Por Canuto  

La administración Trump se acerca a imponer un nuevo requisito para el sistema bancario estadounidense: pedir a los clientes pruebas de ciudadanía o estatus migratorio legal. La iniciativa, defendida por el secretario del Tesoro Scott Bessent, ha encendido alarmas por sus posibles costos, su impacto sobre millones de personas no bancarizadas y el alcance que podría tener sobre cuentas ya existentes.
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  • Scott Bessent dijo que los bancos deberán cumplir si el Tesoro y los reguladores les ordenan recopilar datos de ciudadanía.
  • La medida se perfila mediante una orden ejecutiva y forma parte de un esfuerzo más amplio de la administración Trump para vincular inmigración y recopilación de información.
  • Expertos y bancos advierten que verificar ciudadanía podría añadir entre 30 millones y 70 millones de horas de papeleo y costos de entre USD $2.600 millones y USD $5.600 millones.

 

Los bancos en Estados Unidos podrían entrar pronto en una nueva fase de controles de identidad. La administración del presidente Donald Trump avanza hacia una orden ejecutiva que exigiría a las entidades financieras recopilar datos de ciudadanía de sus clientes, una exigencia que hoy no forma parte de los requisitos estándar para abrir una cuenta bancaria en el país.

El impulso político detrás de la medida quedó claro esta semana. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo durante el Invest in America Forum en Washington, D.C., que las entidades deberán adaptarse si el Tesoro y los reguladores bancarios así lo disponen. Su mensaje fue directo: si las autoridades determinan que esa es tarea de los bancos, entonces los bancos tendrán que hacerla.

La propuesta se ha discutido desde hace meses, pero dio un nuevo paso al frente cuando Bessent señaló a inicios de semana, en una entrevista con CNBC, que la orden ejecutiva está “en proceso”. Eso sugiere que la Casa Blanca podría formalizar pronto una instrucción que cambiaría la relación entre verificación bancaria, ciudadanía y política migratoria.

El debate trasciende al sector bancario. También toca temas de inclusión financiera, costos regulatorios y control estatal sobre la información personal. Para una audiencia acostumbrada a seguir temas de criptoactivos, pagos digitales y supervisión financiera, el caso resulta relevante porque muestra cómo los gobiernos siguen endureciendo los filtros de acceso al sistema financiero tradicional.

Qué cambiaría para los bancos y sus clientes

En la actualidad, los bancos estadounidenses no exigen documentos de ciudadanía para abrir cuentas. Sí están obligados a verificar la identidad de sus clientes bajo las reglas de “conozca a su cliente”, conocidas como KYC, que forman parte del andamiaje regulatorio usado para combatir lavado de dinero, fraude y otros delitos financieros.

Ese marco incluye normas como la Bank Secrecy Act y la USA PATRIOT Act. Bajo esas reglas, las entidades suelen recopilar números de Seguro Social o un Individual Taxpayer Identification Number, además de nombre, fecha de nacimiento, dirección y otros documentos de identificación. El punto central es confirmar la identidad del cliente, no necesariamente su ciudadanía.

Bessent considera que ese esquema ya no basta. Durante su intervención sostuvo que no tiene sentido que “extranjeros nacionales desconocidos” puedan llegar y abrir cuentas bancarias sin que el banco determine si son ciudadanos estadounidenses, residentes con green card o personas con estatus legal o ilegal dentro del país.

Su argumento es que un banco no puede realmente conocer a su cliente si desconoce si esa persona tiene presencia legal en Estados Unidos. Según planteó, el principio de KYC debería extenderse más allá de la verificación de identidad y abarcar también el estatus migratorio y la ciudadanía.

Bessent añadió que en otros países es más común que la información de ciudadanía se exija para acceder a servicios bancarios, aunque no existe un mandato universal global. Aun así, insistió en que “todos los demás países lo hacen” y concluyó que deberían existir reglas más estrictas en Estados Unidos.

El vínculo con la agenda migratoria de Trump

La medida no surge de forma aislada. Forma parte de un esfuerzo más amplio de la administración Trump por conectar su política migratoria con la recopilación de información en diferentes ámbitos de la vida pública estadounidense. Ese impulso se ha extendido también a iniciativas vinculadas con votación y con el Censo.

Desde esa perspectiva, el sistema bancario aparece como otra infraestructura crítica donde el gobierno puede intentar reforzar controles. No se trata solo de cuentas nuevas. Algunos análisis ya advierten que el verdadero peso administrativo podría llegar si las autoridades exigen revisar también cuentas ya abiertas, algo que multiplicaría la escala del proceso.

