Por Canuto  

Las grandes tecnológicas intensifican sus campañas comunitarias mientras decenas de proyectos de centros de datos de IA chocan con preocupaciones por el agua, la energía, los impuestos y el empleo en Estados Unidos.
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  • La oposición local bloqueó o retrasó al menos 75 proyectos de centros de datos durante el primer trimestre de 2026, con un valor aproximado de USD $130.000 millones, según un informe citado por medios de comunicación.
  • Meta, Microsoft y OpenAI ofrecen campañas, concesiones y compromisos de inversión para responder a las críticas por el impacto de sus instalaciones.
  • Oracle enfrenta resistencia en Nuevo México por el Proyecto Júpiter, pese a sus donaciones locales y a la promesa de generar ingresos fiscales.

Las grandes tecnológicas están cambiando su estrategia para conseguir permisos y respaldo social para sus centros de datos, justo cuando la expansión de la inteligencia artificial provoca una reacción cada vez más intensa en comunidades de Estados Unidos. Meta, Microsoft, OpenAI y Oracle han recurrido a asambleas públicas, campañas publicitarias, donaciones locales y compromisos sobre agua, energía e impuestos, en un intento por presentar sus instalaciones como motores de desarrollo y no como una carga para los vecinos.

El desafío ya no se limita a grupos ambientalistas o a gobiernos de una determinada corriente política. Según reportes de Bloomberg y The Wall Street Journal citados por The Next Web, residentes y funcionarios de estados republicanos, demócratas y distritos competitivos cuestionan quién pagará el consumo eléctrico, cómo se protegerán los recursos hídricos y cuántos empleos permanentes quedarán después de la construcción. La disputa también amenaza con ralentizar la carrera de Silicon Valley y del Gobierno estadounidense para ampliar la infraestructura necesaria para competir con China en inteligencia artificial.

Una oposición que crece en todo Estados Unidos

La oposición local bloqueó o retrasó al menos 75 proyectos de centros de datos durante el primer trimestre de 2026, de acuerdo con un informe de Data Center Watch citado por NBC News y otros medios. Esos desarrollos representaban aproximadamente USD $130.000 millones. La cifra sugiere una creciente resistencia a la expansión, aunque por sí sola no demuestra que todos los proyectos hayan sido cancelados de forma permanente.

Las disputas se extienden por distintas regiones, aunque han cobrado especial fuerza en Míchigan y Georgia. En Míchigan, más de 50 comunidades habían aprobado o propuesto moratorias, mientras que otras informaciones señalan que al menos 19 localidades habían pausado el desarrollo de centros de datos. Estos datos reflejan una oposición extendida, pero no permiten confirmar por sí solos que exactamente 17 proyectos se hayan estancado entre ambos estados.

El malestar se concentra principalmente en el agua y la energía. Los grandes edificios sin ventanas, repletos de servidores y sistemas de refrigeración, se han convertido en un símbolo de las preocupaciones más amplias asociadas con la IA: posibles aumentos en las facturas de servicios públicos, presión sobre las reservas de agua y una creación de empleo que algunos vecinos consideran insuficiente frente al tamaño de la inversión.

La respuesta política también comenzó a tomar forma. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó en julio una orden ejecutiva que establece una moratoria de hasta un año para determinados nuevos centros de datos hiperescalables. La medida suspende ciertos permisos ambientales y no afecta a todas las instalaciones ni a proyectos que ya estuvieran en proceso. No se confirma aquí que Texas haya congelado nuevos proyectos ni que Pensilvania haya adoptado la orden descrita en el borrador.

De la expansión agresiva a la seducción comunitaria

Ante los retrasos, las empresas comenzaron a invertir millones de dólares en relaciones públicas locales y a presentar sus proyectos como asociaciones con las comunidades. Meta gastó millones en anuncios de televisión en los que aparecen residentes trabajando en sus granjas de servidores de Altoona, Iowa, con una narrativa centrada en las oportunidades económicas. La compañía busca así humanizar una infraestructura que, por su escala y diseño industrial, suele generar distancia entre los habitantes y sus promotores.

