaban sus funciones habituales.

El monto no equivale necesariamente a un único desembolso ni constituye, por sí solo, una evaluación completa de los ahorros de DOGE. Representa el costo salarial identificado por la GAO en los registros de las agencias examinadas y debe compararse con cualquier ahorro posterior utilizando la misma metodología.

El hallazgo reavivó la discusión sobre la diferencia entre reducir el número de empleados y disminuir el gasto total de manera inmediata. Mientras los defensores del programa presentan la salida de trabajadores como una forma de adelgazar la estructura estatal, sus críticos sostienen que pagar salarios durante el periodo de transición convirtió la promesa de eficiencia en un costo significativo para los contribuyentes.

La renuncia diferida y sus beneficiarios

Hasta USD $6.700 millones del gasto en licencias administrativas pagadas estuvieron asociados con el programa de renuncia diferida de la administración Trump, de acuerdo con el informe. La iniciativa ofreció a empleados federales la posibilidad de abandonar sus puestos mientras conservaban temporalmente su remuneración y beneficios.

La oferta se presentó en enero de 2025 a cerca de 2 millones de trabajadores federales. Quienes la aceptaran podían continuar recibiendo salario completo y beneficios hasta el 30 de septiembre de ese año. El diseño buscaba acelerar la salida de personal sin recurrir únicamente a despidos directos, aunque implicaba mantener pagos para personas que ya no realizaban sus tareas habituales.

La Casa Blanca afirmó que unos 75.000 empleados aceptaron la oferta. Esta cifra difiere de la estimación de 139.963 incluida en el borrador inicial; por ese motivo, la cantidad más alta no se presenta aquí como un dato confirmado.

La controversia no se limita al monto, sino también al tipo de experiencia que abandonó el gobierno. Patty Murray, vicepresidenta del Comité de Asignaciones del Senado, afirmó que la administración gastó miles de millones para expulsar a trabajadores experimentados y necesarios, incluidos profesionales dedicados a investigar curas contra el cáncer y proteger los parques nacionales.

El choque entre la GAO y la Oficina de Personal

Murray cuestionó públicamente la lógica financiera de la operación y sostuvo que, después de prometer recortar el desperdicio, la administración terminó pagando a personas por no realizar trabajos que consideraba valiosos. La senadora describió la medida como una forma especialmente costosa de deteriorar el funcionamiento del gobierno, al perder especialistas mientras se mantenían sus pagos durante el periodo de salida.

La Oficina de Personal rechazó esa lectura de los resultados de la GAO y pidió distinguir entre el gasto inicial y el ahorro proyectado. La agencia defendió el programa como una inversión extraordinaria que permitiría ahorrar más de USD $20.000 millones mediante la reducción de la plantilla federal.

Con esa comparación, la Oficina de Personal presentó el gasto como un costo de transición frente a ahorros futuros. Sin embargo, esa proyección no demuestra por sí sola cuánto del ahorro ya se materializó ni permite confirmar que se mantendrá en los años siguientes.

La diferencia entre ambas posiciones refleja dos maneras de medir la política. La GAO puso el foco en el dinero desembolsado y en el aumento de las licencias pagadas, mientras la Oficina de Personal resaltó los ahorros futuros; por ello, la disputa combina un costo documentado con beneficios proyectados.

DOGE, Musk y el balance político

La reducción del gobierno federal fue una de las políticas centrales de la campaña presidencial de Donald Trump en 2024 y contó con el respaldo de Elon Musk, director ejecutivo de SpaceX. Tras la llegada de Trump a la Casa Blanca, Musk se convirtió en una de las figuras públicas vinculadas con DOGE, cuyo nombre coincide con el de la criptomoneda inspirada en memes.

La conexión entre DOGE y la moneda digital pertenece principalmente al terreno de la marca y la cultura política, no a la mecánica presupuestaria descrita por el informe. En este caso, la cuestión financiera se refiere a nóminas federales, licencias administrativas y beneficios laborales.

La información citada en la historia señala que la estructura de DOGE cerró oficialmente en julio y que Musk abandonó la administración antes de esa fecha. No obstante, esos hechos no modifican el cálculo de la GAO sobre los pagos realizados durante 2025.

El sitio web oficial de DOGE estima que sus esfuerzos generaron alrededor de USD $215.000 millones en ahorros totales. Esa cifra no puede compararse directamente con los USD $9.500 millones calculados por la GAO para las licencias administrativas, porque corresponden a conceptos y metodologías diferentes. La existencia de un ahorro neto dependerá de que las estimaciones de DOGE puedan verificarse y de que los ahorros proyectados se mantengan.

La discusión deja una pregunta abierta para el Congreso y para los contribuyentes: si una reforma administrativa reduce cientos de miles de puestos, ¿debe juzgarse por el gasto de salida, por el ahorro anual esperado o por la calidad de los servicios que permanecen? El informe de la GAO aporta una cifra concreta sobre el costo inicial, mientras la defensa oficial apuesta a que el tiempo convierta ese desembolso en una reducción permanente del gasto.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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