Por Canuto  

Un informe de Good Jobs First calcula que los alivios fiscales concedidos a Intel en Oregón y Nuevo México sumaron más de USD $1.200 millones en ingresos no percibidos desde 2015, con escuelas locales entre las principales afectadas. La organización cuestiona que esos incentivos sigan vigentes mientras la empresa recibe apoyo federal y reduce empleos en ambos estados.
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  • El informe atribuye a los alivios tributarios de Intel más de USD $1.200 millones en ingresos locales no percibidos desde 2015.
  • En Oregón, las escuelas de Hillsboro habrían dejado de recibir USD $891 millones entre 2017 y 2025.
  • Good Jobs First pone en duda que campus operativos desde hace décadas necesiten subsidios continuos, incluso con apoyo federal.

 

Un informe de Good Jobs First cuestiona la continuidad de las exenciones fiscales que Intel recibe en Oregón y Nuevo México, donde opera fábricas de semiconductores desde hace décadas. La organización calcula que esos beneficios representaron más de USD $1.200 millones en ingresos no percibidos desde 2015, y sostiene que una parte importante de la pérdida recayó sobre escuelas financiadas por gobiernos locales.

El análisis, titulado The Bleeding Edge: How the Public Pays the Costs of Intel’s Semiconductor Manufacturing, compara los alivios tributarios con los pagos que la compañía entregó a los estados y las comunidades afectadas. La discusión no se limita al monto acumulado: también pregunta si los incentivos siguen siendo necesarios en instalaciones ya establecidas, mientras Intel recibe recursos federales y atraviesa una reestructuración con miles de despidos en la región.

El costo de los incentivos en Oregón

En Oregón, el informe atribuye al uso del Programa de Inversión Estratégica, conocido como SIP, exenciones de impuestos sobre la propiedad de al menos USD $1.140 millones para Intel. El cálculo abarca las instalaciones de la empresa en Hillsboro y pone en perspectiva el peso de los incentivos frente a los ingresos que las autoridades locales dejaron de percibir.

Las escuelas de Hillsboro habrían dejado de recibir USD $891 millones entre 2017 y 2025, según las cifras recopiladas por la organización. Ese monto corresponde a recursos que, de acuerdo con el análisis, no ingresaron a las arcas de los distritos escolares por efecto de las exenciones sobre la propiedad, una fuente de financiación vinculada a los gobiernos locales.

Durante ese mismo período, Intel pagó al estado de Oregón USD $552,4 millones en tasas, una cifra inferior a un tercio del valor de las exenciones fiscales que el informe le atribuye. La comparación enfrenta pagos estatales con beneficios tributarios estimados, y ayuda a explicar por qué el documento dirige especial atención al impacto fiscal en las comunidades donde la compañía mantiene sus operaciones.

La escala de la diferencia sustenta el llamado a revisar el diseño de los incentivos, aunque el informe no presenta esa comparación como una medición de todos los efectos económicos de Intel en Oregón. Su argumento se concentra en los ingresos públicos no percibidos y en la porción que, según su cálculo, dejó de llegar a las escuelas de Hillsboro durante nueve años.

Nuevo México también registra ingresos no percibidos

En Nuevo México, Good Jobs First calcula que las exenciones fiscales sobre la propiedad asociadas a los Bonos de Ingresos Industriales, o IRB, sumaron USD $99,6 millones desde 2017. El análisis se refiere a la planta de Intel en Rio Rancho y señala que los beneficios tuvieron consecuencias fiscales para los gobiernos locales vinculados a esa instalación.

Las Escuelas Públicas de Rio Rancho habrían dejado de recibir aproximadamente USD $43,4 millones durante el mismo período de nueve años. Aunque el monto es menor que el estimado para Hillsboro, el informe sostiene que el caso refleja una tensión similar: los incentivos a una empresa manufacturera pueden reducir los ingresos disponibles para servicios públicos locales.

En este estado, Intel entregó USD $41,6 millones en pagos requeridos en lugar de impuestos entre 2017 y 2025, según el documento. Esos pagos se distribuyeron entre los gobiernos locales afectados, pero la cifra quedó por debajo de los USD $99,6 millones que la organización calcula como ingresos no percibidos por las exenciones.

Los datos de ambos estados no son idénticos en su estructura: el informe describe programas distintos y registra por separado exenciones, tasas y pagos sustitutivos. Por eso, sus cifras sirven para examinar el efecto fiscal estimado de cada esquema, pero no deben confundirse como si fueran una contabilidad única o una comparación directa de todos los beneficios y costos de las operaciones de Intel.

