Por Canuto  

Fuerzas estadounidenses hundieron en el Pacífico oriental una embarcación que, según SOUTHCOM, funcionaba como estación de reabastecimiento para barcos vinculados al narcotráfico y a Los Choneros. La operación, coordinada con Ecuador, ocurre mientras crecen las críticas por la campaña letal de Washington contra embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico.
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  • SOUTHCOM aseguró que la embarcación estaba sancionada por el Departamento del Tesoro y apoyaba a Los Choneros.
  • Marines y marineros del USS San Antonio abordaron el barco sin incidentes y trasladaron a sus ocupantes a Ecuador.
  • Senadores, Human Rights Watch y familiares de dos trinitarios cuestionan la legalidad y precisión de los ataques navales.

Fuerzas estadounidenses hundieron el 28 de agosto una embarcación en el Pacífico oriental que, según el Comando Sur de Estados Unidos, servía como punto de reabastecimiento de combustible en el mar para barcos dedicados al narcotráfico. La operación se realizó en coordinación con el gobierno de Ecuador y forma parte de una campaña militar de mayor intensidad contra las redes criminales que Washington vincula con el tráfico de drogas hacia comunidades estadounidenses.

Una estación de combustible en alta mar

SOUTHCOM, la estructura militar que supervisa las operaciones de Estados Unidos en América Central y del Sur, afirmó que su inteligencia había identificado la embarcación antes de la intervención. En un comunicado, el comando señaló que el barco estaba previamente identificado y sancionado por el Departamento del Tesoro, y que operaba en apoyo de la organización que describió como la violenta entidad narco-terrorista Los Choneros.

La acusación coloca a la embarcación en una función logística más que directamente relacionada con el transporte de drogas, de acuerdo con la versión oficial. Al servir como punto de suministro de combustible en el mar, el barco habría permitido que otras embarcaciones permanecieran operativas durante trayectos prolongados, una capacidad que SOUTHCOM considera parte de las tácticas clandestinas de las organizaciones criminales transnacionales.

Los Choneros fueron designados por Estados Unidos como organización terrorista extranjera en septiembre de 2025, según información de la embajada estadounidense. Esa clasificación amplía el marco político y operativo utilizado por Washington, aunque la información suministrada para esta operación no incluye detalles públicos sobre la evidencia específica que vinculó a cada ocupante con la organización.

La Coalición Anticártel de las Américas, presentada oficialmente en marzo de este año, reúne a Estados Unidos y a otros países del hemisferio occidental con el objetivo de interrumpir las operaciones de los cárteles. SOUTHCOM presentó el operativo como una muestra de la coordinación regional, mientras Ecuador participó en el rastreo de la embarcación y recibió posteriormente a las personas retiradas del barco.

Abordaje, traslado y hundimiento

Marines y marineros estadounidenses partieron del buque de desembarco de transporte anfibio USS San Antonio para abordar y registrar la embarcación sospechosa. SOUTHCOM aseguró que la inspección ocurrió sin incidentes, una vez que las fuerzas estadounidenses tomaron el control de la situación y revisaron el barco señalado por sus vínculos con la red criminal.

Según el comando, las personas que se encontraban a bordo fueron retiradas y escoltadas de forma segura hasta Ecuador. Después de despejar la operación, las fuerzas estadounidenses hundieron la embarcación, una decisión que convierte el caso en una acción de neutralización material de una supuesta infraestructura de apoyo al narcotráfico, y no solamente en una inspección marítima.

SOUTHCOM publicó imágenes que, según su propia descripción, muestran a los militares abordando el barco y registrando sus instalaciones. También divulgó imágenes de la destrucción de la embarcación mediante una explosión que la envolvió en llamas, aunque la información disponible no identifica públicamente a los ocupantes ni ofrece un inventario detallado del combustible, las armas o los narcóticos que pudieran haber sido encontrados.

El comandante de SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, afirmó que la operación demostraba la capacidad de la Coalición Anticártel de las Américas para desmantelar tácticas y capacidades narco-terroristas sofisticadas y clandestinas. La declaración presentó el hundimiento como una medida destinada a impedir el tráfico de drogas peligrosas hacia Estados Unidos, pero no resolvió las preguntas externas sobre las reglas jurídicas que regulan este tipo de acciones en aguas internacionales.

Una campaña naval bajo escrutinio

El operativo se suma a un enfoque más contundente que el ejército estadounidense ya aplicaba contra las embarcaciones sospechosas antes de formar la coalición regional. El 2 de septiembre de 2025, fuerzas estadounidenses bombardearon en el mar Caribe un barco que, según funcionarios, transportaba narcóticos; el ataque dejó 11 personas muertas y se convirtió en el primero de una serie continua de acciones contra embarcaciones presuntamente dedicadas al tráfico de drogas.

Durante el último año, las fuerzas estadounidenses han atacado decenas de embarcaciones adicionales en el Caribe y el Pacífico oriental, de acuerdo con la información citada. El 25 de agosto, SOUTHCOM también asumió la responsabilidad por un ataque en el Caribe que mató a cuatro personas identificadas por el comando como integrantes de una red de narcotráfico, aunque el gobierno estadounidense no ha divulgado públicamente los nombres de las personas que afirma haber matado en estas operaciones.

La expansión de los ataques letales ha provocado cuestionamientos políticos y de organizaciones defensoras de los derechos humanos. El senador Tim Kaine, demócrata por Virginia, escribió al presidente en una carta fechada el 3 de agosto que una revisión cuidadosa de la evidencia disponible sugería que Estados Unidos había matado a personas que no estaban involucradas en el narcotráfico.

Human Rights Watch describió en un informe publicado en diciembre la campaña de ataques contra embarcaciones como una serie de asesinatos extrajudiciales. La organización cuestionó así no solo la identificación de los objetivos, sino también el uso de fuerza letal como respuesta a actividades que, en algunos casos, podrían requerir detenciones, investigaciones y procedimientos judiciales.

Familias reclaman respuestas

El debate también llegó a los tribunales a través de una demanda por muerte injusta presentada en enero contra Estados Unidos por familiares de dos ciudadanos de Trinidad y Tobago desaparecidos desde octubre. Los demandantes sostienen que ambos hombres trabajaban como migrantes en la vecina Venezuela y habían organizado un viaje en barco para regresar a su país.

De acuerdo con la demanda, los familiares creen que los dos hombres pudieron haber sido asesinados durante un ataque ejecutado el 14 de octubre por fuerzas estadounidenses. La acusación no equivale por sí misma a una determinación judicial sobre lo ocurrido, pero muestra el impacto humano que pueden tener las operaciones marítimas cuando los gobiernos no identifican a las personas afectadas ni explican públicamente las pruebas utilizadas para seleccionar los objetivos.

El gobierno de Estados Unidos no ha identificado públicamente a ninguna de las personas que considera haber matado durante los ataques contra embarcaciones. Esa falta de información alimenta las críticas de quienes exigen transparencia, especialmente cuando la versión oficial atribuye a los objetivos vínculos con redes criminales, pero no detalla las pruebas, la cadena de mando ni los mecanismos de revisión posteriores a cada operativo.

El hundimiento del 28 de agosto, por tanto, combina dos dimensiones de la política antidrogas estadounidense: la cooperación militar con gobiernos regionales y la destrucción directa de activos que Washington considera parte de la infraestructura de los cárteles. El respaldo de Ecuador y la presentación pública de las imágenes fortalecen la narrativa operativa de SOUTHCOM, mientras las denuncias de legisladores, organizaciones humanitarias y familiares mantienen abierta la discusión sobre legalidad, rendición de cuentas y protección de civiles.

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