OpenAI también adoptó un discurso de alto impacto para defender sus planes. Sam Altman dijo ante una multitud en Míchigan que un centro de datos en ese estado podría convertirse en el lugar donde se cure el cáncer, una afirmación que conecta la expansión computacional con posibles avances médicos, aunque no constituye una garantía sobre resultados concretos. El comentario ilustra el esfuerzo de la industria por vincular la construcción de servidores con beneficios sociales que van mucho más allá del negocio tecnológico.

Microsoft, por su parte, anunció concesiones más específicas. Según Bloomberg, la empresa ya no buscará exenciones fiscales en las comunidades donde construya sus centros de datos, una decisión que intenta responder directamente a la molestia de los residentes que consideran injusto subsidiar a compañías con enormes recursos financieros. En enero, Microsoft presentó además una política de infraestructura comunitaria de IA que incluye el compromiso de pagar su parte para evitar que sus instalaciones eleven las facturas eléctricas locales.

La Casa Blanca añadió su propio marco mediante un Compromiso de Protección al Contribuyente, aunque se trata de un documento no vinculante. La administración de Donald Trump informó en julio que más de 200 empresas y servicios públicos adicionales se habían sumado al compromiso. No hay evidencia suficiente aquí para afirmar que más de 300 empresas lo habían firmado a comienzos de agosto. La medida busca ofrecer una referencia política común, pero su carácter voluntario deja abierta la discusión sobre cómo se verificarán los compromisos y qué consecuencias existirán ante un incumplimiento.

OpenAI intenta convencer a Georgia

OpenAI está aplicando ese enfoque en Georgia, donde impulsa un centro de datos valorado en más de USD $30.000 millones cerca de Savannah. El proyecto, ubicado en el condado de Effingham, tendría asegurados 3,2 gigavatios de energía mediante Georgia Power y podría desarrollarse por etapas desde 2028 hasta 2032. Como parte del plan, la empresa se reúne con vecinos y se comprometió a conservar agua y a pagar su parte de la energía, dos asuntos que concentran buena parte de la oposición nacional. Chris Lehane, jefe de políticas de OpenAI, resumió la estrategia al afirmar que el trabajo debe hacerse con la comunidad.

La compañía organizó jornadas de puertas abiertas para explicar el proyecto y responder preguntas de los residentes. The Wall Street Journal informó que unas 1.000 personas asistieron a una de esas reuniones en el condado de Effingham, una cifra que muestra tanto el interés como la tensión alrededor de una instalación de semejante escala. En estos encuentros, la promesa de inversión debe competir con dudas sobre el impacto cotidiano en las redes eléctricas, el consumo de agua y el valor de las propiedades.

La magnitud financiera de los proyectos explica por qué las empresas están dispuestas a elevar el gasto en comunicación y concesiones. Las grandes tecnológicas planean invertir cientos de miles de millones de dólares en centros de datos de IA durante este año, de modo que cada moratoria, audiencia aplazada o cambio de zonificación puede alterar calendarios y presupuestos. Para las comunidades, en cambio, la discusión ocurre sobre servicios básicos que afectan a los hogares mucho antes de que aparezcan los beneficios prometidos.

La tensión cruza las fronteras partidistas y geográficas. Las solicitudes de una pausa aparecen en Texas, Misisipi y Ohio, al mismo tiempo que figuras progresistas como Bernie Sanders han expresado preocupaciones similares sobre el costo social y energético de la expansión de la IA. El patrón sugiere que la resistencia no depende únicamente de la oposición a una empresa particular, sino de un debate más amplio sobre quién controla y financia la infraestructura digital.

El Proyecto Júpiter como caso de prueba

El Proyecto Júpiter de Oracle, en el condado de Doña Ana, Nuevo México, muestra cómo las empresas intentan reconstruir confianza después de un proceso marcado por el secretismo. La instalación tendría una capacidad de 2,45 gigavatios y constituye la pieza central del acuerdo informático de USD $300.000 millones entre Oracle y OpenAI. Los vecinos solo conocieron la participación de ambas compañías después de que los funcionarios aprobaran la iniciativa, según Bloomberg, lo que alimentó la desconfianza local.

