Por Canuto  

El Congreso boliviano aprobó un acuerdo de financiamiento del FMI por USD $1.900 millones, pero el programa aún necesita la aprobación del Directorio Ejecutivo del organismo. Rodrigo Paz enfrenta el costo político de la austeridad, la eliminación de los subsidios al combustible y la amenaza de nuevas protestas sindicales.
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  • El Congreso aprobó el acuerdo con apoyo de partidos de centroderecha y derecha, mientras el MAS quedó reducido a dos escaños en la Cámara de Diputados y ninguno en el Senado.
  • El acuerdo todavía necesita la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI antes de liberar los fondos y podría facilitar otros USD $5.000 millones de organismos multilaterales.
  • El Gobierno ya eliminó los subsidios a los combustibles y elevó sus precios, una medida que la Central Obrera Boliviana considera dañina para las familias.

El Congreso de Bolivia aprobó un acuerdo de financiamiento por USD $1.900 millones con el Fondo Monetario Internacional, en una votación que representa una victoria política para el presidente Rodrigo Paz, aunque también abre una etapa de fuerte tensión social. El programa busca contener una crisis acumulada por la caída de la producción de gas natural, la escasez de divisas y el elevado costo de mantener subsidiados la gasolina y el diésel. Los sindicatos, sin embargo, advierten que las condiciones de austeridad podrían aumentar el costo de vida y reactivar las protestas.

Respaldo legislativo para el plan de Paz

La aprobación ocurrió pese a que el Partido Demócrata Cristiano de Paz no controla por sí solo la mayoría del Congreso. Los partidos de centroderecha y derecha respaldaron el programa, aprovechando la nueva composición legislativa después de que el Movimiento al Socialismo, conocido como MAS, perdiera su predominio histórico.

El MAS quedó reducido a solo dos escaños en la Cámara de Diputados, integrada por 130 miembros, y no obtuvo representación en el Senado. Ese cambio permitió que el Gobierno reuniera los votos necesarios para avanzar con un acuerdo que el oficialismo presenta como indispensable para estabilizar las finanzas públicas, aun cuando sus medidas más impopulares todavía deben aplicarse fuera del recinto legislativo.

Paz calificó la votación del viernes como un paso histórico para Bolivia y sostuvo que su administración está cerrando acuerdos cruciales para el país. El mandatario también advirtió que se avecinan decisiones difíciles, porque el programa exige medidas de ajuste que pueden afectar el costo de vida y reducir el margen del Gobierno para sostener los subsidios.

La aprobación parlamentaria no significa que el dinero esté disponible de inmediato. El Directorio Ejecutivo del FMI todavía debe autorizar el programa antes de que se libere cualquier recurso, por lo que el Gobierno enfrenta una etapa adicional de revisión institucional mientras intenta demostrar que puede aplicar los compromisos fiscales pactados.

Una crisis vinculada al colapso del gas

Bolivia llegó a esta negociación después de años en los que la producción de gas natural perdió capacidad, según el relato de la crisis incluido en el informe de Associated Press. El país había obtenido miles de millones de dólares mediante sus exportaciones de gas, pero la falta de inversión redujo ese flujo y dejó al Estado con menos divisas para pagar la importación de combustibles.

La presión sobre las reservas internacionales aumentó porque el Gobierno mantuvo durante años precios internos de gasolina y diésel por debajo de los valores internacionales. La información describe que el combustible subsidiado llegó a ser más barato incluso que en Arabia Saudita, uno de los principales productores de crudo, una comparación que ilustra el costo fiscal de la política.

La brecha entre los precios internos y externos también alimentó un mercado negro basado en el contrabando de combustible. Mientras el Estado destinaba grandes sumas para conservar precios accesibles, la menor disponibilidad de dólares dificultaba la compra de productos importados que la economía necesita para mantener el abastecimiento.

El deterioro de la producción gasífera, por tanto, no aparece como un problema aislado del presupuesto, sino como una cadena de efectos que conecta energía, reservas de divisas y estabilidad social. El Gobierno debe cubrir el costo de los combustibles importados al mismo tiempo que intenta evitar que la eliminación de los subsidios golpee de forma desproporcionada a los hogares con menos ingresos.

Austeridad, financiamiento adicional y riesgo social

El programa del FMI representa el primer acuerdo plurianual de Bolivia con el organismo desde 2006. Como parte de sus compromisos, Paz debe continuar reduciendo el gasto asociado a los subsidios al combustible y contener el gasto público, dos objetivos que pueden mejorar las cuentas estatales, pero que también exigen absorber un ajuste con efectos directos sobre el transporte, la producción y el consumo.

El Gobierno ya eliminó los subsidios a los combustibles y elevó los precios de la gasolina y el diésel. La medida busca reducir la presión sobre las reservas de divisas y limitar el contrabando, aunque su impacto final dependerá de cuánto se trasladen los nuevos costos a las familias y a las actividades económicas que dependen de la gasolina o el diésel.

Las autoridades esperan que el acuerdo con el FMI facilite alrededor de USD $5.000 millones adicionales del Banco Mundial y de otros prestamistas. Ese financiamiento complementario podría ampliar el margen de maniobra del Gobierno, pero la posibilidad depende de que Bolivia cumpla las condiciones fiscales y económicas asociadas con el programa.

La Central Obrera Boliviana, la principal federación sindical del país, rechazó el plan porque considera que los recortes elevarán el costo de vida para familias que ya enfrentan dificultades. Su postura adquiere mayor peso después de las semanas de bloqueos registrados en junio y julio, cuando manifestantes exigieron la renuncia de Paz y paralizaron amplias zonas del país.

El Congreso extendió el jueves por otros 90 días el estado de emergencia declarado para ayudar a despejar las carreteras. La decisión muestra que el Gobierno aprobó el acuerdo en un ambiente de tensión todavía activo, con la posibilidad de que las medidas económicas conviertan el respaldo legislativo obtenido por Paz en un nuevo foco de conflicto en las calles.

El desafío inmediato será equilibrar la necesidad de recuperar las finanzas públicas con la capacidad de la población para absorber precios más altos. La aprobación del acuerdo ofrece una fuente potencial de liquidez, pero no elimina el dilema central de Bolivia: corregir el costo de los subsidios sin provocar una crisis social que complique aún más la recuperación.

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