Por Canuto  

El Departamento de Justicia de Estados Unidos busca confiscar más de USD $25 millones en criptomonedas recuperadas de cinco investigaciones sobre estafas de inversión y romance que afectaron a víctimas en Estados Unidos y Canadá.

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  • El DOJ solicitó la confiscación civil de más de USD $25 millones en criptomonedas vinculadas a cinco investigaciones internacionales de fraude.
  • Los casos incluyeron falsas plataformas de inversión cripto y estafas románticas que habrían afectado a cientos de víctimas.
  • La recuperación eleva a más de USD $800 millones los activos confiscados por el Grupo de Trabajo del Centro de Estafas.

 

El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició acciones para confiscar más de USD $25 millones en criptomonedas recuperadas durante cinco investigaciones internacionales de fraude. Las autoridades relacionan los activos con redes que habrían engañado a víctimas en Estados Unidos y Canadá.

Los expedientes describen dos patrones principales. Algunos grupos ofrecían plataformas falsas de inversión en criptomonedas, mientras otros utilizaban vínculos románticos en línea para convencer a las víctimas de transferir fondos.

La Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Columbia informó que investigadores del Servicio Secreto, mediante su Oficina de Campo de Washington y el Grupo de Trabajo de Fraude Cibernético, rastrearon varias redes de lavado de dinero.

El análisis conectó los movimientos con miles de víctimas sospechosas en distintas partes del mundo. Los investigadores creen que los afectados enviaron dinero a servicios que aparentaban ser plataformas legítimas de inversión cripto.

Las autoridades someterán los activos a procedimientos de confiscación civil. Si los tribunales reconocen las reclamaciones correspondientes, las víctimas elegibles podrían solicitar una compensación con los fondos recuperados.

Cinco investigaciones con patrones de lavado comunes

La acción reúne cinco investigaciones separadas. Cada expediente involucra una operación de fraude distinta, aunque los fiscales identificaron patrones comunes para mover las criptomonedas robadas mediante redes ubicadas en el extranjero.

La investigación de mayor tamaño comenzó después de que autoridades canadienses alertaran a sus pares estadounidenses sobre una actividad sospechosa. El aviso llegó a finales de 2024 y se relacionó con un posible fraude transfronterizo.

Los investigadores identificaron más de 270 transacciones de víctimas presuntamente conectadas con ese esquema. En este caso, el DOJ busca confiscar aproximadamente USD $10,4 millones en criptomonedas.

Un segundo expediente se centró en estafas románticas en línea. Los fiscales indicaron que más de 200 víctimas habrían recibido presiones para transferir dinero hacia inversiones de criptomonedas fraudulentas.

Las autoridades buscan aproximadamente USD $12,1 millones vinculados con esa operación. El caso representa la mayor parte de la recuperación anunciada dentro de la nueva acción de confiscación.

Tres investigaciones adicionales surgieron de denuncias presentadas por víctimas en la Región de la Capital Nacional de Estados Unidos. Una investigación reportada en mayo de 2026 busca cerca de USD $1,2 millones.

Otra denuncia, reportada en marzo de 2026, persigue aproximadamente USD $2,4 millones. El quinto caso involucra una estafa de recuperación basada en tarifas y busca cerca de USD $285.000.

Redes internacionales y rutas hacia el sudeste asiático

Los fiscales señalaron que las operaciones de lavado relacionadas con los cinco casos tenían su base principalmente en el sudeste asiático. Las direcciones IP asociadas con los esquemas aparecieron sobre todo en China, Malasia y Camboya.

La ubicación de esas conexiones refleja la dimensión transfronteriza de los fraudes digitales. Los grupos pueden captar víctimas en un país, recibir fondos en otro y mover los activos a través de varias jurisdicciones.

Las criptomonedas no eliminan la posibilidad de rastrear los fondos. Sin embargo, los investigadores deben seguir cadenas de transferencias entre billeteras, identificar servicios intermediarios y vincular las direcciones con personas u operaciones concretas.

La Oficina del Fiscal de Estados Unidos explicó que el Servicio Secreto siguió múltiples redes de lavado conectadas con miles de víctimas. El objetivo fue localizar los canales financieros utilizados para mover las ganancias ilícitas.

Según crypto.news, la acción incluye procedimientos civiles y no equivale, por sí sola, a una condena penal contra todas las personas relacionadas con las direcciones investigadas. La confiscación deberá avanzar ante los tribunales y enfrentar posibles reclamaciones de propiedad.

Este mecanismo también permite que las autoridades actúen sobre los activos mientras continúan los esfuerzos para determinar su origen. Las víctimas deberán demostrar su relación con los fondos y cumplir los requisitos del proceso judicial.

