Por Canuto  

Una investigación sobre la política británica para atraer centros de datos de IA encontró que las empresas ocuparon la mayoría de las reuniones con el gobierno, mientras que grupos ambientales y comunidades tuvieron poca o ninguna oportunidad de participar. El informe también cuestiona la transparencia de las decisiones y alerta sobre la presión que estas instalaciones podrían ejercer sobre la electricidad, el agua y los entornos locales.
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  • El 84% de las partes interesadas reunidas por ministros entre julio de 2024 y junio de 2026 pertenecía al sector privado, según Spotlight on Corruption.
  • Los ministros se reunieron con solo dos grupos comunitarios, después de decidir las zonas, y no hubo una consulta pública nacional sobre la estrategia.
  • La organización pide pausar nuevas zonas y centros de datos hasta reforzar la consulta y la transparencia sobre consumo de recursos y emisiones.

Una investigación sobre las Zonas de Crecimiento de IA británicas encontró una marcada diferencia entre el acceso de las empresas y el de las comunidades afectadas. El informe cuestiona si el gobierno está escuchando a quienes vivirán cerca de los centros de datos que pretende atraer.

  • El 84% de las partes interesadas reunidas por ministros entre julio de 2024 y junio de 2026 pertenecía al sector privado, según Spotlight on Corruption.
  • Los ministros se reunieron con solo dos grupos comunitarios, después de decidir las zonas, y no hubo una consulta pública nacional sobre la estrategia.
  • La organización pide pausar nuevas zonas y centros de datos hasta reforzar la consulta y la transparencia sobre consumo de recursos y emisiones.

Empresas dominaron el diálogo británico sobre centros de datos de IA, mientras las comunidades quedaron al margen

El gobierno del Reino Unido mantuvo un diálogo mucho más amplio con empresas tecnológicas y asociaciones comerciales que con organizaciones ambientales y comunidades locales al definir su estrategia para atraer centros de datos de inteligencia artificial. El informe Zoned Out, publicado el martes 27 de octubre por Spotlight on Corruption, revisó las reuniones oficiales realizadas entre julio de 2024 y junio de 2026 y planteó dudas sobre quién tuvo voz en la planificación.

La diferencia importa porque las llamadas Zonas de Crecimiento de IA buscan facilitar y abaratar la construcción de infraestructura para ampliar la capacidad informática británica. A cambio de condiciones más favorables para los desarrolladores, las instalaciones pueden tener consecuencias para el suministro eléctrico, el uso del agua y las comunidades cercanas, asuntos que el informe considera insuficientemente consultados antes de tomar decisiones.

Empresas con acceso, comunidades con escasa participación

Según el recuento del informe, el 84% de las partes interesadas con las que se reunieron ministros para hablar de centros de datos eran empresas o asociaciones comerciales del sector privado. En el periodo analizado, los ministros mantuvieron encuentros con representantes de 137 empresas diferentes, mientras que los grupos ambientales no consiguieron reuniones con ministros ni con altos funcionarios.

La brecha también aparece en el contacto con las comunidades: los secretarios permanentes y los directores generales no sostuvieron reuniones con grupos comunitarios sobre centros de datos. Los ministros, por su parte, se reunieron con solo dos de esos grupos, y ambos encuentros ocurrieron después de que el gobierno hubiera decidido designar sus zonas como Zonas de Crecimiento de IA.

En uno de esos casos, la conversación tuvo lugar el mismo día en que se anunció la designación. Ese orden temporal no equivale a una consulta previa capaz de influir en la decisión, y ayuda a explicar por qué el informe cuestiona la oportunidad real que tuvieron los residentes para plantear inquietudes antes de que avanzaran los planes.

El gobierno tampoco organizó una consulta pública nacional sobre su estrategia para las zonas. Spotlight on Corruption no encontró consultas independientes con residentes de los lugares seleccionados, aunque algunos desarrolladores sí realizaron sus propios procesos; el informe no detalla cuántas personas participaron ni permite comparar el alcance de esas iniciativas privadas.

Autoridades locales y decisiones sobre infraestructura

Las autoridades locales también tuvieron dificultades para obtener respuestas del gobierno central. De las diez autoridades locales y gobiernos descentralizados afectados por las cinco zonas anunciadas, la mitad informó que no tuvo comunicaciones con ministros o altos funcionarios del Departamento de Ciencia, Innovación y Tecnología, conocido como DSIT, más allá de las solicitudes presentadas.

