Por Canuto  

El Comité de Comercio del Senado de EE.UU. aprobó por 18 votos contra 10 un proyecto que permitiría demandar a funcionarios federales por presionar a empresas privadas para censurar discursos protegidos. La iniciativa aún debe superar el pleno del Senado y la Cámara de Representantes, mientras el caso de Jimmy Kimmel y las amenazas contra emisoras de ABC elevan la tensión sobre la libertad de expresión.
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  • Votación: El Comité de Comercio aprobó la medida con 18 votos a favor y 10 en contra.
  • Alcance: Los ciudadanos podrían demandar a empleados federales que presionen a empresas privadas para suprimir discursos protegidos por la Primera Enmienda.
  • Próximos pasos: El proyecto todavía necesita ser considerado por el pleno del Senado y aprobado por la Cámara de Representantes para convertirse en ley.

El Comité de Comercio del Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley destinado a impedir que funcionarios gubernamentales presionen a empresas privadas para censurar discursos protegidos por la Primera Enmienda. La votación terminó con 18 votos a favor y 10 en contra, en una señal de respaldo bipartidista a una iniciativa que ahora enfrenta un camino legislativo más amplio antes de adquirir fuerza legal.

La propuesta permitiría que los ciudadanos demanden a empleados federales cuando estos presionen a compañías privadas para suprimir expresiones amparadas constitucionalmente. Reuters reportó que los impulsores de la medida citaron las amenazas de la administración de Donald Trump contra programas de entrevistas nocturnos como evidencia de intentos oficiales por restringir la libertad de expresión.

Un proyecto con respaldo de ambos partidos

Tanto los republicanos como los demócratas del comité describieron el proyecto como una herramienta necesaria para contener los excesos del Gobierno. Aunque las dos bancadas suelen discrepar sobre el papel de las plataformas digitales, los medios de comunicación y las agencias federales, en esta ocasión coincidieron en que el poder público no debería utilizar su autoridad para forzar decisiones editoriales de compañías privadas.

La iniciativa no convierte automáticamente en ilegal cualquier crítica de un funcionario contra una empresa, un programa o una plataforma. Su objetivo, según la descripción presentada al comité, es abrir la puerta a acciones judiciales cuando exista presión oficial orientada a que una compañía suprima un discurso que la Constitución protege, una distinción que podría adquirir importancia en futuros litigios.

La senadora Maria Cantwell, principal demócrata del Comité de Comercio, sostuvo que la ley habría permitido actuar contra una intervención relacionada con Jimmy Kimmel, conductor del programa nocturno de ABC, propiedad de Disney. Según Cantwell, el presentador habría podido demandar si la norma hubiese estado vigente cuando Brendan Carr presionó en 2026 a propietarios de estaciones para que dejaran de transmitir el programa tras comentarios de Kimmel sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

La discusión refleja una preocupación que trasciende a la televisión tradicional y alcanza también a las grandes empresas tecnológicas, las redes sociales y otros intermediarios privados de información. Para los legisladores que respaldan el proyecto, el riesgo no consiste únicamente en una orden escrita de censura, sino también en amenazas regulatorias, advertencias sobre licencias o presiones que hagan costoso para una compañía mantener un contenido al aire.

El conflicto por Jimmy Kimmel y las licencias

El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, quedó en el centro del debate por sus advertencias relacionadas con Disney y las emisoras locales. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles afirmó que el proyecto habría impedido que Carr amenazara con las licencias de estaciones de televisión que continuaran transmitiendo el programa de Jimmy Kimmel después de sus comentarios, una postura que convirtió el caso en ejemplo central para los defensores de la iniciativa.

Donald Trump ha pedido repetidamente que ABC pierda sus licencias por contenidos que le desagradan, de acuerdo con la información de la noticia. En abril de 2026, la Comisión Federal de Comunicaciones abrió un procedimiento de revisión anticipada y pidió a las ocho estaciones de ABC propiedad de Disney que presentaran sus solicitudes de renovación, aunque esas autorizaciones no estaban programadas para ser consideradas antes de octubre de 2028.