La complejidad de estos casos muestra por qué las falsas plataformas de inversión suelen resultar difíciles de detectar. Los estafadores pueden presentar páginas profesionales, balances ficticios y supuestas ganancias antes de exigir nuevos depósitos.

En las estafas románticas, la manipulación emocional cumple una función central. El contacto prolongado crea confianza y puede llevar a la víctima a interpretar las transferencias como una oportunidad compartida, en lugar de una operación de alto riesgo.

El Grupo de Trabajo del Centro de Estafas amplía sus recuperaciones

El DOJ dijo que la nueva acción eleva a más de USD $800 millones los activos recuperados mediante el Grupo de Trabajo del Centro de Estafas. La iniciativa fue lanzada en noviembre de 2025 por la fiscal de Estados Unidos Jeanine Ferris Pirro.

El grupo busca interrumpir redes internacionales de fraude relacionadas con criptomonedas. Su estrategia combina investigaciones financieras, análisis de blockchain y cooperación con autoridades de otros países.

En un comunicado del Departamento de Justicia, Pirro afirmó que perseguir las operaciones internacionales de lavado permite atacar una parte esencial de estos delitos. También sostuvo que los investigadores desmantelaron redes complejas y protegieron a las víctimas.

La funcionaria añadió que las acciones interrumpieron canales financieros criminales utilizados para mover ganancias ilícitas. La declaración destaca un cambio de enfoque: seguir el dinero además de investigar la captación inicial de las víctimas.

La confiscación anunciada se suma a otras medidas recientes contra fondos digitales vinculados con estafas y delitos cibernéticos. En Massachusetts, la fiscalía federal presentó a comienzos de 2026 una demanda civil relacionada con 327.829,72 USDT.

Ese expediente se vinculó con una estafa romántica en línea. Según documentos judiciales de marzo de 2026, un residente de Massachusetts conoció al supuesto estafador mediante una aplicación de citas.

La víctima habría sido persuadida para transferir dinero hacia inversiones falsas. Después, los fondos pasaron por varias billeteras de blockchain y fueron convertidos en USDT, la stablecoin emitida por Tether.

Los investigadores federales incautaron varias billeteras relacionadas con ese caso. El análisis de blockchain permitió seguir el movimiento de los fondos hasta identificar direcciones conectadas con la supuesta operación de lavado.

Los fiscales indicaron que la confiscación civil puede permitir la devolución de activos digitales a víctimas elegibles. Esa posibilidad depende de que el tribunal resuelva las reclamaciones de propiedad y determine quién tiene derecho a recibir los fondos.

El rastreo también alcanza ransomware y narcotráfico

Las acciones de recuperación del DOJ no se limitan a las estafas de inversión o romance. En julio de 2025, el departamento presentó otra demanda civil para confiscar casi USD $2,3 millones en Bitcoin.

Los fiscales relacionaron esos fondos con el grupo de ransomware Chaos. Según la acusación, la criptomoneda llegó a una billetera asociada con un presunto integrante de esa operación de ransomware como servicio.

El FBI incautó los activos después de acceder a la billetera y transferir los fondos a una custodia controlada por el gobierno. El caso muestra cómo las investigaciones pueden combinar inteligencia técnica con medidas judiciales de recuperación.

Los documentos judiciales de varios expedientes describen transferencias sucesivas entre billeteras. Los investigadores analizan esas rutas para ubicar direcciones vinculadas con redes de fraude, operaciones de lavado o servicios utilizados por delincuentes.

El Departamento del Tesoro también amplió su aplicación de sanciones relacionadas con activos digitales. En marzo de 2026, sancionó a dos redes aparentemente vinculadas con el Cartel de Sinaloa de México.

El Tesoro acusó a esas redes de utilizar transacciones con criptomonedas para mover ganancias del tráfico de fentanilo. La agencia identificó varias direcciones de billeteras de Ethereum relacionadas con las sanciones.

De acuerdo con las acusaciones, asociados del cartel convertían efectivo en criptomonedas antes de transferir fondos ilícitos a través de redes de blockchain. La medida refleja el uso de herramientas de análisis para identificar movimientos financieros que cruzan fronteras.

Estos casos no significan que toda actividad con criptomonedas sea ilícita. También evidencian que las transacciones en blockchain pueden aportar registros útiles para investigar delitos, siempre que las autoridades consigan vincular las direcciones con operaciones reales.

Para las víctimas, la recuperación de los fondos representa una oportunidad, pero no una garantía inmediata de reembolso. Los procesos civiles todavía deben resolver la titularidad de los activos y la elegibilidad de cada reclamante.

La nueva acción del DOJ mantiene la presión sobre las redes que combinan ingeniería social, plataformas falsas y lavado internacional. Mientras avanzan las investigaciones, el análisis de blockchain seguirá siendo una herramienta central para rastrear y recuperar activos digitales.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA.

 


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