Por Canuto  

El representante Jamie Raskin sostiene que Apple no ha presentado pruebas que vinculen las apps retiradas con el tiroteo de Dallas y le exige aclarar qué comunicaciones mantuvo con el gobierno federal. La disputa abre una nueva pregunta sobre la libertad de registrar y reportar las acciones de las autoridades.
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  • Raskin pidió a Apple una lista de las aplicaciones retiradas tras inquietudes del Departamento de Justicia y una revisión independiente de esas decisiones.
  • Apple defendió que las apps podían divulgar ubicaciones precisas de agentes y otras personas, pero el legislador afirma que no hay pruebas de una conexión con el ataque de Dallas.
  • El creador de ICEBlock sostiene que funcionarios federales se atribuyeron la eliminación; el gobierno niega que hubiera represalias o una amenaza contra Apple.

El congresista Jamie Raskin exige a Apple que explique sus contactos con funcionarios federales y aporte evidencia sobre los riesgos que justificaron retirar ICEBlock y otras aplicaciones de la App Store.

Raskin exige a Apple pruebas y comunicaciones por la eliminación de ICEBlock

Las dudas sobre el motivo de la retirada

Apple enfrenta nuevas preguntas sobre la eliminación de ICEBlock y otras aplicaciones que permitían compartir avisos sobre la ubicación de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El representante Jamie Raskin, demócrata por Maryland, sostiene que la compañía no le ha mostrado pruebas de que esas herramientas hayan creado un riesgo concreto para la seguridad y cuestiona que el tiroteo ocurrido en una oficina de ICE en Dallas justifique la decisión.

En una carta enviada el lunes, Raskin acusó a Apple de posiblemente colaborar con el gobierno para restringir los derechos de sus clientes bajo la Primera Enmienda, incluida la posibilidad de grabar y reportar las actividades oficiales. El legislador ha solicitado respuestas durante meses y, según informó CNN, escribió que la compañía parece estar ayudando a vulnerar el derecho de los estadounidenses a documentar lo que hace su propio gobierno.

Apple explicó en julio que retiró ICEBlock, junto con otras aplicaciones, después de un tiroteo mortal en una instalación de ICE en Dallas. El episodio dejó dos detenidos muertos, mientras que el tirador, Joshua Jahn, disparó indiscriminadamente contra el edificio y murió por una herida de bala que él mismo se infligió, de acuerdo con los antecedentes citados en la información publicada por Ars Technica.

Jahn dejó notas en las que expresó que esperaba que sus acciones provocaran en los agentes de ICE un temor genuino a ser atacados a tiros. La entonces fiscal federal para el Distrito Norte de Texas, Nancy Larson, destacó la ironía trágica de que un detenido muriera durante el ataque; más tarde, el Departamento de Seguridad Nacional y el director del FBI, Kash Patel, presentaron el episodio como evidencia de que los agentes estaban bajo amenaza.

Las versiones sobre las aplicaciones y el ataque

Raskin rechazó que exista evidencia de que Jahn utilizara aplicaciones para rastrear a agentes de ICE. Incluso si el tirador hubiera usado alguna, argumentó el congresista, no necesitaba una herramienta de rastreo para encontrar un edificio gubernamental cuya ubicación es fija; la carta añade que, según informes, Jahn encontró la dirección mediante una aplicación que viene instalada de fábrica en los dispositivos Apple.

El legislador concluyó que no parece haber un vínculo directo entre el ataque de Dallas y las aplicaciones que la empresa eliminó. Esa diferencia es central para su reclamo: una cosa es que Apple considere que una herramienta puede exponer ubicaciones sensibles y otra, sostiene Raskin, es atribuirle un papel en un acto violento sin evidencia de que el atacante la haya usado.

