Por Canuto  

La industria de la inteligencia artificial prepara una ofensiva política de USD $265 millones para respaldar a candidatos favorables a sus intereses, justo cuando comunidades de Estados Unidos cuestionan el consumo de agua, energía y suelo de los centros de datos.
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  • Los grupos vinculados con la IA han comprometido alrededor de USD $265 millones para las elecciones intermedias de 2026.
  • El rechazo a los centros de datos crece por el posible impacto en las facturas eléctricas, el agua y los vecindarios.
  • Candidatos de ambos partidos adoptan posiciones más críticas, incluso en estados tradicionalmente favorables a las grandes empresas tecnológicas.

La industria de la inteligencia artificial entró de lleno en la política electoral de Estados Unidos con una inversión sin precedentes. Empresas, ejecutivos y grupos aliados han comprometido alrededor de USD $265 millones en súper PAC y organizaciones políticas para las elecciones intermedias de 2026, mientras una reacción ciudadana contra los centros de datos amenaza con convertir la expansión de la IA en un problema electoral.

El dinero llega en un momento particularmente sensible para el sector, que necesita construir instalaciones de enorme capacidad para sostener el entrenamiento y la operación de modelos generativos. Sin embargo, las comunidades donde se levantan esos complejos temen que el consumo de electricidad eleve las facturas, que la refrigeración presione las reservas de agua y que los proyectos alteren el valor de las propiedades o la calidad de vida local.

La industria busca influencia antes de las elecciones

El súper PAC Leading the Future ha recaudado USD $140 millones para las elecciones intermedias, con la intención de apoyar a candidatos favorables a la inteligencia artificial en ambos partidos. Según reportes sobre el grupo, la cifra incluye USD $50 millones aportados por la firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz y otros USD $25 millones entregados conjuntamente por Greg Brockman, presidente de OpenAI, y su esposa Anna.

Anthropic, creadora del asistente Claude, ha aportado un total de USD $40 millones a Public First Action, una organización de dinero oscuro que afirma contar con una reserva de USD $100 millones. Además, el súper PAC asociado con Elon Musk mantiene una cantidad similar en efectivo, mientras Meta aparece vinculada con varios comités políticos que tendrían decenas de millones de dólares disponibles.

Un análisis de The Wall Street Journal calculó que las empresas de IA han prometido aproximadamente USD $265 millones a súper PAC y grupos políticos durante el ciclo electoral de 2026. La cifra coloca a la IA junto con las criptomonedas y las compañías de apuestas entre las industrias que más gastan este año, en un periodo que ya registraba 40% más desembolsos corporativos para junio que las elecciones de 2024.

Brendan Glavin, director de análisis de OpenSecrets, describió el proceso como la llegada política de compañías que hasta hace poco eran demasiado jóvenes para desplegar grandes recursos electorales. El analista comparó la estrategia con la seguida por la industria de las criptomonedas en 2024, cuando los grupos del sector intervinieron directamente en contiendas específicas y consideraron exitoso ese modelo de influencia.

El choque entre expansión y rechazo local

Amazon, Microsoft, Alphabet y Meta han anunciado planes de inversión en infraestructura de IA que, según una cobertura reciente de DiarioBitcoin, podrían sumar más de USD $725.000 millones durante 2026. Al mismo tiempo, el ritmo de construcción de centros de datos aumentó cerca de 60% interanual en julio, según la Oficina del Censo, y se espera que la demanda energética de estas instalaciones se duplique en Estados Unidos para 2027.

El crecimiento también expone una contradicción ambiental que se ha vuelto central en el debate. S&P Global Ratings estima que 43% de los centros de datos a nivel mundial estarán expuestos a un alto estrés hídrico durante la década de 2020, muchas veces en regiones donde la disponibilidad de agua ya representa un desafío para hogares, agricultores y gobiernos locales.

