Bessent advierte sobre la deuda de los países pobres y pide reformas

El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, advirtió sobre la presión que enfrentan varias naciones de bajos ingresos y pidió revisar los mecanismos internacionales para acelerar las reestructuraciones de deuda. La propuesta incluye mayor transparencia, participación del sector privado y un reparto más equitativo de las pérdidas entre acreedores. Un análisis reciente del FMI examina la situación de 69 países de bajos ingresos, aunque señala que el número de naciones con deuda externa insostenible o en dificultades sigue siendo limitado.
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• Scott Bessent pidió revisar el Marco de Sostenibilidad de la Deuda del FMI y el Banco Mundial.
• Un análisis reciente del FMI evalúa a 69 países de bajos ingresos y distingue entre vulnerabilidad, deuda insostenible y situaciones de dificultad.
• Estados Unidos reclama mayor transparencia y reparto de cargas, una postura que presiona especialmente a China y a los acreedores privados.

Una advertencia ante el deterioro fiscal

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, advirtió que varias naciones de bajos ingresos podrían necesitar una reestructuración de su deuda soberana, en una señal relevante por la influencia de Washington sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La advertencia aparece mientras los organismos internacionales siguen evaluando la vulnerabilidad de los países con menores ingresos y el riesgo de que sus obligaciones limiten el gasto público y el crecimiento.

Un análisis reciente del FMI examina la situación de 69 países de bajos ingresos. Sin embargo, el organismo distingue entre los países con vulnerabilidades, aquellos cuya deuda externa pública es insostenible y los que ya se encuentran en dificultades: según el resumen del informe, el número de naciones en las dos últimas categorías sigue siendo limitado. Por ello, no puede afirmarse que más de la mitad de los 69 países esté ya en una categoría de alto riesgo o en crisis.

Según la cobertura original, Bessent no planteó un llamado generalizado al perdón de la deuda, sino una modificación de las reglas y herramientas utilizadas para determinar cuándo una carga financiera deja de ser manejable. Su propuesta busca que los países puedan iniciar conversaciones con sus acreedores antes de que el deterioro fiscal destruya sus posibilidades de recuperación, especialmente cuando las proyecciones muestran que el crecimiento por sí solo no permitiría salir del problema.

En una cumbre del G20 celebrada en Asheville, Carolina del Norte, Bessent sostuvo que el mundo está “anegado en deuda” y planteó una combinación de estrategias orientadas al crecimiento con mecanismos de reestructuración capaces de producir resultados en un plazo razonable. La agenda del encuentro también puso el foco en políticas para impulsar el crecimiento del sector privado, según la cobertura de las reuniones del G20.

La presión financiera que enfrentan esas naciones no responde a un solo episodio. Muchos gobiernos tomaron préstamos importantes durante la década de 2010, cuando las tasas de interés eran bajas, pero después sufrieron una caída de ingresos vinculada con el COVID-19, un aumento de los precios de los alimentos y la energía debido a disrupciones geopolíticas, y mayores costos de refinanciación tras el alza de las tasas globales.

Qué propone Bessent para la deuda soberana

El eje de la propuesta es revisar el Marco de Sostenibilidad de la Deuda, una herramienta analítica que utilizan el FMI y el Banco Mundial para evaluar si las obligaciones de un país pueden mantenerse sin comprometer sus finanzas públicas. Una revisión de ese mecanismo permitiría identificar con mayor rapidez cuándo un Estado necesita renegociar sus compromisos, en lugar de prolongar programas que dependen de supuestos de crecimiento poco realistas.

La idea no consiste en aplicar una cancelación automática a todos los deudores, sino en establecer un proceso que distinga entre problemas temporales de liquidez y situaciones de insolvencia más profunda. Esa diferencia resulta importante porque un país que solo enfrenta un vencimiento difícil puede necesitar más tiempo, mientras que otro con una carga insostenible requiere modificar el valor, los plazos o las condiciones de sus obligaciones.

Bessent también ha insistido en el concepto de reparto de cargas, que implica distribuir las pérdidas de una reestructuración entre los distintos acreedores de manera más equilibrada. La posición estadounidense sostiene que los recursos del FMI no deberían convertirse principalmente en un mecanismo para rescatar a acreedores oficiales que concedieron préstamos de forma agresiva u opaca, mientras los países deudores soportan el ajuste económico.

La transparencia ocupa otro lugar central en el planteamiento. Durante las reuniones financieras internacionales, Bessent argumentó que no puede existir una reestructuración justa si los participantes desconocen quién prestó el dinero, cuánto se debe y bajo qué condiciones se firmaron los contratos. La cobertura original también señaló que algunos préstamos chinos incluyen cláusulas de confidencialidad que dificultan reconstruir el panorama completo de las obligaciones.

