Por Canuto  

El acuerdo de cooperación nuclear civil entre Estados Unidos y Arabia Saudita llegó al Congreso, donde enfrentará una revisión de 90 días mientras legisladores y expertos cuestionan sus salvaguardas contra la proliferación. El pacto de 30 años permitiría exportar tecnología estadounidense y construir reactores AP1000, pero también contempla estudiar una instalación de enriquecimiento de uranio.
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  • El presidente Donald Trump presentó al Congreso un acuerdo nuclear civil con Arabia Saudita, que inicia un periodo obligatorio de revisión de 90 días.
  • El pacto permitiría exportar tecnología nuclear estadounidense y construir reactores AP1000 durante un acuerdo de 30 años.
  • Legisladores demócratas y expertos en no proliferación cuestionan la ausencia de una prohibición permanente al enriquecimiento y reprocesamiento.

El presidente Donald Trump presentó al Congreso de Estados Unidos un acuerdo propuesto con Arabia Saudita sobre energía nuclear civil, una decisión que activa el periodo obligatorio de revisión previsto por la Ley de Energía Atómica. El pacto abriría el mercado saudita a la tecnología nuclear estadounidense y llega acompañado de preocupaciones sobre la posibilidad de que ciertos componentes civiles puedan facilitar una futura capacidad militar.

Un funcionario estadounidense confirmó la presentación a MS NOW y sostuvo que el acuerdo, liderado por el Departamento de Energía, es consistente con la legislación aplicable. Según ese funcionario, la posición de Trump no ha cambiado: el pacto solo avanzará si Arabia Saudita se incorpora a los Acuerdos de Abraham, el marco impulsado para normalizar relaciones entre Israel y varios países árabes.

La presentación ocurrió el lunes, mientras The Wall Street Journal informó sobre ella el martes. El acuerdo fue alcanzado en julio y permitiría a empresas estadounidenses exportar tecnología nuclear de uso civil a Arabia Saudita, con una vigencia de 30 años que comprometería cooperación industrial y energética a largo plazo.

Un acuerdo de 30 años bajo revisión

El Congreso dispone ahora de 90 días de sesión continua para examinar el documento y presentar objeciones. Si no interviene para bloquearlo durante ese periodo, el acuerdo entraría en vigor, un mecanismo de revisión que la Ley de Energía Atómica exige para la cooperación estadounidense con gobiernos extranjeros en el desarrollo de energía nuclear civil.

Uno de los elementos centrales del pacto es la posibilidad de que Arabia Saudita construya reactores AP1000, una tecnología desarrollada por Westinghouse. El proyecto tendría un valor de decenas de miles de millones de dólares y beneficiaría a la compañía, propiedad conjunta de la canadiense Cameco y Brookfield Asset Management.

La dimensión económica convierte al acuerdo en algo más amplio que una autorización técnica para transferir conocimientos. También podría abrir contratos de construcción, suministro y servicios para empresas estadounidenses durante décadas, aunque el texto todavía debe superar la evaluación legislativa y las objeciones relacionadas con seguridad internacional.

Trump ha presentado la prohibición del enriquecimiento de uranio como una condición esencial del entendimiento. En una publicación en redes sociales realizada el mes pasado, afirmó: “¡No habrá enriquecimiento de material!” y añadió que el acuerdo está “totalmente sujeto a que Arabia Saudita se una a los muy respetados y exitosos Acuerdos de Abraham”.

El punto crítico del enriquecimiento

El enriquecimiento de uranio puede tener usos civiles, como la fabricación de combustible para reactores, pero también puede contribuir a producir material apto para armas nucleares cuando se eleva a niveles mucho mayores. Por eso, los controles sobre el ciclo del combustible suelen ocupar un lugar central en los acuerdos de cooperación nuclear y en las evaluaciones internacionales de proliferación.

Algunos legisladores demócratas y defensores de la no proliferación criticaron el pacto porque no incluye una prohibición permanente del enriquecimiento o el reprocesamiento. También cuestionaron que, en lugar de mantener controles estándar más estrictos, el acuerdo pueda flexibilizar barreras destinadas a impedir que la tecnología civil se convierta en una capacidad militar.

