Por Canuto  

Utah aprobó el Proyecto Stratos, un enorme centro de datos para IA respaldado por Kevin O’Leary que promete reforzar el liderazgo tecnológico de Estados Unidos. Pero su escala, su demanda de gas, su posible impacto térmico y las dudas sobre el agua ya lo convirtieron en uno de los conflictos más intensos del país alrededor de la infraestructura digital.
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  • El Proyecto Stratos ocuparía 40.000 acres en el valle Hansel del condado de Box Elder y demandaría 9 GW de energía.
  • Expertos alertan sobre una carga térmica de 16 GW, aumento de temperaturas locales y posibles daños severos al ecosistema desértico.
  • Aunque ya obtuvo respaldo del condado y del gobernador, el proyecto aún necesita permisos ambientales y enfrenta un intento de referéndum ciudadano.

Utah se encamina a albergar uno de los centros de datos más grandes del planeta. La decisión ya fue aprobada por los comisionados del condado de Box Elder, pero lejos de cerrar el debate, abrió un conflicto más amplio sobre los costos reales de la infraestructura que sostiene la carrera por la inteligencia artificial.

El proyecto se llama Stratos y está respaldado por el inversionista Kevin O’Leary. Su promesa es ambiciosa: convertir a Estados Unidos en una superpotencia de IA con capacidad de atender al gobierno y a contratistas tecnológicos, incluso con implicaciones para la defensa nacional.

Sin embargo, el tamaño de la obra, su consumo energético, su futura demanda de gas y las dudas sobre el agua han disparado una fuerte reacción social. Para muchos residentes y expertos, el debate ya no es solo tecnológico. También es ambiental, económico y político.

El caso resume una tensión que se repite en distintas regiones de Estados Unidos. Mientras las empresas y los gobiernos compiten por atraer infraestructura para IA, las comunidades locales cuestionan si los beneficios prometidos compensan los riesgos sobre recursos escasos y ecosistemas frágiles.

Un campus de IA de escala inédita

Según informó The Verge, el Proyecto Stratos abarcaría 40.000 acres en el valle Hansel del condado de Box Elder. Esa superficie equivale a más del doble del tamaño de Manhattan. La primera fase costaría más de USD $4.000 millones, de acuerdo con Utah Money Watch.

La dimensión energética también resulta extraordinaria. El centro de datos consumiría 9 GW de energía, casi el doble de la demanda máxima de electricidad del estado proyectada para 2025. Esa cifra por sí sola explica por qué el proyecto ya se considera uno de los desarrollos más ambiciosos y polémicos del sector.

O’Leary presentó Stratos como una pieza estratégica para la competencia geopolítica. En una entrevista con Fox News el mes pasado, dijo que el proyecto demostraría a China y al resto del mundo que Estados Unidos habla en serio respecto a la IA.

El proyecto ya cuenta con el visto bueno del condado y del gobernador Spencer Cox. Aun así, todavía necesita permisos ambientales y de construcción, por lo que su ejecución no es inmediata. La construcción podría tomar años y todavía no existe un cronograma definitivo.

Uno de los elementos que más ha llamado la atención es la rapidez política con la que avanzó. O’Leary se reunió con Cox en enero y, según una publicación suya en Facebook del 9 de enero, el gobernador y el senador Stuart Adams “desplegaron la alfombra roja” para acelerar la política de permisos.

Respaldo oficial, tierras militares y una lluvia de objeciones

En marzo, la firma de inversión de O’Leary anunció el desarrollo del centro en asociación con la empresa inmobiliaria West GenCo. El campus de 62 millas cuadradas se ubicaría mayormente sobre propiedad privada, pero también se superpone con terrenos del Departamento de Defensa.

Entre esas áreas figura el Utah Test and Training Range, que está bajo control de la Military Installation Development Authority, conocida como MIDA. Ese detalle añade una dimensión estratégica y militar al proyecto, además de reforzar el argumento de sus promotores sobre seguridad nacional.

De acuerdo con reportes citados en la cobertura original, MIDA recibiría alrededor de USD $49 millones anuales en impuestos a la propiedad. Parte de esos fondos se destinaría a modernizar Hill Air Force Base y a apoyar infraestructura estatal y servicios de emergencia, según la Comisión del condado de Box Elder.

Pero el respaldo institucional no ha calmado a los residentes. El proyecto recibió cerca de 4.000 objeciones del público en la disputa inicial por el agua, una señal de que la oposición no es marginal. Por el contrario, se ha convertido en una de las resistencias comunitarias más visibles contra centros de datos en zonas rurales.

El conflicto también refleja un patrón nacional. Los centros de datos se han vuelto un punto álgido porque presionan la red eléctrica, pueden elevar precios locales de la electricidad, consumir grandes volúmenes de agua y añadir contaminación del aire y ruido a través de generadores de respaldo.

Energía, gas y una huella térmica que preocupa a expertos

Uno de los argumentos de los promotores es que Stratos tendría una planta eléctrica propia en el sitio, lo que supuestamente evitaría cargar a la red estatal. Según una sección de preguntas frecuentes en el sitio del gobernador, esa planta usaría metano, también llamado gas natural, proveniente del Ruby Pipeline.

