Por Angel Di Matteo   𝕏 @shadowargel

Los reguladores latinoamericanos ya no observan a las criptomonedas como un fenómeno marginal, pero todavía existe una brecha importante entre la velocidad de adopción y la capacidad de las instituciones para comprenderla y establecer reglas adecuadas. Durante el Cripto Latin Fest, especialistas de Colombia, Venezuela, Panamá y El Salvador coincidieron en que la industria necesita marcos claros, mejor documentación del origen de los fondos y una relación mucho más cercana con las autoridades, evitando al mismo tiempo una sobrerregulación que expulse la innovación hacia otras jurisdicciones.

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  • Los participantes coincidieron en que la falta de claridad regulatoria continúa limitando inversiones y proyectos cripto en varios países latinoamericanos.
  • El cumplimiento, la contabilidad y la debida diligencia aparecen como herramientas esenciales para demostrar ante los reguladores el carácter lícito de las operaciones.
  • Venezuela muestra cómo la necesidad económica puede acelerar la adopción antes de que exista un marco normativo plenamente desarrollado, especialmente mediante stablecoins.
  • El Salvador fue presentado como ejemplo de una regulación especializada que busca neutralidad tecnológica, protección al consumidor y controles contra el lavado de activos.
  • Los expertos también hicieron autocrítica: la industria cripto tiene responsabilidad en educar a legisladores y supervisores para reducir prejuicios y mejorar la calidad de las normas.

 

La novena edición del Cripto Latin Fest inició ofrmalmente este 26 de agosto en Bogotá con su business day, una jornada orientada a empresarios, inversionistas y representantes del ecosistema financiero y tecnológico. Entre los conversatorios celebrados estuvo “Lo que los reguladores esperan y ven dentro del ecosistema de los activos digitales”, enfocado en analizar la relación entre innovación, cumplimiento y autoridades públicas en Latinoamérica.

El panel fue moderado por Sofía Priore y contó con la participación de Gabriel Solis, José Daniel López, Jan Dominguez y Daniel Leyva. La conversación recorrió experiencias de Colombia, Venezuela, Panamá y El Salvador para responder una pregunta que atraviesa prácticamente toda la industria regional: qué necesitan ver los reguladores para permitir que el sector crezca sin convertir la protección financiera en una barrera contra la innovación.

Las intervenciones mostraron que el problema ya no parece ser simplemente convencer a los estados de que los activos digitales existen. Millones de latinoamericanos ya utilizan criptomonedas, stablecoins y plataformas digitales; el desafío está en construir reglas capaces de reconocer esa realidad, diferenciar operadores responsables de aquellos que no lo son y proporcionar mecanismos de supervisión compatibles con tecnologías que evolucionan mucho más rápido que las leyes.

Colombia necesita reglas claras, pero no sobrerregulación

Solis abrió la discusión señalando que Colombia todavía necesita definir con mayor precisión sus marcos jurídicos para los proveedores de servicios relacionados con activos digitales. Recordó que hace aproximadamente un año se presentó un segundo proyecto de ley cripto con la intención de establecer licencias para participantes del sector, aunque continúa abierto un problema básico: determinar cuál debería ser la autoridad responsable de supervisarlos.

Para Solis, Colombia puede aprovechar las experiencias acumuladas por otros países en lugar de comenzar desde cero. Mencionó a El Salvador como una referencia útil, aunque consideró que su proceso comenzó en un orden diferente al que otras jurisdicciones podrían seguir. La principal lección, sostuvo, es evitar una regulación excesiva capaz de limitar el desarrollo tecnológico.

El caso de Panamá también ilustra las consecuencias de la incertidumbre. Solis describió al país como una jurisdicción con un sistema financiero sólido, condiciones atractivas y apetito por estas tecnologías, pero donde distintas iniciativas no han podido avanzar debido a la ausencia de un marco suficientemente claro.

Su lectura es que la competencia entre jurisdicciones se vuelve cada vez más relevante. Las empresas tecnológicas pueden desplazarse con relativa facilidad y, bajo esa lógica, “los participantes más rápidos se comen a los más lentos”, más que los grandes necesariamente desplazando a los pequeños.

López llevó el análisis específicamente hacia Colombia y recordó que los activos digitales ya forman parte de la realidad cotidiana de millones de personas. Según señaló durante el panel, cerca de 11% de la población colombiana tendría algún grado de contacto con estos activos, incluyendo familias que utilizan nuevas tecnologías para remesas y transferencias internacionales de menor costo.

