Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

Una corte federal de apelaciones rechazó la solicitud presentada por Meta, Google, TikTok y otras plataformas para frenar miles de demandas que las acusan de diseñar deliberadamente productos adictivos para menores de edad. La decisión permite que los procesos judiciales continúen mientras permanece abierto el debate sobre el alcance de la Sección 230 de la legislación estadounidense.

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  • Un tribunal federal permitió que continúen unas 2.400 demandas contra varias plataformas sociales.
  • Las empresas sostienen que la Sección 230 también las protege frente a este tipo de reclamaciones.
  • El caso podría redefinir los límites de responsabilidad legal sobre el diseño de las redes sociales.

 

Una corte de apelaciones de Estados Unidos permitió que continúe una de las mayores batallas judiciales contra la industria de las redes sociales, al rechazar el intento de Meta, Google, TikTok y otras compañías tecnológicas de detener miles de demandas relacionadas con el supuesto diseño adictivo de sus plataformas para usuarios menores de edad.

La decisión fue emitida por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, que concluyó que las empresas presentaron su apelación de manera prematura. En consecuencia, las aproximadamente 2.400 demandas agrupadas en tribunales federales podrán seguir avanzando hacia las siguientes etapas del proceso, informa Reuters.

Aunque el fallo no resuelve el fondo del litigio, representa un revés importante para las compañías tecnológicas, que buscaban cerrar anticipadamente buena parte de los casos mediante una interpretación amplia de la legislación federal conocida como Sección 230.

La disputa gira en torno a la Sección 230 y el diseño de las plataformas

Las empresas demandadas, entre ellas Meta, Google, TikTok y Snapchat, sostienen que la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996 no solo las protege frente a demandas relacionadas con contenidos publicados por los usuarios, sino también frente a reclamaciones vinculadas con el funcionamiento de sus plataformas.

Sin embargo, los demandantes argumentan que las demandas no cuestionan el contenido generado por terceros, sino las decisiones de diseño adoptadas por las propias compañías para aumentar el tiempo de permanencia de los usuarios y fomentar comportamientos potencialmente adictivos.

Los jueces del Noveno Circuito evitaron pronunciarse sobre esa cuestión jurídica de fondo y señalaron que el momento procesal aún no era el adecuado para revisar esa interpretación. Indicaron que ese debate podrá analizarse una vez exista una decisión definitiva del tribunal de primera instancia.

Durante la audiencia oral celebrada en enero, varios magistrados ya habían mostrado escepticismo respecto a la apelación anticipada presentada por las empresas. Uno de ellos incluso señaló que, si el Congreso hubiera querido otorgar una protección tan amplia mediante la Sección 230, probablemente lo habría expresado de manera mucho más explícita.

La resolución mantiene abierto uno de los debates legales más importantes para la industria tecnológica, ya que una futura decisión sobre el alcance de esta norma podría modificar significativamente la responsabilidad de las plataformas respecto al diseño de sus productos.

Padres, escuelas y estados acusan a las plataformas de dañar la salud mental

Las demandas fueron presentadas por estados, municipios, distritos escolares, padres de familia e individuos que sostienen que las compañías diseñaron deliberadamente sus servicios para generar dependencia entre adolescentes y niños.

Según los demandantes, esas prácticas habrían contribuido al aumento de problemas como depresión, ansiedad, trastornos relacionados con la imagen corporal y otros efectos negativos sobre la salud mental de los jóvenes estadounidenses durante los últimos años.

Todos estos procesos fueron centralizados ante la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers, en Oakland, California, con el objetivo de coordinar la tramitación de los casos y evitar resoluciones contradictorias.

Las demandas buscan obtener indemnizaciones económicas, sanciones y medidas de restitución contra las compañías tecnológicas. Meta y las demás empresas recurrieron decisiones emitidas entre 2023 y 2024 que permitieron que la mayoría de estos procesos continuaran.

Paralelamente, las empresas también enfrentan alrededor de 3.300 demandas adicionales dentro de un procedimiento consolidado en tribunales estatales de California, lo que convierte el litigio en uno de los mayores procesos judiciales actualmente abiertos contra la industria de las redes sociales.

Los primeros veredictos aumentan la presión sobre las grandes tecnológicas

La decisión del tribunal federal llega pocos meses después de que comenzaran a conocerse los primeros resultados de algunos de estos procesos.

En marzo, un jurado de Los Ángeles concluyó que Meta y Google actuaron con negligencia al diseñar plataformas que perjudicaban a menores de edad. Como resultado, concedió una indemnización de USD $6 millones a una joven de 20 años que afirmó haberse vuelto adicta a Instagram y YouTube durante su infancia.

Ese mismo mes, otro jurado declaró responsable a Meta en una demanda presentada por el estado de Nuevo México y ordenó a la compañía pagar USD $375 millones tras considerar que engañó a los usuarios sobre la seguridad de sus plataformas y facilitó la explotación sexual infantil.

Actualmente, el juez encargado de ese proceso evalúa si corresponde ordenar cambios adicionales en el funcionamiento de las plataformas, además de posibles sanciones económicas complementarias.

Meta y Google han rechazado las acusaciones formuladas en ambos casos y anunciaron que recurrirán esas decisiones. Se espera que buena parte de las futuras apelaciones vuelvan a centrarse en la interpretación de la Sección 230, una cuestión que numerosos especialistas consideran decisiva para el futuro marco legal de toda la industria tecnológica.

Imagen original de Unsplash.

Este artículo fue escrito por un redactor de contenido de IA y revisado por un editor humano para garantizar calidad y precisión.


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