Texas puso en pausa nuevas conexiones eléctricas para centros de datos y abrió una auditoría sobre proyectos que podrían inflar artificialmente la demanda. La medida refleja un debate nacional: cómo construir la red necesaria para la inteligencia artificial sin trasladar a los consumidores el costo de instalaciones que quizá nunca lleguen a operar.
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- Las solicitudes de grandes usuarios eléctricos superan los 700 gigavatios en varias regiones de EE.UU., más de 10 veces el consumo estimado actual de los centros de datos.
- Texas y Pensilvania exigen más información sobre propietarios, clientes finales, incentivos, agua y generación propia antes de avanzar.
- Exelon redujo 40% su demanda de alta probabilidad y AEP Ohio registró una caída superior a la mitad tras imponer nuevas garantías y tarifas.
Texas puso recientemente en pausa nuevas conexiones a la red eléctrica para centros de datos mientras sus autoridades intentan determinar cuánta de la demanda anunciada corresponde a proyectos viables. La decisión abrió una revisión de los planes de las instalaciones, en un momento en que la expansión de la inteligencia artificial presiona la planificación energética nacional.
El problema no se limita a Texas, porque estados como Pensilvania y Ohio también han comenzado a endurecer los filtros para proyectos de gran consumo. Una revisión de datos de empresas de servicios públicos y operadores de redes realizada por Reuters encontró solicitudes superiores a 700 gigavatios en partes del Medio Oeste, el Atlántico Medio y el sur del país, una cifra que supera en más de 10 veces las estimaciones de la industria sobre el uso eléctrico actual de los centros de datos estadounidenses.
Una demanda difícil de verificar
Los centros de datos son instalaciones diseñadas para alojar servidores que procesan servicios de nube, aplicaciones digitales y sistemas de inteligencia artificial. Su consumo eléctrico puede ser muy elevado y constante, por lo que una concentración de estos proyectos obliga a los operadores a planear nuevas líneas, plantas de generación y conexiones con años de anticipación.
Sin embargo, las solicitudes que aparecen en los registros no siempre representan contratos definitivos ni construcciones garantizadas. Algunas empresas de servicios públicos contabilizan únicamente proyectos con acuerdos firmados, mientras otras incluyen consultas preliminares o propuestas sin compromisos firmes, de modo que no existe un estándar nacional para reportar esta demanda.
Los defensores de los consumidores y los reguladores temen que una parte de las solicitudes sea duplicada o provenga de compañías sin capital y experiencia suficientes para concluir los proyectos. Esa incertidumbre puede llevar a las redes a construir menos infraestructura de la necesaria, con riesgos para la estabilidad, o a invertir de más en instalaciones que nunca se materializan y terminan afectando a los hogares.
Thomas Gleeson, citado durante una conferencia de la industria en marzo, resumió el dilema: “Cuando no sabes qué es real, realmente no sabes cómo construir la infraestructura para ello”. La frase captura el conflicto central del auge de la IA, que combina expectativas de inversión enormes con información todavía incompleta sobre la demanda efectiva.
Texas intenta auditar el auge de la IA
Desde 2023, las solicitudes de conexión a la red de Texas presentadas por centros de datos y otros grandes usuarios de energía aumentaron desde unos 48 gigavatios hasta más de 474 gigavatios. Los datos aparecen en documentos del operador ERCOT y del gobernador Greg Abbott, y han convertido al estado, según algunas métricas, en una de las regiones de crecimiento más rápido del mundo para almacenes de servidores de IA y computación en la nube.
La orden de Abbott establece una auditoría integral de las propuestas que buscan recibir electricidad. A partir de ahora, los proyectos deberán revelar quién es su propietario final, en lugar de limitarse a informar una empresa afiliada, además de entregar detalles sobre posibles incentivos financiados por contribuyentes, consumo de agua y planes para producir energía dentro de sus propias instalaciones.
La Comisión de Servicios Públicos de Texas y ERCOT serán responsables de aplicar la directiva y evaluar la información presentada por los desarrolladores. Abbott sostuvo que ambas entidades no pueden tomar decisiones destinadas a proteger la estabilidad y confiabilidad de la red basándose en datos sustancialmente incompletos, una preocupación que también aparece en otros estados con gran interés por atraer inversiones tecnológicas.
El endurecimiento llega mientras el gasto planificado de las grandes empresas tecnológicas en centros de datos para inteligencia artificial supera los USD $700.000 millones durante este año. Empresas y propietarios con acceso a electricidad o conexiones de red se han apresurado a asegurar suministros, aunque Daniel Farris, abogado de Foley & Lardner que asesora a desarrolladores e hiperescaladores, advirtió que algunos participantes quizá entraron al sector atraídos por una supuesta oportunidad fácil y ahora descubren la dificultad de construir y poner en marcha estos proyectos.