Cripto ya es una realidad antes de que llegue la regulación

Dominguez presentó a Venezuela como uno de los ejemplos más claros de cómo la necesidad económica puede acelerar la adopción independientemente del ritmo legislativo.

Las stablecoins se convirtieron en una herramienta particularmente importante para ciudadanos y empresas venezolanas, explicó, debido a las condiciones económicas del país. Dominguez estimó el movimiento asociado con activos digitales en aproximadamente USD $45.000 millones, destacando que la adopción surgió de necesidades prácticas antes que de incentivos regulatorios.

Para Dominguez, ese caso demuestra que la tecnología carece de sentido sin usabilidad. Venezuela representa, a su juicio, uno de los escenarios más naturales de adopción porque las personas encontraron utilidad concreta en instrumentos capaces de facilitar pagos, preservar valor o interactuar con mercados internacionales.

Sin embargo, esa utilización debe terminar aterrizando en estructuras que las autoridades puedan comprender. Dominguez puso especial énfasis en la contabilidad, calificándola como “el lenguaje de los negocios”. Aunque los criptoactivos no sean tratados contablemente de la misma forma que el dinero convencional, las operaciones realizadas con ellos pueden generar obligaciones tributarias y requieren registros capaces de explicar lo ocurrido.

La debida diligencia desempeña un papel similar. Si una empresa puede identificar a sus contrapartes, documentar el origen de los fondos y reflejar correctamente las operaciones en su contabilidad, obtiene herramientas para demostrar ante una autoridad el carácter legítimo de su actividad.

Ese punto responde también a una pregunta práctica que recorrió el encuentro: ¿qué espera realmente un regulador cuando examina una compañía cripto? Más allá de grandes declaraciones sobre Blockchain, espera encontrar trazabilidad, políticas internas, documentación y mecanismos que permitan explicar de dónde provienen los recursos y cómo se utilizan.

El Salvador muestra qué espera una regulación de stablecoins

Leyva abordó la experiencia salvadoreña y señaló que cualquier regulación debe analizarse en función del contexto en el que fue construida. En el caso de los activos digitales, destacó tres principios centrales: neutralidad tecnológica, protección al consumidor y prevención del lavado de activos.

La regulación de stablecoins muestra cómo esos principios pueden traducirse en requisitos concretos. Leyva destacó que el marco salvadoreño excluye las monedas algorítmicas y contempla exigencias de liquidez dirigidas a reducir el riesgo para quienes utilizan estos instrumentos.

Según explicó, 60% de los recursos captados debe mantenerse en inversiones con vencimientos inferiores a 30 días, proporcionando al emisor activos suficientemente líquidos para responder ante solicitudes de rescate. El país además alberga operaciones asociadas con Tether y Tether Gold.

Para empresas o inversionistas interesados en stablecoins, Leyva recomendó no limitarse a observar el nombre del activo o la tecnología utilizada. Antes de participar resulta necesario comprender la política de tesorería del emisor, sus inversiones, el modelo de negocio y cómo se gestionan los riesgos.

La misma claridad resulta importante frente al regulador. Una compañía debe ser capaz de explicar qué tecnología utiliza y, más importante todavía, qué actividad económica está construyendo sobre ella.

¿Los reguladores entienden realmente las criptomonedas?

Los panelistas reconocieron que persiste una brecha de conocimiento entre la industria y muchas instituciones públicas, aunque coincidieron en que esa distancia ha comenzado a reducirse.

Dominguez sostuvo que tanto usuarios como reguladores continúan en una etapa relativamente temprana. En países como Venezuela, señaló, actores del sector han asumido parte de la tarea de construir cultura cripto alrededor de conceptos como uso responsable, adopción y cumplimiento, mientras las autoridades deben establecer los rieles necesarios para que esas actividades puedan desarrollarse de manera segura.

Leyva destacó precisamente la ventaja de contar con un regulador especializado, tomando nuevamente como referencia a El Salvador. Un organismo que comprende la industria puede mantener conversaciones con sus participantes, adaptarse rápidamente a nuevos modelos y funcionar como interlocutor para facilitar adopción sin abandonar su papel supervisor.

López introdujo aquí una importante autocrítica para la propia industria. En su opinión, quienes trabajan con activos digitales tienen el deber de “evangelizar” y educar a las personas encargadas de tomar decisiones públicas, especialmente porque las criptomonedas son técnicamente complejas y aparecen en una región donde existe una larga preocupación por la penetración de capitales ilícitos.