La referencia a China tiene un peso político y financiero específico, porque el país se convirtió en uno de los principales prestamistas bilaterales de las economías en desarrollo mediante iniciativas como la Franja y la Ruta. Washington considera que todos los acreedores relevantes deben asumir condiciones comparables cuando una nación entra en crisis, mientras Pekín ha preferido históricamente negociar de forma bilateral y mantener privados los términos de sus acuerdos.

El desafío del Marco Común del G20

El principal mecanismo internacional para coordinar a los acreedores en una crisis soberana es el Marco Común del G20, creado en 2020. Sobre el papel, este sistema permite que un país negocie de manera estructurada y simultánea con sus distintos acreedores, una fórmula diseñada para evitar que cada grupo actúe por separado y retrase una solución integral.

En la práctica, el avance del Marco Común ha sido lento y solo un grupo reducido de países completó el proceso desde su creación. Chad, Zambia y Etiopía estuvieron entre los primeros solicitantes, pero sus negociaciones se extendieron durante años, lo que expuso la distancia entre la arquitectura formal del mecanismo y la velocidad que necesitan los gobiernos que enfrentan vencimientos, recortes presupuestarios y deterioro económico.

El cuello de botella está en conseguir que todos los acreedores se sienten a la mesa con condiciones comparables, sobre todo los bancos estatales y los prestamistas chinos vinculados con políticas públicas. Las diferencias sobre el nivel de pérdidas, la clasificación de cada obligación y la transparencia de los contratos pueden impedir que una negociación avance, incluso cuando el país deudor ya no tiene margen fiscal para sostener los pagos originales.

Para los países identificados como vulnerables, el problema combina decisiones tomadas en el pasado con un entorno financiero más exigente. La deuda contratada durante los años de dinero barato ahora debe refinanciarse en condiciones más costosas, mientras los ingresos públicos siguen afectados por los impactos acumulados de la pandemia y por el encarecimiento de bienes esenciales como alimentos y energía.

La propuesta de Bessent busca que el proceso deje de depender de negociaciones prolongadas que consumen recursos y deterioran la capacidad de un país para invertir en crecimiento. Sin embargo, acelerar una reestructuración no significa eliminar los conflictos entre acreedores, porque cada participante tiene incentivos para proteger sus propios intereses y esperar que otros asuman una parte mayor del ajuste.

Acreedores privados y el impacto internacional

El papel de los acreedores privados es una de las partes más sensibles de la agenda impulsada por el Tesoro estadounidense. Los tenedores de bonos soberanos suelen participar con cautela en las reestructuraciones y, en algunos casos, esperan mejores condiciones mientras los acreedores oficiales aportan financiamiento o absorben pérdidas para evitar un incumplimiento desordenado.

Bessent ha defendido mecanismos que incorporen al sector privado de forma más temprana y definitiva, con el objetivo de impedir que los acuerdos oficiales funcionen como un puente para proteger completamente a los inversionistas privados. Una participación más clara desde el comienzo podría reducir la incertidumbre, aunque también elevaría la resistencia de fondos y bancos que prefieren negociar cuando disponen de mayor información o poder de presión.

La cuestión decisiva será la ejecución de cualquier reforma. Estados Unidos puede promover un Marco de Sostenibilidad de la Deuda revisado y procesos más rápidos, pero el resultado dependerá de que China, otros acreedores oficiales y los participantes privados acepten compartir información y asumir condiciones que limiten sus posibilidades de recuperar íntegramente el capital prestado.

La tensión con Pekín representa la variable más difícil porque China ha privilegiado las renegociaciones bilaterales frente a los marcos multilaterales, donde tendría que revelar más información y aceptar comparaciones directas con otros acreedores. Convencerla de participar en un trato equivalente al del resto será fundamental para determinar si la visión estadounidense produce alivio efectivo o si las negociaciones continúan fragmentadas.

El debate también importa fuera de los países de bajos ingresos, porque una crisis soberana prolongada puede afectar bancos, fondos de inversión y organismos multilaterales que mantienen exposición a esas economías. Una reestructuración tardía puede aumentar las pérdidas finales y reducir el dinero disponible para servicios públicos y proyectos productivos, mientras un proceso ordenado podría ofrecer una base más estable para recuperar el crecimiento.

Por ahora, la advertencia de Bessent coloca la deuda soberana en el centro de una disputa sobre transparencia, responsabilidad y distribución de pérdidas. El desafío no consiste únicamente en diseñar nuevas reglas, sino en lograr que los acreedores con mayor capacidad financiera y política acepten aplicarlas antes de que más países lleguen al punto de quiebre.

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