Por Canuto  

El gobierno de Estados Unidos aceleró las demandas civiles para revocar ciudadanías obtenidas por naturalización: 105 casos llegaron a tribunales federales durante los primeros siete meses de 2026, incluidos 50 solo en julio. El aumento refleja una estrategia que combina más personal, tecnología de identificación y una directriz del Departamento de Justicia, mientras expertos advierten sobre el riesgo de perseguir casos débiles y debilitar la sensación de seguridad de millones de ciudadanos.
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  • Al menos 105 demandas civiles de desnaturalización fueron presentadas entre enero y julio de 2026, según datos de TRAC.
  • Florida registró 19 casos, mientras Texas y Maryland contabilizaron 10 cada uno durante el mismo período.
  • Expertos atribuyen el aumento a la centralización de USCIS, nuevas herramientas tecnológicas y la prioridad fijada por el Departamento de Justicia.

La administración de Donald Trump intensificó la búsqueda de ciudadanos estadounidenses naturalizados a quienes pretende retirarles ese estatus, en un giro que elevó con rapidez el número de demandas federales. Al menos 105 acciones civiles de desnaturalización fueron presentadas durante los primeros siete meses de 2026, de acuerdo con datos del Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse, y 50 de ellas llegaron a los tribunales únicamente en julio.

El volumen contrasta con los aproximadamente 125 casos registrados en todo el país entre 2008 y 2025, según el mismo seguimiento de expedientes judiciales. La desnaturalización no cancela una solicitud pendiente, sino que busca revocar una ciudadanía ya concedida, por lo que cada proceso puede desembocar en la pérdida del estatus y, dependiendo de las circunstancias, en procedimientos de expulsión.

Una herramienta legal que vuelve al centro de la política migratoria

La desnaturalización es un procedimiento civil mediante el cual el gobierno federal sostiene que una persona obtuvo su ciudadanía mediante fraude, tergiversación u ocultamiento de información relevante durante la naturalización. USCIS puede identificar e investigar posibles irregularidades, pero el Departamento de Justicia generalmente debe presentar una demanda ante un tribunal federal para intentar retirar el estatus.

La decisión final corresponde a un juez, quien debe evaluar si el gobierno cumplió con la carga legal exigida para despojar a una persona de su ciudadanía. Los demandados pueden cuestionar las acusaciones y contar con representación legal, aunque los casos civiles no garantizan un abogado designado por el tribunal, según la profesora Cassandra Burke Robertson, de la Facultad de Derecho de Case Western Reserve University.

Ricky Murray, exalto funcionario de USCIS, describió el ritmo actual como extraordinariamente alto y lo vinculó con una combinación de personal adicional, tecnología más avanzada, nuevas políticas internas y una revisión más intensa de decisiones migratorias anteriores. A su juicio, esos factores crearon las condiciones para que expedientes que antes permanecían dispersos o sin seguimiento llegaran con mayor frecuencia a los fiscales federales.

El precedente constitucional también limita el alcance de esta herramienta. En 1967, la Corte Suprema sostuvo en Afroyim v. Rusk que el gobierno no puede privar involuntariamente de la ciudadanía a una persona que ya la posee. La desnaturalización, sin embargo, se refiere a la revocación judicial de una naturalización cuando el gobierno demuestra que fue obtenida ilegalmente, por fraude o mediante una tergiversación material; no equivale a retirar la ciudadanía por una conducta desfavorable posterior.

Más demandas, más estados y una directriz de persecución

La Universidad de Syracuse informó que las demandas presentadas entre enero y julio abarcaron al menos 37 estados y el Distrito de Columbia. Florida encabezó la lista con 19 casos, seguida por Texas y Maryland, con 10 cada uno, mientras California registró cinco nuevas acciones después de haber acumulado 21 durante todo el período comprendido entre 2008 y 2025.

El salto de julio fue especialmente pronunciado: las 50 demandas de ese mes casi igualaron el total de 55 casos detectados durante los seis meses anteriores de 2026. El análisis se basa en registros de tribunales federales y cuenta las acciones civiles promovidas por el gobierno para revocar ciudadanías, no investigaciones internas que todavía no se han convertido en litigios.

El Departamento de Justicia convirtió la desnaturalización en una prioridad mediante una directriz emitida en junio de 2025 por su División Civil. El documento ordenó a los abogados priorizar y perseguir al máximo los procedimientos permitidos por la ley y respaldados por la evidencia, con atención a fraude intencional, determinadas conductas delictivas y preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional.