El presidente Donald Trump se involucró directamente en la discusión al afirmar en Truth Social que las comunidades no deberían rechazar los centros de datos si desean ser exitosas y ricas. Trump calificó las instalaciones como una especie de gallina de los huevos de oro y acusó a sus críticos de actuar en beneficio de China, aunque informes citados por la fuente señalan que había visto encuestas donde la mayoría de los estadounidenses se oponía a nuevos proyectos.

La encuesta de Economist y YouGov encontró que apenas 20% de los estadounidenses considera positiva para el país la construcción de nuevos centros de datos. La división partidista tampoco favorece claramente a la industria: solo 14% de los demócratas y 31% de los republicanos dijeron que esas instalaciones son buenas para Estados Unidos.

El tema entra en las campañas estatales

Nueva York estableció en julio, mediante una orden ejecutiva de la gobernadora Kathy Hochul, la primera moratoria estatal del país sobre nuevos centros de datos. La medida, con una duración de un año, restringe la aprobación discrecional de proyectos que consuman al menos 50 megavatios. La decisión reflejó una tendencia que atraviesa las líneas partidistas, porque gobiernos republicanos y demócratas evalúan restricciones mientras intentan responder a las preocupaciones sobre electricidad, agua, impuestos y transparencia.

La contienda por el distrito 12 del Congreso de Nueva York mostró hasta qué punto el dinero de la IA puede alterar una elección. Un comité vinculado con Public First Action gastó más de USD $13 millones para apoyar a Alex Bores, mientras un súper PAC asociado con Leading the Future destinó más de USD $8 millones para oponerse a él; en total, los grupos relacionados con la IA habrían invertido cerca de USD $27 millones en esa carrera.

Bores, asambleísta estatal y antiguo empleado de Palantir que redactó una ley de seguridad de IA aprobada el año pasado, perdió por un margen estrecho frente a Micah Lasher. La ironía fue que Lasher había copatrocinado el proyecto de ley de Bores y respalda una moratoria nacional temporal para los centros de datos; durante su discurso de victoria, afirmó que no recibiría instrucciones de las empresas que intervinieron en la contienda.

El conflicto también se instaló en Texas, donde el gobernador republicano Greg Abbott ordenó auditar los proyectos de centros de datos que esperan conectarse a la red eléctrica. Abbott había celebrado meses antes que el estado se convirtiera en un epicentro del desarrollo de IA tras una inversión de USD $40.000 millones de Google, pero ahora sostiene que las instalaciones deben proteger la red, conservar el agua, respetar los vecindarios y pagar sus propios costos.

Republicanos y demócratas ajustan sus posiciones

Gina Hinojosa, la rival demócrata de Abbott, promueve una moratoria sobre nuevos centros de datos y acusa al gobernador de estar demasiado cerca de la industria. En su opinión, las instalaciones representan en Texas la expresión física de un gobierno que prioriza los intereses de personas adineradas sobre las necesidades de los residentes.

Abbott no ha rechazado por completo la expansión, pero pidió mayor transparencia y propuso eliminar incentivos fiscales que impulsan la construcción de centros de datos. Su posición intenta conservar los posibles beneficios económicos de la IA mientras responde a una preocupación que ya dejó de ser exclusiva de grupos ambientalistas o de organizaciones comunitarias.

En Pensilvania, el gobernador demócrata Josh Shapiro pasó de declarar que el estado estaba plenamente comprometido con la IA después de una inversión de Amazon a respaldar límites para nuevos centros de datos. Shapiro también atacó a su rival, la tesorera estatal Stacy Garrity, al presentarla como la principal defensora de estas instalaciones, aunque Garrity apoya una pausa en el desarrollo y exige que los proyectos aseguren sus propios suministros de agua y energía.

En Ohio, el demócrata Sherrod Brown acusó al senador republicano Jon Husted de ser el rostro de los centros de datos por su papel previo en la llegada de esas instalaciones al estado cuando era vicegobernador. Husted respondió con una propuesta llamada Ley de Protección de los Contribuyentes, orientada a limitar el impacto de los centros de datos sobre las facturas de servicios públicos.