La propuesta contempla una instalación de enriquecimiento construida y operada por Estados Unidos, pero su desarrollo dependería primero de un estudio de viabilidad de dos años. Ese diseño deja abierta una decisión futura sobre el ciclo del combustible saudita, precisamente el aspecto que preocupa a quienes temen que el acuerdo exporte capacidades sensibles a una región marcada por rivalidades estratégicas.

Matthew Kroenig, investigador sénior del Atlantic Council, afirmó en julio que Washington tiene razones para fortalecer su relación con Riad, pero no debería hacerlo a costa de sus estándares efectivos de no proliferación. A su juicio, el estudio de dos años probablemente concluiría que Arabia Saudita debe depender exclusivamente de servicios importados del ciclo del combustible, como ocurre con la mayoría de los países que mantienen programas nucleares pacíficos.

Advertencias sobre el orden nuclear

Kroenig consideró que la dependencia de combustible importado sería un resultado mucho mejor que exportar una capacidad de fabricación de bombas a otro país de una región ya volátil. Su argumento plantea una disyuntiva entre facilitar el desarrollo de energía nuclear civil y preservar límites que reduzcan la posibilidad de una carrera armamentista.

Erin Dumbacher, investigadora sénior Stanton de seguridad nuclear del Council on Foreign Relations, sostuvo que el acuerdo llega cuando el orden nuclear global liderado durante décadas por Estados Unidos ya muestra señales de deterioro. Dumbacher también trabajó en el Departamento de Defensa, dentro de la Oficina del Subsecretario para Política, experiencia que forma parte de su evaluación sobre los riesgos del pacto.

Según Dumbacher, la propuesta adopta un enfoque distinto de las medidas estrictas de no proliferación que Estados Unidos había exigido en el pasado al exportar energía nuclear. La especialista advirtió que el cambio podría crear un precedente para que más países obtengan material nuclear sin las salvaguardas que han contribuido a limitar a nueve el número total de Estados con armas nucleares.

La advertencia no se limita a la posibilidad de una decisión militar deliberada. Dumbacher señaló que una mayor cantidad de material nuclear sin controles suficientes también podría elevar los riesgos de accidentes, problemas de seguridad y nuevos episodios de proliferación, especialmente si otros gobiernos reclaman condiciones similares a las negociadas por Riad.

La condición política y el factor iraní

El vínculo entre el acuerdo nuclear y los Acuerdos de Abraham introduce una condición política que podría determinar su futuro. Arabia Saudita ha indicado que no normalizará sus relaciones con Israel a menos que se reconozca un Estado palestino independiente, una postura que se endureció desde el inicio de la guerra en Gaza en 2023.

Por esa razón, la exigencia pública de Trump enfrenta una realidad diplomática compleja. Aunque Washington y Riad pueden compartir intereses económicos y estratégicos, la normalización con Israel depende de una cuestión palestina que los funcionarios sauditas han colocado en el centro de cualquier entendimiento regional.

El programa nuclear saudita también está relacionado con la competencia entre Riad y Teherán. Funcionarios sauditas han dicho que el reino buscaría desarrollar una capacidad de armas nucleares si Irán llega a desarrollar la suya, una declaración que convierte cualquier autorización sobre enriquecimiento en un asunto de seguridad regional y no únicamente de generación eléctrica.

El Congreso deberá valorar esas señales mientras revisa los beneficios industriales del acuerdo y sus controles técnicos. El resultado determinará si la cooperación avanza sin objeciones, si los legisladores intentan imponer condiciones adicionales o si las preocupaciones sobre proliferación frenan un proyecto que podría transformar el sector nuclear saudita durante los próximos 30 años.

La revisión también pondrá a prueba la promesa de Trump de impedir el enriquecimiento saudita frente a un texto que contempla estudiar una instalación estadounidense para ese propósito. Hasta que finalice el periodo legislativo, la transferencia de tecnología, la construcción de reactores y el alcance definitivo de las salvaguardas seguirán sujetos a una disputa política y estratégica.

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