USCIS defendió la política y afirmó que mantiene tolerancia cero frente a quienes mientan o se tergiversen durante el proceso de naturalización. Su portavoz, Zach Kahler, dijo que la agencia está trabajando con el Departamento de Justicia para recomendar y perseguir de forma agresiva los casos en los que la ciudadanía se hubiera obtenido mediante fraude, mientras promete un escrutinio más exhaustivo de los expedientes migratorios.

La infraestructura que permite ampliar los casos

Históricamente, los posibles casos surgían de investigaciones de la Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional de USCIS o de revisiones activadas cuando una persona solicitaba otro beneficio migratorio. Murray explicó que las oficinas locales solían enfrentar poco personal, prioridades simultáneas y experiencia limitada para preparar asuntos complejos que luego debían presentar los fiscales federales.

La administración actual destinó más recursos a revisar expedientes y convirtió la desnaturalización en una prioridad interna y pública. Murray también señaló que USCIS estableció objetivos mensuales en diciembre de 2025, metas que parecían ambiciosas debido al tiempo necesario para investigar cada caso, reunir pruebas y construir una demanda jurídicamente sólida.

El exfuncionario agregó que USCIS centralizó parte del trabajo, incorporó herramientas capaces de conectar nombres, identidades, huellas dactilares y registros migratorios, y aumentó la revisión de decisiones aprobadas en el pasado. Esa arquitectura no determina por sí sola qué casos escoge una administración, pero permite detectar, desarrollar y remitir expedientes con mayor rapidez y a una escala mayor.

Adam Klein, cofundador de Globali.ai y exfuncionario del Departamento de Seguridad Nacional, sostuvo que el aumento demuestra cómo una capacidad operativa construida durante años puede adquirir una relevancia mucho mayor cuando cambia la política del gobierno. La decisión del Departamento de Justicia de dar prioridad a los litigios civiles también redujo, en su opinión, una barrera institucional que antes limitaba la presentación de demandas.

El debate sobre los límites y las consecuencias

El crecimiento actual supera ampliamente los promedios históricos citados por el Brennan Center for Justice, que calculó unas 11 acciones de desnaturalización por año entre 1990 y 2017. Durante el primer mandato de Trump, la cifra subió a aproximadamente 25 casos anuales, mientras que el ritmo observado durante su segundo mandato fue descrito por Robertson como históricamente extraordinario.

Robertson señaló que niveles comparables no se habían observado desde antes de las restricciones fijadas por la Corte Suprema en 1967. También recordó que estos procesos no tienen un estatuto de limitaciones reconocido y exigen pruebas claras y convincentes, un estándar superior al de algunos procedimientos civiles, aunque inferior a la prueba más allá de toda duda razonable exigida en un proceso penal.

La profesora advirtió que el aumento de objetivos de aplicación y de demandas puede incentivar la presentación de casos marginales o débiles. Las personas con menos recursos suelen tener mayores dificultades para defenderse, por lo que una expansión cuantitativa del programa podría afectar de forma desproporcionada a quienes no pueden contratar asesoría legal especializada.

El debate alcanza a una comunidad amplia: el Migration Policy Institute estimó que unos 25,8 millones de ciudadanos naturalizados vivían en Estados Unidos en 2024. USCIS naturalizó a 818.500 personas durante el año fiscal 2024 y señaló que casi 8 millones de inmigrantes obtuvieron la ciudadanía estadounidense durante la última década.

La principal preocupación de los críticos no es que el gobierno investigue fraudes demostrados, sino que la búsqueda de más casos convierta errores antiguos o inconsistencias menores en amenazas contra un estatus que la ciudadanía considera permanente. En palabras de Robertson, la expansión puede hacer que la ciudadanía se sienta menos segura para quienes la obtuvieron mediante naturalización, incluso cuando no enfrentan acusaciones confirmadas.

El proceso seguirá dependiendo de decisiones judiciales individuales, pruebas documentales y la capacidad de cada demandado para impugnar los alegatos federales. Por ahora, el salto de 50 demandas en julio muestra que la desnaturalización dejó de ser una herramienta excepcional y se convirtió en uno de los componentes visibles de la ofensiva migratoria de la administración Trump.

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