Por Canuto  

Abraham Teklu Lemma, un especialista en TI con habilitación Top Secret que trabajó para varias agencias de EE.UU., se declaró culpable de conspirar para transmitir información de defensa nacional a funcionarios etíopes. El acuerdo contempla una condena de entre 120 y 262 meses de prisión.
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  • Lemma se declaró culpable de conspirar para transmitir información de defensa nacional a un gobierno extranjero y aceptó una condena de entre 10 y casi 22 años de prisión.
  • Los fiscales sostienen que copió información de al menos 133 informes y sacó más de 100 documentos clasificados en discos etiquetados para material sin clasificar.
  • El FBI afirmó que funcionarios etíopes utilizaron información de defensa nacional en operaciones militares durante un conflicto en curso.

Empleado de TI de EE.UU. admite conspirar para transmitir secretos a Etiopía

Abraham Teklu Lemma se declaró culpable de conspirar para transmitir información clasificada a funcionarios etíopes mientras trabajaba en distintas áreas del gobierno estadounidense. El acuerdo contempla una condena de entre 120 y 262 meses de prisión.

Acceso a sistemas clasificados

Abraham Teklu Lemma, ciudadano estadounidense naturalizado de 53 años y residente de Maryland, se declaró culpable de conspirar para transmitir información de defensa nacional a un gobierno extranjero. Según el Departamento de Justicia de EE.UU., aceptó un rango de condena de 120 a 262 meses, equivalente a un mínimo de 10 años y un máximo de casi 22. La declaración de culpabilidad no significa que el tribunal ya haya impuesto una pena definitiva.

Entre 2019 y 2023, Lemma trabajó en distintas funciones para la Oficina Nacional de Reconocimiento, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia. Desde 2021 cubría turnos nocturnos como técnico de mesa de ayuda de TI en el Departamento de Estado, mientras que durante el día trabajaba en el Departamento de Justicia como analista de gestión de contratos. La coexistencia de esos puestos le daba acceso a entornos y tareas diferentes.

Lemma tenía una habilitación de seguridad Top Secret desde 2020 y trabajaba en una instalación de información compartimentada sensible, conocida por sus siglas en inglés como SCIF. Ese tipo de espacio seguro se destina al manejo de información clasificada, pero la habilitación no autorizaba por sí sola a consultar cualquier documento. Los registros judiciales establecen que el acceso también dependía de que la información resultara necesaria para sus funciones oficiales.

Su cargo le permitía ejercer una autoridad de transferencia conocida como «downdraft»: podía mover archivos clasificados entre sistemas clasificados y pasar archivos sin clasificar desde esos sistemas a redes sin clasificación. Sin embargo, solo podía consultar archivos clasificados en sistemas ajenos al Departamento de Estado si contaba con aprobación escrita que justificara esa tarea. Los fiscales sostuvieron que Lemma excedió esos límites al explorar portales clasificados de otras áreas y revisar informes sin la autorización requerida.

Copias ocultas y documentos sin marcas

Los documentos judiciales describen una operación que, según la acusación, se extendió durante más de dos años y concluyó alrededor de agosto de 2023. La demanda penal situó inicialmente el comienzo del presunto delito en julio de 2022, aunque el Departamento de Justicia indicó después que las actividades comenzaron en 2021. Esa diferencia aparece en la cronología divulgada y no queda resuelta en la información disponible sobre la declaración de culpabilidad.

Los fiscales afirmaron que Lemma accedió sin autorización de necesidad de saber a información de al menos 133 informes de inteligencia. También sostuvieron que descargó más de 100 documentos, los copió en CD o DVD y quitó las marcas que indicaban su clasificación. El material incluía documentos de nivel Secret y Top Secret, por lo que borrar esas etiquetas no cambiaba el carácter sensible de su contenido.

Para sacar los discos de la instalación segura, Lemma habría utilizado etiquetas verdes, reservadas para soportes que debían contener únicamente información sin clasificar. Al terminar sus turnos, presuntamente los escondía en el bolsillo de su chaqueta y abandonaba la SCIF con ellos. La acusación también describe otra práctica: revisaba material clasificado en su computadora, tomaba notas a mano, doblaba el papel y lo guardaba en el bolsillo.