El apoyo republicano a la idea no se limita al Ejecutivo. En marzo, el senador Tom Cotton presentó un proyecto de ley para exigir que bancos y cooperativas de crédito asegurados por la FDIC o la NCUA verifiquen que cualquier persona que abra una cuenta sea ciudadano estadounidense, residente permanente o alguien presente en el país con una visa válida.

Esa propuesta legislativa añadiría una verificación extra del estatus legal. Cotton ya había escrito al Tesoro en octubre pasado para pedir una revisión de las reglas que, a su juicio, permiten que extranjeros ilegales obtengan servicios financieros y acceso al sistema bancario estadounidense.

Otro punto relevante es el tipo de documento aceptable. Bessent ya había dicho antes que las Real IDs no serían consideradas documentos legales bajo la nueva orden ejecutiva, una precisión que podría afectar qué pruebas serían válidas en caso de adoptarse el nuevo esquema.

Los costos y riesgos de exclusión financiera

El sector bancario se ha opuesto al plan. La resistencia no responde solo a diferencias políticas, sino a preocupaciones operativas y económicas. Verificar ciudadanía y estatus migratorio no es lo mismo que validar identidad básica, y esa diferencia podría traducirse en mayores cargas de cumplimiento para instituciones grandes y pequeñas.

El American Action Forum, un centro de estudios de centroderecha, estimó en un análisis de marzo que un requisito de verificación de ciudadanía podría sumar entre 30 millones y 70 millones de horas de papeleo. En dinero, eso equivaldría a costos de entre USD $2.600 millones y USD $5.600 millones para las entidades financieras.

El propio análisis subrayó que revisar cuentas nuevas sería apenas una parte del problema. La organización advirtió que la falta de detalles hacía difícil estimar el costo de verificar a titulares de cuentas existentes, que podría ser mucho mayor si la obligación termina alcanzando la base completa de clientes.

También hay objeciones desde la política pública. Varios expertos han advertido que negar acceso al sistema bancario y a cuentas de depósito puede perjudicar a la economía. La razón es simple: cuando más personas quedan fuera del circuito bancario formal, aumenta la dependencia del efectivo y se profundiza la población no bancarizada.

Permitir que no ciudadanos, incluidos inmigrantes indocumentados, abran cuentas usando documentación como un ITIN les permite pagar impuestos y operar dentro del sistema formal. Según ese enfoque, mantener una puerta de acceso bancaria reduce fricciones económicas y mejora las oportunidades de movilidad social.

Estar fuera del sistema bancario suele limitar la capacidad de ahorrar de forma segura, construir historial financiero y acceder a productos básicos. En términos macroeconómicos, una mayor población no bancarizada también puede dificultar la circulación eficiente del dinero y restringir la participación de ciertos grupos en el crecimiento económico.

Un debate con implicaciones más amplias

La discusión abre preguntas de fondo sobre qué debe vigilar un banco y hasta dónde llega su función como brazo auxiliar del Estado. En años recientes, las exigencias de cumplimiento para bancos, fintech y plataformas cripto han crecido en nombre de la seguridad, la prevención del delito y la integridad del sistema financiero.

En ese contexto, la propuesta defendida por Bessent representa un endurecimiento adicional. Ya no bastaría con saber quién es el cliente y monitorear sus transacciones. El objetivo pasaría a ser también verificar si esa persona tiene derecho migratorio a estar en el país y, por extensión, a usar ciertos servicios financieros.

Bessent dejó poco margen para la ambigüedad en ese punto. Según declaró, los inmigrantes ilegales “no tienen derecho a estar en el sistema bancario”. Esa posición resume el enfoque político de la iniciativa y explica por qué la medida genera apoyo en un sector del electorado y fuerte inquietud en otros ámbitos económicos y sociales.

Por ahora, el punto clave es que la orden ejecutiva aún no se ha materializado, aunque su avance parece real. Si se concreta, los bancos en Estados Unidos podrían verse obligados a rediseñar procesos de onboarding, documentación y verificación en un plazo aún incierto, con consecuencias que irían mucho más allá de una simple actualización administrativa.

Para el ecosistema financiero en general, incluido el de pagos digitales y activos alternativos, la señal es clara. Washington sigue explorando formas de usar la infraestructura financiera como herramienta de control y clasificación. En un momento en que la identidad digital, la privacidad y el acceso financiero están cada vez más entrelazados, esta discusión podría tener efectos que superen con creces al sector bancario tradicional.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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