Por Canuto  

Marco Rubio defendió el acuerdo petrolero de Washington en Venezuela como una forma de reactivar la producción y asegurar acceso a reservas en una eventual crisis. El pacto contempla concesiones por 100 años sobre 17 campos, mientras María Corina Machado cuestiona la legitimidad del Gobierno venezolano para comprometer esos recursos.
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  • Rubio sostuvo que la mayoría de los campos incluidos en el acuerdo habían sido gestionados u operados anteriormente por empresas chinas o rusas.
  • El acuerdo contempla concesiones por 100 años para North American Blue Energy Partners (NABEP), una empresa privada respaldada por Estados Unidos, sobre 17 campos venezolanos.
  • Las cifras divulgadas sobre los campos señalan alrededor de 65.000 millones de barriles de reservas probadas.

 

Marco Rubio defendió el acuerdo petrolero de Washington en Venezuela como una alternativa a la participación de China y Rusia en los campos incluidos en el pacto. El secretario de Estado de Estados Unidos sostuvo que la iniciativa podría ayudar a reactivar la producción y garantizar acceso a reservas venezolanas si su país afronta una crisis. La líder opositora María Corina Machado cuestionó el acuerdo y la legitimidad del Gobierno venezolano para comprometer esos recursos.

Rubio sostuvo que la mayoría de los campos vinculados a la empresa respaldada por Washington habían sido gestionados u operados anteriormente por compañías chinas o rusas. Presentó ese antecedente como parte de la justificación del acuerdo, enmarcando la participación estadounidense frente a la presencia de esos dos países en el sector petrolero venezolano.

El pacto contempla concesiones de 100 años para North American Blue Energy Partners (NABEP), una empresa privada respaldada por Estados Unidos, con derechos sobre 17 campos petroleros venezolanos. Las cifras divulgadas sobre esos yacimientos señalan alrededor de 65.000 millones de barriles de reservas probadas. La información disponible no ofrece detalles adicionales sobre las condiciones financieras o la ejecución del acuerdo.

Machado cuestionó que el Gobierno de Delcy Rodríguez tenga legitimidad para comprometer las reservas de crudo del país. En declaraciones recogidas por El País, la dirigente opositora sostuvo que los recursos del subsuelo venezolano no pertenecen a un régimen que considera ilegítimo. Su crítica sitúa el debate no solo en el alcance económico del pacto, sino también en quién puede decidir sobre esos activos.

El argumento de Rubio enlaza dos objetivos distintos: impulsar la actividad en los campos y asegurar disponibilidad de petróleo para Estados Unidos en un escenario de emergencia. Su planteamiento también compara la participación prevista de la empresa estadounidense con la gestión u operación previa de firmas chinas y rusas en la mayoría de esos activos. Esa comparación fue parte de la defensa del secretario, no una evaluación independiente de los resultados que producirá el acuerdo.

La cifra de reservas probadas ofrece una referencia sobre el potencial de los campos, pero no equivale por sí sola a producción inmediata ni permite conocer cuánto petróleo llegaría efectivamente al mercado. La información disponible tampoco precisa calendarios, compromisos de inversión o metas de extracción. Por ello, los datos divulgados permiten identificar la escala del acuerdo y su duración, pero no anticipar sus efectos concretos sobre la producción venezolana.

El debate enfrenta la justificación de Rubio, centrada en la producción y el acceso estadounidense durante una crisis, con las objeciones políticas de Machado sobre la legitimidad de las autoridades que suscriben el pacto. También involucra el antecedente de empresas chinas y rusas en los campos, que el secretario utilizó para defender la alternativa de Washington. Sin detalles adicionales sobre las condiciones de las concesiones, el alcance práctico del acuerdo sigue abierto.

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