La revisión anticipada fue especialmente llamativa porque la Comisión Federal de Comunicaciones no había ordenado una medida semejante en más de 50 años antes de abril. El procedimiento ocurrió un día después de que Trump instara a ABC a despedir a Kimmel, lo que alimentó las críticas de quienes ven una conexión entre las declaraciones políticas y el uso de poderes regulatorios.

Trump también pidió este mes que la Comisión Federal de Comunicaciones reprendiera o castigara a Kristen Welker, periodista de NBC, propiedad de Comcast, después de que ella señalara que el desempeño del presidente republicano al respaldar candidatos políticos había sido mixto. Disney y un portavoz de Carr no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios mencionadas en el reporte.

Las acusaciones cruzadas sobre censura

El presidente del Comité de Comercio, Ted Cruz, respaldó el proyecto mientras cuestionaba acciones de la administración del entonces presidente Joe Biden. Cruz afirmó que ese Gobierno había buscado presionar a grandes empresas tecnológicas para cancelar a estadounidenses que se oponían a los mandatos de vacunación y a lo que describió como fraude electoral, aunque esas afirmaciones fueron presentadas por él como parte de su argumento político.

La intervención de Cruz muestra que el debate no está limitado a las actuaciones de la administración actual ni a un solo sector de medios. El senador también recordó que había criticado duramente a Carr el año pasado, pocos días después de que el funcionario amenazara con las licencias de Disney y de emisoras locales por contenidos que consideraba problemáticos.

En aquella ocasión, Cruz calificó los comentarios de Carr como “peligrosos como el infierno” y comparó la presión sobre las empresas con una escena de la película Buenos muchachos. El senador evocó la imagen de un mafioso que entra a un bar y advierte que sería una pena que algo le ocurriera, una metáfora destinada a describir el efecto intimidatorio que pueden producir las amenazas regulatorias sobre una compañía.

La ACLU, por su parte, presentó el proyecto como una defensa frente a la coerción gubernamental, especialmente cuando una autoridad vincula la continuidad de una emisión con la renovación de una licencia. La medida todavía no resuelve por sí sola la disputa sobre los límites entre regulación, crítica política y censura, pero sí intentaría ofrecer a los afectados una vía judicial para examinar esa frontera.

El camino legislativo que falta

La aprobación en el Comité de Comercio representa solo una etapa inicial del proceso. El proyecto debe llegar al pleno del Senado, aunque todavía no existe claridad sobre cuándo podría ser considerado, y después tendría que recibir la aprobación de la Cámara de Representantes antes de convertirse en ley.

Ese recorrido puede abrir nuevas discusiones sobre el alcance de las demandas, la definición de discurso protegido y el tipo de conducta oficial que justificaría una reclamación. También podría enfrentar diferencias entre legisladores que apoyan el principio general de impedir la coerción, pero discrepan sobre la manera de aplicarlo a empresas tecnológicas, cadenas de televisión y emisoras sujetas a licencias federales.

El caso de ABC añade una dimensión práctica al debate porque involucra un programa identificado, estaciones concretas y una revisión de licencias adelantada varias décadas respecto del calendario previsto. Para los críticos de la actuación de la Comisión Federal de Comunicaciones, esa combinación puede hacer que una advertencia pública tenga efectos similares a una orden, incluso cuando la autoridad no emita una instrucción directa de retirar un contenido.

Para los defensores de la propuesta, la prioridad será evitar que cualquier administración utilice el poder regulatorio para castigar a medios, plataformas o empresas por sus opiniones. La votación de 18 a 10 muestra que existe una base política para discutir ese principio, pero el futuro de la medida dependerá de si conserva ese respaldo cuando abandone el comité y llegue a las dos cámaras del Congreso.

Mientras el Congreso evalúa la iniciativa, las amenazas contra programas nocturnos y periodistas mantienen abierta una disputa sobre quién debe decidir qué discursos permanecen disponibles para el público. El proyecto busca que esa decisión no quede determinada por el temor de una empresa a perder una licencia o enfrentar represalias oficiales.

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Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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