Por Canuto  

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que obtuvo autorización judicial para incautar o inmovilizar más de USD $1.200 millones en criptomonedas robadas a Binance, mientras continúa el rastreo de los fondos y la investigación de otros fraudes digitales.

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  • El DOJ informó que obtuvo autorización judicial para incautar o inmovilizar más de USD $1.200 millones sustraídos a Binance.
  • Más de USD $2.700 millones de los más de USD $6.000 millones robados el 29 de octubre fueron congelados, según las autoridades.
  • El gobierno también intervino infraestructura vinculada a FaceStealer, una campaña que habría robado más de USD $400 millones en 18 meses.

 

 

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que obtuvo autorización judicial para incautar o inmovilizar más de USD $1.200 millones en criptomonedas robadas a Binance. El anuncio, informado por CNBC el jueves 12 de noviembre, se enmarca en una operación para rastrear los activos sustraídos al exchange el 29 de octubre y evitar que sus responsables los conviertan o transfieran a través de otros canales.

El monto corresponde a una parte del botín, que superó los USD $6.000 millones, según la información difundida por las autoridades. El FBI atribuye el ataque a actores cibernéticos norcoreanos identificados como TraderTraitor. Esa atribución es la evaluación de la agencia y no identifica públicamente a los autores individuales del robo.

El Departamento de Justicia señaló que los esfuerzos coordinados del gobierno estadounidense y del sector privado ya permitieron congelar más de USD $2.700 millones de los fondos robados. La cifra incluye acciones de distintas entidades y proveedores de servicios de activos virtuales, mientras que el trabajo para localizar y bloquear el resto continúa, pues las autoridades afirman que los responsables siguen intentando blanquear los activos.

La autorización para incautar o inmovilizar fondos no equivale por sí sola a que todo ese dinero haya sido devuelto a Binance o a sus usuarios. El anuncio describe una medida judicial para impedir que los activos sigan circulando, y el proceso de recuperación depende de las acciones posteriores de las autoridades y de la localización efectiva de cada fondo.

El rastreo enfrenta el lavado a través de canales cripto

El DOJ presentó la intervención como parte de una respuesta más amplia a lo que calificó como intentos del gobierno norcoreano de financiar su régimen mediante el robo masivo de criptomonedas. La estrategia anunciada combina medidas judiciales sobre activos digitales con cooperación de socios de las fuerzas del orden y empresas que prestan servicios relacionados con esos activos.

La dificultad inmediata es que el rastro del dinero no termina cuando se identifica una dirección asociada al robo. Según el Departamento de Justicia, los actores señalados como TraderTraitor continúan moviendo los fondos por diversos canales de criptomonedas, por lo que las labores de rastreo y congelamiento siguen abiertas incluso después de que se bloquearan miles de millones de dólares.

En este tipo de investigaciones, una orden de inmovilización puede limitar la posibilidad de transferir activos bajo control de servicios que colaboran con las autoridades, pero no garantiza que todo el botín esté localizado. La información oficial no detalla qué proporción de los más de USD $1.200 millones está ya bajo custodia, qué plataformas participaron en cada bloqueo ni cuándo podría completarse una eventual devolución.

El subdirector principal adjunto del Fiscal General para Seguridad Nacional, M. Scott Proctor, dijo que Corea del Norte financia su régimen y su programa de armas ilícitas mediante el robo de criptomonedas. Añadió que la División de Seguridad Nacional utilizará las herramientas a su disposición para incautar y devolver las ganancias ilícitas atribuidas al país, una declaración que expresa el objetivo del gobierno y no confirma que los fondos ya hayan sido restituidos.

La investigación también apunta a FaceStealer

En una acción separada, las autoridades estadounidenses incautaron infraestructura en la nube que, según el DOJ, era utilizada por FaceStealer. La campaña habría robado más de USD $400 millones en criptomonedas durante un período de 18 meses, mediante un esquema de ingeniería social que se dirige especialmente a personas vinculadas con las industrias cripto y web3.

El método comienza con videollamadas falsas organizadas mediante cuentas robadas y grabaciones de personas conocidas por las víctimas. Los atacantes emplean deepfakes generados con inteligencia artificial para que esas conversaciones parezcan legítimas y, durante la llamada, alegan que existe un problema técnico que requiere una solución en la computadora del objetivo.

La supuesta solución sirve para inducir a la víctima a instalar malware. Una vez dentro del dispositivo, los hackers pueden tomar control de las comunicaciones, robar criptomonedas y dirigirse a los contactos de la persona afectada; según la descripción oficial, esos ataques posteriores pueden ocurrir meses después e incluso más de un año tras el compromiso inicial.

Patrick Grandy, subdirector a cargo de la oficina de campo del FBI en Los Ángeles, describió FaceStealer como un esquema capaz de engañar incluso a usuarios experimentados y atentos a la seguridad. Advirtió que la operación explota la confianza en plataformas de videoconferencia de uso extendido y en relaciones personales, y sostuvo que cualquier persona que descarte de plano la posibilidad de ser víctima quizá no esté considerando suficientes escenarios de riesgo.

Dos operaciones, una advertencia sobre la seguridad digital

Los casos de Binance y FaceStealer son investigaciones distintas: el primero se refiere al robo multimillonario del 29 de octubre y a la atribución del FBI a TraderTraitor, mientras el segundo describe una campaña de suplantación basada en videollamadas y malware. La intervención de infraestructura en la nube vinculada a FaceStealer no debe confundirse con el congelamiento de activos asociados al ataque contra Binance.

En conjunto, las medidas muestran que las investigaciones sobre robos de criptomonedas pueden abarcar tanto los activos como la infraestructura utilizada para cometer los delitos. Las autoridades no detallaron cuánto del dinero atribuido a FaceStealer fue recuperado ni si las incautaciones relacionadas con esa campaña se traducirán en restituciones, de modo que el alcance financiero de esa operación sigue sin estar precisado en el anuncio.

Para los usuarios, la descripción del FBI deja una advertencia práctica: una videollamada con una persona conocida no basta para demostrar que la cuenta o el equipo del interlocutor sean auténticos. En el esquema descrito, el engaño combina identidad suplantada, urgencia técnica y una descarga maliciosa, por lo que la solicitud de instalar software durante una llamada puede convertirse en un punto de entrada para el robo.

El DOJ dijo que continuará coordinando acciones contra los esquemas que atribuye al gobierno norcoreano, mientras las autoridades y los proveedores de servicios intentan interceptar los activos del hackeo a Binance. La cantidad anunciada como congelada supera los USD $2.700 millones, pero la investigación sigue en curso y el comunicado no establece que el resto de los fondos haya sido localizado ni que los montos inmovilizados estén ya en manos de sus legítimos propietarios.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión

 


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