Esa combinación facilita que algunos funcionarios asocien automáticamente “cripto” con estafas, lavado de dinero o actividades criminales. López sostuvo que parte de ese prejuicio también constituye una falla del sector, que no siempre ha hecho suficiente trabajo pedagógico dentro de las entidades públicas.

Solis coincidió en que hablar de criptomonedas hoy es muy diferente a hacerlo hace cinco años. La industria ha desarrollado más experiencia y las recomendaciones de organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) proporcionan referencias para que los legisladores construyan normas con mayor responsabilidad.

Bancos que temían a cripto ahora participan del mercado

La relación con las instituciones financieras tradicionales también apareció repetidamente durante el conversatorio.

López señaló una aparente contradicción en Colombia. Bancolombia, el mayor banco del país, mantiene su propio proyecto de activos digitales mediante Wenia, pero al mismo tiempo empresas vinculadas con criptomonedas pueden encontrar dificultades al intentar abrir cuentas bancarias dentro del sistema tradicional.

Para el panelista, esta situación refleja la relación ambivalente que mantiene la banca con el sector: puede verlo simultáneamente como aliado, oportunidad comercial y amenaza competitiva.

Un gobierno con mayor independencia frente a ambos sectores podría actuar como árbitro de esa relación, estableciendo reglas que permitan competencia sin bloquear injustificadamente a nuevos participantes.

El Salvador pasó anteriormente por tensiones similares. Leyva recordó que al comienzo de su proceso de adopción, los grandes bancos también mostraban resistencia a trabajar con estas tecnologías y existían pocas vías para materializar productos vinculados con activos digitales.

Esa situación fue modificándose a medida que el marco legal generó mayor confianza y delimitó responsabilidades. La experiencia muestra que la regulación no sirve únicamente para restringir; también puede abrir las puertas de la banca tradicional cuando reduce la incertidumbre jurídica.

Mala regulación también puede expulsar empresas

El panel reservó igualmente críticas para aquellas normas que, pese a pretender ordenar un mercado, terminan deteriorando la competitividad de una jurisdicción.

López utilizó como ejemplo la regulación de nuevas tecnologías en Colombia y advirtió contra legislar simplemente por presión política o por el interés de los funcionarios en mostrar resultados rápidos. Mencionó que en inteligencia artificial han aparecido múltiples propuestas regulatorias incluso cuando todavía existe un debate profundo sobre qué aspectos realmente necesitan intervención estatal.

También recordó la reforma tributaria de 2023 y la creación de obligaciones para determinadas plataformas digitales extranjeras, asegurando que medidas de este tipo hicieron menos atractivo al país para empresas digitales internacionales.

La falta absoluta de regulación produce el problema contrario. Sin reglas específicas resulta más difícil distinguir entre plataformas seguras y riesgosas, determinar quién responde ante los usuarios o establecer canales claros de comunicación entre compañías y autoridades.

Por ello, la conclusión no fue “regular más” ni “regular menos”, sino regular mejor.

Lo que los reguladores quieren ver

Las diferentes experiencias expuestas durante el conversatorio permiten identificar algunos elementos comunes sobre lo que una autoridad probablemente espera encontrar dentro de una empresa que trabaja con activos digitales.

La primera es claridad sobre el modelo de negocio. Una empresa debe poder explicar qué hace, cómo utiliza Blockchain y cuáles son los riesgos asociados con su actividad, evitando esconder operaciones complejas detrás de términos técnicos.

La segunda es trazabilidad. Conocer el origen de los fondos, implementar procesos de debida diligencia y conservar registros contables permite demostrar que los recursos utilizados provienen de actividades legítimas.

La tercera es protección al usuario. Stablecoins, exchanges y otros servicios deben contemplar aspectos como liquidez, custodia y capacidad de responder ante obligaciones, especialmente cuando administran fondos de terceros.

Y la cuarta es comunicación. La industria necesita relacionarse activamente con legisladores, bancos y supervisores para que las reglas futuras reflejen cómo funcionan realmente estas tecnologías.

El mensaje principal del panel fue que los reguladores ya están mirando al sector y, en muchos casos, quieren permitir que evolucione, pero necesitan encontrar empresas capaces de demostrar que innovación y cumplimiento no son objetivos incompatibles.

Para Latinoamérica, la competencia regulatoria también tendrá consecuencias económicas. Los países capaces de construir reglas claras sin bloquear la innovación podrían atraer capital y empresas; aquellos que legislen tarde, mal o de forma excesivamente restrictiva corren el riesgo de observar cómo esos proyectos simplemente cruzan la frontera hacia otra jurisdicción.

Artículo de Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

Imagen original de DiarioBitcoin.


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