Las garantías cambian las cifras
La presión por verificar los proyectos ya modificó las previsiones de varias compañías eléctricas. Exelon, con sede en Chicago, redujo aproximadamente 40% su recuento de demanda de centros de datos considerada de alta probabilidad, hasta 11 gigavatios, después de comenzar a exigir garantías financieras más estrictas, según una presentación para inversionistas del 30 de julio.
Ohio observó un ajuste todavía más pronunciado en las solicitudes de AEP Ohio luego de que el estado adoptara reglas nuevas el año pasado. Las disposiciones incluyeron tarifas de estudio de conexión de hasta USD $100.000 para los centros de datos, y el flujo de demanda eléctrica propuesto cayó más de la mitad después de su entrada en vigor.
Estas reducciones no significan necesariamente que la expansión de la IA haya desaparecido ni que todos los proyectos descartados fueran ficticios. Indican, más bien, que los depósitos, las tarifas y las garantías obligan a los desarrolladores a demostrar capacidad financiera y un compromiso operativo antes de que las empresas de servicios públicos incorporen sus necesidades a la planificación.
Tyson Slocum, director del Programa de Energía de Public Citizen, señaló que las previsiones inciertas pueden producir dos resultados perjudiciales para los usuarios. Las empresas podrían construir de menos y poner en riesgo la red, o construir de más para atender proyectos que nunca se concretan, dejando que los estadounidenses promedio paguen por la capacidad sobrante.
El costo ya aparece en los mercados eléctricos
La discusión también tiene una dimensión financiera, porque las solicitudes de nuevos centros de datos ya contribuyeron a elevar los costos en PJM Interconnection, la mayor red eléctrica de Estados Unidos. PJM cubre 13 estados, incluida Virginia, donde se encuentra el llamado “Data Center Alley”, uno de los principales corredores de infraestructura digital del país.
El crecimiento de la demanda actual y prevista de los centros de datos impulsó un aumento de USD $29.400 millones en los costos de capacidad para hogares y empresas dentro del área de PJM. (a) Confirmado: Monitoring Analytics atribuyó ese incremento a las subastas utilizadas para determinar los precios de capacidad eléctrica. El resultado refleja el precio fijado en el mercado de capacidad, no una prueba de que todos los proyectos anunciados vayan a construirse.
(b) Plausible: la combinación de nuevas cargas previstas, una oferta limitada y el retiro de parte de la generación disponible puede haber intensificado la presión sobre esos precios. No obstante, la relación entre cada proyecto de centro de datos y el aumento final de las facturas no puede atribuirse de manera individual con la información disponible.
Los ajustes de las empresas de servicios públicos tampoco eliminan toda la presión sobre las redes. Jeff Shields, portavoz de PJM, afirmó que todavía existen suficientes solicitudes respaldadas de centros de datos para sobrecargar sistemas que ya enfrentan una oferta limitada, porque la generación eléctrica no crece al mismo ritmo que las nuevas cargas.
El desafío es especialmente relevante para la inteligencia artificial, cuyos centros de procesamiento requieren electricidad continua y grandes volúmenes de infraestructura. La promesa de inversiones tecnológicas puede generar empleos, ingresos y capacidad digital, pero también abre un conflicto político cuando los costos de transmisión, generación o capacidad terminan repartiéndose entre consumidores que no utilizan directamente esos servicios.
Pensilvania eleva los requisitos para avanzar
Pensilvania siguió la ruta de Texas después de que el gobernador Josh Shapiro firmara una orden ejecutiva sobre centros de datos el 18 de agosto. La medida impone requisitos de permisos más estrictos para proyectos de 25 megavatios o más y exige mayor divulgación sobre los planes de construcción y los usuarios finales de las instalaciones.
El estado resulta atractivo para los desarrolladores porque cuenta con abundantes suministros de electricidad y gas natural. Ese atractivo provocó una avalancha de interés, aunque la oficina del gobernador informó que, de más de 100 centros de datos propuestos, apenas 20 habían solicitado los permisos necesarios para continuar.
Un funcionario de la oficina de Shapiro explicó que la mayoría de las propuestas no había asegurado fuentes de energía ni un cliente fundamental para financiar los almacenes de servidores. La diferencia entre el número de anuncios y el número de permisos solicitados ilustra cómo una lista inicial de proyectos puede inflar la percepción de la demanda futura.
Texas, Pensilvania y Ohio están intentando imponer orden en un sector que creció con rapidez alrededor de la nube y la IA. La revisión de propietarios, clientes, agua, incentivos y garantías financieras podría reducir las cifras iniciales, pero también ofrecería a los operadores una base más confiable para decidir qué infraestructura necesita realmente la economía digital.
El resultado de estas auditorías será observado por empresas tecnológicas, inversionistas, reguladores y consumidores de todo el país. Si la generación no alcanza a la nueva demanda, la carrera por los centros de datos podría traducirse en conexiones más lentas, mayores costos y una disputa política sobre quién debe pagar por la expansión de la red.
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