El presidente Donald Trump volvió a respaldar la expansión de los centros de datos y advirtió que las comunidades que los rechacen podrían quedar “atrasadas y pobres”. Sus declaraciones llegan cuando republicanos y demócratas cuestionan el impacto de estos proyectos sobre la electricidad, el agua, el ruido y las facturas de los residentes.
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- Donald Trump defendió los centros de datos como motores de riqueza, empleo y competitividad estadounidense frente a China.
- JD Vance reconoció que el rechazo local suele surgir cuando los proyectos encarecen la electricidad y los servicios públicos.
- La oposición bipartidista aumenta antes de las elecciones de medio término, mientras varios estados y candidatos piden pausas o nuevas reglas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reabrió el debate sobre la expansión de los centros de datos al advertir que las comunidades que rechacen estos proyectos terminarán “atrasadas y pobres”. La declaración, publicada el lunes en Truth Social, representa su más reciente defensa de una infraestructura considerada estratégica para el desarrollo de la inteligencia artificial, aunque también llega en un momento de creciente preocupación bipartidista por el precio que esos complejos pueden trasladar a los residentes.
Trump sostuvo que los centros de datos harán que los estadounidenses sean más ricos y exitosos, y cuestionó directamente a quienes intentan frenar su construcción. “La única razón por la que las comunidades en todo EE.UU. no deberían querer Centros de Datos es si quieren acabar siendo atrasadas y pobres”, afirmó el presidente, antes de añadir que, si se mata a la “Gallina de los Huevos de Oro”, los habitantes solo tendrán a sí mismos para culpar, detalla un reporte publicado por Politico.
Una infraestructura clave para la inteligencia artificial
Los centros de datos reúnen servidores, sistemas de almacenamiento y equipos de conexión necesarios para operar servicios digitales a gran escala. En el caso de la inteligencia artificial, estas instalaciones procesan grandes volúmenes de información y sostienen el entrenamiento y funcionamiento de modelos, por lo que su disponibilidad se ha convertido en un elemento central de la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China.
Trump ha presentado repetidamente esa competencia como una razón para acelerar los proyectos en territorio estadounidense. En una entrevista reciente con su exasesor Michael Cohen, el presidente insistió en que los centros de datos son críticos para mantener la ventaja frente a China, una posición que reiteró al acusar a Beijing de beneficiarse del movimiento estadounidense contra esta infraestructura.
“China no podría estar más feliz con este movimiento anti Centros de Datos. ¡De hecho, no pueden creer que esté sucediendo!”, escribió Trump. Su argumento vincula la oposición local con un riesgo geopolítico más amplio, aunque las críticas de las comunidades suelen concentrarse en asuntos inmediatos como los costos de la electricidad, el uso del agua y el impacto ambiental y acústico.
El respaldo presidencial tampoco comenzó esta semana. El año pasado, Trump firmó una orden ejecutiva destinada a acelerar los permisos y la construcción de centros de datos, y en julio describió estas instalaciones como “una de las mayores Fuerzas Impulsoras en el Futuro para los Empleos”, reforzando su presentación de la industria como una fuente de crecimiento económico.
El costo local se convierte en el centro de la disputa
La expansión de los centros de datos se ha transformado en un asunto relevante antes de las elecciones de medio término de noviembre, en parte porque las encuestas citadas por Politico muestran que una mayoría de los estadounidenses se opone a que estas instalaciones se construyan en sus comunidades. El dato refleja una tensión entre los beneficios nacionales que prometen las empresas tecnológicas y los costos que los vecinos temen asumir de manera directa.
Republicanos y demócratas han expresado inquietudes similares sobre la capacidad de las redes eléctricas, la presión sobre los sistemas de agua y el ruido generado por los proyectos. Aunque Trump destaca los empleos y la competitividad tecnológica, los opositores sostienen que una inversión presentada como nacional no debería traducirse en servicios públicos más costosos para quienes viven cerca de las instalaciones.
El vicepresidente JD Vance reconoció el lunes que la estructura de costos está detrás de buena parte del rechazo. “Creo que probablemente el 99 por ciento del rechazo a los centros de datos ha llegado en áreas donde construir un centro de datos significa servicios públicos más costosos y electricidad más cara para la gente local”, dijo a periodistas en la Base Conjunta Andrews, en Maryland.
Vance planteó que las empresas deberían compensar parte de esa presión devolviendo energía a la red eléctrica. “Si construyes el centro de datos, deberías estar devolviendo energía a la red, no sacándola”, afirmó, y añadió que el sector sería menos controvertido si las facturas de los servicios no aumentaran de forma significativa para los hogares.
Estados y candidatos republicanos toman distancia
Las señales de resistencia no provienen únicamente de gobiernos demócratas o de organizaciones ambientales. El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ha impulsado medidas para revisar el impacto de los centros de datos sobre la red eléctrica estatal, pese a haber manifestado durante el último año un amplio respaldo a estas instalaciones en el contexto de su campaña electoral.
