Fuerzas especiales de EE. UU. realizan operaciones contra presuntos cárteles en Ecuador

La presencia de fuerzas especiales estadounidenses en Esmeraldas y los cuestionamientos a una operación conjunta reabren el debate sobre la eficacia y los costos de la ofensiva antidrogas en América Latina.
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• Un funcionario ecuatoriano confirmó la participación del 7.º Grupo de Fuerzas Especiales de EE. UU. en operaciones contra presuntos cárteles en Esmeraldas.
• Ecuador y EE. UU. realizaron operaciones conjuntas en marzo, aunque The New York Times reportó que uno de los objetivos habría sido una granja lechera.
• Una evaluación de la DEA concluyó que los ataques contra embarcaciones no cambiaron la cantidad ni el precio de la cocaína que llega a EE. UU.

Fuerzas especiales de Estados Unidos participan en operaciones directas contra presuntos cárteles en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, según confirmó un funcionario local citado por AFP y UPI. La actividad forma parte de una cooperación militar más amplia entre Washington y Quito, vinculada con la lucha contra el narcoterrorismo y el contrabando de drogas. La confirmación llega mientras crece el escrutinio sobre los resultados de la ofensiva estadounidense en aguas del Caribe y el Pacífico oriental.

El gobernador de Esmeraldas, Juan Jaramillo, dijo la semana pasada que autoridades ecuatorianas trabajan junto con el 7.º Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, conocido como los Boinas Verdes. “Estamos con el 7.º Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército de EE. UU. Estamos trabajando juntos en la lucha contra el narcoterrorismo”, afirmó el funcionario, de acuerdo con la información citada en el reporte.

El ministro de Defensa ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo, agregó que dos buques de guerra estadounidenses operaban en la región. La presencia naval y la participación de unidades especiales muestran que la cooperación no se limita al intercambio de información, sino que incluye despliegues y acciones operativas dentro del territorio ecuatoriano, aunque el material disponible no detalla el número de efectivos ni la duración de cada misión.

Una coalición regional bajo presión

A comienzos de este año, el presidente Donald Trump impulsó una coalición denominada Escudo de las Américas para combatir a los cárteles en América Latina y América del Sur. En marzo, Trump afirmó que una docena de naciones latinoamericanas se había sumado al bloque, del cual Ecuador forma parte, con el objetivo declarado de enfrentar las redes vinculadas con el tráfico de drogas.

Ese mismo mes, Estados Unidos y Ecuador ejecutaron operaciones militares conjuntas contra objetivos que Washington y Quito relacionaron con actividades de narcotráfico. El Comando Sur estadounidense presentó la incursión como un ejemplo del compromiso de los socios de América Latina y el Caribe para combatir el narcoterrorismo, una expresión que combina las amenazas del crimen organizado y la violencia política.

Sin embargo, la identificación de los objetivos fue cuestionada posteriormente. The New York Times reportó, tras entrevistar al propietario de una granja, cuatro trabajadores, abogados de derechos humanos, residentes y líderes de San Martín, que el ataque aparentemente destruyó una explotación ganadera y de producción láctea, no un complejo dedicado al tráfico de drogas.

La diferencia entre la versión oficial y los testimonios recogidos por el medio plantea una preocupación central para cualquier operación militar: la necesidad de demostrar que el objetivo atacado correspondía realmente a la amenaza denunciada. En Ecuador, esa controversia puede afectar la confianza pública en la cooperación bilateral, especialmente cuando las acciones se desarrollan en comunidades donde las autoridades deben responder por posibles daños a civiles.

Causas de movimientos recientes

La información disponible no identifica un movimiento de mercado concreto ni permite atribuirlo causalmente a las operaciones en Ecuador. Cualquier relación temporal entre los despliegues militares, la controversia sobre la granja de San Martín y el comportamiento de los mercados debe considerarse, como máximo, una explicación plausible, no un catalizador confirmado.

Southern Spear y los ataques en el mar

Las operaciones dentro de Ecuador se inscriben en la Operación Southern Spear, una campaña que, según el reporte, se relaciona con la orden emitida por Trump el año pasado para que el Departamento de Guerra ampliara las operaciones militares en América Latina. El propósito declarado es frenar el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos mediante acciones contra embarcaciones y presuntos grupos dedicados al contrabando.

