Por Canuto  

Las estafas que imitan a policías, jueces y funcionarios gubernamentales provocaron pérdidas superiores a USD $1.600 millones desde enero de 2025, según el FBI. Los delincuentes combinan amenazas de arresto, investigación previa sobre sus víctimas, videollamadas, uniformes falsos y oficinas simuladas para hacer creíble el engaño.
***

  • El FBI recibió cerca de 61.000 denuncias entre enero de 2025 y julio de 2026, con pérdidas promedio superiores a USD $26.000 por caso.
  • Las estafas dirigidas contra comunidades étnicas, ciudadanos extranjeros y estudiantes internacionales generaron más de USD $140 millones.
  • El organismo recordó que ninguna agencia policial exige pagos ni información sensible por teléfono para evitar un arresto.

 

El FBI advierte sobre una ola de suplantaciones que combina miedo, tecnología y escenografías falsas para extraer dinero de sus víctimas.

Las estafas en las que delincuentes se hacen pasar por agentes de la ley o funcionarios gubernamentales provocaron pérdidas superiores a USD $1.600 millones desde enero de 2025, de acuerdo con los datos divulgados por el FBI. El Centro de Quejas por Delitos Informáticos del organismo, conocido como IC3, recibió cerca de 61.000 denuncias entre enero de 2025 y julio de 2026, lo que sitúa la pérdida promedio por reporte por encima de USD $26.000.

El mecanismo más frecuente comienza con una llamada telefónica no solicitada y una acusación inventada. El impostor asegura que la persona cometió un delito, que está vinculada con una investigación o que enfrenta cargos, y después amenaza con arresto o prisión si no entrega dinero para resolver el supuesto problema, informa The Register.

La presión funciona porque los delincuentes presentan el pago como una salida inmediata ante una autoridad aparentemente legítima, en lugar de plantearlo como una negociación abierta. En muchos casos, la urgencia impide que la víctima cuelgue, consulte a familiares o verifique la identidad del interlocutor mediante canales oficiales.

El FBI recordó que sus agentes y las demás agencias de aplicación de la ley no llaman a las personas para exigir pagos ni para solicitar información personal o sensible como condición para evitar un arresto. Esa advertencia resulta especialmente relevante cuando el contacto utiliza números, nombres, sellos o documentos que parecen oficiales, pero que los estafadores pueden fabricar con herramientas digitales.

Del jurado falso a la extorsión profesional

Aproximadamente 11% de las quejas correspondió a una modalidad basada en supuestos incumplimientos del deber de jurado o de una cita judicial. Los criminales afirman que la víctima debe pagar una multa para corregir la falta y, si se niega, amenazan con arrestarla; el IC3 registró 6.833 denuncias de este tipo y pérdidas cercanas a USD $36 millones.

Otra variante utiliza información pública o recopilada previamente sobre la profesión de la víctima para adaptar el engaño. El organismo describió casos en los que delincuentes contactaron a profesionales médicos y afirmaron que su licencia estaba por vencer o que había sido utilizada en la comisión de un delito.

Después de presentar esa acusación, los estafadores exigían dinero para renovar la licencia o prometían proteger la reputación profesional del objetivo. El IC3 recibió 3.322 denuncias de estafas dirigidas de esta clase, con pérdidas totales superiores a USD $37 millones, una cifra que muestra cómo la personalización puede elevar el daño económico.

También aparecieron 496 denuncias en las que los criminales aseguraban que documentos como licencias de conducir o pasaportes habían vencido. Aunque esta táctica representó una fracción pequeña del total, produjo alrededor de USD $348.000 en pérdidas, porque el impostor convertía un trámite cotidiano en una amenaza inmediata y difícil de comprobar durante la llamada.

Videollamadas, uniformes y oficinas de cartón

La modalidad más elaborada descrita por el IC3 apuntó a estadounidenses de distintas comunidades étnicas, ciudadanos extranjeros y estudiantes internacionales en Estados Unidos. Los delincuentes se presentaban como funcionarios de cuerpos policiales extranjeros o como diplomáticos de esos países, y amenazaban con cancelar el pasaporte de la víctima o iniciar un proceso de extradición.