El resto de los contactos descritos fue limitado: dos autoridades intercambiaron correos electrónicos breves y otra consiguió una reunión de 15 minutos con un ministro de menor rango. Estos datos no muestran por sí solos cómo se tomaron todas las decisiones de planificación, pero sí describen un canal de comunicación reducido para administraciones que representan a los territorios afectados.

Las zonas ofrecen a los desarrolladores decisiones urbanísticas más rápidas y un mejor acceso a infraestructura eléctrica, con el objetivo de acelerar la expansión de la capacidad de cómputo del país. El gobierno británico sostiene que sus medidas para estas zonas podrían reducir hasta cinco años el tiempo para obtener conexión eléctrica y ahorrar hasta 80 millones de libras anuales a un centro de datos de 500 megavatios, según su documento de política sobre las Zonas de Crecimiento de IA. Esa prioridad puede entrar en tensión con otras necesidades si la disponibilidad de electricidad se convierte en un factor de competencia entre centros de datos, viviendas y proyectos que ya esperan conectarse a la red.

El debate sobre las conexiones eléctricas no se limita a las zonas designadas. El informe también aborda propuestas para priorizar centros de datos considerados estratégicamente importantes en la fila para conectarse a la red, potencialmente por delante de desarrollos de vivienda que ya esperan electricidad. Ofgem, el regulador energético británico, ha abierto una consulta sobre medidas para abordar proyectos especulativos de centros de datos en la fila de conexiones eléctricas.

Energía, agua y representación ambiental

La controversia se relaciona con el tamaño y las necesidades de la infraestructura que el gobierno busca atraer. Los centros de datos alojan servidores y equipos de computación que procesan y almacenan información; en el caso de la IA, esa capacidad permite ejecutar las tareas informáticas asociadas a los sistemas y servicios. Su desarrollo, por tanto, puede requerir acceso a electricidad y agua, aunque la fuente no ofrece estimaciones de consumo para cada zona.

El Consejo de Energía de IA del gobierno es otro foco de preocupación para la organización. El organismo incluye representantes de Microsoft, Google y Amazon Web Services, pero no cuenta con ONG ambientales, una composición que, según el informe, deja fuera a voces que podrían examinar los efectos ambientales de la expansión tecnológica.

El grupo de trabajo de sostenibilidad creado para analizar el impacto ambiental de la IA también habría tenido una actividad reducida. Spotlight indicó que apenas celebró una reunión entre abril de 2025 y julio de 2026, un periodo que abarca más de un año en el que la agenda gubernamental seguía impulsando infraestructura para las ambiciones británicas de inteligencia artificial.

La organización reclama que los desarrolladores informen con mayor claridad cuánta electricidad y agua consumirán sus instalaciones, además de las emisiones que producirán. Sin datos transparentes y comparables, sostiene el grupo, las comunidades y las autoridades tienen menos elementos para valorar las consecuencias locales de los proyectos antes de que reciban apoyo o permisos.

Transparencia e influencia sobre la política de IA

El informe también examinó los movimientos de profesionales entre el gobierno y la industria. Spotlight identificó 38 nombramientos de exministros y altos funcionarios públicos en empresas de IA entre julio de 2024 y septiembre de 2026; nueve de esas personas habían trabajado anteriormente en el DSIT.

La organización no presenta esos nombramientos como prueba de una conducta indebida, pero advierte que las reglas de transparencia de Whitehall pueden dejar parte de la influencia fuera del registro público. Los ministros deben declarar sus reuniones, mientras que los asesores no remunerados no enfrentan los mismos requisitos, incluso cuando colaboran en la formulación de la política de IA.

Esta diferencia dificulta conocer qué personas participan en las conversaciones que orientan las decisiones, de acuerdo con el análisis. El informe sostiene que la falta de información sobre asesores y contactos puede volver más opaco el proceso, justo cuando el gobierno busca atraer inversión privada y acelerar la construcción de infraestructura de gran escala.

Spotlight pide suspender la creación de nuevas Zonas de Crecimiento de IA y el avance de nuevos centros de datos hasta que el gobierno refuerce las reglas de consulta pública y transparencia. El grupo señala que Alemania, Canadá e Irlanda realizaron consultas nacionales sobre sus estrategias de centros de datos, y utiliza ese contraste para cuestionar el enfoque británico.

El debate no enfrenta necesariamente la expansión de la IA con la protección de las comunidades: plantea qué información se publica y quién puede participar antes de que se definan los proyectos. La investigación describe una política con amplio acceso para las empresas, pero con canales limitados para residentes, autoridades locales y organizaciones ambientales, mientras el país busca consolidar la infraestructura que sostenga sus ambiciones tecnológicas.

Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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