Por Canuto  

Una votación partidista en el Senado de California reavivó la polémica sobre AB 2691, una propuesta que busca impedir que condenados por ciertos delitos sexuales ocupen cargos públicos, incluidas juntas escolares.
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  • La senadora republicana Suzette Valladares intentó ampliar la prohibición para incluir condenas asociadas con agresión sexual y trata de personas.
  • El texto actual de AB 2691 se concentra en condenas que exigen registro vitalicio como delincuente sexual de Nivel 3.
  • El senador Scott Wiener defendió que utilizar los tres niveles del registro como criterio general podría resultar excesivo.

El Senado de California rechazó una enmienda impulsada por la senadora republicana Suzette Valladares para impedir que personas condenadas por ciertos delitos sexuales puedan aspirar a cargos públicos. La votación, descrita por la oficina de Valladares como estrictamente partidista, puso el foco sobre la AB 2691 y sobre una excepción legal que, según sus críticos, todavía permitiría buscar puestos como los de juntas escolares.

La propuesta pretende añadir la agresión sexual y la trata de personas a la lista de condenas por delitos graves que descalifican a los californianos para ocupar cargos electos. Sin embargo, los cambios incorporados al proyecto limitan la nueva prohibición a determinados condenados que deben registrarse de por vida como delincuentes sexuales, dejando fuera a quienes pertenecen a los niveles uno y dos del sistema estatal.

La enmienda que provocó la disputa

Valladares sostuvo durante el debate que California enfrenta una decisión política, no una simple omisión técnica, al permitir que alguien condenado por abusar sexualmente de un niño pueda sentarse en una junta escolar. La legisladora, republicana por Santa Clarita, pidió a sus colegas cerrar completamente esa posibilidad y afirmó que los depredadores sexuales no deberían ocupar puestos de confianza pública en el Capitolio, los concejos municipales ni las escuelas.

Según la senadora, la AB 2691 comenzó como una prohibición sencilla: los delincuentes sexuales condenados no podrían ejercer cargos públicos. Su oficina sostiene que las enmiendas añadidas durante el verano redujeron el alcance del proyecto, porque únicamente cubren a los delincuentes de Nivel 3 y excluyen deliberadamente a quienes están clasificados en los niveles uno y dos.

El lenguaje vigente de la propuesta aplicaría la prohibición a condenas por agresión sexual que obliguen al registro vitalicio como delincuente sexual de Nivel 3. En cambio, las condenas que sitúen a una persona en el Nivel 1 o el Nivel 2 no activarían automáticamente la descalificación prevista por el proyecto.

La diferencia resulta relevante porque, según información de los tribunales de California, el registro de Nivel 1 exige 10 años y el de Nivel 2, 20 años. Esos plazos no significan por sí mismos que una persona pueda eliminar automáticamente el registro ni que las condenas queden sin otras consecuencias legales. Valladares considera que ese diseño conserva una puerta abierta para que algunos condenados se presenten a elecciones, mientras que los defensores del texto modificado cuestionan que todos los niveles representen el mismo riesgo.

El debate sobre los niveles del registro

La preocupación ya había aparecido meses atrás durante una audiencia de un comité del Senado estatal. En esa sesión, el senador republicano Steven Choi preguntó a la asambleísta demócrata Dawn Addis, autora del proyecto, por qué personas condenadas por determinados delitos sexuales contra menores podrían seguir siendo elegibles para buscar cargos públicos bajo la versión modificada.

Addis no respondió específicamente sobre los delitos mencionados por Choi y, en cambio, describió la AB 2691 como una medida pionera en Estados Unidos. La asambleísta afirmó que la iniciativa protegería a las sobrevivientes, fortalecería la confianza pública y colocaría sus experiencias en el centro de la discusión legislativa.

La autora también dijo que estaba dispuesta a trabajar con el comité y con otros legisladores para analizar si debían incorporarse más tipos de delitos. No obstante, defendió que el texto presentado ya constituía una ley importante y líder a nivel nacional para elevar la voz de las sobrevivientes y reforzar la confianza en las instituciones públicas.

El senador estatal Scott Wiener, presidente demócrata del comité que examinó el proyecto, argumentó que una prohibición basada indistintamente en los tres niveles del registro sería demasiado amplia. A su juicio, el sistema californiano ha incluido históricamente tanto a depredadores sexualmente violentos como a personas condenadas por delitos considerados menos graves, por lo que el registro no debería convertirse automáticamente en una descalificación política general.

Las posiciones enfrentadas

Wiener sostuvo que el registro de delincuentes sexuales funciona como una herramienta para que las fuerzas del orden vigilen a personas que potencialmente podrían representar un riesgo, no como un castigo en sí mismo. Para explicar su objeción, mencionó el caso hipotético de un hombre gay arrestado por mantener relaciones sexuales en un parque o en un automóvil, y advirtió que usar el registro como sustituto de una evaluación más precisa puede generar problemas.

Ese argumento establece la principal diferencia jurídica y política entre ambas posiciones. Valladares quiere que la existencia de una condena por delitos sexuales contra menores sea suficiente para bloquear el acceso a cargos públicos, mientras que Wiener defiende distinguir entre las conductas, las condenas y el nivel de supervisión impuesto por el sistema estatal.

La discusión no cuestiona únicamente el acceso a escaños legislativos o alcaldías, sino también la posibilidad de participar en organismos con responsabilidades sobre estudiantes y comunidades escolares. Para Valladares, esa dimensión hace especialmente urgente eliminar cualquier excepción, porque las juntas escolares ocupan una posición de confianza directa frente a las familias.

Los demócratas del Senado rechazaron finalmente la enmienda de Valladares, según informó su oficina, y diez republicanos votaron a favor de la propuesta. La legisladora declaró que 40 senadores tuvieron la oportunidad de establecer que los condenados por delitos sexuales nunca deben ejercer cargos públicos en California, y expresó una profunda decepción por el resultado.

Qué queda pendiente para AB 2691

Valladares afirmó que sus enmiendas habrían cerrado la puerta sin vacíos legales ni excepciones, incluyendo los puestos en juntas escolares. También dijo que proteger a los niños nunca debería convertirse en una cuestión partidista y aseguró que continuará intentando modificar la legislación, aunque la votación del Senado dejó vigente el alcance más estrecho de la medida.

El proyecto, tal como se describe en la información disponible, mantiene una frontera basada en la clasificación del registro sexual y no en una prohibición uniforme para todas las condenas relacionadas con menores. Esa diferencia será el centro de cualquier negociación futura, porque obliga a los legisladores a balancear la protección de la confianza pública con la proporcionalidad de las consecuencias legales.

La controversia también muestra cómo una iniciativa presentada como protección para sobrevivientes puede dividirse cuando llega el momento de definir sus criterios concretos. El acuerdo general sobre la necesidad de proteger a los menores no ha eliminado el desacuerdo sobre qué condenas deben impedir una candidatura, durante cuánto tiempo y bajo qué autoridad debe aplicarse la restricción.

Por ahora, el Senado de California no adoptó la ampliación promovida por Valladares, y la AB 2691 continúa asociada a una prohibición enfocada en las condenas que requieren registro vitalicio de Nivel 3. El proyecto seguía en trámite durante la sesión legislativa 2025-2026, según los registros legislativos consultados. El desenlace deja abierta una disputa sobre si los niveles uno y dos deben permanecer fuera de la norma o si una futura enmienda extenderá la exclusión a todos los condenados por los delitos señalados.

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