Después de esa reacción, Oracle intensificó su presencia en la comunidad. La empresa envió correos electrónicos, donó a un club de niños y a una despensa de alimentos, y puso su nombre a un parque local de excavaciones de dinosaurios. La campaña busca asociar el proyecto con instituciones y actividades reconocibles para los residentes, aunque las donaciones no han eliminado la controversia sobre la escala de la instalación ni sobre la forma en que se tomó la decisión inicial.

La oposición también se trasladó al terreno electoral. Daisy Maldonado, residente del condado, se presenta como comisionada con una plataforma que incluye oponerse al proyecto, señal de que el conflicto puede influir en la administración local y no solamente en los procesos de permisos. Cuando una obra tecnológica se convierte en un asunto de campaña, las promesas de inversión y recaudación fiscal quedan sujetas a una revisión política más prolongada.

Oracle defendió el Proyecto Júpiter y sostuvo que traerá inversión sin dañar el medio ambiente. La compañía afirmó que su uso de agua potable será similar al de un edificio de oficinas y que el sitio ya ha generado casi USD $80 millones en ingresos fiscales estatales y locales, argumentos destinados a demostrar que el desarrollo puede aportar recursos sin ejercer una presión extraordinaria sobre los servicios. La disputa, sin embargo, depende de cómo las autoridades y los residentes evalúen esas comparaciones frente a la capacidad total de 2,45 gigavatios.

Una resistencia organizada y difícil de revertir

Las empresas no se enfrentan únicamente a vecinos que actúan de manera espontánea, sino a una red de organizaciones que comparte herramientas y estrategias. El Sierra Club publica ordenanzas modelo, hojas informativas y listas de verificación, y trabaja con Earthjustice y el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales para intervenir en asuntos relacionados con servicios públicos, según Bloomberg. Esa coordinación permite que las comunidades accedan a argumentos legales y técnicos que antes podían resultar difíciles de reunir.

En Míchigan, el grupo EDRA distribuye herramientas para organizar la oposición y conectar a residentes de distintos municipios. Su fundadora, Marjorie Steele, describió el movimiento como una telaraña que se extiende por todo el estado, una imagen que refleja la rapidez con que las experiencias de una comunidad pueden alimentar el debate en otra. La circulación de modelos de ordenanzas y tácticas de participación reduce la ventaja informativa que tradicionalmente tenían los desarrolladores.

En el municipio de Lowell, Míchigan, los residentes se movilizaron contra un proyecto antes de que se identificara públicamente al desarrollador. Después de que el grupo lograra forzar el cierre de una audiencia pública, Microsoft reveló que estaba involucrada, celebró asambleas y eliminó acuerdos de confidencialidad y exenciones de impuestos a la propiedad, según el reporte. La reacción vecinal llegó al punto de que algunos habitantes empezaron a llamar a la empresa “Microslop”, una muestra del deterioro de su imagen en la zona.

La divulgación y las concesiones tampoco garantizan la aprobación. Cerca de Atlanta, un grupo dirigido por Steve Swope combate un centro de datos de aproximadamente USD $17.000 millones planeado por la promotora Prologis; después de perder una votación de reclasificación, presentó dos mociones para anularla y creó un comité de acción política para desplazar a los comisionados que aprobaron el proyecto. Prologis respondió que las preocupaciones habían sido atendidas y que la objeción representaba, en realidad, una oposición general a los centros de datos.

El conflicto deja a la industria ante una disyuntiva que no se resuelve únicamente con anuncios o donaciones. La inteligencia artificial necesita capacidad de cómputo, pero las comunidades exigen conocer de antemano los costos sobre agua, electricidad, impuestos y planificación urbana; cuando esa información llega tarde, la confianza puede ser más difícil de recuperar que un permiso. La ofensiva de seducción de Big Tech apenas comienza, y sus resultados dependerán de si las promesas voluntarias se convierten en compromisos verificables para los vecinos.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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