En algunos casos, el contacto no se limitaba a una llamada de voz, sino que incluía videollamadas preparadas para reforzar la ilusión de autenticidad. Los estafadores podían vestir uniformes de las fuerzas de seguridad de un país o realizar la comunicación desde decorados construidos para parecer instalaciones gubernamentales reales.

El IC3 contabilizó 1.809 quejas de esta estafa dirigida durante los 19 meses del período analizado, con pérdidas superiores a USD $140 millones. Eso significa que una modalidad que representó menos de 3% de las denuncias concentró casi 10% de las pérdidas totales, una diferencia que revela el impacto de seleccionar objetivos vulnerables y desarrollar guiones más complejos.

La inteligencia artificial puede facilitar la creación de imágenes, voces, documentos y entornos convincentes, aunque la información divulgada no atribuye cada elemento de estas operaciones a una herramienta específica. El factor decisivo sigue siendo la combinación de una identidad falsa, una amenaza creíble y la exigencia de actuar antes de que la víctima pueda verificar la historia.

Un problema que también aparece fuera de internet

Las suplantaciones de agentes de la ley no se limitan a las llamadas telefónicas, los mensajes o las videoconferencias. En Países Bajos, la policía recibió más de 7.200 denuncias de estafas de policías falsos durante el primer semestre de 2026, según reportes sobre las cifras policiales. Allí, los delincuentes suelen presentarse personalmente en los hogares de las víctimas.

El objetivo habitual son personas mayores a quienes los impostores ofrecen custodiar joyas, dinero, tarjetas bancarias y otros objetos de valor. Después de ganar su confianza al hacerse pasar por una autoridad, los criminales se llevan los bienes que supuestamente iban a proteger.

Los casos han aumentado en distintas partes del país durante los últimos años, y se ha detectado la participación de sospechosos de apenas 14 años. Como respuesta, las autoridades neerlandesas han impulsado campañas de concientización pública para explicar que un funcionario legítimo no necesita retirar objetos valiosos de una vivienda mediante una amenaza telefónica o presencial.

La diferencia entre los casos estadounidenses y neerlandeses está en el método, pero no en la lógica del engaño: ambos explotan la confianza asociada con una autoridad y el temor a sufrir consecuencias legales. Esa fórmula puede adaptarse a las costumbres de cada país, a los sistemas judiciales locales y a los canales de comunicación que las víctimas utilizan con mayor frecuencia.

Cómo verificar una llamada sospechosa

El FBI aconseja pedir credenciales y comprobar de forma independiente la identidad de quien llama. Para hacerlo, la persona debe buscar por su cuenta los datos públicos de la oficina correspondiente, comunicarse con ella mediante un número oficial y preguntar si existe realmente el funcionario que realizó el contacto.

La verificación independiente es importante porque devolver la llamada al número proporcionado por el propio estafador no confirma nada. Los criminales pueden entregar líneas controladas por ellos, falsificar identificadores de llamadas o enviar enlaces que conducen a páginas diseñadas para capturar datos personales y financieros.

La presencia de una videollamada tampoco demuestra que el interlocutor sea real, incluso si aparece con uniforme, documentos o un fondo institucional. Una persona que exige dinero para cancelar cargos, renovar una licencia, evitar una multa o impedir una extradición está describiendo señales de alerta que justifican terminar la comunicación y buscar asesoría por canales oficiales.

El aviso llega después de que el IC3 reportara un fuerte aumento de las pérdidas por delitos en internet. En su informe anual correspondiente a 2025, el centro señaló pérdidas totales de USD $20.877 millones en todo tipo de ciberdelitos, un incremento de 26% frente al año anterior y la primera vez que el registro anual superó el umbral de USD $20.000 millones.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


ADVERTENCIA: DiarioBitcoin ofrece contenido informativo y educativo sobre diversos temas, incluyendo criptomonedas, IA, tecnología y regulaciones. No brindamos asesoramiento financiero. Las inversiones en criptoactivos son de alto riesgo y pueden no ser adecuadas para todos. Investigue, consulte a un experto y verifique la legislación aplicable antes de invertir. Podría perder todo su capital.

Suscríbete a nuestro boletín

Artículos Relacionados