El DHS también ha citado una estadística interna de octubre de 2025, según la cual las amenazas de muerte contra agentes de ICE aumentaron un 8.000%. La agencia no ha publicado datos que permitan a terceros independientes verificar ese cálculo, mientras que Patel ha dicho que el tirador de Texas buscó aplicaciones capaces de rastrear la ubicación de los agentes.

En la respuesta que Apple envió a Raskin en julio, Timothy Powderly, director sénior de asuntos gubernamentales de la compañía, vinculó la revisión de las aplicaciones con informes sobre un aumento significativo de la actividad de ICE y de las amenazas contra la agencia. Apple argumentó que compartir ubicaciones precisas podía exponer tanto a los agentes como a personas cercanas, entre ellas manifestantes y detenidos, y convertirse en una ruta potencial hacia violencia dirigida.

La disputa por las comunicaciones entre Apple y el gobierno

Raskin pidió a Apple una lista completa de las aplicaciones que retiró después de recibir inquietudes del Departamento de Justicia, con el objetivo de facilitar una revisión independiente de esas decisiones. Su solicitud busca establecer qué herramientas fueron objeto de medidas similares y qué información recibió la compañía antes de tomar cada decisión, un punto que todavía no se ha aclarado públicamente.

Los funcionarios federales han sostenido que Apple actuó por cuenta propia. Sin embargo, Joshua Aaron, creador de ICEBlock, afirma en una demanda que funcionarios de la administración Trump se atribuyeron públicamente el mérito de lograr la retirada de la aplicación; una carta de Apple a Raskin también relacionó la revisión con información de las autoridades sobre la actividad y las amenazas contra ICE.

La entonces fiscal general Pam Bondi había dicho públicamente que exigió retirar ICEBlock y que Apple cumplió. La administración Trump respondió ante el tribunal que la compañía decidió moderar el contenido de forma independiente, y sostiene que las declaraciones de sus funcionarios expresaban opiniones sobre aplicaciones que consideraban peligrosas, no una amenaza de consecuencias gubernamentales si Apple se negaba a eliminarlas.

El gobierno pidió desestimar la demanda de Aaron porque, a su juicio, el creador no ha presentado evidencia de una amenaza concreta contra Apple. Aaron replica que el expediente ya muestra una posible acción de censura: afirma que la fiscal general anunció que había exigido la retirada, que Apple revirtió una decisión anterior tras una revisión legal de cinco semanas y que la compañía citó información proporcionada por las fuerzas del orden.

El alcance del reclamo constitucional

En agosto, el Segundo Circuito respaldó que existe un derecho de la Primera Enmienda a grabar la actividad policial en público, según el argumento que Aaron presentó para oponerse a la solicitud del gobierno. Esa decisión podría influir en el análisis de su caso, aunque no determina por sí sola si la actuación de Apple respondió a presión oficial ni si la retirada de las aplicaciones vulneró derechos constitucionales.

Aaron quiere que el litigio avance para que la etapa de descubrimiento de pruebas permita conocer las comunicaciones entre funcionarios del gobierno y directivos de Apple. Esos intercambios siguen sin conocerse públicamente, y el creador sostiene que permitirían evaluar si una amenaza de acción gubernamental adversa impulsó la eliminación de ICEBlock y otras apps.

La administración Trump niega que las retiradas fueran represalias y mantiene que Apple tomó la decisión por iniciativa propia. Por su parte, Raskin considera que las medidas podrían no superar un análisis bajo la Primera Enmienda y afirma que vigilar las acciones de las autoridades federales de inmigración desplegadas en los vecindarios es un derecho fundamental, no un delito.

Por ahora, la controversia combina dos cuestiones que las partes presentan de manera distinta: la responsabilidad de una tienda digital frente a aplicaciones que pueden compartir ubicaciones precisas y el límite entre moderación privada y presión estatal sobre la expresión. La lista solicitada por Raskin y las comunicaciones que Aaron espera obtener en el proceso judicial podrían aportar elementos para determinar qué información motivó las decisiones de Apple y quién influyó en ellas.


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