La investigación no se limitó a los soportes físicos que supuestamente retiró. Los fiscales dijeron que Lemma guardó copias de archivos clasificados en sus propias unidades de almacenamiento y que funcionarios etíopes accedieron a ellas de forma remota en numerosas ocasiones entre abril y junio de 2023. Ese almacenamiento amplió los canales por los que, según la acusación, los contactos extranjeros podían consultar la información.

Contactos con funcionarios etíopes

De acuerdo con los fiscales, Lemma comenzó a transmitir información a funcionarios etíopes mediante una aplicación de mensajería cifrada alrededor de agosto o septiembre de 2022. El Departamento de Justicia indicó que entre sus contactos había altos funcionarios de las ramas política, militar y de inteligencia del gobierno de Etiopía. El material enviado incluía documentos, fotografías, notas y mapas relacionados con ese país.

Los funcionarios le pedían información sobre centros de mando, instalaciones logísticas, complejos militares y otros asuntos, según la acusación. Los mensajes también abordaban temas geopolíticos y hacían referencia a situaciones en otro país africano, que la fuente no identifica, y que comparte frontera con Etiopía. Además, las conversaciones mencionaban grupos rebeldes involucrados en el conflicto con Etiopía.

Los fiscales atribuyeron a Lemma mensajes que instaban a actuar contra grupos paramilitares enfrentados con Etiopía. En uno de ellos escribió: «Tenemos que terminar con esta gente de una vez por todas, de lo contrario nunca habrá paz en Etiopía». La acusación también cita una frase en la que pidió: «Por favor envíen drones», después de compartir información adicional.

La cronología de esos mensajes presenta una aparente inconsistencia en el relato divulgado: la transmisión a funcionarios etíopes habría comenzado en agosto o septiembre de 2022, pero la fuente atribuye a Lemma uno de los mensajes citados al 18 de diciembre de 2021. La información disponible no explica esa diferencia, por lo que ambas referencias deben leerse como fechas consignadas en la acusación y no como una secuencia ya aclarada.

El dinero y la reacción del FBI

Los investigadores también vincularon el caso con movimientos de dinero durante el periodo en que Lemma trabajaba para funcionarios extranjeros. Los fiscales afirmaron que realizó varios depósitos bancarios por más de USD $66.000 en total. En una ocasión, cuando intentó ingresar una suma superior a USD $10.000, habría desalentado con enojo al personal del banco de presentar un informe de transacción en efectivo.

El Departamento de Justicia anunció la declaración de culpabilidad y describió la información como material de defensa nacional entregado a representantes del gobierno etíope. Roman Rozhavsky, funcionario del FBI, dijo que Lemma traicionó a Estados Unidos pese a haber jurado defender su Constitución. También sostuvo que, según la admisión de Lemma, funcionarios etíopes utilizaron la información clasificada en operaciones militares durante un conflicto en curso.

Rozhavsky agregó que el caso debía servir de advertencia a los servicios de inteligencia extranjeros y a quienes colaboren con ellos contra los intereses estadounidenses. Su declaración expresa la posición del FBI sobre el impacto del material entregado, mientras que los documentos judiciales detallan las conductas atribuidas a Lemma y el acuerdo que aceptó. La culpabilidad reconocida por el acusado marca ahora el proceso penal: la sentencia está programada para el 14 de abril de 2027, según Fox Baltimore, y el tribunal aún debe imponerla.

La cobertura de The Register también detalló el uso de discos etiquetados en verde, las notas manuscritas y las consultas a portales ajenos al Departamento de Estado. En conjunto, esos elementos muestran por qué los controles de acceso no dependen únicamente de una habilitación de seguridad: también exigen límites sobre qué archivos puede consultar cada empleado, cómo puede transferirlos y dónde puede almacenarlos. En este caso, Lemma se declaró culpable de conspirar para transmitir información de defensa nacional y aceptó enfrentar una condena de al menos una década.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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