Abbott ordenó a la Comisión de Servicios Públicos de Texas y al operador de la red ERCOT realizar una auditoría integral de los centros de datos. Además, según reportes sobre las medidas estatales, los reguladores recibieron instrucciones de pausar nuevas conexiones de estos proyectos mientras se evalúa la capacidad de la red. El giro muestra la dificultad de equilibrar la atracción de inversiones tecnológicas con las exigencias de las redes de energía y otros servicios esenciales.
Otros candidatos republicanos también han pedido límites temporales a determinados desarrollos. Mike Rogers, nominado republicano al Senado por Michigan, y Stacy Garrity, nominada republicana a la gobernación de Pensilvania, han instado a establecer una pausa temporal para algunos proyectos de centros de datos, una postura que los coloca en tensión con el impulso nacional promovido por Trump.
La divergencia puede adquirir relevancia en noviembre, cuando los candidatos deban responder a votantes preocupados por el precio de la energía y la disponibilidad de agua. El debate no enfrenta simplemente a partidarios de la tecnología contra sus detractores, sino que también obliga a decidir quién financiará las ampliaciones de infraestructura necesarias para atender la demanda de instalaciones intensivas en computación.
Nueva York marca un precedente regulatorio
En julio, Nueva York se convirtió en el primer estado en establecer una moratoria estatal para nuevos centros de datos de tipo hyperscale. La medida fue firmada mediante una orden ejecutiva por la gobernadora demócrata Kathy Hochul, y Trump la criticó poco después, en línea con su rechazo a los obstáculos que puedan ralentizar el despliegue de capacidad informática.
La pausa, prevista por hasta un año mientras el estado desarrolla un nuevo marco regulatorio, afecta los permisos estatales para la construcción de nuevos centros de datos de gran tamaño. La decisión añadió una dimensión regulatoria a una discusión que hasta entonces se había concentrado principalmente en la inversión y el empleo. También permite a las autoridades evaluar cómo afectarán la demanda eléctrica, el consumo de agua, el ruido y la planificación territorial antes de autorizar nuevas instalaciones.
Para los defensores de Trump, retrasar los centros de datos puede poner en riesgo la posición estadounidense en la carrera de inteligencia artificial. Desde esa perspectiva, cada demora ofrece a China una oportunidad para cerrar la brecha, mientras que una expansión rápida podría atraer capital, generar empleos y consolidar la infraestructura necesaria para empresas tecnológicas y desarrolladores de modelos.
Para los gobiernos locales, sin embargo, la velocidad no resuelve por sí misma la pregunta sobre los costos. El argumento de Vance introduce una posible condición para reducir la oposición: que los operadores produzcan o aporten energía a la red en lugar de aumentar la presión sobre ella, aunque la información disponible no detalla un mecanismo específico ni un calendario para aplicar esa propuesta.
Un conflicto entre beneficios nacionales y facturas locales
El enfrentamiento revela un problema habitual de las inversiones tecnológicas de gran escala: sus beneficios pueden distribuirse ampliamente, mientras que sus costos se concentran en territorios concretos. Un centro de datos puede participar en la economía digital nacional y, al mismo tiempo, exigir nuevas líneas eléctricas, sistemas de respaldo, agua para refrigeración y medidas para contener el ruido en la zona donde opera.
Trump presenta esa infraestructura como una “Gallina de los Huevos de Oro” porque la asocia con riqueza y oportunidades laborales futuras. La metáfora resume su postura, pero no responde por sí sola a la cuestión planteada por los residentes: cómo se repartirán los gastos de construcción y mantenimiento de las redes necesarias para que los nuevos complejos funcionen sin deteriorar los servicios existentes.
Vance intentó acercar ambas posiciones al admitir que el rechazo se vuelve más fuerte cuando los hogares reciben facturas mayores. Su propuesta de que los centros de datos devuelvan energía a la red apunta precisamente a modificar esa relación, aunque el vicepresidente no explicó si se refería a generación propia, almacenamiento, contratos de suministro u otra forma de compensación.
La disputa seguirá creciendo a medida que avance el calendario electoral y los estados definan sus propias reglas. Por ahora, la administración de Trump mantiene el mensaje de que frenar estos proyectos amenaza la competitividad frente a China, mientras candidatos y autoridades de ambos partidos exigen garantías para que la carrera por la inteligencia artificial no sea financiada principalmente por las comunidades que reciben los centros.
El resultado dependerá de si la expansión logra demostrar beneficios económicos visibles sin convertir la electricidad y el agua en costos políticos para los gobiernos locales. La discusión ya dejó de ser exclusivamente tecnológica y se instaló en el terreno de la regulación, los servicios públicos y el voto de noviembre.
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