Por Canuto  

En un caso que refleja graves problemas en el sistema fiscal español, un inversor de criptomonedas fue golpeado con un impuesto millonario en España por haber pedido un préstamo DeFi —aún cuando no vendió ni generó ganancias.

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  • Inversor cripto fue golpeado con un impuesto millonario en España por haber pedido un préstamo DeFi.
  • No vendió ni generó ganancias con criptomonedas, pero aún así enfrentó impuesto de USD $10,5 millones. 
  • El caso resalta la falta de directrices específicas para operaciones cripto y DeFi.

Un inversor español de finanzas descentralizadas (DeFi), fue golpeado con una sanción fiscal de 9 millones de euros (aproximadamente USD $10,5 millones) por obtener un préstamo respaldado por criptomonedas, a pesar de no haber vendido ni generado beneficios.

El caso, reseñado por el medio local Periodista Digital, pone de manifiesto la ausencia de regulaciones claras en el ámbito de los activos digitales, lo que genera interpretaciones agresivas por parte de la Agencia Tributaria y deja a los contribuyentes en una posición vulnerable.

Según documentos obtenidos por el periódico citado, el inversor había declarado voluntariamente todas sus operaciones con criptomonedas y pagado alrededor de 5 millones de euros en impuestos. Tres años después, recibió una liquidación adicional de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), no por ganancias no declaradas, sino por el mero acto de depositar tokens en un protocolo DeFi para recibir un préstamo. Según el informe, los activos no se vendieron y no se obtuvieron ganancias.

“La AEAT ha gravado algo que, desde cualquier punto de vista económico o jurídico, no es renta“, explicó el asesor jurídico del inversor a ese medio. Agregó que se trató de un “movimiento técnico de activos dentro de un protocolo DeFi: sin ganancia, sin cambio de propiedad, sin beneficio obtenido“, y que la interpretación de la AEAT “carece de fundamento jurídico en la legislación española o europea vigente“.

Problemas en el sistema fiscal español

La AEAT clasificó el préstamo en stablecoins como una ganancia patrimonial y las transferencias de tokens a protocolos como Beefy o Tarot como hechos imponibles, según la cobertura. Esta interpretación, según críticos citados en el reporte, contradice el Artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que define las ganancias patrimoniales como aquellas que implican un beneficio económico efectivo y una variación en el patrimonio neto.

En este caso, no se produjo ninguna venta, retiro de fondos ni ingreso real, lo que resalta la falta de directrices específicas para las operaciones con criptomonedas, específicamente aquellas que se realizan mediante plataformas DeFi.

El incidente refleja problemas sistémicos en el sistema fiscal español, como señala el medio de noticias.

España ha intensificado su vigilancia sobre los tenedores de criptomonedas en los últimos años. En 2023, la AEAT envió 328.000 notificaciones de advertencia por impuestos sobre criptomonedas correspondientes al ejercicio fiscal de 2022, y un año después, la cifra se duplicó a 620.000. Además, las regulaciones locales obligaron a los usuarios a declarar sus tenencias de criptomonedas en el extranjero antes de finales de marzo de 2024.

Informes más recientes indican que la AEAT puede acceder y confiscar criptos si no se cumplen las obligaciones tributarias.

Hacienda persigue a los contribuyentes cripto

Sin embargo, el mayor desafío radica en el acceso a la justicia, destacó Periodista Digital. La primera instancia de apelación en disputas fiscales es el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), un órgano administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda.

En 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determinó que el TEAC no se considera un “tribunal independiente” en el sentido de la ley, ya que sus funcionarios son nombrados por el Gobierno y dependen de la misma autoridad que emite las decisiones fiscales. Para suspender una liquidación, el contribuyente debe pagar el importe total o presentar una garantía bancaria, lo que permite a la AEAT ejecutar medidas inmediatas como la congelación de cuentas o incautación de activos sin revisión judicial previa.

Los procesos de apelación ante el TEAC pueden extenderse de 26 a 54 meses, y en casos transfronterizos, hasta 7 u 8 años, según el informe. Durante este período, los activos del inversor pueden permanecer ilíquidos, causando daños irreversibles a sus operaciones financieras, incluso si el fallo final es favorable. Organizaciones como la Red de Justicia Fiscal han criticado esta desproporción, señalando que las medidas de ejecución se intensifican mientras las garantías jurídicas para las nuevas tecnologías evolucionan lentamente.

Un caso que motiva debates fiscales

En contraste con otras jurisdicciones europeas, como Francia o Alemania, donde un recurso suspende automáticamente la ejecución, o Estonia, que aplica la presunción de buena fe, España impone condiciones que convierten el derecho en un privilegio para quienes disponen de recursos financieros significativos. La Comisión Europea ha iniciado debates sobre reformas para armonizar procedimientos fiscales en la UE, pero mientras tanto, España consolida su imagen como un entorno de alto riesgo para inversores de criptomonedas.

Este caso también resalta paradojas en la política fiscal española. Mientras se reactiva la “Ley Beckham” para atraer talento tecnológico con exenciones fiscales, los inversores de criptomonedas enfrentan interpretaciones punitivas que equiparan movimientos técnicos en DeFi –como staking o provisión de liquidez– a eventos imponibles, sin beneficios reales.

Expertos legales, como los de Lullius Partners citados en informes relacionados, advierten que “la legislación fiscal española aún carece de directrices claras sobre cómo deben tributar las tenencias de criptomonedas o los activos tokenizados“. Esta incertidumbre no solo profundiza la asimetría jurídica, sino que socava principios como la neutralidad fiscal y la igualdad ante la ley.

La AEAT no ha respondido públicamente al caso específico, pero el informe de Periodista Digital sugiere que, sin reformas urgentes, estas prácticas podrían erosionar la confianza en el sistema tributario y disuadir la innovación en el sector DeFi.

Mientras tanto, el inversor afectado continúa su batalla legal, destacando cómo la falta de claridad fiscal transforma herramientas que potencialmente promueven la inclusión financiera en mecanismos de control tributario.

Artículo redactado con ayuda de IA, editado por DiarioBitcoin

Imagen editada de Unsplash


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