Ese gasoducto conecta Wyoming con Oregón. La organización Utah Clean Energy estima que el Proyecto Stratos podría consumir 448.000 millones de pies cúbicos de gas por año. Eso equivale a cerca de 1,5 veces la cantidad utilizada por hogares, negocios y plantas eléctricas de todo el estado.

No está claro cuál sería el efecto de esa demanda sobre el suministro regional ni sobre los precios del gas. Ruby Pipeline ya es utilizado por empresas como Pacific Gas & Electric, Cascade Natural Gas y Nevada Gold Mines, y actualmente opera cerca del 50% de su capacidad, según datos citados en la cobertura original.

El problema, sin embargo, no termina en la energía de entrada. También importa el calor que ese consumo liberaría al entorno. Robert Davies, profesor de física en Utah State University, publicó un análisis preliminar sobre el impacto potencial del centro de datos y concluyó que la carga térmica total podría alcanzar 16 GW.

Davies comparó esa cifra con “alrededor de 23 bombas atómicas de energía vertidas en este entorno local cada día”. También explicó que enfriar una carga de ese tamaño podría requerir unas 400 acres con miles de ventiladores a escala industrial.

El experto advirtió que el clima del lugar no ayuda. Describió el valle como un entorno de desierto alto, donde el aire es ligero, seco y caliente. En sus palabras, sería como intentar enfriar radiadores calientes soplándoles aire caliente por encima.

Según su estimación, esa configuración podría elevar las temperaturas diurnas entre 2 y 5 grados Fahrenheit y las nocturnas entre 8 y 12 grados Fahrenheit. El efecto nocturno sería especialmente delicado, porque impediría que la temperatura baje hasta el punto de rocío necesario para generar condensación de la que dependen ecosistemas desérticos.

Davies aclaró que su trabajo es una estimación preliminar. Aun así, sostuvo que sirve para mostrar la escala del impacto esperable. En una región ya frágil, un aumento persistente del calor podría volver el desierto todavía más seco y complicar la supervivencia de plantas y animales.

El agua y las emisiones en el centro de la disputa

El agua es quizá el punto más sensible del debate. Los comisionados del condado sostienen que el centro usaría un sistema de reciclaje de agua de circuito cerrado que no requeriría reposición constante. También afirman que no desviaría agua de hogares, granjas ni del cercano Great Salt Lake.

La tranquilidad oficial no ha despejado la pregunta principal: de dónde saldría el agua. El Great Salt Lake ya ha perdido 73% de su agua debido a usos agrícolas, riego y otros factores, por lo que cualquier nuevo consumo relevante despierta inquietud inmediata en Utah.

En un principio, Stratos planeaba utilizar agua de Salt Wells Spring, una fuente usada históricamente por Bar H Ranch para riego. Pero luego de las miles de objeciones públicas, Bar H Ranch y los desarrolladores retiraron la solicitud, dejando sin efecto las quejas que ciudadanos habían pagado USD $15 por presentar.

Más tarde, los promotores presentaron una nueva solicitud para extraer agua de “un manantial sin nombre en el valle Hansel”, según reportó KSL. Además, podrían verse favorecidos por una ley reciente de derechos de agua que impide a los ingenieros estatales rechazar una solicitud por daño al bienestar público o por interferir con un uso más beneficioso del recurso.

A esto se suma el frente climático. Utah Clean Energy estima que el Proyecto Stratos produciría 30,2 millones de toneladas de dióxido de carbono por año. Esa cifra implicaría un aumento de 55% en las emisiones de carbono del estado, lo que amplifica la preocupación sobre el costo ambiental del avance de la IA.

Reacción política y batalla ciudadana

La respuesta de algunos funcionarios al descontento ciudadano ha endurecido todavía más el ambiente. Durante la reunión en la que se aprobó el centro de datos, el comisionado Boyd Bingham reprochó a los manifestantes por interrumpir la sesión y les dijo: “Por el amor de Dios, maduren”.

El gobernador Cox también minimizó la necesidad de procesos largos. En su conferencia de prensa mensual en PBS, dijo estar cansado de que al país le tome años hacer cosas y calificó esa demora como “la cosa más estúpida que existe”. Afirmó que tomarse más tiempo no hace necesariamente que los proyectos sean mejores o más seguros.

O’Leary, por su parte, acusó a los opositores de su centro de datos de estar financiados por China. Esa declaración elevó aún más el tono de una controversia que ya venía marcada por la desconfianza entre residentes, autoridades y promotores del proyecto.

A pesar de la aprobación del condado, la disputa no ha terminado. Un grupo de ciudadanos ya solicitó un referéndum que podría abrir la puerta a una votación para revertir la decisión en Box Elder. Si prospera, el caso podría convertirse en una de las pruebas más relevantes hasta ahora sobre la capacidad de las comunidades para frenar inversiones multimillonarias mediante protestas, peticiones y presión política local.

Más allá de Utah, Stratos ilustra el costo material de la economía de la IA. Detrás del discurso sobre soberanía tecnológica y liderazgo nacional hay enormes exigencias de energía, agua, suelo e infraestructura. Y cada vez más comunidades están preguntando quién gana, quién paga y qué queda cuando llega un centro de datos de escala industrial.


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