Por Canuto  

The Intercept y la Freedom of the Press Foundation demandaron al presidente Donald Trump y a su equipo por el plan Truth API, que vende acceso anticipado a las publicaciones presidenciales por hasta USD $100.000 al mes. La demanda alega violaciones a la Primera y Quinta Enmienda, y busca frenar un esquema que permitiría a Trump enriquecerse privatizando información gubernamental.

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  • The Intercept y la Freedom of the Press Foundation demandaron a Trump por el plan Truth API, que ofrece acceso anticipado a sus publicaciones por hasta USD $100.000 al mes.
  • La demanda alega violaciones a la Primera y Quinta Enmienda al dar acceso preferencial a información oficial solo a quienes paguen, lo que además permite a Trump lucrarse con declaraciones públicas.
  • Truth API ya tiene diez clientes pagados y la empresa Trump Media & Technology Group espera convertirlo en una fuente recurrente de ingresos de alto margen.

 

 

The Intercept y la Freedom of the Press Foundation han presentado una demanda federal contra el presidente Donald Trump y varios de sus colaboradores por el plan Truth API, un servicio que vende acceso anticipado a las publicaciones de Trump en Truth Social por hasta USD $100.000 al mes. La acción legal, radicada en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, sostiene que el esquema viola la Primera Enmienda y la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

La demanda, apoyada por Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), la Clínica de Acceso a la Información y Libertad de Prensa de la Facultad de Derecho de Yale, The Public Integrity Project y Altshuler Berzon LLP, busca impedir que Trump y la Casa Blanca implementen este plan. Según los demandantes, la iniciativa permitiría a Trump enriquecerse privatizando información gubernamental que no tiene derecho a vender.

El plan Truth API y sus implicaciones constitucionales

Truth API fue anunciado el 16 de julio por la empresa matriz de Truth Social, Trump Media & Technology Group, como un servicio que otorga a los suscriptores acceso temprano a las publicaciones del presidente y otros funcionarios. El costo mensual varía entre USD $60.000 y USD $100.000, y la empresa ya ha firmado diez clientes desde su lanzamiento el 1 de agosto.

El director ejecutivo interino de Trump Media, Kevin McGurn, describió el servicio como un flujo directo y licenciado de las “Truths más influyentes del mercado” que impulsará la estrategia de monetizar activos propietarios. McGurn afirmó que Truth API generará ingresos recurrentes de alto margen y valor duradero para los accionistas, entre los que Trump es el mayor beneficiario.

Trump posee aproximadamente el 41,43% de las acciones de Trump Media a través de The Donald J. Trump Revocable Trust, su fideicomiso personal. Su participación, que estaba valorada en USD $4 mil millones cuando asumió el cargo en enero de 2025, ha caído a alrededor de USD $1 mil millones según la demanda, debido a la depreciación de las acciones de la empresa.

La demanda argumenta que el acceso preferencial a los anuncios presidenciales viola la Primera Enmienda, que garantiza igualdad de acceso a la información oficial. También sostiene que la Quinta Enmienda prohíbe imponer condiciones irrazonables sobre la disponibilidad de beneficios gubernamentales, y que cobrar sumas tan elevadas por información pública es inconstitucional.

Ben Muessig, editor jefe de The Intercept, declaró que “Trump está tratando de enriquecerse privatizando información gubernamental que no tiene derecho a vender”. Por su parte, Seth Stern, jefe de Defensa de la Freedom of the Press Foundation, calificó el plan como “descarriladamente corrupto“ y señaló que Trump utiliza Truth Social para reprender a los periodistas y luego los obliga a esperar detrás de clientes que pagan.

Historia de Truth Social y pérdidas financieras

Truth Social fue lanzada en 2022 como una plataforma de redes sociales creada por Trump después de ser expulsado de Twitter y otras redes en enero de 2021, tras el intento de insurrección en el Capitolio. Trump Media & Technology Group se formó semanas después de la prohibición y la empresa se hizo pública en 2024 mediante una fusión con una SPAC, un proceso que suele estar sujeto a menos escrutinio que una oferta pública inicial.

Desde que regresó a la Casa Blanca, Trump ha utilizado Truth Social como su principal medio de comunicación oficial, anunciando desde nombramientos y despidos hasta acciones militares y política exterior. A pesar del reconocimiento de su marca, la empresa ha enfrentado pérdidas significativas: McGurn reveló en una llamada de ganancias que las pérdidas del segundo trimestre ascendieron a USD $238 millones.

El plan Truth API se presenta como un intento de hacer rentable la empresa, pero los críticos lo ven como una puerta lateral para el tráfico de influencias. Justin Sun, un magnate cripto, invirtió USD $30 millones en World Liberty Financial, una empresa de la familia Trump, poco después de resolver una investigación de la SEC. Otros inversores con intereses en ganarse el favor de Trump han sido identificados por los demandantes.

Molly White, investigadora crítica de las empresas cripto de Trump, señaló que “la escala de autoenriquecimiento es simplemente sin precedentes” en la historia presidencial estadounidense. La senadora Elizabeth Warren y el senador Adam Schiff escribieron una carta a la SEC el mes pasado, denunciando que Trump usa Truth Social para promocionar acciones individuales como CitiGroup, Palantir e Intel, y calificaron Truth API como un abuso impactante del cargo.

Reacciones y posibles consecuencias

La demanda busca una orden judicial que impida a Trump y a la Casa Blanca implementar el plan Truth API. Los demandantes incluyen a Natalie Harp, asistente ejecutiva de Trump; Daniel Scavino, subjefe de gabinete; la Oficina Ejecutiva del Presidente y la Oficina de la Casa Blanca. Hasta ahora, ni los demandados ni Trump Media han respondido a las solicitudes de comentarios.

Nikhel Sus, consejero principal de CREW, afirmó que “el presidente Trump pisoteando la Constitución en aras de su lucro personal no es nada nuevo, pero este último plan es obsceno“. La profesora Stacy Livingston, de la Facultad de Derecho de Yale, dijo que “la democracia estadounidense no puede existir sin una prensa libre y un público informado”, y que Truth API marca el intento más egoísta de Trump de socavar esos derechos.

Brendan Ballou, CEO de The Public Integrity Project, declaró que “las declaraciones públicas del presidente son para el público, no para unos pocos ricos”. BJ Chisholm, socio director de Altshuler Berzon LLP, subrayó que “la Primera Enmienda no está abierta a debate” y que el presidente no puede dejarla de lado para obtener beneficios personales.

La demanda también menciona que Trump Media planea impedir que los usuarios recopilen sistemáticamente publicaciones de la plataforma, lo que limitaría aún más el acceso de los periodistas a información oficial. El resultado de este caso podría sentar un precedente importante sobre los límites de monetización de las redes sociales presidenciales y el derecho del público a acceder a la información gubernamental.

Mientras tanto, los inversores y el público observan con atención si el tribunal bloquea Truth API o permite que Trump continúe cobrando por el acceso anticipado a sus Truths. La decisión podría afectar tanto a las finanzas de Trump Media como al equilibrio entre libertad de prensa y los derechos de un presidente en ejercicio.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA

 


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