Subsidios locales y respaldo federal

El debate local se cruza con el apoyo federal otorgado a la industria de semiconductores mediante la CHIPS Act. Good Jobs First señala que Intel recibió miles de millones de dólares en fondos federales, aunque el esquema de financiamiento se modificó posteriormente mediante un acuerdo con la administración de Donald Trump.

La compañía obtuvo inicialmente USD $7.860 millones bajo la administración Biden, de los cuales se estima que se desembolsaron USD $2.200 millones. Después, durante la administración de Donald Trump, se acordó una inversión federal de USD $8.900 millones a cambio de una participación del 10% en las acciones ordinarias de Intel.

Ese acuerdo reunió los USD $5.700 millones restantes de los fondos de la CHIPS Act con USD $3.200 millones adicionales del programa Secure Enclave. Este último componente está destinado a la fabricación de semiconductores para el ejército, de modo que el paquete federal descrito en la noticia combina recursos pendientes de la ley con apoyo para una finalidad vinculada a la producción militar.

El informe pone estos recursos federales junto a las exenciones estatales y locales para cuestionar si Intel necesita mantener incentivos tributarios de larga duración en campus que ya funcionan. No afirma que el financiamiento federal reemplace automáticamente las obligaciones o programas locales, pero plantea que las autoridades deberían evaluar el conjunto de apoyos públicos antes de conceder beneficios adicionales o prolongar los existentes.

Despidos y preguntas sobre la continuidad de los beneficios

Good Jobs First estima que Intel eliminó más de 4.700 puestos de trabajo en sus instalaciones de Oregón y Nuevo México durante los tres años previos al informe. La organización aclara que esa cifra representa solo una fracción de los despidos totales de la compañía en ese período, mientras Intel lidiaba con una reestructuración y pérdidas drásticas.

El análisis contrapone esas reducciones de personal con las promesas de inversiones de miles de millones de dólares y miles de empleos de alta tecnología que, según la organización, acompañaron los proyectos en Hillsboro y Rio Rancho. La tensión no demuestra por sí sola que los incentivos causaran los recortes, pero sí alimenta la discusión sobre qué resultados concretos deben exigir las comunidades a cambio de renunciar a ingresos fiscales.

La organización destaca que no se trata de emplazamientos nuevos que deban levantar desde cero sus instalaciones y reunir toda la infraestructura necesaria. Intel lleva décadas operando en esos lugares y ya cuenta allí con plantas, infraestructura y trabajadores cualificados, condiciones que, a juicio del informe, hacen menos evidente la necesidad de sostener subsidios continuos.

Kristan Wong Karinen, analista de investigación de Good Jobs First y autora del informe, dijo que los incentivos deberían promover inversión en vez de convertirse en un flujo prolongado de apoyo público. También pidió a los líderes locales examinar por qué Intel continúa recibiendo exenciones en esos campus, especialmente ante los miles de millones de dólares en subvenciones federales y créditos fiscales relacionados con la CHIPS Act.

La respuesta de Intel y el debate sobre incentivos

Consultada sobre las afirmaciones, Intel respondió que trabaja estrechamente con los gobiernos de las regiones donde opera para aprovechar incentivos que apoyen la investigación y desarrollo, así como la fabricación de semiconductores de vanguardia. La empresa indicó que no proporcionaría más detalles aparte de la información disponible en sus informes anuales.

La respuesta defiende el uso de incentivos como parte de la cooperación con las autoridades, pero no ofrece cifras adicionales sobre los beneficios fiscales mencionados en el análisis. Así, la discusión pública queda planteada entre la justificación empresarial de apoyar la investigación y la fabricación avanzada, y el llamado de la organización a evaluar el costo que esos acuerdos implican para los presupuestos locales.

Good Jobs First también ha cuestionado incentivos fiscales concedidos a centros de datos y a las compañías que los desarrollan u operan. La organización ha advertido que algunos estados podrían perder miles de millones en ingresos por proyectos de granjas de servidores, mientras otros no revelan el déficit fiscal asociado a esos beneficios.

Para Oregón y Nuevo México, el informe recomienda que las comunidades interesadas en atraer fábricas de semiconductores examinen si las exenciones estatales y locales son realmente necesarias. La pregunta adquiere especial relevancia, sostiene el documento, cuando una compañía opera en esos lugares desde hace generaciones y recibe simultáneamente otras formas de respaldo público.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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