Por Canuto  

Los demócratas preparan investigaciones sobre el acuerdo petrolero de USD $100.000 millones impulsado por la administración Trump. El papel de Marco Rubio, la elección de Alejandro Betancourt y la adjudicación de contratos sin competencia concentran las preguntas. Los términos difundidos distinguen entre una participación estadounidense y el derecho a comprar parte de la producción.
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  • Las pesquisas podrían abarcar el control estadounidense de la producción petrolera y la falta de una licitación competitiva.
  • El empresario elegido para encabezar NABEP ha enfrentado investigaciones por lavado de dinero; esas pesquisas no establecen por sí solas culpabilidad penal.
  • La reestructuración de más de USD $170.000 millones de deuda venezolana suma cuestionamientos por la selección de Centerview Partners.


El acuerdo petrolero de Trump en Venezuela enfrenta investigaciones y dudas por su transparencia

Demócratas del Congreso de Estados Unidos preparan varias investigaciones sobre el acuerdo petrolero venezolano valorado en USD $100.000 millones y promovido por la administración de Donald Trump. Las pesquisas pondrían bajo examen el papel del secretario de Estado Marco Rubio, la elección del empresario Alejandro Betancourt para dirigir un proyecto de gran escala y la adjudicación de contratos sin competencia abierta. La cifra de USD $100.000 millones se presenta en los reportes como el valor del acuerdo o la inversión prevista, no como un monto cuya ejecución completa esté acreditada.

Según Bloomberg News, legisladores del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, del Comité de Servicios Armados del Senado y de otros paneles están sentando las bases para las indagaciones. El asunto podría convertirse en un frente de presión política para Trump y Rubio si los demócratas obtienen el control de ambas cámaras tras las elecciones legislativas de noviembre, aunque la fuente presenta ese escenario como una posibilidad y no como un resultado asegurado.

El acuerdo petrolero y las preguntas sobre el control de las reservas

El pacto se anunció después de la operación militar estadounidense de enero que, según reportes, capturó a Nicolás Maduro y dio paso a Delcy Rodríguez, su exvicepresidenta, como líder interina. El acuerdo concede a North American Blue Energy Partners (NABEP) el control operativo del negocio, según la empresa. La administración Trump ha presentado el pacto como un medio para obtener control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas, una afirmación de la Casa Blanca que no equivale por sí sola a una transferencia de propiedad sobre todas esas reservas.

Los términos divulgados también describen mecanismos distintos de participación estadounidense. Una ficha informativa del Departamento de Estado señala que NABEP otorgó al Gobierno de Estados Unidos el derecho a comprar, al costo de producción, un 20% garantizado del petróleo. Por su parte, NABEP comunicó que el Gobierno estadounidense tendría una participación del 35%. Sin el texto íntegro del acuerdo, esas cifras no deben confundirse entre sí ni presentarse como prueba de que Estados Unidos posee el 35% de las acciones de NABEP.

Trump ha presentado el acuerdo como el mayor negocio petrolero de la historia. Stephen Miller afirmó que el pacto «duplica» las reservas de petróleo estadounidenses, según reportes sobre sus declaraciones. Críticos demócratas describen la operación como una apropiación extraordinaria de recursos naturales ajenos y objetan que los contratos relacionados se negociaran sin licitación competitiva ni supervisión significativa del Congreso.

En el centro de la controversia figura NABEP, encabezada por Betancourt, empresario venezolano escogido por Rubio para liderar el proyecto, según los reportes citados en la cobertura del acuerdo. La combinación del control operativo atribuido a la empresa, el derecho de compra de parte de la producción y la participación estadounidense anunciada por NABEP ha intensificado las preguntas sobre cómo se distribuyen el control y los beneficios de una iniciativa que involucra las reservas de Venezuela.

Un informe de ProPublica indicó que Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth firmaron un documento de 18 páginas con disposiciones que protegen la posición de liderazgo de Betancourt y podrían resguardar a la empresa ante futuros cambios políticos. El acuerdo también involucra a una compañía matriz con sede en Barbados, cuyos inversores podrían permanecer sin identificar, lo que agrega una dimensión de opacidad a la estructura empresarial.

La elección de Betancourt y los contratos sin competencia

La designación de Betancourt resulta especialmente polémica porque el empresario ha enfrentado investigaciones por lavado de dinero en varios países. Esas pesquisas no han establecido su culpabilidad penal, por lo que las acusaciones deben distinguirse de una condena; aun así, los demócratas quieren saber por qué la administración lo prefirió frente a compañías petroleras internacionales establecidas.

