Por Canuto  

La administración de Donald Trump explora nuevas vías para que empresas estadounidenses accedan al oro y otros minerales de Venezuela, mientras Caracas enfrenta minería ilegal, datos geológicos desactualizados y temores sobre una posible pérdida de soberanía.
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  • Fuentes citadas por Reuters aseguran que Washington estudia medidas para ampliar la participación estadounidense en la minería venezolana.
  • El Tesoro de EE.UU. autorizó determinadas transacciones relacionadas con oro de origen venezolano, según un documento de la OFAC fechado el 10 de febrero de 2026.
  • La falta de estudios geológicos recientes y el control de grupos ilegales complican cualquier inversión de gran escala.

La administración de Donald Trump busca ampliar el acceso de Estados Unidos a la riqueza mineral de Venezuela, incluido el oro, mientras profundiza su influencia sobre los recursos naturales del país después de avanzar sobre su industria petrolera. Tres personas familiarizadas con las conversaciones dijeron a Reuters que Washington analiza mecanismos para abrir el sector minero venezolano a empresas estadounidenses y vincular esos suministros con objetivos de seguridad nacional y política económica.

La iniciativa todavía se encuentra en una etapa de definición y podría cambiar antes de convertirse en una política formal. Entre las alternativas consideradas figura una posible orden ejecutiva centrada en los minerales críticos, aunque un funcionario de la Casa Blanca afirmó que por ahora no existe la necesidad de emitirla porque las leyes vigentes ya ofrecen un marco para la inversión.

Washington amplía su apuesta por los recursos venezolanos

El interés estadounidense no se limita al oro, ya que Venezuela también ha producido mineral de hierro, bauxita y níquel, además de identificar posibles depósitos de cobre, coltán, uranio y tungsteno. Para Washington, el acceso a estos materiales podría complementar su estrategia de seguridad económica y reducir la influencia de China en América Latina, una prioridad que la administración Trump ha colocado junto con el fortalecimiento de su presencia regional.

Funcionarios estadounidenses también se han reunido con empresas para medir su interés en invertir o participar de otra manera en el sector minero venezolano. Un ejecutivo de una compañía dedicada a minerales críticos, que participó en conversaciones con la administración, describió la minería como una posible vía paralela al petróleo y señaló que las empresas siguen de cerca la evolución de la cooperación entre ambos gobiernos.

Taylor Rogers, portavoz de la Casa Blanca, declaró que Estados Unidos y Venezuela se están beneficiando de una cooperación renovada y de nuevas inversiones occidentales en industrias clave. Sin embargo, otro funcionario de la administración sostuvo que no hay actualmente una orden ejecutiva en preparación que resulte indispensable, una diferencia que muestra que el alcance definitivo de la estrategia todavía no está cerrado.

El plan se desarrolla después de la destitución de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense ocurrida en enero, según el reporte citado, y de su posterior reclusión en una prisión federal de Nueva York por cargos de narcotráfico que él niega. Delcy Rodríguez, vicepresidenta y aliada de Maduro, asumió como presidenta interina y desde entonces ha incrementado la cooperación con Washington.

El petróleo abrió el camino hacia la minería

La administración Trump ya adoptó medidas para facilitar determinadas actividades vinculadas con minerales venezolanos. El 10 de febrero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro publicó la Licencia General 30B, que autoriza determinadas transacciones relacionadas con Venezuela, incluidas operaciones vinculadas con oro de origen venezolano según el alcance de la licencia.

Posteriormente, el Tesoro modificó algunas autorizaciones para incluir determinadas operaciones, servicios y negociaciones relacionados con minerales venezolanos. Estas disposiciones no equivalen por sí mismas a una apertura total del sector, pero entregan a las empresas estadounidenses un marco para explorar oportunidades bajo las condiciones permitidas por las autoridades.

El giro minero acompaña una intervención más amplia sobre la industria petrolera venezolana, que posee algunas de las mayores reservas probadas del mundo. La semana pasada, Trump anunció un acuerdo mediante el cual Estados Unidos obtendría el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas, aunque la estructura legal exacta de ese arreglo todavía no ha sido divulgada.