El gasto político no garantiza apoyo público

El rechazo ciudadano ya se refleja en la publicidad electoral: un análisis de CNN basado en datos de AdImpact calculó que este año se gastaron más de USD $31 millones en anuncios relacionados con centros de datos, casi todos negativos. El cambio resulta significativo frente a 2024, cuando no se emitió ningún anuncio en televisión abierta centrado en ese asunto.

La industria intenta evitar que la campaña se reduzca a una defensa explícita de los centros de datos y la IA. En varias contiendas, los anuncios respaldados por grupos tecnológicos ni siquiera mencionan esas instalaciones, sino que apoyan de manera más general a candidatos considerados favorables o atacan a sus adversarios.

Las compañías también buscan mejorar su imagen mediante inversiones locales. Meta creó un fondo de USD $1.000 millones, denominado Future Is For Everyone, para apoyar a comunidades donde opera centros de datos, prometió alcanzar un balance hídrico positivo en esas zonas para 2030 y mantiene una academia destinada a capacitar trabajadores para empleos especializados.

Otras empresas han financiado centros recreativos, departamentos de bomberos y redes wifi municipales en lugares donde construyen instalaciones. En Virginia Occidental, donde Microsoft y Nvidia desarrollan uno de los centros de datos más grandes del mundo, autoridades estatales han planteado utilizar esos proyectos para eliminar el impuesto estatal sobre la renta y aumentar los fondos destinados a las escuelas.

Una disputa que llegará a la agenda presidencial

La administración de Trump también ha intentado contener la resistencia mediante un Compromiso Voluntario de Protección del Contribuyente, firmado por grandes compañías de IA y orientado a proteger a los estadounidenses de aumentos en los costos energéticos asociados con los centros de datos. El gobierno, además, ha promovido una aceleración de la construcción mediante la reducción de regulaciones.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, afirmó recientemente que los centros de datos no utilizan agua, una declaración cuestionada por la evidencia disponible y contradictoria con sus propios comentarios del año anterior, cuando dijo que esas instalaciones consumían grandes cantidades del recurso. La disputa sobre el agua ilustra la dificultad que enfrenta la industria para convencer a comunidades que observan directamente las consecuencias físicas de la expansión.

La tensión aumenta porque los proyectos suelen negociarse a escala local, aunque sus defensores los presentan como parte de la competencia nacional con China y del futuro económico estadounidense. El periodista tecnológico Paris Marx, autor del próximo libro Hyperscale: The Ambition and Excess of Big Tech’s Data Empires, sostuvo que las preocupaciones de los residentes se relacionan con efectos concretos sobre las facturas, el agua, el aire y el valor de las propiedades.

Nicol Turner Lee, directora del Centro de Innovación Tecnológica de Brookings, señaló que ignorar a las comunidades durante el desarrollo de los centros de datos no está funcionando y que los residentes llevarán el conflicto a las urnas. Brendan Glavin, de OpenSecrets, anticipó que el tema será todavía más importante en un ciclo presidencial, cuando cada aspirante nacional tenga que fijar una posición clara sobre la IA y el dinero disponible para influir en esa discusión sea aún mayor.

El debate no se limita a las elecciones intermedias, porque también plantea cómo debe regularse una tecnología con capacidad para transformar la economía y el mercado laboral. Chris McGuire, exfuncionario de la administración de Joe Biden y miembro sénior del Council on Foreign Relations, advirtió que la ventana para diseñar políticas reflexivas y proactivas está abierta, pero no permanecerá así indefinidamente.

Con las capacidades de IA creciendo al mismo tiempo que la frustración pública, las empresas deberán demostrar que sus proyectos ofrecen beneficios medibles y no solo promesas de prosperidad. El resultado de esta batalla definirá si los centros de datos se consolidan como motores de inversión o como símbolos de una expansión tecnológica que las comunidades sienten que deben pagar.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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