El exembajador estadounidense en Venezuela James Story planteó a ProPublica que la pregunta que enfrentaría un nuevo Congreso sería «¿Por qué Betancourt?». El representante Robert García, demócrata destacado del Comité de Supervisión de la Cámara, también objetó la elección y afirmó en un comunicado de septiembre que la toma de control del petróleo venezolano implicaba asociarse con un presunto lavador de dinero bajo investigación penal activa.

El representante Gregory Meeks acusó a Trump y Rubio de priorizar los recursos naturales de Venezuela por encima de una transición democrática genuina. En paralelo, Reuters informó que el acuerdo petrolero se negoció en secreto y no pasó por una selección competitiva, mientras expertos legales cuestionaron su aplicabilidad y si las leyes venezolanas permiten un arreglo de esas características.

La falta de competencia no se limita al sector energético y aparece también en la reestructuración de la deuda soberana venezolana, que podría abarcar obligaciones superiores a USD $170.000 millones. El gobierno de Rodríguez escogió a Centerview Partners, banco de inversión estadounidense, como asesor de ese proceso sin una competencia formal que incluyera a especialistas internacionales como Lazard, Rothschild y Alvarez & Marsal.

Deuda, intermediarios y una transición política cuestionada

La selección de Centerview también pone el foco en Mauricio Claver-Carone, aliado político de larga data de Rubio y emisario elegido por él para ayudar a definir la estrategia de Washington en Venezuela. Aunque no ocupa un cargo oficial en el gobierno, Claver-Carone ha actuado como intermediario no oficial entre Rubio y la administración de Rodríguez, una influencia que plantea dudas sobre rendición de cuentas y posibles conflictos.

The Washington Post informó que Claver-Carone dirigió la selección de Centerview para el encargo de reestructuración. La decisión despertó preguntas porque la firma cuenta con experiencia en asesoría financiera, pero no suele figurar entre los nombres líderes en reestructuraciones soberanas, mientras que competidores con prácticas especializadas no recibieron una invitación formal para presentar ofertas, según Reuters.

La controversia contractual se cruza con la legitimidad política de Rodríguez, cuyo gobierno sigue siendo objeto de disputa dentro de Venezuela. Una investigación de The New Yorker describió a la líder interina como dependiente del respaldo de Rubio y Washington, pese a su larga asociación con el gobierno de Maduro, y señaló que no cuenta con el apoyo popular amplio atribuido a la opositora María Corina Machado.

Machado regresó a Venezuela en octubre y su retorno atrajo a miles de seguidores, de acuerdo con la información citada por la revista. Encuestas mencionadas en esa investigación sugieren que podría derrotar a Rodríguez por al menos 30 puntos porcentuales en una elección, mientras la mandataria interina continúa en el poder con el respaldo de Trump y el apoyo de figuras del antiguo oficialismo, entre ellas su hermano Jorge Rodríguez y el dirigente de seguridad Diosdado Cabello.

Críticas bipartidistas y el rumbo de las pesquisas

John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Trump, ofreció una crítica contundente del acuerdo en The New Yorker y sostuvo que Washington habría intercambiado el control del petróleo venezolano por la continuidad de Rodríguez en el poder. «Creo que los términos del acuerdo son: nosotros nos quedamos con el petróleo, y Delcy Rodríguez se queda en el poder», dijo Bolton, quien calificó el arreglo de inaceptable porque, a su juicio, no crearía un entorno de Estado de derecho.

Las objeciones no se limitan a los demócratas. El representante republicano Bill Huizenga, de Michigan, cuestionó la dependencia de Rodríguez y de su hermano Jorge, y dijo que no tenía «ninguna confianza» en figuras que ayudaron a sostener el régimen de Maduro.

También el representante republicano Carlos Gimenez, de Florida, ha llamado a Rodríguez «dictadora interina», mientras el senador Ted Cruz, de Texas, ha insistido en que las elecciones deben celebrarse rápidamente. Estas posiciones muestran que la discusión sobre el pacto energético se conecta con otra pregunta política: qué condiciones debería exigir Washington para respaldar una transición democrática en Venezuela.

Las investigaciones que preparan los demócratas buscarían establecer quién tomó las decisiones, cómo se seleccionaron las empresas y qué controles existieron sobre contratos que comprometen recursos de enorme valor. La disputa también alcanza a la reestructuración de deuda y al papel de intermediarios sin nombramiento oficial, cuestiones que podrían elevar las demandas de transparencia y rendición de cuentas.

En última instancia, el interrogante planteado por los legisladores es si la intervención estadounidense pretendía restaurar la democracia y la estabilidad económica o si terminó transfiriendo el control de la riqueza petrolera venezolana a un grupo reducido de inversores con conexiones políticas. Las indagaciones aún están en preparación, pero el alcance del acuerdo y la ausencia de procesos competitivos ya han convertido el tema en un punto de fricción entre Washington y Caracas, así como dentro del propio Congreso estadounidense.


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