La combinación de petróleo, oro y otros minerales coloca a Venezuela en el centro de una disputa que mezcla inversión, geopolítica y soberanía sobre los recursos naturales. Dentro del país han surgido temores de que la política estadounidense convierta a Venezuela en una colonia moderna, una preocupación que podría complicar la legitimidad de cualquier acuerdo minero y aumentar la presión sobre el gobierno interino.

El subsuelo venezolano aún necesita una evaluación confiable

La magnitud real de la riqueza mineral venezolana resulta difícil de establecer porque buena parte de la información geológica está desactualizada. Además, grupos ilegales controlan depósitos de oro en el Arco Minero del Orinoco, una extensa zona ubicada cerca de las fronteras con Guyana y Brasil, donde la actividad informal y la debilidad institucional dificultan la medición de reservas explotables.

Analistas citados en el informe consideran probable que las empresas y los inversionistas exijan nuevos estudios geológicos antes de comprometer capital significativo. La infraestructura débil, la incertidumbre sobre las estimaciones y la minería ilegal generalizada elevan los riesgos operativos, financieros y legales para cualquier proyecto que intente desarrollar y exportar minerales a gran escala.

Un informe del gobierno venezolano publicado en 2018 calculó que el país contaba con 644 toneladas métricas de oro, 14.680 millones de toneladas métricas de mineral de hierro, 321,5 millones de toneladas métricas de bauxita y 407.885 toneladas métricas de níquel. No obstante, el documento utilizó los términos reserva y recurso de manera intercambiable, lo que impide determinar con precisión qué parte podría extraerse de forma económicamente viable.

Un mapa oficial de 2021, basado en datos recopilados en 2009, identificó posibles depósitos de cobre, níquel, coltán, uranio y tungsteno, aunque no indicó sus volúmenes. El país tampoco parece contar con reservas considerables de tierras raras, materiales utilizados en imanes y tecnologías avanzadas, un elemento que limita las expectativas sobre su importancia dentro de las cadenas globales de suministro.

Inversión, regalías y control estatal

La incertidumbre sobre los recursos no es el único obstáculo para las empresas extranjeras. Venezuela también arrastra antecedentes de conflictos con compañías mineras, infraestructura deteriorada y un sistema de concesiones sujeto a decisiones políticas, factores que podrían elevar el costo de cualquier operación y retrasar el ingreso de capital estadounidense.

En 2012, funcionarios venezolanos se negaron a renovar la concesión de Anglo American para la mina de níquel Loma de Níquel. En ese momento, el yacimiento se estimaba en más de 4 millones de toneladas métricas del metal, pero el gobierno tomó el control de los activos y desde entonces ha intentado reanudar sus operaciones.

La Asamblea Nacional venezolana aprobó en abril una nueva Ley Orgánica de Minas destinada a fomentar nuevas inversiones. La norma derogó la legislación minera de 1999 y entró en vigor el 16 de abril. También establece un tope de regalías de hasta el 13% sobre el valor bruto de la producción, una carga que las empresas deberán considerar junto con los costos de infraestructura, seguridad y cumplimiento regulatorio.

Ese marco podría facilitar la entrada de compañías extranjeras, aunque no resuelve por sí solo la falta de información confiable ni el control ilegal de algunas zonas mineras. Para los inversionistas estadounidenses, la oportunidad dependerá de la capacidad de Caracas y Washington para definir contratos, garantías, permisos y mecanismos de supervisión que reduzcan los riesgos de expropiación, sanciones y disputas territoriales.

La apertura del sector también enfrentará una pregunta política: quién se beneficia de la explotación de los recursos y bajo qué condiciones. Mientras Washington busca alinear el petróleo y los minerales venezolanos con sus intereses estratégicos, la administración interina deberá equilibrar la necesidad de atraer capital con las críticas internas sobre soberanía, transparencia y distribución de los ingresos.

La estrategia estadounidense aún podría modificarse antes de que se anuncien nuevas medidas, pero las autorizaciones del Tesoro y las conversaciones con empresas ya indican que la minería entró en la agenda bilateral. El siguiente paso dependerá de estudios geológicos actualizados, acuerdos legales verificables y una respuesta a la minería ilegal que permita distinguir una oportunidad de inversión de un nuevo foco de conflicto.

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