En ese marco, Estados Unidos ha realizado docenas de ataques aéreos contra botes señalados como embarcaciones de drogas en el mar Caribe y el Pacífico oriental. La información citada contabiliza más de 200 personas muertas y más de 60 embarcaciones destruidas, aunque la administración estadounidense no ha presentado al público pruebas que respalden de manera concluyente que todos los objetivos estaban operados por narcoterroristas.

La Casa Blanca sostiene que las embarcaciones atacadas transportaban fentanilo hacia Estados Unidos. No obstante, el reporte señala que algunos indicios apuntan a que al menos parte de las naves no estaba involucrada en el tráfico de narcóticos, mientras familiares de varias víctimas han afirmado que los fallecidos eran pescadores.

La ausencia de evidencia pública suficiente adquiere relevancia porque las operaciones se justifican con una amenaza de alto impacto, pero producen consecuencias irreversibles para las personas alcanzadas. También dificulta evaluar si la campaña distingue adecuadamente entre redes criminales, transporte marítimo legítimo y comunidades costeras que dependen de la pesca para subsistir.

Resultados cuestionados en el mercado de cocaína

El cuestionamiento no se limita a la identificación de los blancos ni al impacto humanitario de los ataques. The Washington Post informó el mes pasado que revisó una evaluación de la Administración para el Control de Drogas, conocida como DEA, según la cual los ataques contra embarcaciones operadas por presuntos narcoterroristas no modificaron la cantidad ni el precio de la cocaína que ingresa a Estados Unidos.

La evaluación sugiere que la campaña no ha alterado de forma visible las condiciones comerciales del mercado estadounidense de cocaína. Si el volumen y el precio permanecen sin cambios, la destrucción de embarcaciones puede estar interrumpiendo operaciones puntuales sin afectar las redes logísticas capaces de reemplazar rápidamente los medios perdidos.

Funcionarios militares estadounidenses también reconocieron ante el Congreso que las operaciones no habían tenido impacto en la pureza de la cocaína. Ese dato añade otra dimensión al debate, porque indica que los ataques tampoco han producido una transformación observable en una de las características empleadas para seguir la evolución del suministro ilícito.

La información disponible no permite concluir que cada operación haya sido ineficaz ni que todos los objetivos fueran civiles, pero sí respalda una evaluación crítica de sus resultados agregados. Para medir el éxito de una política antidrogas se necesitan pruebas verificables sobre los objetivos, datos comparables sobre el mercado y mecanismos de rendición de cuentas que expliquen los errores cuando una incursión alcanza instalaciones legítimas.

Qué implica la cooperación para Ecuador

La participación del 7.º Grupo de Fuerzas Especiales y la presencia de dos buques estadounidenses elevan el perfil de la cooperación de seguridad entre ambos países. Esmeraldas, como escenario de operaciones contra presuntos cárteles, queda vinculada directamente con una estrategia regional diseñada en Washington y respaldada por el gobierno ecuatoriano.

Para Ecuador, el apoyo militar extranjero puede ofrecer capacidades adicionales frente a organizaciones armadas y redes de contrabando. Al mismo tiempo, la experiencia de la operación cuestionada por la posible destrucción de una granja lechera muestra el riesgo de que una acción presentada como éxito contra el narcoterrorismo termine generando denuncias, litigios y pérdida de legitimidad.

La controversia también afecta a la coalición Escudo de las Américas, cuya credibilidad dependerá de que sus integrantes puedan explicar con precisión qué objetivos atacan, qué evidencia los vincula con el narcotráfico y qué procedimientos aplican para proteger a la población. Una alianza regional no solo se evalúa por la cantidad de incursiones ejecutadas, sino por su capacidad para demostrar resultados sostenibles y respeto a las garantías básicas.

Mientras continúen las operaciones de Southern Spear, la discusión seguirá concentrada en dos preguntas: si la estrategia reduce realmente el flujo de drogas y si las autoridades pueden probar que sus objetivos son legítimos. La confirmación de acciones estadounidenses en Esmeraldas convierte esas preguntas en un asunto inmediato para Ecuador y para todos los países latinoamericanos involucrados en la campaña.

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